El Caribe: Notas sobre seguridad y prevención

Análisis de la situación política de la región caribeña según una de las publicaciones de la Corresponsalía de IPS en Cuba.

El Caribe es una región heterogénea y fragmentada que, vista desde las definiciones conceptuales más amplias -Cuenca del Caribe (desde un enfoque geopolítico), Gran Caribe (desde un enfoque holístico)-, es un área sensible en la que confluyen múltiples intereses y donde el peso de Estados Unidos es altamente significativo.

De acuerdo con el Banco Mundial, el Caribe incluye, en términos territoriales, los estados soberanos de la Comunidad del Caribe (CARICOM): Cuba, República Dominicana; los estados semiautónomos del Caribe holandés: Aruba y las Antillas Neerlandesas, esto es Bonaire, Curazao, Saint Marten, Statia y Saba.

Los territorios británicos de ultramar: Anguila, Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y las Islas Turcos y Caicos; los territorios de ultramar de Francia: Guyana Francesa, St. Marteen, Guadalupe y Martinique. Este enfoque abarca también a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los países del Caribe anglófono, en su conjunto, tienen una población cercana a los 6,7 millones de habitantes. La juventud es alrededor de 30 por ciento de la población, que es el sector más perjudicado por las extremadamente altas tasas de desempleo que afectan a la subregión.

Gravitan en el Caribe -caracterizado por su heterogeneidad y por sus economías pequeñas y abiertas- varias problemáticas derivadas de la inserción global y regional, la posibilidad de acceder a nichos y oportunidades a partir de los espacios reales, y las ansiedades generadas por la globalización. La heterogeneidad y diversidad del área se refleja en la proliferación de acuerdos de integración y otros de “muy diversos propósitos”, que conforman un “entramado caótico”, que hace “muy difícil la consolidación de espacios de integración entre vecinos para buscar una inserción conjunta al mercado hemisférico o mundial”, señalan Socorro Ramírez y Andrés Serbín, en “Lo hemisférico ¿a costa de la integración subregional? “.

Convergen, en el plano multilateral, CARICOM/CARIFORUM (Foro del Caribe, integrado por países de la CARICOM, más República Dominicana y Cuba), los actores europeos en el contexto de los países de África, Caribe y del Pacífico (ACP), el reciente Acuerdo de Cotonou y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que inciden en el escenario regional. La AEC combina una población de 220 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) combinado de 600.000 millones de dólares con un gran potencial y oportunidades de expansión del mercado; los vínculos comerciales y relaciones desarrolladas dentro de la organización pueden ampliarse y servir a toda la región, especialmente a los pequeños estados de habla inglesa, lo que sienta las bases para relaciones comerciales con otros países y regiones. También podemos identificar redes regionales no gubernamentales, como Caribbean Policy Development Centre (CPDC), Caribbean Congress of Churches (CCC) y Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA), entre otras, con membresía en todas las áreas.

El enfoque de seguridad de Estados Unidos -después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en ese país- se basa en dos pilares interrelacionados, en el plano externo e interno: la doctrina preventiva, que priorizará el enfrentamiento al terrorismo; y la seguridad interna (Homeland Security). La tercera lógica -que trasciende el enfoque- es la intervención directa en cualquier región del mundo.

Respecto a temas de seguridad, la reconfiguración de los comandos militares estadounidenses y la creación del Comando Norte reformula la articulación funcional existente hasta ahora en la Cuenca del Caribe. Así se ubica a parte del Caribe insular en el nuevo comando (México, Las Bahamas, Cuba ) y parte en el Comando Sur, junto al resto del continente americano. La conformación del perímetro de seguridad de América del Norte implica una reformulación de las relaciones entre estructuras, niveles de coordinación y cooperación, diferentes a las desarrolladas hasta ahora.

En lo que se refiere al Caribe y los atentados del 11 de septiembre, desde el punto de vista de la sociedad civil, después de una abrumadora condena al terrorismo se dan percepciones encontradas en cuanto a la magnitud de la amenaza que este implica para las sociedades caribeñas. Las dificultades económicas, la inestabilidad social general, un significativo aumento del tráfico de drogas y de la tasa de criminalidad y violencia estaban presentes antes del 11 de septiembre de 2001 y, como resultado de su impacto, se han hecho más evidentes.

A su vez, la noción de la “tercera frontera” torna más complejo el escenario en el área. La justicia es una prioridad en las sociedades caribeñas, consecuentemente algunos argumentan que, específicamente en el tema etnoracial, por ejemplo, ” la Iglesia debe interpretar los signos de los tiempos y desafiar los presupuestos populares que discriminan a las minorías”. Al mismo tiempo se da un debate en el seno de la sociedad civil sobre cuáles iniciativas -en el ámbito de la familia, la comunidad y a nivel nacional- son las adecuadas para desarrollar una aplicación equilibrada de la aplicación de la ley y la justicia.

El sector privado está desarrollando algunas iniciativas en el contexto de la lucha global contra las drogas y armas ligeras. Finalmente, y también en el contexto de la sociedad civil, es necesario que los gobiernos aseguren un diálogo mayor con el pueblo, antes y después de pronunciamientos específicos que tienen que ver directamente con el bienestar y la estabilidad de la sociedad en su conjunto.

La participación de la sociedad civil en problemáticas asociadas a la protección del medio ambiente, a temas vinculados con la violencia, a la problemática de la mujer y la juventud, está presente en mayor o menor grado en todas las sociedades caribeñas.

Las formas de enfrentar la problemática se ubican en el contexto gubernamental y en la aplicación de la ley en el terreno más inmediato y en el estudio cuidadoso y el diagnóstico del problema en sus múltiples aristas (política, económica, empresarial, de seguridad nacional y desde la sociedad civil), de forma que cada uno contribuya en la búsqueda de alternativas y soluciones adecuadas a la realidad en cuestión. En el caso del Caribe, uno de los objetivos básicos debería ser evitar la creación de culturas de violencia.

El empalme con la globalización, en la perspectiva de fines nacionales, regionales y subregionales, es básico. En este escenario son relevantes, también, temas como la soberanía, la identidad, la integridad territorial y las normas del sistema internacional. En las actuales circunstancias, que prevalezcan los intereses de cada una de las partes no debe oscurecer el hecho de que el Caribe debería pensar en sí mismo –políticamente- como una región, habiendo logrado pensar en sí mismo como una economía regional. Ese es también el caso de Centroamérica.

Los patrones históricos, la cultura política y los diferentes niveles de desarrollo económico son elementos primordiales para un enfoque centrado en los países del Caribe. Son relevantes, también, temas como la identidad, la soberanía e integridad territorial y las normas del sistema internacional. El cambio social y el timing de ese cambio son elementos estrechamente vinculados y deberían ser considerados para el desarrollo de políticas adecuadas y de condiciones para reducir el siempre creciente riesgo de conflicto en sociedades con redes de protección extremadamente frágiles, o no tan frágiles.

La prioridad a los temas de seguridad y los vinculados a fronteras -y asociados a la integración- es un hecho. Consecuentemente, tanto la frontera terrestre de Estados Unidos con Canadá y México, como la “Tercera Frontera” con el Caribe pasan a ser críticas. Parte de los controles asociados a las fronteras se relacionarán, en esta etapa, con el desarrollo de políticas de control del mercado informal transfronterizo dondequiera que se encuentre, como norma para la organización y regulación de la economía y el comercio globalizado.

El Caribe cuenta, desde una perspectiva regional, con el Regional Security System (RSS), mediante el cual los gobiernos caribeños desarrollan la cooperación y también con la Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA), el Caribbean Information Sharing Network (CISN) y el U.S. Coast Guard’s Caribbean Support Tender (CST), que también se articulan en esta dirección. Un elemento clave en los esfuerzos del Comando Sur en el área son los ejercicios Tradewinds, que se desarrollan anualmente, enfocados al combate de las amenazas transnacionales, las operaciones contra las drogas y la preparación contra desastres.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos también cuenta con el ejercicio New Horizons, que se realiza en Centroamérica, enmarcado en la asistencia humanitaria y cívica (HCA). En el caso de las Antillas Holandesas y Aruba, el Comando Sur brinda apoyo a las Cooperative Security Locations, en la perspectiva del combate al narcotráfico. La República Dominicana se percibe como un “aliado clave” para la expansión de la “Iniciativa de la Tercera Frontera ” destinada a “construir una zona de confianza en el Caribe”. Por otra parte, la “Iniciativa Amistad Duradera” sincronizará todas las actividades marítimas en el Caribe, destinadas a proteger el comercio legal contra acciones terroristas y actividades ilegales.

Este enfoque de carácter multifacético se orienta a garantizar la seguridad de Estados Unidos, sin considerar necesariamente las necesidades de sus vecinos en ese ámbito. La imposición de una agenda enrarece el ambiente y los términos de la cooperación.

La lógica estadounidense en el terreno de seguridad, en general, se orienta además de la cooperación, a la delegación de tareas y al reforzamiento de las fuerzas locales. Por parte del Caribe, el acuerdo es asumido puntualmente según la perspectiva específica e intereses y necesidades de cada uno de los países que lo integran. Para Estados Unidos, el Caribe es una zona de trasbordo, de tránsito, en la cual aspira a desarrollar y fortalecer una dinámica de cooperación; sin embargo, desde el Caribe se percibe aún que el grueso del esfuerzo en esta dirección es básicamente caribeño.

El Caribe ha condenado el terrorismo en todas sus formas, pero al mismo tiempo insiste en que parte de la estrategia debe ser intentar comprender las causas y raíces subyacentes del terrorismo. Al mismo tiempo, los países del Caribe apoyan la necesidad de fortalecer a las Naciones Unidas y su papel global. Dado que la seguridad en el Caribe es multidimensional, la promoción de la cooperación y el intercambio entre las agencias gubernamentales e instituciones militares del Caribe -y en el hemisferio en su conjunto- es un imperativo. Los acuerdos bilaterales y las operaciones marítimas conjuntas, focalizadas en el crimen organizado y otras actividades ilegales en el hemisferio, tienden a crear un entorno seguro. Consecuentemente, los Ministros de CARICOM han urgido a la cooperación en medidas antinarcóticos y anticrimen organizado, en compartir información de inteligencia, en la coordinación de mecanismos para una cooperación regional sostenida en cuanto a la capacidad de construir en la perspectiva de las instancias y agencias que aplican la ley, la cooperación marítima y un enfoque colectivo al problema de las deportaciones.

LA AGENDA COMÚN

La cooperación se construye y la aplicación de la lógica de “compartir la carga” en términos desiguales no contribuye a una cooperación efectiva y equilibrada en temas sensibles para todas las partes, así como tampoco las exclusiones en un terreno en el cual son esenciales la flexibilidad, la amplitud y el multilateralismo.

En la agenda de seguridad en el área caribeña sobresalen el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas ilegales, la corrupción, el transporte de desechos nucleares, la actividad criminal transnacional, el incremento de la inmigración ilegal, los desastres naturales y el calentamiento global, y por último el VIH/sida, cuestiones todas que requieren de un esfuerzo coordinado conjunto. La seguridad de los pequeños estados es uno de los temas medulares de la agenda en la Cuenca del Caribe, asunto relacionado con los recursos para enfrentar una agenda altamente compleja, sobre la cual no hay una visión común, debido a que los problemas se manifiestan de manera diferente en cada país.

La interrelación entre el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el crimen organizado es un factor para observar. En el terreno de la cooperación en el enfrentamiento al narcotráfico, el Fiscal General de Estados Unidos, John Ashcroft, destacó en junio de 2004 el esfuerzo conjunto -“sin precedentes” para cerrar las rutas claves de la droga en el Caribe- realizado por varias agencias federales y los gobiernos de Colombia, Jamaica, Bahamas, República Dominicana, Panamá y Canadá, cuestión que, se estimó, reduciría el flujo de drogas a los Estados Unidos en 10 por ciento. Estas operaciones contaban también con la cooperación de Cuba .

Los efectos devastadores del huracán Mitch, en 1998, situaron los desastres naturales en el primer plano de los problemas en la región. En este sentido, se creó en la AEC el Comité Especial de Desastres Naturales, que realizó su primera reunión en Puerto España, Trinidad, como resultado de la importancia del tema y con la participación de representantes de la Agencia para el Caribe de Respuesta ante Emergencias de Desastres (CDRA), del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y de delegaciones invitadas de Colombia, Cuba, Francia y México. Un grupo técnico destinado a priorizar y analizar los puntos fuertes y débiles de cada país caribeño, quedó encargado también de identificar los proyectos que dichos países estaban desarrollando y también a identificar -con la ayuda del Fondo Especial de la AEC- las fuentes de financiamiento con vistas a desarrollar los proyectos incluidos entre las prioridades establecidas.

Paralelamente se planteó la posibilidad de crear un centro de entrenamiento para el manejo de emergencias, con posible ubicación en Panamá. La propuesta habría surgido de un encuentro en el cual participaron 16 naciones del Caribe, seis de América Central, la Casa Blanca , la Federal Emergency Management Agency y expertos del Comando Sur, auspiciado por el International Hurricane Center de Florida International University y el Center for Disaster Management and Humanitarian Assistance, de la Universidad del Sur de la Florida. La iniciativa contaría con fondos del Banco Mundial y el apoyo de la Casa Blanca , de acuerdo con medios estadounidenses de prensa.

A comienzos de agosto de 2000 se realizó en Miami una reunión en esta misma dirección, con la presencia de funcionarios de la Casa Blanca y agencias del gobierno estadounidense, el Comando Sur y representantes de la Agencia para el Caribe de Respuesta ante Emergencias de Desastres (CDRA) y del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), que apuntaría a la concreción de una cooperación articulada en materia de desastres naturales en el área.

La lógica de una amplia cooperación para el desarrollo debería caracterizar los esfuerzos de esta naturaleza, en la perspectiva de implementar medidas de seguridad orientadas a la prevención y a enfrentar una escala de problemas generados por este tipo de alteraciones climáticas y su impacto en las ya precarias condiciones económicas, sociales y medio ambientales. A esto se agregan aquellos generados por el hombre, como derrames petroleros, entre otros perjuicios al entorno. Años después, el impacto de estos mismos problemas en América Central aún requiere de un sostenido esfuerzo multilateral.

En la actualidad, los problemas derivados del deterioro ambiental perjudican al Caribe insular y se traducen en sequías intensas, salinización de los suelos y procesos de desertificación, entre otros. Los efectos económicos y sociales de la agitada temporada de huracanes del Atlántico, y su impacto en mayor o menor grado en Granada, Jamaica, Aruba, Bonaire, el Norte de Venezuela, la península Guajira en Colombia, Islas Caimán, Haití y República Dominicana, incrementan la vulnerabilidad de las sociedades caribeñas. En este terreno, el establecimiento de una “rutina antes del desastre” -las campañas preventivas, la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana, construcciones resistentes y campañas de sensibilización frente al problema- es una necesidad orientada a reducir el riesgo potencial y las consecuencias humanas de los desastres naturales. Dado que los pronósticos indican que las alteraciones climatológicas continuarán afectando al área en los próximos 30 años o más, las acciones de cooperación en este plano son ineludibles en diversos terrenos, como el manejo integrado de cuencas y la protección de acuíferos en el Caribe insular, el control de la degradación de los suelos y la desertificación, el manejo de desastres y costas y la bioseguridad.

Los casos de Granada y Haití son los más agudos en cuanto al impacto de los desastres naturales. En Granada 90 por ciento de las viviendas sufrieron daños o fueron destruidas, murieron 39 personas y la economía ha sido prácticamente arrasada. En Haití, el impacto en el noroeste, incluido Gonaives , resultó catastrófico y los muertos ascendieron a cerca de 2000 personas e incontables desaparecidos. La destrucción de las viviendas se elevó a más de 300.000. A esto se sumaba la falta de agua y el surgimiento de posibles focos epidémicos, en un contexto político y socialmente volátil. Tanto Granada como Haití requerirán de gran cantidad de asistencia financiera y técnica durante un tiempo prolongado.

El Caribe aspiraba a que Estados Unidos, por sus capacidades económicas, asumiera el reto y cumpliera con la promesa de expandir el volumen de asistencia. Asimismo se esperaba que la comunidad internacional -el Banco Mundial, las agencias de desarrollo de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo-, diera una asistencia que tardaba en concretarse. La percepción bastante generalizada era que la subregión, al apoyar a Granada y Haití con sus “magros recursos, mostraba el camino”, y con sus acciones, establecía un paradigma.

En el plano de los desastres naturales, Cuba cuenta con una estructura organizada de Defensa Civil, con un funcionamiento efectivo para estos fines. En el caso del huracán Iván, en 2004, esta instancia demostró su capacidad para prevenir crisis humanitarias, cuestión que también funge como un elemento disuasivo. En el terreno de la cooperación, la isla contribuye con programas de alfabetización en Venezuela y aporta médicos y especialistas en salud, cooperación que se hace extensiva a Centroamérica y otras regiones. En Haití, más de 600 médicos trabajan activamente en la zona de Gonaives , entre otras.

Cuba ha sido receptiva a la propuesta del presidente venezolano Hugo Chávez -realizada en el envío de ayuda humanitaria para Jamaica, Granada, Haití y la propia Cuba, países fuertemente golpeados por los huracanes y tormentas tropicales que han azotado el Caribe- para “fusionar recursos económicos de ambos países con el fin de exportar sus planes sociales de educación y salud al resto de las naciones caribeñas”.

La cooperación en la protección de los mares, el espacio y los recursos brinda una perspectiva amplia al concepto de vecindad en el hemisferio. Los intereses comunes, en cuanto a la protección del medio ambiente y la necesidad compartida de acceder al desarrollo tecnológico, junto con la voluntad política de complementarse mutuamente, transforman el concepto de vecindad en una interrelación más compleja.

Las condiciones del entorno económico social no favorecen una recuperación acelerada significativa y la persistencia de dichas condiciones transforman en permanentes muchas de las problemáticas originadas a partir del azote de un desastre natural. Al mismo tiempo, la ausencia de medidas preventivas, estructuradas a nivel nacional, incrementan la vulnerabilidad de los países impactados.

En Haití las crisis han sido recurrentes, todas ellas asociadas a la depauperación económica y a la brecha social, en un entorno en que las necesidades del desarrollo han sido ignoradas. Jean-Bertrand Aristide llegó al poder en un momento de esperanza de cambio y de democracia, en un país que había sufrido una de las dictaduras más prolongadas y crueles del continente. Desde el punto de vista de la administración estadounidense de William J. Clinton (1993-2001), el gobierno haitiano derrochaba las posibilidades que se le daban en cuanto a ayuda internacional y para el desarrollo, el apoyo europeo y el espacio político para la construcción de una democracia estable.

La invasión de Estados Unidos a Haití, en 1994, y que fue asumida por el gobierno de Clinton como la “restauración de la naciente democracia”, fue evaluada como un éxito de política exterior. Cuatro años después de la invasión, el gobierno haitiano inició una prolongada ruta de crisis recurrentes. El liderazgo político del país se mostró incapaz de llegar a acuerdos aceptables para la mayoría de los partidos políticos, lo que a la vez derivó en un serio impedimento para el desarrollo económico y la ayuda internacional. Cabe recordar que la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) enviada a Haití, en 1994, tenía un mandato amplio: mantener la paz, apoyar la reforma de la policía y del sistema judicial. La ONU permaneció en Haití durante casi seis años, antes de retirarse, según algunos por falta de avances sustantivos en la misión encomendada.

El gobierno de René Preval estuvo marcado también por la violencia y la incapacidad para tomar decisiones que dieran fin al impasse. Aunque el sistema funcionaba dentro de un contexto constitucional y democrático, su interpretación daba un espacio de maniobra para unas nuevas elecciones y la extensión del funcionamiento del parlamento existente en el momento. La lucha de poder se desarrolló entre Aristide, que aspiraba a retornar a la presidencia, y la Organización del Pueblo en Lucha (OPL), como partido político dominante en el país. Esta agrupación política parecía ser el único obstáculo para que Aristide asumiera poderes semidictatoriales, después de ganar las elecciones de 2000.

La crisis se estaba gestando desde antes de ese año, que marca un hito en las elecciones legislativas, calificadas de fraudulentas y a partir de las cuales los donantes internacionales congelaron miles de dólares en asistencia destinada a Haití. Las elecciones no fueron ni más ilegales, ni más fraudulentas que otras, desde algunos puntos de vista. La dinámica que adquirió la crisis de 2004, en sus fases iniciales, fue bastante rápida, con participación de múltiples actores y con un desenlace temporal, en el que serán esenciales los tiempos y la secuencia de la participación sostenida de la comunidad internacional en aras de la estabilidad y el desarrollo del país.

En un segundo plano , aunque no menos relevante, se ubica el conflicto interestatal de larga data entre República Dominicana y Haití. La persistencia de la fricción –acentuada durante la crisis de 2004- parecería tender a la distensión recientemente, a partir de iniciativas del nuevo gobierno dominicano. Sin embargo, se requiere de acciones coordinadas de orden gubernamental, social y cultural para superar un conflicto cuyo legado es un obstáculo para el desarrollo, tanto de Haití como de República Dominicana.

CUBA EN EL CARIBE

Cuba, como el resto de América Latina y el Caribe, enfrenta los retos de la inserción internacional en el contexto de la globalización, en la cual pesa significativamente la desaceleración de la economía global. El impacto del embargo de Estados Unidos a la isla -que se ha mantenido por más de 40 años, y a cuyas reglamentaciones se han agregado periódicamente nuevos ingredientes y legislaciones, incluso con alcance extraterritorial, como la Ley Helms Burton- incrementa las tensiones económicas e influye en todos los niveles de la sociedad. Los efectos sostenidos del embargo aplicado por Estados Unidos desde la década de los ’60s del siglo XX son extensos. El costo del embargo, calculado por el gobierno cubano, asciende a 72.000 millones de dólares.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos siempre han sido complejas y el actual contexto internacional agrega nuevos elementos a esa problemática. El fin del embargo comercial es un hito para la normalización de las relaciones con Estados Unidos, en la lógica del establecimiento de relaciones económicas, científicas y culturales. La isla aspira a normalizar sus relaciones con ese país y a establecer vínculos mutuamente convenientes para ambos pueblos.

Los parámetros del manejo del tema Cuba por parte de la administración de George W. Bush se insertan en un curso más o menos continuista -o similar al aplicado por George Bush (padre)-, donde la lógica ha sido la del manejo de la relación bilateral en los parámetros de la “baja intensidad”. Al mismo tiempo, se da un incremento de la actividad de los grupos de interés vinculados al tema Cuba y el crecimiento de un sector que considera que la actual política hacia la isla es obsoleta. Entre estos sectores, están aquellos que consideran que el embargo es contraproducente.

En el escenario de los intereses de seguridad de Estados Unidos -en este caso extensivo a toda la Cuenca del Caribe- Cuba está en el centro de las rutas marítimas para el comercio, para el narcotráfico, para la migración ilegal, para el transporte de suministros en el caso de un conflicto bélico. Desde una óptica regional y subregional, Estados Unidos necesita de la cooperación de Cuba . Es en este contexto -que también pasa por el interés mutuo en asuntos de orden multilateral- que se insertan temas como el del narcotráfico y el intercambio de información puntual y las medidas de confianza mutua en el caso de la Base Naval de Guantánamo. En todos estos había un nivel ya establecido de intercambio puntual con la administración anterior y que se ha mantenido. Es probable el linkage (enlace) de algunos de los temas de seguridad con otros de orden político y, por otro lado, la concreción de un acuerdo formal en el narcotráfico dependerá de la coyuntura y la voluntad política de la administración estadounidense.

Entre los temas más relevantes de la agenda bilateral -desde el punto de vista cubano- se encuentran el embargo como eje medular, los temas migratorios y la Ley de Ajuste Cubano de los Estados Unidos que, desde la perspectiva del gobierno de Cuba, fomenta la migración ilegal; las compensaciones; las transmisiones ilegales de televisión y radio desde Estados Unidos hacia Cuba; la inclusión de la isla en el listado del Departamento de Estado de países que patrocinan el terrorismo; los intentos de subversión sostenidos de diferentes formas y diversas vías a lo largo de más de 40 años; las campañas y presiones en los organismos internacionales y la presencia en el territorio de la Base Naval de Guantánamo, contra la voluntad soberana del pueblo cubano.

El complejo entramado legislativo, implícito en la política de Estados Unidos hacia Cuba, obstaculiza sistemáticamente iniciativas de flexibilización, a lo cual se añade el tratamiento del tema en el ámbito de la política interna estadounidense y las veleidades electorales en el país.

Con respecto a Cuba, pese a las particularidades del caso, la línea gruesa de la política de la administración Bush se orienta a la llamada “transición pacífica hacia la democracia” -donde no están ausentes presiones y acciones de diversa índole- sobre el gobierno de la isla. Es en esta dirección que se crea, en octubre de 2003, una comisión presidencial para la transición en Cuba . Dicha comisión presentó un informe a la Casa Blanca a mediados de 2004, a partir del cual la administración estadounidense aumentó sus presiones sobre la isla.

El incremento de la presión política y de los condicionamientos de la agenda bilateral, en la lógica de un “cambio de régimen”, no contribuyen a crear condiciones propicias para un mejoramiento en la relación entre ambos países. Si consideramos las características agresivas de la actual administración, no debería dejarse de examinar la alternativa militar, en el caso de Cuba , cuestión poco probable pero no imposible.

Las alternativas son: en el caso de una ola migratoria de grandes proporciones; en el caso de un descalabro económico en la isla, que conllevase a una situación de ingobernabilidad; y en el caso de una crisis interna que desembocase en una guerra civil, cuestiones que obviamente no están ad portas. Habría que considerar también, en la perspectiva de una intervención armada directa, una provocación. En este sentido, las variables pueden ser múltiples, aunque básicamente podríamos pensar en alguna relacionada con cuestiones migratorias.

La isla ha expresado su disposición para negociar una considerable agenda de seguridad con Estados Unidos (drogas, terrorismo, migración ilegal). Hasta el momento existe lo que podría denominarse coordinación caso a caso en temas migratorios (a partir de acuerdos firmados en 1994-1995) y en asuntos de narcotráfico y drogas e intercambio con Guardacostas.

La reacción de la administración estadounidense frente a la evidente disposición de Cuba a establecer acuerdos bilaterales en temas como terrorismo, narcotráfico y otros afines, no ha sido la más receptiva y ha rechazado la propuesta. El enfoque balanceado en igualdad de condiciones y el respeto a la soberanía y autodeterminación de Cuba son fundamentales en la perspectiva de crear las condiciones para llegar a establecer una relación bilateral normal entre ambos países. En el caso de la Base Naval de Guantánamo, la aplicación de medidas de confianza mutua contribuye al manejo del conflicto por las partes involucradas.

Cuba comparte la percepción de que es necesario enfrentar el terrorismo en todas sus formas. Esta idea va acompañada de otra, que es que Estados Unidos no considera -ni asume como necesario, a partir de la correspondiente voluntad política- el rechazo a todo tipo de terrorismo, incluido aquel que se desarrolla en contra de Cuba y que se origina en los propios Estados Unidos. La isla ha cooperado en el terreno del intercambio de información y en el del antiterrorismo, lo que no ha sido adecuadamente evaluada desde el país del norte. En el plano de la interrelación Estados Unidos- Cuba es cada vez más evidente la necesidad de un intercambio y cooperación -en el ámbito del interés mutuo- en la perspectiva de una vecindad que deje a un lado la lógica del conflicto y en la cual prime la cordura y el sentido práctico.

DISPUTAS FRONTERIZAS Y OTROS CONFLICTOS

En el terreno de los conflictos interestatales en la región, identificamos los referidos a disputas territoriales y fronterizas. Tanto Brasil como Venezuela, Guyana y Surinam se ubican en las llamadas Guayanas, colindante -en parte- con el área amazónica. Las disputas territoriales y de frontera en esta área son de antigua data, tienen connotaciones geopolíticas y podrían devenir en conflictos. La querella entre Guyana y Venezuela, en torno a límites territoriales en la región del Essequibo, se remonta a la colonia y se hace extensiva a su dimensión marítima, se deriva de interpretaciones divergentes en torno a tratados coloniales y el acceso a recursos naturales.

Guyana -con una población de 767.000 habitantes- está ubicada en el noreste de América del Sur, región bien conocida por sus recursos aún sin explotar de cobre, oro, hierro, manganeso, níquel, platino, uranio, y agua. Desde el punto de vista social, es un país poco poblado y con una economía de contracción de 0,6 por ciento en 2003, debido a la evolución relativamente desfavorable de los principales sectores productivos. Por su parte, Venezuela , rica en petróleo, ha aspirado históricamente a una salida hacia el Atlántico y el territorio de Essequibo se la proporcionaría. Consecuentemente reclama 40 por ciento del territorio que presuntamente pertenece a Guyana . En general, pese a las fricciones en torno al tema territorial, las tensiones no se han incrementado, aunque potencialmente el conflicto podría ser utilizado por las partes, o por terceros, para crear un foco de tensión regional.

La prolongada disputa entre Guyana y Surinam, en torno al triángulo del Nuevo Río, se relaciona con la reclamación de Surinam sobre este territorio ubicado al sureste de Guyana . Entre los recursos naturales de este país están la bauxita y la capacidad hidroeléctrica. En lo que se refiere a límites marítimos, la disputa se relaciona con la extensión del Río Courantijn.

En general, los conflictos territoriales y de frontera suelen ser utilizados coyunturalmente para competir por recursos petroleros u otros, y, por una u otra parte, para ejercicios de influencia específicos. En lo que respecta a la explotación de recursos, por ejemplo, en el caso de Guyana, en 2000, se complicaron las concesiones petroleras offshore debido a las disputas fronterizas con Surinam y Venezuela. En el caso de Guyana y Surinam , se mantienen conversaciones en torno al tema limítrofe.

Los conflictos etno-políticos en el Caribe, en Trinidad y Tobago, Guyana, y Surinam, se manifiestan en esporádicas explosiones más o menos relevantes, en dependencia de la carga política implícita. En algunos casos ha sido necesaria la intervención internacional. En lo que se refiere a Guyana, los indios orientales son actualmente 47 por ciento de la población del país y los negros 38 por ciento.

Las divisiones raciales y partidarias -l People’s National Congress cuenta con el apoyo de la población negra fundamentalmente y el People’s Progressive Party es dominado por el sector de origen indio oriental- se han agudizado en los últimos dos años. La problemática se agrava por la contracción económica y las altas tasas de criminalidad. La población negra ha protestado reiteradamente por el aumento del desempleo y la discriminación. En 2002 hubo un intento para derrocar al presidente Bharrat Jagdeo, a partir de una protesta contra el gobierno que encabeza, fundamentalmente dominado por indios orientales.

El juicio relacionado con el caso, a fines de 2004, reveló la profundidad de las divisiones raciales en el país y el potencial de conflicto que este implica. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lleva a cabo un proyecto de prevención de conflictos y este año, en enero, un equipo de Naciones Unidas, de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), especializado en evaluación de desastres y ayuda en esos casos, calculaba los efectos de las inundaciones que afectaron las zonas costeras del país.

Desde 2003, Trinidad y Tobago es el principal proveedor de gas natural líquido -proporciona 75 por ciento de las importaciones de Estados Unidos- y, al mismo tiempo, provee de combustible al Caribe y dispone de un gasoducto hacia el área, lo que explica su reserva frente a Petrocaribe. Su población es de un millón 300.000 habitantes y más de la cuarta parte de su PIB se relaciona con la energía y el gas natural. En 2003 la economía se expandió 4,1 por ciento, sin embargo el conjunto de los sectores no energéticos acusó un rezago en su tasa de expansión y, por consiguiente, contribuyó escasamente a la creación de empleo. El conflicto etno-político tiene características similares al de Guyana , aunque en lo referido a Trinidad y Tobago se agrega el factor religioso, particularmente musulmán.

Entre los temas de la nueva agenda de seguridad que perjudican al Caribe -Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyana, entre otros- están el incremento de la criminalidad, asesinatos, secuestros, tráfico de drogas y de armas ligeras, así como el crimen organizado. Las altas tasas de VIH/sida en el Caribe, a su vez, generan una problemática social y afectan a las instancias gubernamentales, cuyas redes de protección social no son las más adecuadas o no existen. Todo esto crea niveles de violencia que afectan a la sociedad en su conjunto.

En el caso de Jamaica , los persistentes niveles de violencia y criminalidad producen muchas veces la disolución de comunidades que huyen de las zonas en que habitan, y provocan enfrentamientos entre policías y ciudadanos, lo que genera una espiral de violencia que parece difícil de eliminar. Según Amnistía Internacional, Jamaica tiene una de las tasas per cápita más altas del mundo de asesinatos de policías y también cifras significativas de crímenes en general. Las continuas medidas gubernamentales aplicadas parecen no tener los efectos deseados. En el caso de Jamaica , la violencia política tiene sus antecedentes en las formaciones políticas en el país, desde sus orígenes. Esta se incrementa a partir de problemas como el desempleo y la falta de perspectivas y futuro, en una población fundamentalmente joven, en la que algunos recurren a actividades delictivas, narcotráfico y otras similares como modo de vida. Este conflicto que se origina debido a los elementos señalados se ubica en el rango de lo social y económico.

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

La CARICOM tiene una relación activa con Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, en varios terrenos. Marca un hito, en 2003, la XXIV Reunión de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe-CARICOM realizada en Jamaica, donde se llegó a varios acuerdos, entre ellos que el Caribbean Single Market Economy (CSME) debe entrar en vigor en 2005 y, para asegurar el cumplimiento de los plazos previstos, los dirigentes plantearon la necesidad de promover un mayor sentido de comunidad y el libre movimiento de personas en la región; se suscribió el reglamento que permite la financiación de la Corte Caribeña de Justicia (CCJ). Este tribunal, con sede en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, contará con el financiamiento del Banco Caribeño de Desarrollo (BCD).

En este contexto, se celebró una sesión especial con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el director general de la Organización Mundial del Comercio (WTO) y el del Fondo de Naciones para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y recibieron un saludo especial del secretario general de Naciones Unidas, todas organizaciones que apoyan a la CARICOM en distintas esferas.

La CARICOM ha reafirmado su compromiso de trabajar para lograr un desarrollo sustentable, asegurar el cumplimiento de los objetivos del CSME y lograr una mejor calidad de vida para la población caribeña. En este sentido, impulsa varias formas de diálogo con el sector privado y otros, incluyendo la sociedad civil, para desarrollar vías de cooperación en general y en particular en el terreno de nuevas asociaciones, con vistas a impulsar los programas de desarrollo sectorial, incluidos en el Tratado de Chaguaramas revisado.

La CARICOM incluye elementos relacionados con la resolución de conflictos, entre ellos los referidos a las iniciativas respecto al conflicto Belice/Guatemala, en el que la OEA auspicia un Proceso de Facilitación, incluida la implementación de un proceso de transición y medidas de confianza mutua para lograr una solución pacífica y permanente a la reclamación territorial y finalmente facilitar un referéndum. En este caso, la OEA ha desempeñado un papel constructivo, con un proceso que ofrece la salida definitiva de la disputa, cuestión que la CARICOM estima como una contribución notable a la resolución de conflictos en el Gran Caribe.

En cuanto a Guyana/Venezuela, ambos países han renovado el compromiso de mantener relaciones amistosas y de desarrollar e intensificar la cooperación funcional y económica. Los dos gobiernos han acordado renovar y fortalecer las consultas bajo la égida del Good Officer Process de Naciones Unidas. En este caso, la CARICOM ha expresado su firme apoyo al mantenimiento de la integridad territorial y soberanía de Guyana y su derecho a explotar los recursos de su territorio.

En lo que se refiere a Haití y al funcionamiento de la Misión Conjunta OEA-CARICOM, los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe subrayaron su decepción respecto a que los compromisos hechos por el gobierno de Haití no se habían cumplido totalmente. Es importante subrayar que la CARICOM señaló reiteradamente la existencia de un sentimiento de fatiga en la comunidad internacional y la urgencia de solucionar el problema, presionando al gobierno de Haití para que cumpliera con los acuerdos destinados a crear un entorno seguro, que condujera a la formación de un Consejo Electoral Provisional. En ese sentido, alertó que, en la medida en que pasara el tiempo y no se solucionara el impasse, la situación en Haití continuaría deteriorándose.

Luego de consultas entre el Primer Ministro responsable de Justicia y Gobernabilidad de la CARICOM y el entonces Secretario General de la OEA , César Gaviria, la Comunidad del Caribe acordó nombrar un representante especial para apoyar la Misión Especial de OEA para Haití y facilitar el diálogo entre el gobierno haitiano y la oposición política.

Durante más de tres años, la OEA intentó sin éxito alcanzar un encuentro entre el gobierno de Aristide y la oposición. La participación en la mediación y el ejercicio diplomático de la CARICOM fueron percibidos como pasos con posibilidades de lograr resultados y negociar un nuevo acuerdo para que Haití celebrara elecciones, lo que finalmente no se logró, ya que por razones de “impaciencia diplomática” la gestión de la CARICOM fue interferida abruptamente, en febrero de 2004, y se impuso una solución de “urgencia” que implicó la remoción de Aristide, primer presidente electo de Haití luego de décadas de dictaduras.

En agosto de 2003, la CARICOM envió una misión de observación de las elecciones en la Islas Turcos y Caicos; y frente a la intención secesionista del Movimiento de Ciudadanos de Nevis, sostuvo que era preferible mantener a la Federación St Kitts and Nevis como una nación dentro de la comunidad internacional.

Las relaciones del Caribe con la Unión Europea (UE) están basadas en aspectos institucionales de cooperación política y económica de antigua data entre las dos regiones y se rigen básicamente por el acuerdo de Cotonou. Países europeos específicos han desempeñado un papel en el Caribe desde el siglo XVII y el legado de esa presencia tiene una fuerte influencia en la actualidad, cuando la UE ha desarrollado extensos vínculos con la región.

Uno de los aspectos relevantes a mencionar es el desembolso de asistencia de la UE , que entre el momento en que se acuerda una agenda política y aquel en que se distribuyen los fondos relacionados con ella, puede tomar unos 10 años o más. La naturaleza de la cooperación entre la UE y el Caribe abarca el tráfico de drogas, la gobernabilidad y la contracción económica; en el caso de las preocupaciones del Caribe, en el ámbito de la interrelación, se incluyen temas como la protección de las ventajas comerciales para sus exportaciones, la continuidad de los programas de ayuda de la UE y el mantenimiento de la cooperación en el terreno de la aplicación de la ley.

Con respecto a este último punto, uno de los aspectos que se ha acentuado desde el 11 de septiembre de 2001, y en el que la presión de la UE se ha incrementado, es la aplicación de las regulaciones financieras referidas a los sectores de la banca offshore y los regímenes de impuestos de estas instancias. Desde los países independientes del Caribe hay intranquilidad, debido a la presión ejercida sobre ellos para que cedieran a las demandas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, siglas en inglés) en cuanto a intercambio de información. Esto entró en vigencia en enero de 2004, ya que el Caribe considera que este acuerdo es injusto y discriminatorio. Por otro lado, los cambios en las regulaciones migratorias en la UE redundan en la devolución de emigrantes y de delincuentes a sus países de origen en el Caribe.

En lo que se refiere a la UE , cabe recordar que países de la UE tuvieron un papel significativo en los acuerdos de paz en América Central, y también en la esfera de la cooperación, aunque actualmente sería difícil que se produjera una iniciativa de envergadura similar a la que involucró a la UE con Centroamérica en los ’80s.

En el contexto de la prevención del VIH/sida y la salud, la CARICOM ha desarrollado lineamientos destinados a lograr la cooperación regional. Entre estos ha impulsado el fortalecimiento de la Pan Caribbean Partnership Against HIV/AIDS, que ha negociado exitosamente con otras agencias para obtener los medicamentos a más bajo precio y acelerar de esta manera el tratamiento de las personas que viven con la enfermedad y al mismo tiempo desarrollar programas de derechos humanos y de prevención.

La Comisión Caribeña de Salud y Desarrollo de la CARICOM tiene por objetivo formular estrategias para apoyar a los gobiernos a manejar y financiar más efectivamente la atención en salud y colaborar y compartir recursos en el ámbito regional. El trabajo de la comisión es financiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la encabeza G. Alleyne, ex director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y enviado de Naciones Unidas para VIH/sida en el Caribe. El VIH/sida es la principal causa de muerte de los ciudadanos del Caribe entre 15 y 44 años.

En lo que se refiere a la infancia, asunto que puede mirarse bajo el prisma de la prevención, la CARICOM aplica el programa de acción aprobado en mayo de 2002 por Naciones Unidas, en su sesión especial dedicada a los niños y a lograr los objetivos del desarrollo. En el terreno de la sociedad civil, la CARICOM cuenta con una representación de la juventud caribeña en sus deliberaciones.

En cuanto a la seguridad y la criminalidad, la CARICOM ha insistido reiteradamente en la necesidad de enfrentarlos, para lo cual se creó la Regional Crime and Security Initiative y ha continuado fortaleciendo las capacidades nacionales y regionales, además de que concede una alta prioridad a la movilización de recursos en este plano .

Entre los puntos extremadamente sensibles que enfrentará el gobierno interino de Haití, en el plano interno, están el desarme y desintegración de los elementos paramilitares, su integración ¬o no¬ a instancias armadas, como la policía haitiana; los derechos humanos y la reconciliación nacional. En este escenario, el flujo de asistencia externa sostenida desempeña un papel esencial para poder crear las condiciones con vistas al desempeño de las funciones de las fuerzas de operaciones de mantenimiento de paz de la ONU y al futuro del país. La situación de Haití muestra una vez más que es necesario practicar políticas inclusivas que logren terminar con la marginación de amplios sectores de la población, para lograr el desarrollo y la estabilidad interna.

Entre los actores externos, además de la CARICOM , Estados Unidos y Francia, están las Naciones Unidas y la comunidad internacional, Brasil, Chile y otros países de América del Sur. La OEA no tuvo éxito en sus gestiones en Haití antes de la remoción de Aristide y actualmente pasa por una coyuntura reorganizativa, además de no haber logrado consolidarse como una institución funcional a las necesidades e intereses de América Latina y el Caribe. La perspectiva de crisis humanitarias, crisis generadas por los desastres naturales, crisis políticas que precisan de mediación y buenos oficios diplomáticos requiere de instrumentos viables a aplicar en estas contingencias. Por otro lado, es relevante recordar la necesidad de insistir en el respeto al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas, bajo cuyo Capítulo VII se desarrolla la misión multinacional en Haití.

En el caso de Haití, han sido primordiales las acciones de la agencia de refugiados de la ONU , que se reunía con funcionarios estadounidenses y representantes de los países del Caribe para discutir cómo enfrentar una posible ola de refugiados y manifestaban que esperaban que estos últimos recibieran a aquellos que buscaran asilo, al tiempo que expresaban una preocupación “extrema” con respecto a la situación humanitaria en Haití.

La OEA envió un sinnúmero de misiones a Haití y hubo nueve resoluciones, todas ellas sin un nivel aceptable de implementación por parte del gobierno. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó la resolución 1529 el 29 de febrero de 2004, que autorizó el despliegue de una fuerza interina multinacional por un período de tres meses, después de lo cual vendrían fuerzas de estabilización de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad hizo un llamado a la comunidad internacional, en particular a la OEA y a la CARICOM , para “trabajar con el pueblo haitiano en un esfuerzo de largo aliento para promover la reconstrucción de las instituciones democráticas y dar asistencia para establecer una estrategia de promoción al desarrollo social y económico y para combatir la pobreza”.

En este momento, Brasil parece ya decidido a representar un papel de potencia regional. En ese país y en Chile prima el enfoque de intentar resolver los problemas económicos y sociales de Haití. El hecho de que Estados Unidos observe con interés la participación sudamericana no implica que abandone totalmente su espacio en Haití.

Una cuestión a considerar es el papel de República Dominicana -fuera del discurso público- en esta crisis. República Dominicana permitió el ingreso a Haití de fuerzas paramilitares, ex duvalieristas, que actuaron como “fuerzas rebeldes”, con un gran volumen de armamento. Se retoma así la modalidad que imperó en la década de los ’60s y que fuera remozada en los ’80s, durante el conflicto centroamericano. Aquí aparece la vinculación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos con los elementos paramilitares. Es conocida la vinculación de estas agencias con los militares haitianos duvalieristas y no es ocioso suponer que ellas existen con esos mismos ex militares que hoy día forman parte de las bandas armadas.

En el ámbito interamericano, la Organización de Estados Americanos (OEA) parecía ser la opción para formar una coalición ad-hoc para intervenir y/o la creación de una fuerza internacional (policial / militar) para Haití. Sin embargo, la iniciativa se desarrolla bajo la égida de las Naciones Unidas. El sistema interamericano reformado no cuenta ni con instancias adecuadas ni con el consenso –actualmente- para realizar una intervención en el continente. El recurso de Naciones Unidas, de alguna manera, funge como una suerte de mecanismo de internacionalización del problema, lo que trataría de evitar tendencias intervencionistas en América Latina y el Caribe. A su vez, la crisis de Haití evidenciaba el temprano desgaste y la vulnerabilidad de la Carta Democrática instaurada por la OEA en 2001, punto que ha sido insistentemente subrayado por la CARICOM , en la perspectiva de llamar la atención a la apertura de un espacio para iniciativas intervencionistas en el área.

El desarrollo de la crisis haitiana y los múltiples factores comprometidos (grupos armados de diversa índole, agrupaciones políticas con lealtades ambiguas y borrosas, una elite económica ofuscada y una cultura política distorsionada, una economía desastrosa y la participación de elementos exógenos que responden a intereses propios, entre otros) nos indican la conveniencia de considerar y aplicar los elementos de imparcialidad y neutralidad en el manejo de la situación, si se aspira a lograr algún avance en la estabilidad del país.

La utilización de una fuerza multinacional en Haití y la posterior creación de la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), a partir de una resolución del Consejo de Seguridad, establecerán un referente en cuanto a operaciones humanitarias u otras, con la aprobación de dicha instancia internacional en este continente. También influirán decisivamente en la proyección de los países latinoamericanos, que muestran una tendencia a actuar concertadamente en la región en situaciones de inestabilidad y en cuestiones asociadas al desarrollo.

La resolución de la OEA en torno a favorecer una investigación sobre la remoción forzada de Aristide del poder –-que suscitó un intenso debate en la Asamblea de Quito, en junio de 2004¬ se asumió como un triunfo para la CARICOM , especialmente para Jamaica , que mantuvo una postura inflexible en torno al tema. Indirectamente, esta resolución indicaba un reconocimiento a la violación de la Carta Democrática de la OEA.

Estados Unidos y el gobierno interino de Haití objetaban esta resolución que, invocando el Artículo 20 de la Carta de la OEA , hace un llamado a una “evaluación colectiva”, si se estimase que hubo razones para sospechar de que se ha producido una “alteración inconstitucional de un régimen constitucional, que deteriora seriamente el orden democrático en un estado miembro”. No queda claro si la OEA tiene los recursos o la voluntad política para realizar una investigación con la profundidad y el enfoque neutral necesarios. Sin embargo, al invocar el Artículo 20 -cuestión que funge como un reconocimiento, de hecho, de que el orden democrático fue quebrantado en Haití- y haber logrado una resolución, representa una victoria, que en última instancia se orienta a aclarar las condiciones y métodos desarrollados en torno al desplazamiento de Aristide de su cargo.

Por otro lado, la asimetría que caracteriza a la instancia facilitará la relativización y prolongación de una iniciativa que no cuenta con el apoyo de la potencia hegemónica. El nuevo Secretario General de la OEA , José Miguel Insulza, deberá implementar esta resolución. La OEA , por su parte, mantenía su compromiso con Haití y trabajaba con Naciones Unidas para determinar cuál sería el papel de la instancia interamericana y, eventualmente, el de la CARICOM respecto a la preparación de las elecciones en Haití, que deberán realizarse a la brevedad posible.

Para el Caribe, la crisis haitiana constituye un problema desestabilizador desde varios ángulos: asumir una población emigrante, de escasos recursos, en sociedades que tienen sus propias tensiones internas, derivadas de economías débiles; inseguridad en el área frente a posibles movimientos militares que alejan el turismo, entre otros. Los países de la CARICOM

-partidarios siempre de que la situación en Haití debía resolverse políticamente y no por la vía militar ni a partir de sanciones económicas- han mantenido una postura coherente en la mediación, consecuentes con el plan establecido frente a la crisis haitiana.

El desempeño de la función diplomática del Caribe ha sido intachable. La reacción de la CARICOM responde a una postura clara frente a la vulneración de los principios democráticos y a los compromisos adquiridos por Estados Unidos durante la mediación, en cuanto a respetar el cronograma de negociación.

La respuesta caribeña subraya la integridad de esa organización como instancia multilateral y la resistencia a la utilización oportunista de dicha comunidad, que -con matices diversos- sigue sosteniendo que la solución, en este caso, es de orden político y no militar.

El Caribe enfrenta los retos de las tensiones sociales derivadas de la depresión económica, la alienación política, el desempleo, la violencia y los problemas sociales. La alienación política y falta de esperanza son rasgos que se combinan con el desgaste de los partidos políticos y la necesidad de cambio. La migración es una consecuencia que se incrementa, aunque con ritmos desiguales en dependencia del país de que se trate. Así, en 2000 se estimaba que un cuarto de millón de jamaicanos había emigrado al Sur de la Florida. En el caso de Haití, a partir de los obstáculos del llamado nation building, se hizo evidente, una vez más, que el desarrollo es un elemento medular y, por otro lado, la disfuncionalidad de las políticas aplicadas hasta ahora.

Un nuevo grupo de retos vinculados con la integración, que incluye aquellos relacionados con los temas de seguridad, continuará siendo parte y/o aumentarán en importancia en el entorno del Caribe, entre ellos la migración internacional y las leyes migratorias, las fronteras abiertas, el libre movimiento de fuerza de trabajo, actividades criminales transnacionales, y las continuadas tensiones y riesgos asociados con la estabilidad y la gobernabilidad, entre otros.

Las negociaciones comerciales con la Unión Europea y los Economic Partnership Agreements (EPA) -bajo el Acuerdo de Cotonou, que controla la ayuda, comercio y acuerdos económicos entre la Unión Europea y los países ACP- y la perspectiva de las negociaciones del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que propone Estados Unidos, convergen con los acuerdos de los países de la CARICOM para implementar la Corte de Justicia del Caribe, descrita como una “demostración de seriedad en el avance en la creación de un mercado económico único en la subregión, el Caribbean Single Market Economy (CSME)”.

En este sentido, han surgido algunas advertencias relacionadas con las condiciones cambiantes y el impacto económico que “pueden ser decisivos’. Al mismo tiempo, el mandato de la CARICOM para fortalecer la gobernabilidad debería estar estrechamente vinculado a la voluntad política, de manera de desarrollar un nivel adecuado de cooperación subregional. Esto trae a primer plano la importancia de la consulta y las deliberaciones con los pueblos del Caribe, sobre temas que son contrarios al logro de los necesarios niveles de confianza requeridos para llevar a cabo un proceso de integración oportuno y fortalecido.

Por último, y no menos importante, la guerra en Iraq es percibida en el área como un evento con efectos expansivos que pudieran tener “consecuencias profundas para la economía del Caribe y la calidad de vida” durante algún tiempo. Las implicaciones en el terreno de la energía para el Caribe, debido a su dependencia en las importaciones de productos del petróleo, e incluso sus efectos en la industria del turismo, tendrán un considerable impacto en las economías caribeñas.

La guerra, además, levanta interrogantes en cuanto adónde está la real amenaza al sistema internacional y se ha señalado el hecho de que “la administración de Bush no esconde su desprecio por las Naciones Unidas.” En ese sentido, se argumenta también que el objetivo declarado del “cambio de régimen” en Iraq constituía una vulneración del sistema internacional, ya que “parecería violar el protocolo de Naciones Unidas de 1974, que llama a los estados a solucionar sus disputas a través de medios pacíficos, de manera de no poner en peligro la paz y seguridad global”. La sociedad civil, por su parte, ha llamado a la justicia, el sentido común y la paz .

Venezuela, cuya mirada e interés en el Caribe son históricos, ha desarrollado un programa que, a través de la estatal empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) se enfoca a paliar la considerable inestabilidad del petróleo que impacta fuertemente al Caribe y beneficia a la región a partir de precios preferenciales.

A partir de una mirada orientada a la cooperación, Venezuela convocó al I Encuentro Energético de Jefes de Estado y de Gobierno sobre Petrocaribe, proyecto integracionista–energético. Al evento asistieron delegaciones de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Cristóbal y Nevis. También estuvieron presentes San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, República Dominicana y representantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), como observador.

Otro hito en la integración energética fue la apertura reciente en La Habana de las oficinas de PDVSA que, según fuentes de esa empresa, servirán como centro de operaciones comerciales de Petrocaribe. Este proyecto va más allá de la obtención de precios y condiciones favorables de pago para el suministro de hidrocarburos y derivados, y avanza a perspectivas de colaboración en un espectro mayor. Por último, indudablemente nos encontramos frente a un reacomodo del Pacto de San José .

Las principales fuentes de conflicto estarán en el terreno de los retos relativos a la inserción internacional en el escenario de la globalización y la integración regional, en un mundo que tiende lentamente al multipolarismo, así como a la persistencia de conflictos territoriales y fronterizos no resueltos, que pudieran reactivarse. Sin embargo, la mayor sensibilidad está relacionada con los desafíos vinculados al desarrollo y la equidad, cuyo potencial de conflicto es innegable.

Nota de la autora:

Este trabajo es una síntesis de algunos aspectos de otros presentados en los Seminarios Regionales de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) “Construyendo la paz en América Latina y el Caribe: Lecciones aprendidas y experiencias exitosas”, CRIES, Caracas, 28 de febrero y primero de marzo, 2005 y “Construyendo la Paz y la Gobernabilidad Democrática en el Gran Caribe. El Rol de la Sociedad Civil en el Manejo de las Causas Estructurales en los Conflictos Regionales”, realizado el 23 y 24 de mayo, 2005, Santo Domingo, República Dominicana.

Una ampliación del tema puede verse, con notas incluidas, en Isabel Jaramillo, “Conflictos, prevención y sociedad civil en el Caribe”. Pensamiento Propio, No 20, julio-diciembre 2004. pp 43-98.

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