Dos cubanas porfiadas

Olga Salanueva y Adriana Pérez no han vuelto a ver a sus esposos, dos de los cinco agentes cubanos presos en Estados Unidos.

Jorge Luis Baños - IPS

Olga Salanueva, esposa de René González.

LA HABANA, may (IPS) – Olga Salanueva abrió la puerta de su casa en Miami la madrugada del 16 de agosto de 2000 sin saber que ese día vería por última vez a su esposo, René González, y empezaría sola, como una delincuente cualquiera, su camino de regreso a Cuba.

Ahora, algo más envejecida pero sin perder la sonrisa, realiza por octava vez las gestiones de solicitud de visa para viajar a Estados Unidos y reencontrarse, aunque sea por unos minutos, con el padre de sus dos hijas. En siete oportunidades le han negado la entrada al país norteamericano y siete veces ha empezado todo de nuevo.

“No pretendemos que se escriban nuevas leyes sino que se cumplan las que ya existen”, dijo Salanueva a IPS.

Residente permanente en Estados Unidos en el momento de su detención, Salanueva asegura que en su caso se han violado las reglas establecidas para el tratamiento de las personas recluidas en centros penitenciarios, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Tres meses estuvo detenida antes de ser deportada y su esposo no recibió ni una de sus cartas. René González lleva casi nueve años preso sin gozar del derecho a recibir la visita de sus familiares más cercanos una vez al mes, como está establecido en todas las cárceles estadounidenses.

Acusado de espionaje junto a otros cuatro cubanos, el esposo de Salanueva formaba parte de una red cubana que infiltraba organizaciones del exilio para evitar ataques terroristas contra esta isla caribeña. Según la apelación de la defensa, en el juicio no se pudo probar el delito de espionaje, sino el de agente “no registrado” ante el gobierno de Estados Unidos.

Las sanciones en primera instancia llegan al caso extremo de Gerardo Hernández, condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión, al que le siguen Antonio Guerrero y Ramón Labañino a cadena perpetua y varios años adicionales, Fernando González a 19 años y René González a 15 años de cárcel.

“Nosotros hemos vivido muchas separaciones desde el año 90, como pareja y como familia. René, que nació en Estados Unidos y es ciudadano estadounidense, se fue y no iba a regresar. Estuvimos seis años sin vernos hasta que él nos reclamó y viajamos por un proceso de reunificación familiar”, cuenta.

En el momento del arresto, apenas habían pasado dos años del reencuentro y acababa de nacer la segunda hija de la pareja.

Salanueva se da cuenta que el tiempo pasa: “René ya no es un niño. Tiene 52 años y se ha perdido la infancia de sus dos hijas. Por eso tuvimos a Ivette, él quería vivir con ella lo que se había perdido con Irmita (la mayor). En ese caso ha sido peor porque se lo ha perdido todo: la infancia, la adolescencia y cómo se ha ido haciendo mujer”, lamentó.

Mientras espera los resultados de un proceso de apelación que parece no terminar nunca, Salanueva concentra buena parte de sus energías en una campaña internacional para demandar a Washington que respete el derecho de la familia a encontrarse, aunque uno de sus integrantes esté en una cárcel de máxima seguridad.

La petición cuenta con el apoyo de 315 comités de solidaridad en unos 100 países, de 187 legisladores del Parlamento Europeo, nueve premios Nobel, más de 6.000 personalidades y documentos con 20.000 firmas, enumeró el 15 de este mes la argentina Graziella Ramírez, presidenta del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco.

Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández (Jorge Luis Baños - IPS).No es sólo el caso de Olga Salanueva. Se trata también de Adriana Pérez, la esposa de Hernández. Esta cubana de 37 años tampoco ha vuelto a ver a su marido desde que lo detuvieran junto a los otros cuatro en septiembre de 1998.

Como Salanueva, ella insiste una y otra vez en su solicitud de visa ante la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.

Las esposas, madres y otros familiares cercanos de los cinco cubanos presos en Estados Unidos han contado con todo el apoyo oficial, en un país donde la población requiere de un “permiso de salida” para viajar al exterior.

“El caso de Adriana es aún peor. Ya tiene 37 años. Ha visto pasar su juventud esperando por Gerardo y ambos van perdiendo la oportunidad de tener su hijo”, dijo Salanueva a IPS.

Una declaración pública de la agrupación defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional instó el 17 de enero a Washington a que “revise detenidamente su decisión de no conceder sendos visados temporales a las esposas de dos ciudadanos cubanos que cumplen largas penas de cárcel en Estados Unidos”.

El documento de esta organización con sede en Londres asegura que las visas han sido negadas desde 2002 por razones relacionadas con terrorismo, espionaje y cuestiones de seguridad nacional. “Sin embargo, ninguna de las dos ha sido acusada jamás de tales delitos, ni tampoco han sido sus esposos acusados ni declarados culpables de terrorismo”, sostiene la declaración.

Amnistía consideró que negar a estos hombres las visitas de sus esposas (y de su hija, en el caso de uno de ellos) es una “medida punitiva innecesaria”, contraria a las normas sobre el trato humano a los presos, a la obligación estatal de proteger la vida familiar y, sobre todo, existiendo la posibilidad de que el juicio se realizara sin las debidas garantías.

La Corte de Apelaciones de Atlanta, en el sur de Estados Unidos, anuló el juicio contra los cinco cubanos en 2005 por considerar que el proceso realizado ante un tribunal de la ciudad de Miami, importante enclave de los sectores más radicales del exilio cubano, no había podido garantizar la imparcialidad exigida por la ley.

Pero la decisión fue revocada un año después por la Fiscalía de Estados Unidos y el caso llevado nuevamente a la misma Corte, que ahora deberá decidir sobre el resto de los argumentos de la apelación. Una audiencia de argumentación debe realizarse el 20 de agosto.

“El proceso se está haciendo infinito. Estamos hablando de un arresto de ocho años con ocho meses y aún no se ha resuelto la primera fase apelativa. No podemos acudir a la Corte Suprema sin salir antes de la Corte de Apelación”, indicó a la prensa el abogado y hermano de René, Roberto González.

“René y Gerardo no ven a sus familias por no haberse sometido a la firma de un acuerdo de culpabilidad, algo que en ese país es una opción, no una obligación. Estados Unidos está violando el derecho de asociación familiar por haberse ejercido el derecho a la defensa”, dijo el abogado.

El acuerdo se le propuso a René González en el momento del arresto y éste no aceptó. A un mes del juicio, se le volvió a ofrecer y se le recordó el status migratorio de la esposa. El día que arrestaron a Salanueva, la llevaron a verlo y le volvieron a proponer el acuerdo, pero el cubano volvió a negarse.

René González y sus compañeros pudieron haber optado por la libertad o una reducción sustancial de su condena a cambio de declararse culpables del cargo de espionaje. “Al negarse anulan la posibilidad de decir que Cuba es una amenaza para Estados Unidos, con intereses de espionaje en ese país”, explicó a IPS el abogado.

“Si hubiera aceptado el acuerdo, René viviría hoy tranquilo en Estados Unidos con su familia. Hay que tener en cuenta que la negociación puede realizarse antes o después de un proceso y una condena. Ocultando estos elementos, se está enterrando una larga historia de chantaje”, aseguró.

Analistas cubanos estiman que el conflicto bilateral, que se extiende por casi medio siglo, politiza el caso de “los cinco”. Considerados “héroes” y luchadores “antiterroristas” en su país natal, el tratamiento que reciben en Estados Unidos pasa por la relación del gobierno de ese país con los sectores más radicales del exilio cubano.

Para Salanueva hay cosas que están muy claras: “el gobierno de Estados Unidos ha usado a la familia y no perdona que estos hombres no hayan cedido. René y yo tenemos un fin, aunque se extienda en la distancia y demore aún años. Pero hay otros tres casos donde ese fin no se ve”. “Tenemos la esperanza de que la verdad tiene que salir”, puntualizó.

“Estaré tranquila sólo cuando René esté de vuelta en casa. Queremos la libertad porque es lo justo, lo que corresponde en estos casos. El gobierno estadounidense les debe a ‘los cinco’ todos estos años. Desgraciadamente, aunque se haga justicia, no podrá reponer este tiempo, ni a ellos ni a sus familias”, concluyó. (FIN/2007)

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