Cuba y la cruzada mundial contra las drogas

Una de nuestras publicaciones examina las estrategias para enfrentar el narcotráfico en el país cuando finalizaba la década de los noventa.

Jorge Luis Baños-IPS/jlbimagenes@yahoo.es

La juventud es una sector vulnerable al consumo de drogas.

A finales de este siglo, el mundo se divide en dos: los que defienden el mantenimiento de la prohibición de las drogas y los que se pronuncian por su liberación.

Entre los primeros aparece Estados Unidos, mercado por excelencia de los estupefacientes que se producen en el mundo, que ha militarizado la lucha contra el narcotráfico y condicionado sus contribuciones a América Latina a que los gobiernos de la región reciban “una certificación” anual que evalúe la erradicación de cultivos y la lucha contra el narcotráfico internacional. En la acera opuesta, una tendencia que proclama que el prohibicionismo es lo que permite que las drogas sean un negocio multimillonario.

De acuerdo con los estimados más optimistas, la lucha contra el narcotráfico sólo permite incautar el 10 por ciento de la heroína y el 30 por ciento de la cocaína que se trafican en el mundo. Fuentes de la Organización de las Naciones Unidas aseguran que el negocio de las drogas genera unos 400.000 millones de dólares. En América Latina entre 2,5 y 3 millones de personas se hallan empleadas en actividades con las drogas ilegales, pero unos 15 millones están involucradas en el cultivo, procesamiento y tráfico.

En su artículo “La DEA para todo el mundo”, publicado por la revista uruguaya Brecha, Patricio Schneider asegura que “el prohibicionismo ha generado una dramática y paradójica situación: mientras el negocio de las drogas está ocasionando una creciente corrupción a todos los niveles gubernamentales, es de esa misma prohibición de donde emana el gigantesco negocio. Forzados por la numerosa población que depende de la ilegal actividad, los gobiernos se ven obligados a mantener políticas ambiguas, de complicidad tácita con el narcotráfico y, al mismo tiempo, a depender del expediente de la certificación para seguir recibiendo ayudas exteriores. Se señala que la economía basada en las drogas aporta el 75 por ciento del producto interno bruto nacional boliviano, el 21 por ciento del Perú y el 25 por ciento en Colombia y constituye su principal fuente de divisas”.

Un informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes, publicado en 1996 por la Oficina de Asuntos Internacionales sobre estupefacientes y ejecución de las leyes del Departamento de Estado (cancillería de Estados Unidos), señala que a inicios de 1996 había aumentado el número de figuras preeminentes del mundo de las drogas que guardaban prisión, ganó aceptación entre los gobiernos la erradicación de las cosechas destinadas como vía para limitar la producción de cocaína y opio, las unidades nacionales continuaron cortando las rutas del narcotráfico, destruyendo laboratorios de refinado y confiscando importantes cantidades de cocaína y heroína.

“Un mayor número de países promulgó leyes estrictas contra el lavado de dinero e intensificó las restricciones al comercio de precursores químicos. Y, tal vez lo más importante, los gobiernos de varios países de importancia fundamental para el comercio de los estupefacientes se vieron obligados a hacer frente a la corrupción, que había dado acceso a dicho comercio a las más altas esferas de gobierno. Estos acontecimientos alentadores confirmaron la solidez general de las políticas actuales contra los estupefacientes”, aseguró el documento.

A pesar del optimismo sobre la política adoptada por Estados Unidos, el informe reconoció que “el comercio internacional de estupefacientes sigue siendo una fuerza poderosa, refinada y capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes”.

A mediados de esta década los narcotraficantes lograron colocar toneladas de cocaína y heroína en casi todos los países del mundo y formaron nuevos mercados en Europa oriental, los países de la antigua Unión Soviética, África y Oriente Medio.

Según el informe estadounidense en 1995, la heroína del sudoeste asiático era especialmente abundante en Europa, donde los traficantes bifurcaron y ampliaron la ruta tradicional de contrabando de los Balcanes hacia el norte, con dirección a Rumania, Hungría y las Repúblicas Checa y Eslovaca, y hacia el sur, a través de la antigua Yugoslavia, Croacia, Eslovenia y la antigua República yugoslava de Macedonia, Grecia, y Albania. Los estupefacientes ilícitos, desgraciadamente sigue siendo una industria en crecimiento.

Al mismo tiempo, se reporta como cada vez más preocupante “la asombrosa propagación de las drogas sintéticas, especialmente la metamfetamina, en el mercado mundial de estupefacientes ilícitos” y que, según los expertos, pueden convertirse en la pesadilla del siglo XXI. En Estados Unidos, Europa, los países de la antigua Unión Soviética y África, aumenta el apetito por la metamfetamina, también conocida como “éxtasis”, fabricada a un costo relativamente barato y a partir de productos químicos fácilmente asequibles.
Barry Mc Caffrey, director de la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional contra las Drogas desde el 29 de febrero de 1996, aseguró en una entrevista que para Estados Unidos “la toxicomanía y el uso indebido de las drogas es un problema internacional. No se trata de un problema colombiano o estadounidense. Es un problema mundial. Tenemos sólo el 4 por ciento de los heroinómanos del mundo. La gran mayoría de las drogas ilícitas que se consumen en Estados Unidos se produce en otros países. De manera que es algo en lo que tendremos que trabajar en colaboración mutua. El problema no es México o Colombia o la demanda estadounidense, el problema son las drogas y el negocio delictivo internacional que las explota”.

Más conocido como “el zar de las drogas”, Mc Caffrey reveló que cada año en el país norteamericano las drogas causan 20.000 muertes y alrededor de 67.000 millones de dólares en pérdidas. Entre 1985 y 1995 el número de personas que consumen drogas ilícitas bajó de 22 millones a 12 millones, pero, así y todo, dos tercios de los 100.000 detenidos en prisiones federales están allí por delitos relacionados con las drogas, se reportan 3,1 millones de toxicómanos empedernidos, tres de cada cuatro compañías con más de 250 empleados tienen en marcha programas formales antidrogas y el consumo de marihuana se duplicó en los últimos años.
Se estima que más del 70 por ciento de las drogas que entran a Estados Unidos llegan a través de México. El informe de la oficina del Departamento de Estado asegura que “a un precio medio de cien dólares el gramo en las calles de Estados Unidos, una tonelada métrica de cocaína cuesta 100 millones de dólares si es pura, y el doble si está rebajada. El gobierno de Estados Unidos confisca, normalmente, más de 100 toneladas métricas al año, o sea, una cantidad de estupefacientes de un valor superior a 10.000 millones de dólares en la calle, lo que es igual al producto interno bruto de muchos países”.

Para Cuba, enfrascada en un conflicto bilateral con Estados Unidos hace 40 años y contraria al proceso de “certificación” que Washington quiere imponer al mundo, el tema del narcotráfico está estrechamente ligado a su seguridad nacional.

Una acusación tras otra

Un informe presentado en Estados Unidos en mayo de este año que acusó a Cuba de facilitar el lavado de dinero del narcotráfico fue recibido en la isla como “una intriga más” de la derecha cubana radicada en Miami que, al parecer, no merecerá la atención oficial.
El documento divulgado en Washington por el experto en asuntos cubanos Ernesto Betancourt sostiene que La Habana estaría ocultando operaciones de lavado de dinero, a través de las remesas enviadas por emigrantes a sus familiares en la isla. “Las llamadas remesas familiares ofrecen una excelente cobertura para el narcolavado y otros negocios ilícitos”, afirma Betancourt en su reporte de 25 páginas titulado ”El rejuego castrista de las remesas, drogas y lavado de dinero”.

Asimismo, agrega que Cuba estaría recibiendo cifras significativas de dinero procedentes del narcotráfico y de la mafia internacional, que se invierten en el desarrollo de la industria turística, el sector más dinámico de la economía cubana. “Con ese dinero, el gobierno de Fidel Castro estaría resolviendo el déficit de 1.500 millones de dólares de su balanza comercial”, añade el documento citado por el diario El Nuevo Herald, de Miami.

Betancourt asegura que es imposible que las remesas enviadas por los emigrados cubanos a sus familiares en el país asciendan a 800 millones de dólares anuales, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y que el exilio no tiene la capacidad financiera de enviar a la isla esa suma, pues ”se necesitarían 200.000 exiliados enviando cada uno 4.000 dólares anuales o combinaciones semejantes, con menos dinero y más personas”.

Analistas consultados por IPS sostienen que Betancourt partió en su análisis de un error de cálculo y de suponer que toda remesa tiene que venir precisamente de la comunidad radicada en Estados Unidos, la más representativa pero no la única. Se estima que unos dos millones de cubanos viven fuera de su país, de los cuales poco más de un millón están en Estados Unidos, el grueso de ellos en el sur del estado de Florida.

Las personas residentes en el país norteamericano tienen derecho, en estos momentos, de enviar un máximo de 1.200 dólares anuales, cifra que algunos superan de forma ilegal y otros ni siquiera se acercan. Pero el dinero llega también desde España, México, Venezuela y otros países de América Latina, donde se asientan aquellas personas que se van de Cuba sin perder la opción de mantener estrechos lazos con su país de origen e, incluso, regresar.

La polémica sobre el monto real de las remesas y su incidencia en la reanimación de la economía cubana no es nueva y tiene sus orígenes en 1993, cuando el presidente Castro anunció que había decidido propiciar la recepción de dinero desde el exterior. Fuentes oficiales de Cuba afirman que el sostenido aumento de las ventas en la red de Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD) parece indicar un crecimiento de las remesas, pero también de otras vías de ingresos de divisa.

El ministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, explicó que “la cantidad que representan (las remesas) sería especulativo fijarla porque solamente se pueden calcular de manera indirecta”, ya que ese dinero entra a la isla por varias vías y pocas veces por las bancarias, pero estudios de economistas vinculados al gobierno indican que las remesas saltaron de 400 millones de dólares en 1994 a 500 millones en 1996, 800 millones en 1997 y entre 900 y 1.000 millones el año pasado.

Rodríguez señaló que 56,3 por ciento de la población cubana tenía acceso a la divisa en 1998 a través de remesas, estimulaciones laborales, compra en las casas de cambio y vínculos con el sector turístico. Las estimaciones oficiales indican que sólo por concepto de propina los trabajadores del sector turístico obtuvieron el pasado año 100 millones de dólares. Otros 45 millones fueron repartidos como estímulo laboral por el gobierno a 1,2 millones de personas.

El académico Luis Suárez aseguró a IPS que, más allá de cualquier otra consideración, los intentos por involucrar a Cuba en el narcotráfico constituyen un problema para la seguridad nacional de este país. Secretario ejecutivo del Centro Coordinador para el Desarrollo de las Investigaciones Sociojurídicas, adjunto al Ministerio de Justicia, indicó que éste sería una argumento para justificar la agresividad de Estados Unidos contra Cuba.

De hecho, la vigencia de una ley como la Helms-Burton, que en 1996 endureció el bloqueo económico decretado por Estados Unidos contra Cuba hace casi 40 años, depende en gran medida del hecho de que La Habana sea considerada una amenaza para la seguridad nacional del país norteamericano. Justo una supuesta participación de Cuba en el narcotráfico en la región sería argumento más que suficiente para que el gobierno de Fidel Castro fuera considerado como una amenaza para Washington.

Paradójicamente, la acusación apareció en momentos en que crece el acercamiento entre distintos sectores de ambos países y a menos de un mes después de que el partido entre la selección cubana de béisbol y el equipo estadounidense de los Orioles de Baltimore abriera un importante canal de comunicación que, para los más optimistas, podría abrir el canal de la “diplomacia del béisbol”.

Observadores cubanos sostienen que cíclicamente, cada vez que comienza un período de acercamiento entre la isla y Estados Unidos, o en vísperas de alguna reunión internacional de donde pueda salir una condena a Cuba, aparecen cosas similares a este informe que, a todas luces, intentan echarle leña al fuego y revertir cualquier proceso favorable al gobierno de Castro.

En este caso resultó, además, doblemente curioso que el informe apareciera justo a unos días de que McCaffrey afirmara que el gobierno de Cuba no está involucrado en el narcotráfico, coopera con Estados Unidos en la lucha contra los traficantes y está muy interesado en conversar con Washington sobre ese problema. “El mejor desmentido está en el reconocimiento de la labor cubana en la lucha contra el tráfico de drogas que desde hace años han sostenido las autoridades competentes de Estados Unidos”, comentó un funcionario de La Habana.

El “zar de las drogas” sólo reafirmó una vez más las conclusiones a las que llegó en 1991 el Centro Internacional de Narcóticos del Buró que atiende estos asuntos en el Departamento de Estado. De acuerdo con el informe estratégico de marzo de ese año, esa institución consideró como positiva la conducta y actividad de las autoridades cubanas contra el trasiego de estupefacientes.
Desde 1982, Estados Unidos difundió propaganda que intentó conectar a funcionarios cubanos con actividades vinculadas al trasiego de drogas en la isla. Entre las tantas acusaciones, estuvo el intento de involucrar a Cuba en el “caso Noriega” que fueron catalogadas como “falsas” por el ex diplomático John Taylor, quien fuera jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana entre 1987 y 1990.

La “conexión cubana” pareció demostrarse cuando, en 1989, Cuba sacó a la luz pública la participación del general Arnaldo Ochoa y otros miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior cubanos en operaciones de tráfico de drogas, los sometió a juicio y a varios de ellos los condenó a muerte.

En el libro Causa 1/89, editado por el gobierno cubano y que reproduce ese juicio, se afirma que los Órganos de Inteligencia de los Estados Unidos conocían que desde el primer semestre de 1987, aunque bastante espaciadamente, aviones con drogas provenientes de Colombia estaban realizando aterrizajes en el aeropuerto de Varadero con la complicidad de oficiales cubanos.

“Ellos sabían quiénes eran esos oficiales, pues – según se conoce hoy- tenían agentes infiltrados entre los que participaban en estas operaciones.

Sin embargo, no informaron una sola palabra al gobierno de Cuba, de modo oficial o confidencial. Pudo haberse evitado el ingreso de varias toneladas de drogas a Estados Unidos, pero se preocuparon mucho más de obtener argumentos para sus campañas contra Cuba, que de impedir verdaderamente la entrada de drogas a ese país.

Sin dudas estaban reuniendo pruebas y preparando un grueso expediente contra Cuba. Tal vez pensaban reclutar futuros agentes de la CIA entre los implicados, sobre la base del chantaje. Cualesquiera que fuesen sus propósitos, han recibido un golpe contundente”.

Analistas políticos en la isla dijeron entonces que con tales evidencias en poder de agencias del gobierno estadounidense, es posible presumir que Washington haya propiciado operaciones encubiertas, supuestamente de negocios, para comprometer y corromper a funcionarios de alto nivel. Tal política habría estado dirigida a fabricar las condiciones para desacreditar al gobierno cubano y consumar quizás una intervención militar directa en la isla, que sería “adecuadamente justificada” ante la opinión pública estadounidense. El esquema tendría algunos parecidos con la “causa justa” que llevó a Estados Unidos invadir a Panamá en 1989, para “capturar” al general Manuel Antonio Noriega.

Pasados diez años, Suárez sigue pensando que detrás de todo esto se “estaba tratando de montarle a Cuba un expediente similar al panameño”.

Cuando toda la polémica que generó el caso Ochoa sobre si operaciones de tal naturaleza podían haberse realizado en la isla sin conocimiento de Castro comenzó a extinguirse, un grupo de fiscales estadounidenses volvió a la carga. En abril de 1993 se conoció que se preparaba una denuncia contra 15 funcionarios cubanos acusados de convertir el país caribeño en una plataforma para el tráfico de drogas.

Según el borrador de la acusación, publicado por el diario de Miami El Nuevo Herald, “el gobierno cubano facilitó el transporte y distribución de grandes cantidades de cocaína destinada a Estados Unidos, incluido el sur de la Florida” Entre los acusados estarían el presidente cubano y su hermano Raúl, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Tres años después, el mismo periódico publicó una foto en la que aparece un narcotraficante detenido en Estados Unidos junto a Fidel Castro.

La Cancillería cubana calificó las versiones de prensa como “una mentira atroz” y funcionarios de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) dijeron que esa entidad no cuenta con pruebas suficientes para responder a las exigencias de un segmento del exilio cubano y abrir un juicio contra Castro. Por su parte, el representante republicano de origen cubano Lincoln Díaz-Balart aseguró que “por razones inexplicables” Washington oculta “montañas de pruebas” que involucran a las autoridades cubanas en el tráfico ilegal de drogas hacia Estados Unidos.

La llave del Golfo

La situación geográfica de Cuba definió, en gran medida, la importancia de esta isla para España como la llave del Golfo de México y ha tenido un peso indescriptible en las relaciones con los Estados Unidos de América desde la creación de la unión. Esa posición, entre América del Sur y América del Norte, colocan a este país en el mismo centro de las rutas marítimas y aéreas del narcotráfico en la región.

Según fuentes oficiales Cuba ”no es productora ni mercado de consumo de drogas”, pero su posición geográfica la ubica en la ruta que conecta a los países productores de América del Sur con el mayor mercado de consumo, Estados Unidos.

Las zonas marítimas aledañas al país caribeño y los corredores aéreos internacionales pueden ser y han sido utilizados por embarcaciones y aeronaves de narcotraficantes, denuncia Granma.

Al mismo tiempo, fuentes autorizadas aseguran que el incremento de las conexiones por aire y mar de la isla con el resto del mundo en los últimos años propicia el estímulo del uso de estas vías como puente entre los productores y los consumidores. En la actualidad vuelan a la isla más de 40 compañías aéreas y el flujo de turistas supera el millón anual.

Entre las vías de entrada de cocaína a la isla, se encuentra también la llegada casual a las costas de Cuba de paquetes que son lanzados desde naves aéreas al mar. De acuerdo con los planes, esos paquetes deben ser recogidos por lanchas que los transportan hasta Estados Unidos, pero es bastante usual que las mareas arrastren algunos hasta la orilla, sean encontrados por guardafronteras o por ciudadanos cubanos que entregan la carga a las autoridades o la colocan en el incipiente mercado subterráneo de las drogas.
El gobierno cubano advirtió, el 15 de febrero de 1996, sobre la posibilidad de que “organizaciones anticubanas radicadas en Miami podrían estar enmascarando actividades de narcotráfico con supuestos actos contra el gobierno de la isla”.

La acusación apareció en la prensa oficial 9 días antes del derribo por las fuerzas aéreas de la isla de dos avionetas civiles, procedentesde Estados Unidos y piloteadas por cuatro exiliados cubanos en ese país.

De acuerdo con el órgano del gobernante Partido Comunista, existían en ese momento evidencias de un incremento de las operaciones del narcotráfico en las aguas cercanas al archipiélago cubano durante el segundo semestre de 1995. El diario afirmó que el aumento de “los avistamientos de embarcaciones y aeronaves sospechosas y una cifra elevada de recalos de drogas en las costas, en comparación con años anteriores”, coincidían con el aumento de las incursiones aéreas promovidas por los grupos anticastristas Hermanos al Rescate y Movimiento Democracia que podrían estar usando esos vuelos para enmascarar actividades de narcotráfico.

Como para confirmar esta tesis, en 1997 fue detenido en Puerto Rico un ciudadano involucrado en una operación de narcotráfico, que usaba una embarcación perteneciente a la organización de exiliados cubanos Fundación Nacional Cubano-Americana y que, al ser detenido, alegó estar preparando un atentado al presidente cubano Fidel Castro.

En entrevista con IPS Luis Suárez aseguró que “el problema fundamental para Cuba es la posición geográfica y el hecho de que está colocada en las principales rutas de traslado de algunas drogas desde el sur de América hacia el territorio norteamericano, que es el principal mercado. O ahora, en algunas variantes que también han empezado a ocurrir y ya se han detectado, de colombianos que utilizan Cuba para dirigirse a Europa, pero esto es relativamente pequeño con relación al grueso que responde a la posición de la isla frente al mercado”.

“Al menos, esto es lo que se ha podido tipificar. No conozco nada además de delitos conexos, no se ha detectado lavado de dinero, que Cuba sea ni puente ni lugar de compra de precursores químicos que se necesitan para las drogas, ni de contrabando de armas”, afirmó.

Por otra parte, según Suárez, de acuerdo con informaciones de las propias autoridades americanas “después del caso Ochoa, y dada la creciente implicación cubana en el combate al narcotráfico, se están produciendo desvíos de las rutas. Hay un mapa elaborado por las autoridades norteamericanas que ya plantea que de alguna forma los narcotraficantes están tratando de evadir la isla”.

“Por tal de no tocar Cuba, unos van por el este de Jamaica a buscar Puerto Rico, usando una ruta de la emigración ilegal, o se meten vía Panamá a buscar México y después Estados Unidos. El camino es más largo, pero se está planteando que en Cuba hay una decisión política muy fuerte de combatir el tráfico por la región y que, además, los medios se han ido tecnificando como resultado de varios acuerdos con países de la Unión Europea y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”, dijo Suárez.

Mientras la congresista Ileana Ros-Lehtinen opina que es ” inconcebible que estos aviones puedan ingresar a territorio cubano sin que lo sepan las fuerzas armadas que los protegen”, el general McCaffrey ha dicho que “en general, el tráfico aéreo simplemente no está pasando por Cuba”, aunque “es claro que hay mucha actividad de contrabando que se origina en aguas territoriales cubanas”.

Las estadísticas oficiales sobre los resultados de la lucha contra el narcotráfico se publican sólo de forma aislada cuando aparece alguna entrevista de prensa a alguna autoridad en el tema. Una recopilación de lo aparecido en la prensa oficial cubana en los últimos años arrojaría el siguiente panorama:

– Entre 1991 y 1995 las autoridades cubanas ocuparon 242 paquetes de cocaína y más de 250 de marihuana que, de una u otra forma, llegaron a las costas de la isla.
– El recalo de embarcaciones con drogas detectado en las costas cubanas aumentó de 34 en 1994 a más de 200 en el primer semestre de 1998.
– En los primeros cinco meses de 1996 en los recalos de droga en las costas cubanas se ocuparon 113.548 kilogramos de marihuana, 77.700 de cocaína y 12 de hachís.
– En 1998 se frustraron en los aeropuertos cubanos 129 intentos de usar a la isla como puente del tráfico de narcóticos.
– Entre 1994 y 1997 fueron confiscados en Cuba 14.500 kilogramos de droga, entre ellos 95 millones de dosis de cocaína con alta pureza que equivaldrían en Estados Unidos a unos 380 millones de dólares. En cuanto a la marihuana, el monto ascendería a alrededor de 200 millones de dólares. La ganancia por semejante cargamento se duplicaría en Europa y se triplicaría en Asia.
– Entre 1970 y 1992 efectivos del Ministerio del Interior y de las fuerzas armadas apresaron a 441 traficantes, 96 de ellos de origen cubano. En esas operaciones se encontraron 127 toneladas de droga, se decomisaron 81 embarcaciones y 31 aeronaves, las cuales pasaron a formar parte de las reservas estatales.
– Documentos de las Naciones Unidas aseguran que durante el trienio 1989-91 Cuba figuró en el décimo lugar en incautación de cocaína, y en el noveno en el caso de la marihuana, con respecto a otras naciones de América Latina y el Caribe.
– Hasta 1998 Cuba tenía firmados acuerdos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico con 18 estados y tenía otros 25 acuerdos de ese tipo en proceso de negociación.

La reforma del sistema financiero cubano iniciada en 1995 incluyó regulaciones destinadas a evitar en todas las instituciones bancarias el lavado de dinero del narcotráfico u otras transacciones ilícitas.

Castro reveló a comienzos de 1998 la presencia de dos inversionistas españoles con intereses económicos en Cuba que estaban utilizando el país como trampolín para el tráfico de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa.

La consecuencia fue la aprobación por el parlamento, en febrero, de la pena de muerte para los casos de producción, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícita de drogas cuando el inculpado sea un funcionario público.

Por otra parte, según el ministro de Justicia, Roberto Díaz Sotolongo, la Comisión Nacional de Drogas trabaja en un proyecto de ley antinarcóticos como parte del fortalecimiento de las medidas legales contra la droga y que podría incluir medidas contra el lavado de dinero y procedimientos legales vinculados a los delitos de producir, ofertar, traficar, distribuir, consumir y tenencia de drogas.
“Cuba no es ajena a este problema, mucho más en la medida en que se amplían sus contactos con el resto del mundo y se desarrolla con rapidez la industria turística, a lo que se suma su posición geográfica como punto intermedio entre las zonas productoras y los grandes centros consumidores”, afirmó el titular.
El Código Penal cubano prevé severas sanciones por el tráfico de drogas, pero de acuerdo con las concepciones internacionales y de la Organización Mundial de la Salud, no sanciona a los adictos por ser considerados enfermos requeridos de rehabilitación.

Según Suárez “todo el sistema legal cubano está montado sobre un patrón clínico-jurídico o sea los consumidores no son delincuentes, sino enfermos. Aquí no se puede sancionar a nadie, técnicamente, por el consumo de drogas. La legislación cubana aunque se aproxima a otras a nivel mundial y tiene ciertas tendencias prohibicionistas, no es una legislación draconiana ni que penalice al consumidor”.

A su juicio, la legislación cubana aborda el tema de una forma integral, pues no se preocupa sólo por las llamadas drogas duras o de peligrosidad social sino también las farmacológicas, como parte de un programa más amplio de salud que intenta prevenir todo tipo de consumo de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias alucinógenas, abuso de estimulantes o depresores.

El secretario ejecutivo del Centro Coordinador para el Desarrollo de las Investigaciones Jurídicas afirmó que la tendencia en la nueva ley antidrogras será mantener el carácter preventivo, atacar al negociante y no a la víctima, aunque el consumo de drogas se pueda mantener como un agravante en otros delitos de alta peligrosidad social.

Consumo de drogas en minorías

Negado de forma enfática hasta inicios de esta década, el consumo de marihuana y otras drogas entre las minorías en Cuba fue reconocido en 1996 por Carlos Amat, entonces ministro de Justicia y ahora embajador cubano ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

En ausencia de grupos mafiosos o crimen organizado, el consumo de drogas en Cuba se restringe a prostitutas y otros sectores marginales, según fuentes oficiales. “No hay afectación social ni en los jóvenes ni en las capas obreras”, dijo Amat en entrevista a Juventud Rebelde, órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Amat aseguró, entonces, que el consumo de drogas fuertes no constituye un problema en la isla y que hasta ese momento no se reportaba ningún caso detectado de la existencia de algún mecanismo organizativo para su comercialización.

Esa fue la primera vez que un representante del gobierno reconoció el uso de sustancias alucinógenas en determinados sectores de la población de la isla. Con el tiempo, aunque sigue siendo difícil encontrar una fuente oficial que sustente la misma opinión sí es usual la mención de la palabra droga cuando se habla de prostitución y proxenetismo, fenómenos que cobraron auge en la isla de la mano del desarrollo intensivo del turismo.

Sin embargo, el consumo de estupefacientes comenzó a preocupar desde inicios de esta década a autoridades sanitarias que alertaron sobre los altos índices de consumo de alcohol en la población cubana y su efecto como puerta de acceso a las drogas.
Especialistas del Departamento de Psiquiatría del Ministerio de Salud Pública revelaron en un contacto con la prensa cubana, en 1993, la detección de venta aislada de drogas en determinadas zonas de La Habana.

“Nuestra juventud no puede ser más sana. Fiestea, bebe ron, cerveza, se divierte, pero no tiene su mentalidad puesta en la droga”, asegura Amat y afirma que en general no hay adictos que puedan ser detectados por el sistema de salud.

A pesar de que no se conoce un estudio epidemiológico, fuentes especializadas aseguran que en determinadas localidades de la isla más de 70 por ciento de sus habitantes consumen bebidas alcohólicas.

Una investigación conjunta de la Clínica del Adolescente, situada en la capital cubana, y de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, estudió la ingestión de psicofármacos unidos a alcohol o café entre adolescentes de 13 a 16 años.

El estudio considera entre las variables de alto riesgo las malas relaciones en el hogar, la ausencia del padre, la inconstancia de la madre, la autoridad permisiva de ambos padres, inicios sexuales inapropiados o retrasos escolares.

Expertos locales aseguran que de la experimentación a la drogadicción “no va más que un paso” y que estos adolescentes se convierten en consumidores potenciales de drogas más fuertes de no someterse a una temprana desintoxicación.

Según Juventud Rebelde, en 1994 un total de 449 personas fueron sancionados por algún tipo de vínculo con el mundo de la droga. La publicación no especifica cuántos de ellos eran cubanos, pero sostiene que de los nacionales implicados ninguno tenía menos de 20 años y la gran mayoría estaba desocupada.

”En Cuba no existen cultivos de marihuana”, dijo Amat y, al mismo tiempo, reconoció que pueden existir plantaciones clandestinas en zonas montañosas y de hecho se han detectado ciudadanos que la trasladan del oriente de la isla a La Habana. Según las leyes vigentes cualquier persona que sea sorprendida cultivando marihuana en la isla pierde de inmediato su tierra y puede ser sancionado de 4 a 20 años de prisión.

A la ofensiva oficial contra la prostitución, que llenó las páginas de la prensa cubana desde marzo de 1996, las autoridades de la isla decidieron sumar la lucha “sin cuartel” contra el tráfico o tenencia de drogas. El Noticiero Nacional de la Televisión Cubana transmitió, en su emisión estelar de la noche del 14 de junio de ese año, las imágenes del juicio a un grupo de 29 ciudadanos cubanos que se dedicaron a la comercialización ilegal de cocaína.

Calificadas como “severas” por el canal estatal, las sanciones para los principales encartados fueron de privación de libertad entre 10 y 15 años mientras que el resto fue sancionado a 7 y 8 años de prisión.

“Eso es tremendo lío”, dijo un hombre joven que vende habanos cubanos de contrabando y, según él, aunque dé mucho dinero en “el negocio de la droga es mejor no asomar las narices”.

Preservados durante décadas del fenómeno de la drogadicción, hace unos dos años los cubanos comenzaron a oír rumores sobre venta y consumo de drogas en algunas zonas del país y no faltó algún turista que contara que en Cuba le habían ofrecido ”la coca más barata del mundo” a 30, 40 ó 50 dólares la dosis.

Sin aparente enlace con el mundo de la droga fuera de la isla, los traficantes detenidos y juzgados ofrecieron su producto sin ninguna experiencia para ello y a precios muy bajos por desconocimiento y la necesidad de salir lo más rápido posible de la mercancía.
Según la televisión estatal, los 29 acusados por tráfico y tenencia de drogas comercializaron 27 kilogramos de cocaína que recalaron en las costas de la provincia de Guantánamo, a 971 kilómetros de la capital.

Si el consumo de la marihuana se vinculó siempre en Cuba a determinadas capas marginales, el caso de la cocaína aparece ahora vinculado al desarrollo del turismo y a la posibilidad de existencia de un mercado potencial en ese sector.

Según la información oficial quedó comprobado que los 29 ciudadanos cubanos juzgados por tráfico y tenencia de drogas no tenían contactos con narcotraficantes extranjeros y se vincularon entre sí sólo como resultado de la tenencia de la droga.
Cuba-EE.UU. : ¿sería posible la cooperación?

En octubre de 1996, a sólo unos meses de la “crisis de las avionetas”, la acción contra un intento de tráfico de drogas por el Mar Caribe demostró que Cuba y Estados Unidos pueden colaborar en la lucha contra el narcotráfico en la región cuando los dos rivales se vieron juntos, por casualidad, en la solución de un caso que terminó con el descubrimiento por expertos cubanos de 2.100 kilogramos de cocaína.

Según un comunicado del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, la motonave ”Limerick” de bandera hondureña fue detenida por guardacostas estadounidenses que, después de varias horas de trabajo a bordo, decidieron abandonarla por ”el alto peligro de hundimiento”.

La información llegó a La Habana en horas de la mañana del día 2 de octubre por una comunicación del Servicio de Guardacostas de Miami que aseguró que la motonave había derivado hacia aguas territoriales cubanas tras ser evacuados sus 12 tripulantes, de ciudadanía colombiana y ecuatoriana.

Tras tomar las medidas necesarias para salvar la nave, la ”Limerick” fue rescatada a 10,5 millas náuticas al sur de Punta Sabanalamar, en la provincia de Guantánamo, 971 kilómetros al este de La Habana, cargando a bordo 2.100 kilogramos de cocaína muy bien escondidos.

El comunicado del MININT coincidió con la firma de un acuerdo entre 13 estados del Caribe y Estados Unidos que permite a este último incursionar en aguas territoriales y espacios aéreos para combatir el narcotráfico en la región.

El Acuerdo de implementación de la Ley Marítima, donde no se incluye Cuba, fue bautizado como ”Tratado de Persecución Caliente” y considerado por algunos sectores del Caribe como una violación a la soberanía de esos países.

El gobierno de la isla declaró su voluntad de contribuir a la investigación del hecho aunque, según el comunicado, Estados Unidos se mantenga ”autoexcluido” de la lista de más de 25 estados con los que Cuba mantiene acuerdos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Desde hace años, analistas de un lado y del otro del estrecho de la Florida se preguntan cómo si La Habana y Washington lograron ponerse de acuerdo en un tema de interés común como el de la emigración, no logran un acuerdo de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Isabel Jaramillo, especialista del Centro de Estudios de América (CEA), adjunto a la Universidad de La Habana, asegura en su artículo “La experiencia cubana en el ámbito del narcotráfico” que “la lógica de que los problemas globales derivados del tráfico de drogas requieren de cooperación entre países consumidores, productores y de tránsito, así como un sentido de responsabilidad compartida, no parece predominar por parte de Estados Unidos”.

Según la experta en temas de seguridad hemisférica “todo indica que este país (EE.UU.) carece de una voluntad política en lo que se refiere a establecer acuerdos en Cuba en este terreno. De hecho no sería diferente a las conversaciones migratorias que, en tanto tema puntual, abrieron un espacio de acercamiento en base a un tema de interés mutuo y relacionado con la seguridad nacional”.
“Cuba ha demostrado reiteradamente una voluntad política de avanzar en el tema. La cooperación puntual de Cuba con Estados Unidos se queda estrictamente ubicada en ese rango. Sin embargo, parecería que la tendencia de los organismos técnicos de los Estados Unidos que se ocupan de este tema como la Drug Enforcement Administration (DEA), FBI, Guarda Costas, etc., tenderían a una aproximación diferente, ya que la cooperación entre profesionales y técnicos de la DEA de Estados Unidos y del Centro Nacional Antidrogas de Cuba, aunque puntual, genera un intercambio práctico sobre el terreno que sobrepasa las barreras de una política excluyente”.

Por otra parte, añade, “desde el punto de vista político de Cuba, el incremento de las drogas y el desarrollo económico desigual representa un freno al enfrentamiento del narcotráfico y enfrenta el problema a partir del principio de responsabilidad compartida, incompatible con la injerencia en los asuntos internos y tendencias unilaterales. Al mismo tiempo considera como una necesidad que sea la Comisión de Estupefacientes de la ONU el único órgano de fiscalización y evaluación internacional en este terreno”.
Ariel Français: el compromiso cubano con la ONU en el tema de la droga*.

Como todos los miembros de la ONU, Cuba coopera de manera muy estrecha en las actividades que son apoyadas por la organización a nivel mundial para combatir el tráfico ilícito de droga como también para limitar la demanda y consumo. La isla está comprometida, participa activamente en todas las reuniones vinculadas a la coordinación de los esfuerzos internacionales para luchar contra el tráfico de droga, a nivel regional y también tiene varios acuerdos bilaterales de cooperación en el enfrentamiento al narcotráfico.

A través del PNUD se aprobó un proyecto de alrededor de un millón de dólares para reforzar la capacidad cubana en la lucha contra el narcotráfico y que tanto capacitación como oferta de equipos permiten reforzar los medios nacionales de detección y lucha contra la droga.

En Cuba el tema del consumo es totalmente marginal, sin embargo, es un problema que podría desarrollarse a medida que el país se abre al exterior, al turismo, y las autoridades están conscientes de que eso puede expandirse.

El gran problema que se plantea desde hace algunos años es que La isla podría servir de trampolín para el tráfico de droga. Continúa habiendo bombardeos en el mar de cargamentos de droga desde aviones que llegan de manera clandestina y después lanchas rápidas que vienen principalmente desde la Florida para recoger esos recalos. Entonces, hay un uso ilegal del espacio aéreo y marítimo y, más recientemente, con el desarrollo del turismo, los narcotraficantes comenzaron a utilizar las comunicaciones aéreas para enviar drogas esencialmente al continente europeo. Son personas que bajo el disfraz de turistas llegan a Cuba, encuentran acá a otras personas y después salen hacia otras direcciones con la droga. Este aspecto de tránsito es peligroso porque contribuye al tráfico a nivel internacional, pero también porque sabemos que en un lugar de tránsito inevitablemente, tarde o temprano, se instala el consumo. Eso forma parte de las estrategias de los narcotraficantes, se implanta el consumo para crear el mercado.
Hemos visto que hay un compromiso de las autoridades nacionales de luchar contra el narcotráfico y a pesar de las dificultades económicas y financieras del país es un compromiso real, que se ha traducido en cifras, en capturas importantes.

Al mismo tiempo, es importante mencionar que es una de las áreas en que siempre ha habido una cooperación con Estados Unidos, en términos de inteligencia, de intercambio, de cooperación para poder combatir el uso de la droga. Un ejemplo reciente es el caso del navío hondureño donde había dos toneladas de cocaína, pero, no es el único caso, siempre hubo cooperación entre Estados Unidos y Cuba en esta esfera, Cuba está efectivamente integrada a todos los mecanismos de cooperación contra el narcotráfico y especialmente en el del Caribe, que es muy importante pues es un área muy sensible en términos de represión al tráfico de droga por varias razones:

– es un área de tránsito entre las regiones productoras de América del Sur y los grandes mercados, que son América del Norte y Europa.
– es una zona de lavado de dinero, porque una parte del dinero del narcotráfico se invierte en el Caribe.
– es una región donde el consumo se ha extendido.
– existe un riesgo muy grande de corrupción, porque los medios financieros de los narcotraficantes son considerables si uno los compara con los recursos de las pequeñas islas del Caribe.

El mayor aporte de Cuba es su determinación a cooperar y su participación muy activa en los esquemas de cooperación. Afortunadamente no hay problema de consumo. De lo contrario, Cuba podría beneficiarse con experiencias de otros países para reforzar sus políticas en esa área.

Estamos hablando de un fenómeno que como todos los grandes flagelos no tiene fronteras y requiere una cooperación internacional incrementada.

Nadie puede enfrentarlo aisladamente. Asistimos a la diversificación de la actividad de los narcotraficantes, son empresas transnacionales, que tienen medios considerables, asesores de muy alto nivel, con posibilidad de intervenir y corromper a todos los niveles y están diversificando sus actividades en el área del crimen organizado, tráfico de armas, de órganos humanos, todo tipo de tráfico ilegal, que son organizaciones criminales que operan a nivel mundial, cuyo enfrentamiento requiere de una cooperación internacional incrementada. Es un problema muy, muy serio.

*Ariel Français es coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba. Fragmento de entrevista concedida a Inter Press Service (IPS) en mayo de 1998.

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