Demanda de Cuba contra los Estados Unidos

En ocasión de la votación en la Onu sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, IPS presenta esta investigación de 1999 sobre el tema.

Archivo IPS Cuba

Celso di Celmo es el padre de Fabio di Celmo, joven italiano, asesinado durante un atentado terrorista contra el Hotel Copabacana

Un total de 193 personas, entre testigos y peritos, desfilaron ante el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana durante los 13 días que duró la práctica de pruebas y vista del proceso de la demanda de un grupo de organizaciones cubanas contra el gobierno de Estados Unidos por la muerte de 3.478 personas y la incapacidad de otras 2.099 durante los últimos 40 años.

La demanda, interpuesta el 31 de mayo pasado ante la sala de lo civil y de lo administrativo del tribunal provincial de la capital de Cuba, emplazó a Washington a asumir su “responsabilidad civil” por perjuicios y daños provocados por acciones hostiles planeadas, alentadas o financiadas desde su territorio y a pagar una indemnización por más 181 mil millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses “fueron debidamente emplazadas, no han comparecido y, en consecuencia, fueron declaradas en rebeldía”, dijo al comienzo del juicio el presidente del tribunal, Carlos Díaz Tenreiro.

Cuba se ampara en el derecho internacional y sustenta su demanda en documentos desclasificados en el país norteamericano en 1998 para intentar demostrar que detrás de cada acción contrarrevolucionaria de las últimas cuatro décadas está la mano del gobierno estadounidense.

En su discurso por el 26 de julio el presidente cubano, Fidel Castro, defendió el derecho que asiste a su país en la demanda interpuesta contra el gobierno de Estados Unidos y recordó que las acciones de guerra encubierta se iniciaron en el verano de 1959 cuando la aplicación de la Ley de Reforma Agraria, en marzo de ese año, afectó los intereses de grandes empresas norteamericanas poseedoras de tierras.

Castro aseguró que posiblemente sea la primera vez en la historia que un pueblo reclama indemnización a un país que ha ocasionado tanto daño en muchas partes del mundo. Hagan lo que hagan los Estados Unidos con respecto a las obligaciones por daños humanos emanadas de este proceso, las pruebas son irrebatibles y los hechos, públicamente reconocidos por sus ejecutores, aseguró.

La demanda entablada por Cuba contra Estados Unidos es justa y legítima y así lo consideran también quienes la han conocido en el exterior, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), Ricardo Alarcón, al tiempo que consideró que los daños humanos relatados en la demanda habría que agregarlos a los causados a la sociedad y al país, con el bloqueo económico, comercial y financiero, lo cual elevaría mucho más el monto de la demanda.

Según Alarcón, la publicación en Estados Unidos de informaciones muy importantes, documentos oficiales hasta ahora guardados en secreto, prueban la responsabilidad expuesta en la reclamación cubana. “Una cosa es saber nosotros que el imperialismo y la Agencia Central de Inteligencia estaban detrás de determinadas acciones, y otra muy distinta la aparición de un documento oficial de la CIA o el Pentágono, con detalles sobre actos concretos organizados y financiados por ellos”, dijo.

William Schaap, de la Asociación Nacional de Abogados de Estados Unidos, quien asistió como observador a las vistas públicas del juicio, asegura que la ausencia de las autoridades norteamericanas no resta validez al proceso. El letrado estadounidense confesó ser uno de los tantos amigos de Cuba que hará todo lo posible por divulgar la demanda en su país, pues en su opinión, las autoridades norteamericanas tratarán de ignorar el hecho.

“La oportunidad de que tantos actos hostiles aparezcan agrupados en esta demanda da la magnitud de la agresión norteamericana contra Cuba, que ya dura 40 años”, precisó Shaap, para quien “muchas personas piensan que los hechos son ya historia antigua y no tienen importancia porque ocurrieron hace mucho tiempo”.

Las sesiones comenzaron el día 5 de julio, en la antigua sala del Tribunal Supremo, situada en la sede del Consejo de Estado, y fueron transmitidas en vivo por la televisión estatal a los más de 11 millones de habitantes de la isla. El miércoles 21 de julio, el caso judicial quedó listo para sentencia, para lo cual el tribunal dispone de un plazo de ocho días hábiles que empezarán a contarse con posterioridad a la entrega de nuevas pruebas documentales propuestas por los letrados a la parte demandante.

Como demandantes aparecieron la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Organización de Pioneros José Martí, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y los Comité de Defensa de la Revolución (CDR), este último con casi 8 millones de miembros.

Según las conclusiones de esta fase de la demanda, se valoraron las declaraciones de testigos, dictámenes periciales y pruebas documentales, las cuales permitieron corroborar las acciones agresivas de Estados Unidos, que debe responder civilmente por sus actos.

“Los daños causados a las personas le provocan la pérdida irreversible de alguna cualidad. El código civil cubano define la responsabilidad de manera objetiva entre el daño producido y quien lo provocó y el nexo causal está probado por la agresión”, expresó el día 21 una letrada.

Agregó que no hay responsabilidad sin culpa, en este caso el culpable es el gobierno de Estados Unidos, como deudor civilmente responsable, nuestra reclamación se refiere a obligaciones extracontractuales, o sea reparar e indemnizar los daños causados que han provocado daños y perjuicios.

Durante la presentación de pruebas se narraron acciones terroristas, en su mayoría organizadas y financiadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con la anuencia de las administraciones estadounidenses.

Las modalidades del terrorismo empleado contra Cuba, según explica el texto de la demanda, han sido en lo fundamental sabotaje o destrucción de objetivos civiles dentro del país, ataques piratas contra instalaciones costeras, naves mercantes y embarcaciones pesqueras e incluso agresiones de mayor envergadura como la invasión a Playa Girón.

Asimismo se incluyen los atentados contra instalaciones y personal cubano en el exterior, entre ellas sedes diplomáticas, oficinas de aviación y naves aéreas, y la constante instigación a elementos subversivos, a través de emisoras de radio y televisión.

Al margen de los testimonios de las víctimas y familiares afectados por la muerte de alguno de sus seres queridos, durante el juicio fueron presentados testigos cuya vinculación con los hechos aportó cifras y hechos a favor de la demanda cubana.

Según el general de división Raúl E. Menéndez Tomassevich, entre 1959 y 1965 operaron 299 bandas financiadas por Estados Unidos en la isla, con 3.999 miembros. Las víctimas del “bandidismo” fueron 549 muertes y 200 incapacitados. Todo el armamento utilizado durante la invasión de Playa Girón era de procedencia estadounidense y la aviación y buques de guerra de ese país se mantenían cerca de la isla apoyando a los asaltantes, de acuerdo con pruebas documentales y testimoniales.

En la invasión, que dejó 176 muertes y más de 300 heridos del lado cubano, participaron pilotos estadounidenses, según lo demostró el derribo de dos aviones tripulados por Riley Shamburger, Thomas Ray, Wade Gray y Leo Baker.

Conocida como “Operación Pluto”, fue organizada y dirigida desde territorio norteamericano por Richard M. Bissel, director-jefe de operaciones de la CIA, con la aprobación de los entonces presidente John Kennedy y el director de la entidad, Allen Dulles.

La demanda presentó documentos que prueban que los mercenarios fueron entrenados por instructores norteamericanos en bases situadas en Estados Unidos, Guatemala y Puerto Rico, los que percibían mensualidades por parte del gobierno, cuyo financiamiento alcanzó los 46 millones de dólares.

También se presentó un material fílmico de tres minutos que recoge el recibimiento del presidente Kennedy, en 1962, a los mercenarios hechos prisioneros por los cubanos tras la fallida agresión y puestos en libertad después de un juicio civil.

Varios testigos prestaron declaración el 19 de julio sobre acciones cometidas por soldados estadounidenses contra los cubanos en la región fronteriza de la base naval de Guantánamo, en el extremo este de la isla y que de acuerdo a la denuncia, arrojaron un saldo de ocho ciudadanos cubanos muertos y otros 15 quedaron incapacitados.

Varios especialistas, entre ellos el ministro de Salud, Carlos Dotres, afirmaron que el dengue que azotó a Cuba en 1981, fue “introducido deliberadamente en el país por agentes al servicio de Estados Unidos”. La epidemia afectó en pocas semanas a 344.203 personas, con un saldo final de 158 muertos, de los cuales 101 eran niños.

El doctor Francisco Machado, de la comisión de especialistas nacionales y extranjeros que estudiaron la epidemia y contaron con los informes de cientos de peritos, aseguró que ese grupo demostró que en 1981 el ejército de Estados Unidos y la CIA poseían capacidad técnica para emplear el dengue hemorrágico con fines militares.

La demanda, en su exposición de los hechos, incluye documentos desclasificados, libros y despachos de prensa publicados en Estados Unidos que señalan el vínculo del gobierno de ese país y la CIA con organizaciones terroristas como Omega-7, cuyos cabecillas reconocieron haber introducido gérmenes en la isla.

Declasificados

Entre las pruebas con que cuenta la parte demandante figuran más de 200 páginas de documentos desclasificados por Washington en los últimos años que incluyen un informe presentado en 1961 por el entonces inspector general de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Lyman Kirkpatrick.

En ese texto, Kirkpatrick afirmó que las operaciones encubiertas organizadas desde Washington contra Cuba empezaron en el verano boreal de 1959, a unos meses del triunfo en enero de la Revolución liderada por el hoy presidente Fidel Castro.

En octubre de ese año, el presidente norteamericano Dwight Einsenhower dio luz verde a un plan del Departamento de Estado y la CIA para emprender acciones contra Cuba, incluidos ataques piratas aéreos y navales, según la demanda cubana.

Documentos presentados ante el tribunal evidenciaron que las acciones terroristas formaron parte, ya de manera formal, del Programa de Acciones Encubiertas contra el régimen de Fidel Castro, aprobado el 17 de marzo de 1960 por Eisenhower y contemplaba cuatro procedimientos fundamentales.

Se preveía la creación de una oposición cubana responsable, atractiva y unificada, el desarrollo de propaganda ofensiva en nombre de esta oposición, la articulación de una organización secreta de inteligencia y acción dentro de Cuba y la preparación de una fuerza militar adecuada para infiltrar en la isla.

Según estos documentos, la CIA se encargó de las 32 tareas acordadas para llevarlo a la práctica en un plan que llevó el nombre en clave de “Operación Mangosta”

“Nuestras manos no deben aparecer en nada de esto”, advirtió Einsenhower a los funcionarios de la CIA tras ordenar el inicio del entrenamiento de los cubanos que participarían en la invasión de Playa Girón, según contó en sus memorias el ex presidente.

De acuerdo con el informe de Kirkpatrick, entre septiembre de 1960 y marzo de 1961 la CIA realizó 12 operaciones aéreas para abastecer con más de 70 toneladas de armas, municiones, explosivos y otros medios a bandas contrarrevolucionarias en Cuba.

Desde el 30 de noviembre de 1961, fecha en que se aprueba por el presidente John F. Kennedy la puesta en marcha del denominado “Proyecto Cuba”, hasta el mes de enero de 1963, se efectuaron 5.780 acciones terroristas contra la isla, de las cuales 716 constituyeron sabotajes industriales de envergadura.

Un memorándum del Estado Mayor al secretario de Defensa, del 27 de enero de 1961, advierte que si Estados Unidos no realiza acciones inmediatas y fuertes, enfrenta el gran peligro de que Cuba se convierta de forma permanente en parte del bloque comunista con consecuencias desastrosas para el hemisferio occidental. Cuba, asegura, proveería al bloque comunista de una base de operaciones para la exportación de revoluciones similares hacia los países de América Latina, ya por sí inestables y explosivos. La solución del secretario de Defensa: un rápido derribo del gobierno de Castro, seguido del establecimiento de un gobierno “pro-U.S.” y con el apoyo de los Estados Unidos.

En la lista de documentos presentados como pruebas y que pueden ser encontrados en Internet, se encuentran:

– Memorándum de la conferencia con el presidente, marzo 17, 1960.
– Memorándum de la reunión con el presidente, noviembre 29, 1960.
– Memorándum de la reunión con el presidente, enero 9, 1960.
– Memorándum para el secretario de Defensa, enero 27, 1961.
– Memorándum de la Agencia Central de Inteligencia, febrero 17, 1961.
– Acta de la Reunión del Consejo de Seguridad, mayo 5, 1961.
– Inspector General’s Survey of the Cuban Operation, octubre, 1961.
– Report by the CIA of how to commit an assassination.
– Bay of Pigs Declassified.
– Presidential tapes: Nixon wanted to show up JFK.
– CIA study of assassination.
– Central Intelligence Agency, 1998.

Atentados contra Castro

Cuba asegura que el asesinato de altos dirigentes de la Revolución constituye, según los gobiernos de Estados Unidos en las últimas cuatro décadas, la premisa fundamental para el derrocamiento de la Revolución cubana.

En la oncena sesión de la práctica de pruebas de la demanda del pueblo cubano contra el gobierno de Estados Unidos por daños humanos, el perito José Pérez Fernández hizo referencia a 637 conspiraciones sólo contra el presidente Fidel Castro, descubiertas y abortadas por los órganos de la seguridad cubana.

“La Seguridad del Estado junto al pueblo cubano han logrado descubrir y neutralizar las acciones que en muchos casos implicarían la pérdida de numerosas vidas, pues se realizarían en actos públicos. La desclasificación de documentos y los testimonios de exagentes de la CIA, en los últimos tiempos, corroboraron la activa participación del gobierno de Estados Unidos en la ejecución de los planes”, afirmó el coronel Pérez Fernández.

Según el perito, director del Centro de Investigaciones Históricas del Ministerio del Interior, desde la lucha en la Sierra Maestra, la idea de asesinar a Fidel estuvo latente.

La extensa lista de operaciones contra Castro comenzó el 28 de diciembre de 1958, cuando fue detenido Allen Robert Nye, agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, que llegó a la Sierra Maestra con el encargo de asesinar al entonces jefe del Ejército Rebelde.

Nye, quien iba armado de un fusil Remington calibre 30.06 con mira telescópica, había sido contratado por el dictador cubano Fulgencio Batista, mediante una operación facilitada por el gobierno estadounidense, según los testimonios.

Pérez Fernández aseguró que en 1960 se produjeron diferentes acciones terroristas para matar a Castro, entre ellas la colocación de un explosivo en un caracol en zonas marítimas donde supuestamente él buceaba. Otro plan fue regalarle un traje de pesca submarina impregnado de una enfermedad letal.

El perito añadió que la CIA y las organizaciones contrarrevolucionarias en Estados Unidos planearon en más de una ocasión el asesinato del presidente cubano durante sus visitas a otros países.

Relató que el primer intento de asesinar al líder cubano en un viaje al exterior ocurrió en septiembre de 1960, cuando fue descubierta una bomba en la tribuna del Central Park de Nueva York, donde el visitante pronunciaría un discurso. Otro intento ocurrió en la Universidad de Chile durante su visita al país suramericano en 1972.

En la última década, las tentativas se han centrado en las cumbres iberoamericanas celebradas en Colombia (1994), Argentina (1995), Venezuela (1997) y Portugal (1998), afirmó el perito.

Los documentos que sostienen la denuncia cubana incluyen un informe del 23 de mayo de 1967 firmado por J. S. Herman, inspector general de la CIA, e incluido en el estudio presentado al senador Frank Church en 1975.

Church encabezó un comité selecto designado por el Senado estadounidense para investigar las actividades de inteligencia, entre ellas los planes de asesinato de dirigentes políticos. El informe de Church contiene evidencias que incriminan al Departamento de Ciencia y Tecnología de la CIA como encargado de investigar y buscar medios tóxicos y bacteriológicos altamente sofisticados para asesinar al líder cubano.

Comparación de la técnica y armamento (según almanaque mundial y balance militar)

Países

Tanques

Carros Blind.

Piezas Art.

Aviones

Buques

Cuba

1.625

1.300

1.160

110

46

Bolivia

36

132

70

48

9

Ecuador

153

47

138

72

16

Guatemala

10

74

84

14

9

Chile

181

210

194

110

34

Colombia

12

92

130

74

40

PROMEDIO

78

111

123

63

21

RELACIÓN

20/1

11/1

9/1

2/1

2/1

Anexo

Año
Población
(hab)
% efectivos
c/relación a la
población
PIB
(MMP)
Ejecución
gastos defensa
(MMP)
% gastos
defensa con
relac. PIB

1

2

5

6

7

8

1960

7.077.190

0,4

6.419,5

42,8

0,7

1961

7.190.811

1,2

6.569,6

117,3

1,8

1962

7.317.935

1,6

6.082,1

190,5

3,1

1963

7.511.832

1,5

6.013,2

182,9

3,0

1964

7.712.718

2,0

6.454,5

247,7

3,8

1965

7.907.113

2,0

6.770,9

254,7

3,8

1966

8.063.518

2,6

6.863,8

364,6

5,3

1967

8.215.145

2,6

7.211,6

384,0

5,3

1968

8.352.721

2,3

7.303,5

373,2

5,1

1969

8.489.374

3,0

7.236,1

501,7

6,9

1970

8.603.165

2,3

7.838,8

412,5

5,3

1971

8.751.987

1,9

8.936,4

350,8

3,9

1972

8.929.125

1,8

10.349,2

338,0

3,3

1973

9.092.659

1,9

11.910,3

361,1

3,0

1974

9.231,913

1,4

13.423,5

273,7

2,0

1975

9.365.972

1,4

10.718,0

282,5

2,6

1976

9.493.133

1,5

11.311,1

244,7

2,2

1977

9.600.723

1,2

12.254,7

404,1

3,3

1978

9.686.400

1,2

13.210,5

535,7

4,1

1979

9.754.456

1,3

13.476,3

576,5

4,3

1980

9.693.907

1,3

13.068,6

581,1

4,4

1981

9.753.243

1,3

15.473,5

737,3

4,8

1982

9.848.283

1,4

16,296,0

925,2

5,7

1983

9.945.688

1,5

17.247,4

908,7

5,3

1984

10.043.164

1,6

18.506,1

1.133,2

6,1

1985

10.152.639

1,6

19.201,8

1.122,7

5,8

1986

10.245.913

1,7

19.220,1

1.041,9

5,4

1987

10.356.201

1,8

18.758,4

966,5

5,2

1988

10.468.661

1,8

19.453,5

910,7

4,7

1989

10.576.921

1,9

19.585,8

933,2

4,8

1990

10.694.465

1,9

19.008,3

815,5

4,3

1991

10.792.923

2,1

16.975,8

736,1

4,3

1992

10.869.218

1,8

15.009,9

576,1

3,8

1993

10.939.714

1,7

12.776,7

489,0

3,8

1994

10.960.487

1,2

12.868,3

540,4

4,2

1995

10.998.532

1,2

13.184,5

523,1

4,0

1996

11.038.602

1,1

14.218,0

552,8

3,9

1997

11.093.152

1,1

14.572,4

599,0

4,1

1998

11.139.875

1,1

14.754,1

597,3

4,0

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