Laicismo y libertad de religión en Cuba

A tono con recientes criterios sobre las relaciones entre iglesia y estado en Cuba, recuperamos esta monografía publicada en 2004.

Jorge Luis Baños - IPS

Comúnmente se afirma que el mundo moderno, marcado por el racionalismo, nació con el signo del laicismo. Estas ideas llevaron a que las organizaciones religiosas fueran separadas del poder político y que la religión pasara al campo de lo privado, particularmente en Occidente. En posiciones extremas se llegó a pronosticar que, como una derivación de la secularización y por el peso del progreso social, la religión desaparecería, para unos más temprano que para otros. En el siglo XIX, frente a la exclusividad de una iglesia o religión, como ocurría en países europeos y las colonias americanas, se desarrolló una tendencia librepensadora que abogaba por la pluralidad. Esto fue importante para el pensamiento cubano de entonces. La pluralidad de religiones implica la tolerancia, al menos con las religiones aceptadas.

En tales condiciones se ha pensado que la libertad religiosa, o más propiamente la libertad de religión, tendría así plena expresión, libre de imposiciones, de favoritismos o exclusiones confesionales, de intolerancias y prejuicios en tanto manifestación de los derechos humanos explicitados en la libertad de conciencia y de la práctica del culto de preferencia.

Sin embargo, en el mundo continúan existiendo discriminaciones religiosas muy evidentes y también sutiles. En conflictos inter étnicos, xenofobias, fundamentalismos y hegemonías políticas y culturales se ocultan prejuicios religiosos con diferente grado de intolerancia. Pero la discriminación a algunas religiones también se observa en textos constitucionales de un número considerable de naciones en las que se reconoce oficialmente o se privilegia alguna religión. En ellos se declara una determinada moral religiosa como oficial o en la práctica jurídica se exige el juramento sobre un texto religioso para la testificación, mientras se va en contra de la conciencia de quien sigue otra confesión o ninguna.

En varios países, de facto cuando no de jure, alguna institución religiosa forma parte de las estructuras de poder político. En general, son pocas las naciones que garantizan jurídicamente el derecho a la no creencia. Sobre esta, sobre la moral laica y las concepciones ateas, se levantan y hasta estimulan prejuicios intolerantes al considerarlas, desde una óptica estrecha, como ausencia de principios y de altos valores éticos. Pero también desde criterios ateístas se han verificado preconcepciones antirreligiosas.

La real consecuencia del racionalismo fue que, en diferentes países occidentales, la iglesia quedó desplazada del poder político, pero la religión no desapareció. Ahora, al entrar en crisis el racionalismo moderno, se verifica un considerable incremento religioso a escala mundial y resurgen en algunas organizaciones las aspiraciones de situarse dentro de las estructuras del poder político, a la vez que se fortalecen expectativas hegemónicas en sectores eclesiásticos tradicionales.

En resumen, el laicismo en su expresión dentro de la práctica social, está determinado, de modo general, por un conjunto de factores objetivos y subjetivos que obligan a examinarlo en su contexto. En el mundo contemporáneo, la libertad religiosa y el estado laico son sus elementos más destacados, no exentos de complejidad y aspectos conflictivos. Ambos conllevan, de alguna manera, a otros dos conceptos: derechos humanos y relaciones Iglesia-Estado. Es sobre estas bases que procederemos a examinar brevemente el comportamiento del laicismo en la práctica social cubana.

UNA MIRADA A CUBA

El laicismo y los fenómenos a él asociados recorren un camino en Cuba que en cierto modo la diferencian del resto de América Latina.

Una particularidad reside en que el desarrollo del pensamiento más influyente, desde el surgimiento de la nacionalidad ha tenido una fuerte presencia librepensadora, laicista, antidogmática y anticlerical, pero no antirreligiosa, bastante diferente al de otros países del área. Ello se evidencia en las referencias a la religión en la producción intelectual cubana y en la legislación, específicamente en las constituciones.

Esta ideología crítica se expresó respecto a la religión dominante en términos de oposición al dogmatismo filosófico y su aplicación en la docencia, a las interpretaciones anticientíficas, y a la conducta política de la iglesia oficial y su hegemonismo espiritual. Lo temprano de su construcción teórica y su profundidad, unido a una práctica consecuente, sitúan en el pensamiento fundador de la nacionalidad a Félix Varela y también a José Agustín Caballero curiosamente sacerdotes los dos, pero no bien aceptados por el clero español, sobre todo jerárquico. Esto le ocurrió igualmente al obispo Espada, que los había estimulado en sus inquietudes científicas e intelectuales. Si bien Varela y Caballero no podían ser y no fueron anticlericales y mucho menos ateístas, su antidogmatismo y sus ideas de libertad sentaron las bases del pensamiento de sus seguidores, que sí fueron anticlericales, alguno deísta, todos librepensadores, pero no propiamente antirreligiosos y muy pocos de ellos ateos.

En esta corriente de conciencia crítica en general se situaron los pensadores cubanos que más profundas huellas han dejado en la conciencia social cubana. Además de Martí, el más estudiado y paradigmático, y Varela y Caballero, algo más que precursores, vale mencionar entre otros a Felipe Poey, Antonio Mestre, Julio Sanguily, José de la Luz y Caballero, en el siglo XIX; Enrique José Varona, que vive también en el XX ; y otros de esa centuria, como Rubén Martínez Villena, Julio Antonio Mella, Juan Marinello, Fernando Ortiz, Emilio Roig de Leuchsering y otros representantes de las llamadas Generaciones del 30 y del Centenario.

La expresión de este modo de pensar no se reduce al campo teórico, sino que también se manifiesta en la práctica política y jurídica, de modo peculiar en las constituciones de la República en Armas. Estos cuerpos de leyes sentaron una tradición mambisa, recogida en las constituciones posteriores, de separar la iglesia del Estado y no privilegiar alguna religión sobre las restantes. Esta idea fue definida en el país antes que en otras naciones del continente ya independizadas del colonialismo español primero que la isla. Hay que tener en cuenta que Cuba tampoco había firmado el Concordato o Convenio particular con el Vaticano u otra iglesia, una vez sobrepasado el Patronato Regio colonial. La isla es de las pocas naciones que actualmente admite constitucionalmente el derecho a la no creencia, evidente forma de mayor libertad en esta materia.

La conducta de la Iglesia católica justifica una hostilidad en la conciencia de la mayoría de estos pensadores. Sanguily, por ejemplo, en las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1901, expresó: “En Cuba la religión y la ignorancia siempre marcharon de la mano y la iglesia por su conducta se alejó del pueblo, coadyuvando a que muchos se hicieran irreligiosos” [1]. Para Martí “… fue siempre la iglesia aliada excelente de los poderosos”, [2] y también consideró –lo que no debe inducir al error de valorarlo ateo– que “… son los hombres los que inventan los dioses a su semejanza” [3]. Varona muestra su agnosticismo en frases como esta: “A la sombra de la religión, y abonadas por ella, han florecido las mayores aberraciones”. [4] Más tarde, al analizar el comportamiento del clero durante la conquista y colonización, Fernando Ortiz lo calificó en general de belicoso, intransigente, ignorante, pobre de espíritu, egoísta. [5] Una organización que no puede considerarse parcializada contra la iglesia, como era la Agrupación Católica Universitaria (ACU), llegó a estos resultados al aplicar una encuesta nacional en 1953: 2.760 objeciones al clero y la iglesia por el 39,4 por ciento de los encuestados [6]. Se trata entonces, casi puede afirmarse, de un anticlericalismo, si no masivo, bastante generalizado.

Bajo el sistema colonial español se instalaron en Cuba el catolicismo, en tanto religión dominante y prácticamente excluyente; religiones africanas que en las condiciones cubanas evolucionaron hacia formas más autóctonas y, finalizando el siglo XIX, procedentes de Estados Unidos, el espiritismo y el protestantismo. En esta etapa la libertad religiosa no existía, lo que favorecía al catolicismo, en una relación orgánica entre la Iglesia católica y la corona española.

El Patronato Regio, instrumento que regulaba las relaciones Iglesia-Estado, situaba de hecho a la institución eclesial en dependencia de los intereses políticos, aunque en realidad disfrutaba del monopolio espiritual. En tales circunstancias se impedía el establecimiento de Iglesias protestantes, el judaísmo y el islamismo habían sido extirpados de la Metrópoli mediante la Inquisición y las religiones africanas fueron sometidas a un proceso tendente a su desaparición, a partir de la evangelización obligatoria de sus practicantes, como se había hecho a los aborígenes. Pero si bien con estos últimos se verificó un exterminio étnico, no fue ese el caso de los africanos y sus descendientes que lograron la preservación de su cultura, incrustada en la cubanía por un proceso de resistencia, pero más aún por la incapacidad del sistema de garantizar la real conversión al catolicismo.

REFERENCIAS EN LAS CONSTITUCIONES

Este predominio católico y las influencias librepensadoras marcaron, por tanto, las constituciones elaboradas durante la República en Armas. La Constitución de la República de Cuba, aprobada el 10 de abril de 1869 en Guáimaro, Camagüey, en plena guerra independentista, establecía en su Artículo 28: “La Cámara no podrá atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo”. La de Jimaguayú, también en Camagüey, aprobada el 16 de septiembre de 1895, no hace referencia al tema religioso.

Dos años después la de la Yaya, en la misma región camagüeyana, aprobada el 29 de noviembre de 1897, recoge lo siguiente, en diversos artículos: Artículo sexto: “Los cubanos y extranjeros serán amparados en sus opiniones religiosas y en el ejercicio de sus respectivos cultos, mientras estos no se opongan a la moral pública”. Artículo octavo”:La enseñanza es libre en todo el territorio de la república.” Artículo decimotercero: “Todos los cubanos tienen el derecho a emitir con libertad sus ideas y a reunirse y asociarse para los fines lícitos de la vida”.

Como puede verse, en ninguno de esos textos se declara alguna religión oficial ni favorecida, en dos se explicita la libertad de culto y en uno la de creencias en los términos de opiniones religiosas. El hecho de que en uno de esos documentos esté ausente la cuestión religiosa significaba, en aquella época, neutralidad. Se trata de una expresión librepensadora que determina un pluralismo religioso frente a la práctica establecida. Se inauguraba así una tradición que será mantenida y ampliada posteriormente.

La etapa republicana está precedida de un momento intermedio, al cesar la dominación española y ocurrir la intervención militar estadounidense (1898-1902). Esta favoreció el establecimiento de un sistema neocolonial y el desarrollo de las iglesias protestantes bajo el control de sus Juntas Misioneras, lo que condujo a la sustitución de los primeros misioneros cubanos, participantes algunos de ellos del movimiento independentista. A partir de entonces, y a lo largo de la etapa, las Iglesias protestantes desempeñaron un papel “norteamericanizante”, tal como fue declarado incluso por el obispo metodista de Georgia, Werren A. Candler, al referir que la iglesia debía complementar el trabajo “del soldado y del marino” [7].

El cuadro religioso se fue diversificando, a la vez que se iniciaba una práctica bajo criterios librepensadores reconocidos constitucionalmente y entre las organizaciones religiosas se generaban relaciones de competencia. Sin embargo, la Iglesia católica logró recuperar gradualmente una posición privilegiada, mientras se ejercían discriminaciones sobre las religiones de origen africano y el espiritismo, difundidos en los sectores populares, y se mantenían prejuicios hacia los no creyentes.

En 1901 se promulgó la primera constitución republicana, que en sus inicios invocaba “el favor de Dios”, estableciendo después en su Artículo 26, Título IV: “Es libre la profesión de todas las religiones así como de todos los cultos sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y el orden público”. Y más adelante añadía: “La iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar en caso alguno, ningún culto”. En el Artículo 31 se declara la enseñanza primaria obligatoria y gratuita como la de Artes y Oficios, ambas a cargo del Estado. Antes, en 1898, el interventor estadounidense Leonard Wood había lanzado una Constitución Provisional en la que declaró la libertad de cultos, pero sólo limitada a los cristianos.

Respecto al debate, que provocó la propuesta de incluir el nombre de Dios en el Preámbulo de la Constitución, el reconocido abogado y profesor universitario Fernández Bulté ha subrayado que ello rebasó los límites de tal invocación. Este prestigioso jurista recuerda que Salvador Cisneros Betancourt aprovechó para hacer una declaración atea y para censurar a autoridades eclesiales como Sbarreti, entonces recién nombrado obispo de La Habana. Igualmente se opuso apasionadamente a la pretendida mención en la Constitución ni su presencia en la vida política del país. Otros delegados se mostraron partidarios y, como González Llorente, adujeron su adhesión al catolicismo. Manuel Sangüily contribuyó a resolver la disputa, al expresarse en términos religiosos más que en una definición de ese carácter. “Dios es, al fin y al cabo, el símbolo de aquel bien que va realizándose con nosotros, contra nosotros, a pesar de nosotros, ahora, en el pasado y en el porvenir”. Así, expone Fernández Bulté, se pronuncia a favor de que “se invocara ese símbolo como medida de la esperanza y el propósito de bondad del pueblo cubano”. [8]

La Carta Magna con que nacía la república conservó la tradición librepensadora de las constituciones de la República en Armas, durante las guerras independentistas. Era indudablemente un texto avanzado, aunque imponía la moral cristiana en detrimento de los no cristianos y de los no creyentes a los que, además, explícitamente no se les reconocía el derecho a serlo.

En 1933 y en 1935 se promulgaron, respectivamente, Estatutos para el Gobierno Provisional en los que no hubo referencias a la religión y una Ley Constitucional que, respecto a la religión, establecía lo mismo que el Artículo 26 de la Constitución de 1901.

En 1940 se promulgó la segunda constitución republicana, que al igual que la primera invocaba el favor de Dios –lo que en esta ocasión generó una controversia ante la negativa de constituyentes progresistas que se oponían a ello–, y establecía lo mismo respecto a la libertad de profesar todas las religiones “sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y el orden público”. Lo novedoso fue que en su Artículo 43 se añadía que “sólo es válido el matrimonio autorizado por funcionarios con capacidad legal para autorizarlo”, con lo que se desconocía la validez oficial del matrimonio eclesiástico. Mientras, en el 55 se disponía que la enseñanza oficial fuera laica, algo avanzado para su época en las condiciones del contexto latinoamericano, aunque se admitía que en los centros educacionales privados podía enseñarse la religión que se deseara. Exactamente igual lo determinó la Ley Constitucional de la República de Cuba, aprobada el 4 de abril de 1952, como maniobra del régimen impuesto de facto para validar su toma del poder.

Pasadas las dos primeras décadas de vida republicana, la Iglesia católica logró resolver las contradicciones que hasta entonces le habían dificultado las relaciones con los sectores pudientes. Violando los preceptos constitucionales, esta institución eclesial -si bien no en los niveles del status colonial– alcanzó nuevamente una relación estrecha con el poder político, lo que le permitía ciertos privilegios por encima de las demás organizaciones religiosas. Paralelamente comenzó a mostrar una imagen más cubanizada. Las relaciones diplomáticas con el Vaticano, establecidas a mediados de la etapa, reforzaron su papel con un apoyo internacional más fuerte respecto al que disponían las Iglesias protestantes con sus “iglesias madres”.

El protestantismo se multiplicó, reproduciéndose la diversidad característica de la sociedad estadounidense. Hay evidencias de las permanentes inquietudes que en estas Iglesias generaba el hegemonismo católico, manifiesto en las referidas relaciones de preferencia que situaban a la iglesia católica de facto si no de jure, con participación en cierto modo, del poder político. Esa preocupación se mantiene ante los intentos de una restauración por parte de la jerarquía católica. Las leyes, además, obligaban a estas instituciones a registrarse oficialmente, una práctica de la cual estaba exenta la Iglesia católica.

Por estos años se creó el Concilio Cubano de Iglesias, que en varias ocasiones cambió de nombre y actualmente se denomina Consejo de Iglesias de Cuba. Su primer propósito fue presentar un frente unido al catolicismo, aunque también tenía objetivos de unidad religiosa y más tarde adquiriría un destacado carácter de movimiento ecuménico de proyección social.

Ante la negligencia de las autoridades, las Iglesias cristianas asumieron funciones de asistencia social y educativa, aunque más bien desde una perspectiva caritativa. Los colegios privados, a los que la Iglesia católica destinaba una parte mayoritaria de su clero, constituían de hecho una fuente de ingresos. Al mismo tiempo, las Iglesias cristianas promovían valores morales y en algunas protestantes la prédica moralista adquirió niveles significativos. Funciones de esta naturaleza fueron altamente apreciadas por estas instituciones religiosas, al punto de ser la razón fundamental de existir para muchas de ellas. La reducción o pérdida de estas proyecciones matizará conflictos posteriores con el Estado.

Mucho se ha criticado la ausencia del “profetismo” en las Iglesias cristianas de la isla en medio de una sociedad como la republicana neocolonial, caracterizada por fuertes desigualdades, discriminaciones, lacras y otros males sociales. Un examen de las publicaciones religiosas de entonces revela, con obvias excepciones, una atención principal hacia la vida ritual y sacramental, mientras se obviaba denunciar los graves problemas que aquejaban a la sociedad cubana. Un hecho representativo lo constituyen las pastorales de los obispos católicos que, a finales de los 50s, cuando las luchas sociales alcanzaron su nivel más alto y el sistema neocolonial daba muestras de agotamiento, llamaban a la reconciliación y al restablecimiento de una supuesta paz. Entre otras, sirve de ejemplo la circular de monseñor Enrique Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de Cuba, del 22 de agosto de 1958, titulada Invoquemos al Señor, en la que reclama “recuperar el precioso tesoro de la paz perdida” y el “retorno a la normalidad”. [9] Aun en tales circunstancias, ante el Estado y el sistema que este representaba se asumía una función legitimadora.

El Estado republicano se desentendió de las restantes expresiones religiosas, y quedaron discriminadas otras de sus manifestaciones como el espiritismo y especialmente las creencias de origen africano, como la santería, el palo monte y las sociedades Abakuá. La ley establecía sanciones complementarias en caso de enjuiciamiento a los practicantes de religiones “afro”, consideradas como prácticas de brujería.

DESPUÉS DE 1959

Durante los primeros años de la etapa revolucionaria, iniciada en 1959, se produjeron fuertes enfrentamientos de las Iglesias cristianas con el nuevo Estado, en un conjunto muy variado de acciones de claro contenido político. Incidían varios factores, como la mentalidad predominante en esos años de guerra fría, la composición mayoritariamente extranjera de los dirigentes de culto y cierto elitismo en la tradición de diferentes iglesias, dependientes a su vez de estructuras en el exterior. Influyó también el no haberse efectuado las aperturas del Concilio Vaticano II en el catolicismo, ni las del Consejo Mundial de Iglesias entre evangélicos. Por otra parte, la Revolución cubana, en rescate del laicismo constitucional, interrumpió objetivamente un proceso de reactivación religiosa que se verificaba a finales de la década de los 50s y privó a la Iglesia católica, la que más se opuso al status emergente, de su posición privilegiada y hegemónica.

En 1965 se constituyó el Partido Comunista como fuerza política dominante que integró a los sectores que habían intervenido en la lucha insurreccional en una institución más estructurada y bajo la concepción ideológica del marxismo-leninismo, con la construcción del socialismo como objetivo político central. Entonces se concibió como deber de sus militantes, recogido en los Estatutos, “luchar contra el oscurantismo religioso”, lo que se aplicó de forma generalizada como la no aceptación de creyentes. Gradualmente se fue asimilando el modelo soviético con su concepción del ateísmo mal llamado científico, sobre la base de criterios estrechos, dogmáticos y antidialécticos que realmente negaban los principios filosóficos sobre los que debía sustentarse la práctica política. Se fue generando un prejuicio social contra la religión y los creyentes, así como prácticas discriminatorias. Esta situación se extendió hasta finales de los 80s, cuando se inició un proceso de rectificación. En los 90s se hizo evidente una concepción más objetiva y una práctica más consecuente.

En la década de los 60s se produjo un marcado debilitamiento de la significación social de la religión. En ese sentido actuaron diversos factores, entre ellos el mencionado enfrentamiento de las iglesias hacia un proceso de profundas transformaciones que beneficiaban al grueso de la población. Esto les restó aceptación popular y provocó la salida definitiva del país de los sectores sociales más acomodados que constituían el referente social principal de la mayoría de las iglesias, así como de una parte considerable de dirigentes de culto (sacerdotes, pastores, monjas), en buena medida extranjeros que abandonaron el campo pastoral, en unos casos presumiendo persecuciones y en otros siguiendo también manipulaciones de la religión y sus estructuras por intereses ideológicos que pronosticaban una duración efímera al proceso revolucionario –sólo una relativamente reducida proporción fue por expulsión. [10] Por otra parte, la política de confiscación de propiedades y de servicios por parte del Estado afectó a las iglesias, en especial al privarlas de sus principales vías de influencia, los colegios y los medios de comunicación, además del decomiso de otros medios, aunque en un monto reducido.

Muchos cristianos se alejaron de sus iglesias ante la intransigencia de las jerarquías que no aceptaban la posibilidad de un creyente revolucionario. Entonces era usual valorar la incorporación a las tareas sociales del momento como colaboracionismo con un Estado enemigo de la religión. No todos abandonaron su fe religiosa, aunque se les presentaba una contradicción en verdad innecesaria. Otros mantuvieron un doble compromiso, con su grupo religioso y con el proceso social, por lo que debieron vencer incomprensiones de un lado y de otro por razones políticas o, cuando menos, ante criterios desestimadores de una visión no religiosa del mundo, por el referido prejuicio social sobre la religión y desconfianzas acerca de la fidelidad civil del creyente.

Pero tal vez lo que más incidió en una reducción de la presencia social de la religión en los inicios de los 60s fueron, conjuntamente con la intensificación de una secularización iniciada ya desde etapas anteriores, las expectativas terrenales que se abrían paso por la satisfacción de demandas populares largamente sostenidas y, consecuente con ello, el abandono temporal o parcial del recurso de lo sobrenatural ante problemas y dificultades, lo que es corriente en la religiosidad prevaleciente. Las posiciones ateas posteriores intensificarían de algún modo estas tendencias en la población, aunque nunca representaron una conversión masiva a la no creencia.

Desde finales de los 60s, en la Iglesia católica se iniciaron cambios hacia posiciones de diálogo y hasta de aceptación de valores de la nueva sociedad, lo que se definió mejor en los documentos finales adoptados más adelante en el Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC), celebrado en 1986. Fue este el pronunciamiento más definido de la iglesia hacia una comprensión del proceso socialista cubano, llegando incluso a reconocer que la Revolución había enseñado a dar por justicia lo que antes se daba por caridad. Después ha habido variaciones, en cambios de sucesivas alternancias, pero siempre desde la óptica de la Doctrina Social de la Iglesia. A veces se trata de matices, pero otras son posiciones más profundas, particularmente oposicionistas en los momentos más difíciles de la crisis económica de los 90, que en esta ocasión no corresponde analizar.

En las Iglesias protestantes el panorama sociopolítico ha sido heterogéneo, tanto entre instituciones como al interior de cada una de ellas. Se han dado posturas de oposición política, actitudes evasivas y no comprometidas, pero también una producción teológica y conductas prácticas, de aceptación del hecho revolucionario.

Hubo Iglesias protestantes que asumieron posiciones de enfrentamiento abierto al proceso revolucionario, en especial en la primera mitad de los 60s. Incumplimientos de sus obligaciones como instituciones registradas oficialmente más un clima de expresa hostilidad por parte de los Testigos de Jehová, determinaron que en los 70s se les retirara el reconocimiento oficial por el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia y sus Salones del Reino pasaron a funciones sociales como escuelas, círculos infantiles y otras de beneficio de la comunidad local.

Gradualmente esas posturas se fueron moderando o variando sustancialmente. Algunas de las iglesias que reaccionaron con violencia ante el cambio social organizaron después campamentos agrícolas de trabajo voluntario, realizaron obras de utilidad comunal o participaron en otras actividades de carácter social. En los últimos tiempos se advierten actitudes de diálogo de los Testigos de Jehová, lo que evidencia su voluntad de no asociarse a acciones políticamente opositoras al gobierno.

Principalmente en iglesias históricas, aunque también en otras (pentecostales [11] y de diferentes denominaciones), y en el movimiento ecuménico, surgió desde muy temprano un pensamiento teológico contextualizado, orientado hacia lo social, comprometido con el pueblo y el proyecto social que busca su promoción. Coincide en esencia con la Teología de la Liberación latinoamericana. Se diferencia de esta en que se ubica en un contexto social distinto, sus gestores están definidamente a favor de la opción socialista, se ha generado especialmente en medios protestantes y surgió antes de su congénere del continente. Al analizarla, en su origen y contenido, Juana Berges y René Cárdenas la denominan Nueva Teología Cubana. [12]

Eso no significa, en modo alguno, que entre protestantes no se conserven actitudes conservadoras y de rechazo de las alternativas socialistas. No obstante, aun en esos casos las relaciones con el Estado no llegan a ser tirantes e impedir el contacto entre dirigentes religiosos y autoridades políticas encargadas de los asuntos religiosos.

Las expresiones religiosas que se han extendido en sectores populares no se han opuesto como grupo al proceso revolucionario. Sus seguidores mayoritariamente han reaccionado en correspondencia con aspiraciones y otros factores ajenos a teorías filosófico-político-religiosas que sí han sistematizado otras formas más complejas. Tal es el caso de las religiones de origen africano, el espiritismo y la religiosidad popular.

Las religiones de origen africano, aun ante la influencia del ateismo tuvieron un estímulo por la vía de dos factores principales. Por un lado, el ascenso social real de la población humilde, entre la que se encontraba la mayoría de sus practicantes, y la creación de condiciones para la eliminación de discriminaciones sociales y raciales. Por otro, la política de rescate de las raíces africanas en manifestaciones culturales y el folclore a los que se asocian fuertemente estas expresiones religiosas.

Basándose en principios unitarios, se realizó el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975. Esas concepciones sobre “la cuestión” religiosa se plasmaron en las Tesis y Resoluciones sobre la Religión, la Iglesia y los Creyentes, ratificadas en el Segundo Congreso, un lustro después. No obstante, estos documentos introducían las concepciones ateas que, de hecho, obstaculizaban la práctica religiosa.

LA DÉCADA DE LOS 90s

Los 90s han transcurrido para la sociedad cubana en condiciones de una severa crisis económica, que se ha dado en llamar período especial, con repercusiones en otros campos de la vida social, incluyendo el religioso. Esta situación económica fue provocada, básicamente, por la desaparición del campo socialista, con quien Cuba sostenía el 85 por ciento de su comercio exterior, y por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense. Ello ha obligado al país a insertarse en el mercado internacional y adoptar medidas de ajuste económico, procurando conservar las líneas centrales del proyecto socialista y tratando de evitar las consecuencias de fórmulas neoliberales. Esta situación dejó prácticamente sin efecto el proceso de rectificación de errores iniciado a mediados de los 80s.

A la par de la crisis y en estrecha relación con ella, se ha verificado una reactivación religiosa que, entre otras consecuencias, ha permitido una mayor presencia de la religión en la sociedad cubana, lo que se advierte, entre otros indicadores, en una ampliación del espacio social de las organizaciones religiosas. Las Iglesias cristianas, por ejemplo, no sólo disponen en su conjunto de publicaciones religiosas en cantidades mayores que en años anteriores, sino que han aumentado sus membresías y el número de sus dirigentes de culto, cuentan con mejores posibilidades de realizar proselitismo directo y además participan en proyectos de desarrollo social y económico, intervienen en donaciones de ayuda humanitaria para colegios, hospitales, asilos y obras sociales. Esto último ha constituido una cierta recuperación de la actividad de asistencia social tan apreciada por estas instituciones y que prácticamente había cesado al asumirla el Estado casi exclusivamente con más recursos y desde otras perspectivas no caritativas.

Por su parte, la esfera de dirección política del país ha asumido posiciones correspondientes con una concepción más amplia de la religión que ha superado el estrecho ateísmo científico.

En 1991 se realizó el IV Congreso del Partido Comunista, que tomó acuerdos de importancia para las relaciones en el campo religioso. El Llamamiento al evento, discutido por la población, introdujo elementos para, entre otros propósitos, promover reflexiones al respecto. En las decisiones adoptadas hay dos hechos de particular impacto sobre la actividad religiosa: de una parte, la modificación de los Estatutos y eliminación de formulaciones que permitieran interpretar la no aceptación de creyentes en sus filas y, por otra, los acuerdos que proponen cambios en el texto constitucional orientados a su perfeccionamiento, lo que se hizo efectivo con la Reforma Constitucional de 1992.

La Constitución socialista, aprobada en referendo en 1976 por el voto secreto y directo del 98 por ciento de los cubanos, creyentes y no creyentes, estableció el derecho a la creencia, la práctica religiosa y, por primera vez, a la no creencia, a la vez que, en correspondencia con los antecedentes constitucionales, decretaba la separación entre la iglesia, el Estado y la escuela. En este texto no se instituía la moral cristiana como oficial. La ley, por su parte, dejó establecido como punible el hecho de obstaculizar el ejercicio de la libertad de culto.

Considerando los anteriores conflictos y las mantenidas manipulaciones de lo religioso con fines políticos e ideológicos, n o asombra entonces que en el Artículo 54 (3) de la Constitución de 1976 se lea: “Es ilegal y punible oponer la fe o la creencia religiosa a la Revolución, a la educación o al cumplimiento de los deberes de trabajar, defender la patria con las armas, reverenciar sus símbolos y los demás deberes establecidos por la Constitución”. En la Reforma de la Carta Magna de 1992 ese artículo fue suprimido.

Al promulgarse la Constitución de 1976, la no discriminación por razones religiosas no es recogida en el Capítulo V Igualdad, puesto que en su artículo 41 (1) sólo se establece la proscripción y sanción por la ley de la discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen nacional. Entonces se argumentó que tal prescripción no era necesaria, al presuponerse que no se producía en la práctica social.

No fue hasta la Reforma Constitucional de 1992, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, previo a un amplio proceso de discusión y propuestas, que esa formulación varió y ofreció a los creyentes las garantías legales necesarias para su protección ante cualquier intento o posible marginación o discriminación por parte de personas, instituciones u organismos estatales. En el artículo 42 contenido, en el Capítulo VI Igualdad, se consigna entonces: “La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley”.

Como complemento de lo anterior, en el Artículo 43 se consagra que los ciudadanos con creencias religiosas son iguales en derecho para acceder, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la administración pública y de la prestación de servicios.

Perteneciente al Capítulo VI Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, el Artículo 54 de la Carta Magna de 1976 fue modificado con la Reforma Constitucional de 1992 (en esta es el 55). En la primera se enfatiza que el Estado socialista basa su actividad y educa al pueblo en la concepción científica materialista del universo, lo que queda eliminado en la segunda.

En el mismo artículo del texto de 1976 se expresa que el Estado reconoce y garantiza la libertad de conciencia (en 1992 se adiciona “reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y de religión”), el derecho de cada uno a profesar cualquier creencia religiosa y a practicar, dentro del respeto a la ley, el culto de su preferencia. La versión de 1992 reitera que el Estado “reconoce, respeta y garantiza” a la vez la libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna.

Por otra parte, en ambas constituciones se consigna que la ley regula las relaciones del Estado con las instituciones religiosas. Aunque aún no se ha legislado una ley de cultos que instrumente y recoja de manera articulada y con las mayores precisiones posibles todo lo relativo a los deberes y derechos de las partes y la manera de hacer viables, efectivas y factibles esas relaciones, en la práctica el Estado mantiene una comunicación de cierta fluidez y sistematicidad con las distintas expresiones religiosas del país.

Por último, en el Capítulo I, Fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, Artículo 8, aparece lo siguiente: El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. En la República de Cuba las instituciones religiosas están separadas del Estado. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración.

Igualmente la ley sigue garantizando que no se impida el ejercicio del culto con agravantes si el delito es practicado por algún funcionario estatal, según establece el Artículo 294,1 y 2 del Código Penal. [13]

Estos cambios se asocian a un proceso de transformación en la conciencia social que permiten, en conjunto, una apreciación más objetiva de la religión, de las relaciones en las que esta interviene y del papel social de las organizaciones religiosas. Como es de suponer, este movimiento no se opera homogénea ni aceleradamente, tropieza con la resistencia al cambio en diferentes niveles de la sociedad, con esquemas formados, estereotipos y prejuicios de distintos tipos, por lo que adopta un desarrollo irregular. Al mismo tiempo, del lado eclesiástico se producen reclamos que inciden, con mayor o menor conflictividad, en las relaciones iglesia-Estado, pese a que parece solucionado lo fundamental.

En el espiritismo y en las expresiones de origen africano hay aspiraciones a crear estructuras centrales de las que ahora se carece. En la santería se ha constituido la Sociedad Cultural Yoruba, que ha organizado tres eventos internacionales. Los Abakuá han creado la Organización de Unidad Abakuá (OUA), que ha recibido apoyo oficial. Otros grupos de santeros y espiritistas intentan conformarse o existen sin reconocimiento estatal. La tendencia enfrenta dificultades por falta de liderazgo.

El campo protestante en los años de crisis ha estado matizado por un restablecimiento o incremento de las relaciones de las iglesias locales con las “iglesias madres”, limitadas o suspendidas desde la ruptura de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba, o por voluntad de autonomía en algunas iglesias cubanas. Ello se asocia a una tendencia calificada de “neodenominacionalismo”, con riesgos para el movimiento ecuménico. Se observa también un incremento del carismatismo, no sólo por aumento de asistencia a templos pentecostales sino por influencias sobre iglesias tradicionales, con riesgos de posturas evasivas propias de un neocarismatismo que el Estado valora de inconveniente en función de una mayor participación en la vida social.

A ello se suman los intentos de ingreso al país de organizaciones que se corresponden con los llamados nuevos movimientos religiosos, sobre los que pesan, entre otras críticas, las denuncias de cristianos de izquierda que les consideran instrumentos manipulados por intereses políticos conservadores y de penetración desde Estados Unidos, de donde proceden considerables recursos para su funcionamiento.

Parece obvio que el Estado no debe ser ajeno a estos fenómenos, toda vez que no puede renunciar a su función de resguardo y protección de la ciudadanía. Pero también se presenta la disyuntiva de hasta dónde se lesiona la libertad de religión y de culto, al impedirse el establecimiento y reconocimiento de movimientos religiosos que se considera agraden a la sociedad.

La Constitución no dice textualmente que el Estado cubano es laico, pero su articulado permite interpretarlo así. Fernández Bulté lo analiza a partir de la “consideración doctrinal”, en el Artículo 1, que define la naturaleza, la forma republicana unitaria y democrática y los objetivos esenciales del Estado, explicitando medularmente que la soberanía reside en el pueblo –de lo que obviamente significa que la fuente de poder no es extraterrenal. Al tiempo, el Artículo 8 regula lo que es esencial al sistema político al declarar que “el Estado como un eslabón principal no tiene nada que ver con ninguna institución religiosa y, en consecuencia que ninguna de esas instituciones o ninguna iglesia forma parte del sistema político de la sociedad cubana”. [14]

Por supuesto, una definición más específica a los efectos prácticos corresponde a una legislación complementaria. En tal sentido operaría la llamada Ley de Cultos, anunciada por la Constitución y que por distintas razones ha quedado pendiente, en particular desde la última versión de la Ley de Asociaciones de 1974, en cuyas transitorias se dispuso que las regulaciones sobre las organizaciones religiosas fueran establecidas por la Ley de Cultos. Sobre su promulgación inmediata o su postergación a momentos que se consideren más propicios, es conocido que se ha debatido. A nadie escapa la complejidad que comporta, pero tampoco la necesidad de su existencia como instrumento regulador, tal como ocurre en cualquier país contemporáneamente, si bien no en todos. Sobre Cuba inciden, sin embargo, de una parte, presiones de propagandas hostiles que quieren ver siempre una intervención estatal en la vida religiosa, desconociendo la práctica internacional usual y, de otra, las tradicionales relaciones iglesia-Estado, su evolución histórica y las costumbres que ha generado y que se resisten a los cambios.

La historia anterior de la legislación sobre el registro de asociaciones religiosas no es sencilla. España evitó, por mucho tiempo, el asentamiento en su colonia cubana de Iglesias protestantes para favorecer a la Iglesia católica con la cual sostenía relaciones reguladas por el Patronato Regio. El gobierno interventor estadounidense favoreció la entrada de Iglesias protestantes, procedentes en su mayoría de Estados Unidos, pero sin presentar oposición al catolicismo. La república que se estrenaba en 1902 heredó una legislación que exigía la inscripción de cualquier organización religiosa, pero la Iglesia católica quedó libre de ello.

Después de 1959, el Registro de Asociaciones –primero en el Ministerio del Interior y después en el de Justicia—se encargó de asentar las organizaciones inscritas, aunque siguió excluyendo a la Iglesia católica y no creó mecanismos adecuados para la atención de las agrupaciones correspondientes a las religiones de origen africano. Algunas asociaciones católicas sí fueron inscritas, como cofradías e institutos. Centros espíritas que no se reinscribieron cuando fue exigido o nunca se han inscrito, continuaron funcionando sin inscripcion o debiendo solicitar la autorización, al igual que las expresiones de origen africano, para la celebración de algunas ceremonias.

Por otra parte, a lo largo de la república neocolonial la ley fue arbitraria al considerar a las prácticas de origen africano como agravante en casos de comisión de algún delito. En la etapa posterior a 1959 se derogó tal legislación y en la idea de reconocer el derecho a la libertad religiosa se definió el delito por obstruirla. De hecho se ha ido construyendo la base jurídica para el funcionamiento consecuente de un Estado laico, pero ese proceso no está concluido del todo.

CONSIDERACIONES FINALES

La libertad religiosa, tal como es entendida por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en tanto que la religión no puede constituir distinción para el disfrute de cualquier derecho, a la vez que se proclama la libertad de ser asumida, cambiada y manifestada individual, colectiva, privada y públicamente [15], ha tenido diversas interpretaciones y aplicaciones antes y después de esa declaración, en correspondencia con cada coyuntura. Es también, en cierto modo, expresión de las relaciones iglesia-Estado y, más aun, de las relaciones religión-sociedad.

Además de una expresión en teorías y aspiraciones, tanto en sistemas de pensamiento como en programas políticos, la libertad de religión tiene su existencia social real en la práctica de relaciones, comportamientos y posibilidades, no siempre, lamentablemente, en correspondencia con lo que se proclama. Significa no sólo la multiplicidad religiosa defendida por el librepensamiento, sino también la posibilidad de elección de los sujetos y grupos de una o ninguna forma religiosa, sin obstáculos ni derivaciones negativas.

Un Estado laico, por su parte, supone determinadas premisas. Su existencia implica tanto derechos como deberes, lo mismo para el Estado que para las organizaciones religiosas. Con frecuencia esta dualidad se olvida y se tiende a examinar los problemas unilateralmente, sólo desde el interés de la Iglesia o del Estado; sólo reclamando derechos o sólo exigiendo obligaciones

En cuanto a las posiciones teóricas sobre la secularización y el desarrollo del laicismo se han construido diferentes teorías. En unos casos se concibe la desaparición de la religión en algún momento histórico. En otros se defiende la teoría de que el laicismo no comporta la desaparición de la religión, sino su ubicación en un ámbito excluido del ejercicio del poder político.

Desde una óptica propiamente religiosa, las posiciones son contradictorias. De un lado se defiende la idea de que la libertad de religión comporta la capacidad de las instituciones religiosas de intervenir activamente en la dirección de la sociedad. Esta postura se asocia a las direcciones de las organizaciones religiosas y, por lo general, se ubica a favor de una religión determinada. Desde otra visión, propia de movimientos religiosos progresistas, se asume que a la religión no le corresponden funciones estatales, aun cuando el poder político debe garantizar el derecho a sostener creencias y practicarlas.

Para unos, la religión tiene, y debe garantizarse que sea así, la cualidad de integrar a la sociedad. Para un laicismo consecuente, el Estado debe, y puede, disponer de funciones integradoras socialmente, por cuanto el poder dimana de la propia sociedad y no de lo externo, como sería situar la fuente del poder en lo sobrenatural.

En los países de América Latina, desde el punto de vista legislativo y, atendiendo a las peculiaridades históricas de sus respectivos sistemas de derecho, se recogen las garantías fundamentales a los efectos de las mencionadas libertades. Otro tema es su efectivo cumplimiento en la práctica política cotidiana. A ello se puede agregar que al menos a ocho países latinoamericanos es aplicable el calificativo de Estado confesional, aunque sea con matices y, desde luego, en razón del privilegiado lugar que ocupa la Iglesia católica en la mayor parte de ellos, como de alguna manera ocurrió en la Cuba de las etapas prerrevolucionarias.

En otras partes del mundo se constata igualmente diversidad de definiciones en las constituciones vigentes. Se dan casos de reconocimiento de confesionalidad, pero en diferentes modalidades. En unos no significa prohibir o desconocer la pluralidad religiosa, pero en otros la identificación de la nación con una religión determinada, como es usual en los países islámicos, deja poco o ningún espacio a otras formas religiosas y mucho menos a la no creencia. Esto es fuente de violencias entre instituciones y ciudadanos de diferentes confesiones o dentro del propio Estado. Aquí incide con fuerza el fundamentalismo que caracteriza a algunas posiciones, pero en muchos de estos conflictos la fuente generadora está realmente en intereses económicos o políticos, y las diferencias por razones religiosas son un pretexto.

El no reconocimiento al derecho de la libertad de religión se produce no sólo por parte de la esfera política. En varias instituciones, dentro de los llamados nuevos movimientos religiosos (concepto sujeto a determinaciones que las investigaciones deben producir, aunque se tiene una idea de cuáles al menos son las formas y agrupaciones más significativas y su proceder), es usual que estas utilicen sus medios de comunicación, y en las prédicas dentro de ceremonias de culto, para un proselitismo no sobre la base de divulgar sus doctrinas y principios, sino para deslegitimar a otras religiones, a veces en tonos muy agresivos.

Sucede que instituciones religiosas atacan al laicismo o se pronuncian en contra de las no creencias religiosas desconociendo el derecho que sustenta esta opción.

En ciertos medios religiosos se mantienen discrepancias, muchas veces históricas, entre diferentes religiones o instituciones religiosas, así como arraigadas posiciones discriminatorias sobre bases prejuiciadas acerca de otras religiones o creencias y prácticas no definidas dentro de ortodoxias reconocidas, como ocurre entre cristianos respecto a religiones de origen africano. Esto, lamentablemente, se experimenta con alguna frecuencia en el campo religioso cubano, o por parte de jerarquías eclesiásticas que las valoran como fe incompleta, cuando no de meras manifestaciones de superstición, a la religiosidad popular muy extendida en América Latina y prevaleciente en Cuba.

En la Constitución o en la legislación particular de varios países se establecen prohibiciones o regulaciones limitantes. Es el caso de las naciones donde se prohíbe que ministros del culto (sacerdotes o pastores u otras dignidades o jerarquías religiosas) ocupen cargos públicos, lo mismo la presidencia o vicepresidencia del país, que como congresista, diputado o al frente de algún ministerio. Incluso se les impide que se postulen, como también que partidos confesionales participen en las contiendas electorales. En Cuba actualmente tres pastores protestantes son diputados a la Asamblea Nacional, otros dos lo son en la instancia provincial y uno más es delegado de su circunscripción.

En diferentes países se producen problemas relacionados con la atención estatal a los asuntos religiosos. En varios lugares ni siquiera existe el órgano encargado de ello y en otros resulta ineficiente o simplemente no funciona. Pero también se originan quejas por la ubicación de esos órganos dentro del aparato estatal, en estructuras que atienden asuntos internos y policíacos, por lo que tienen una función básicamente de control, en cierta manera represiva.

Es indiscutible que en estos momentos es vital, lo mismo para el Estado cubano que para cualquier otro, impedir situaciones innecesarias de conflicto como la politización negativa del campo religioso, resultado de manipulaciones. A la par, se debe preservar a la nación de penetraciones culturales en proyectos que globalizan también la religión, específicamente empleando tendencias fundamentalistas que promueven posturas evasivas y no comprometidas en lo social, con lo que se obstaculiza el ejercicio de la democracia realmente participativa.

En concreto, se debe disponer de la información más completa posible sobre las distintas tendencias religiosas que se manifiestan actualmente para facilitar decisiones sobre bases objetivas, desprejuiciadas, sin extremismos ni una mal entendida tolerancia, cuando sea procedente, de aprobar o no la oficialización de alguna organización religiosa que lo solicite, de modo que se garantice tanto el ejercicio de la libertad de profesar una u otra religión, como el deber del Estado de salvaguardar a la ciudadanía.

Sobre estas cuestiones también incide el actual curso que, a escala mundial, está siguiendo el laicismo, problemática importante en el área latinoamericana y caribeña. Se trata del debilitamiento que se constata internacionalmente en la práctica laicista y el aumento de la insistencia de instituciones religiosas, apoyado por lo general en el incremento religioso que a escala mundial se verifica, por el rescate de anteriores posiciones dentro del poder y, en casos particulares, de regreso a hegemonías. Esto es evidente en las demandas de la Iglesia católica en América Latina, incluida Cuba. En diversos lugares se perciben posturas de gobiernos que encuentran ventajas en legitimaciones tanto sobre bases religiosas como por el respaldo de alguna institución religiosa en particular.

En la construcción y perfeccionamiento constante de una sociedad en la que el Estado garantice a plenitud el ejercicio de la libertad religiosa sin interferencias de intereses ajenos al bien común, deben y pueden participar hombres y mujeres de buena voluntad con independencia de que sean creyentes de una expresión religiosa u otra, o no sean creyentes de ninguna.

Notas:

1. Phillips Foner: La guerra hispano-cubano-americana y el surgimiento del imperialismo yanqui , Vol. I, pág. 234.(EDITORIAL)

2. Martí, José, “Obras Completas”, pág. 393.

3. Idem, T. XVIII, pág. 30.

4. Varona, Enrique José, “Trabajo sobre educación y enseñanza”, Comisión Nacional de Cuba de la UNESCO, La Habana, 1961.

5. Ortiz, Fernando, “Los negros brujos”, Editorial América, Madrid, 1979, págs. 21 y 29.

6. ACU, “Encuesta Nacional sobre Sentimientos Religiosos”, Buró de Información de la Agrupación Católica Universitaria, La Habana, 1954.

7. Cepeda, Rafael (edit), La herencia misionera en Cuba, San José de Costa Rica, Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1986, pág. 45.

8. Dr. Julio Fernández Bulté, texto de su presentación ante el Consejo Científico del CIPS, el 13 de noviembre de 2003.

9. E n La voz de la Iglesia en Cuba. 100 documentos episcopales, Obra de la Buena Prensa, A.C., México D.F. 1995, p. 46.

10.En 1961 fueron expulsados en la motonave Covadonga rumbo a España 136 miembros del clero católico tenidos por participantes en actividades contra la seguridad del Estado.

11.Es significativo que en Cuba el pentecostalismo no es sinónimo exclusivo de evasión dicotómica respecto a lo social. Ha habido pentecostales individualmente, grupos y hasta iglesias, como la Iglesia Cristiana Pentecostal, que han asumido compromisos con el proyecto socialista cubano y participan del movimiento ecuménico.

12. Berges, Juana y René Cárdenas, “El pastorado protestante y la Nueva Teología Cubana”, en La religión. Estudio de especialistas cubanos sobre la temática religiosa , La Habana, Edit, Política, 1993

13.La Ley 62, Código Penal, que entró en vigor el 30 de abril de 1988, modificando la anterior, en su Artículo 294. 1 y 2, Delitos contra la libertad de cultos , penaliza que se obstaculice el ejercicio de la libertad de culto que se ejerza contra cualquier organización religiosa reconocida.

14. Dr. Julio Fernández Bulté, intervención en el CIPS antes referida.

15. En estos términos aparece referida la religión en el Preámbulo y en los artículos 2, 10 y 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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