LA HABANA, 13 sep (IPS) – Autoridades y defensores de cinco agentes cubanos presos en Estados Unidos parecen confiar más en el impacto del movimiento de solidaridad internacional que en la posibilidad de que el cambio de gobierno en ese país pueda favorecer un caso atrapado en el añejo conflicto bilateral.

En ese sentido, esperan que la campaña internacional iniciada en la víspera y que se prolongará hasta el 8 de octubre en favor de René y Fernando González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino acabe de romper la «conjura del silencio» que según La Habana rodeó este caso desde sus inicios.

«No podemos cifrar esperanzas en un cambio de gobierno» en Estados Unidos, sino en nuestra fuerza, en la exigencia de la opinión pública de que en el caso de los Cinco se cumplan exactamente las leyes de ese país norteamericano, dijo a IPS Roberto González, abogado y hermano de René.

En su opinión, los abogados aportan «los elementos de razón para que la gente entienda que se trata de una causa justa», pero eso se complementa con la solidaridad internacional, que basada en esas razones exige al gobierno estadounidense el respeto del «sistema de derecho», según el cual «los Cinco deben estar libres».

Los ciudadanos cubanos fueron arrestados el 12 de septiembre de 1998 y un jurado de Miami los halló culpables en un juicio que duró siete meses, el «más largo de la historia de Estados Unidos hasta ese momento», afirmó Leonard Weinglass, defensor estadounidense de Guerrero, en un libro presentado en La Habana como parte de la jornada de movilización.

El jurista opina que Miami es el único lugar de su país donde los Cinco no podían tener un juicio justo, pues allí viven 650.000 exiliados cubanos, varios de los cuales controlan la prensa y los puestos públicos y son los principales hombres de negocios y mantienen «una línea dura con respecto a Cuba».

La defensa de «los Cinco», como se ha bautizado a los cubanos encarcelados, sostiene que los cargos de «conspiración» para el espionaje y el asesinato nunca pudieron ser probados. Sin embargo, tales imputaciones costaron cadena perpetua a Guerrero y a Labañino y dos prisiones de por vida a Hernández.

Al respecto, Weinglass, defensor de los derechos civiles, explica que «la conspiración ha sido siempre el cargo utilizado por la fiscalía en los casos políticos» y su uso releva al gobierno «del requerimiento de que el crimen sea probado», de modo que la sentencia es la misma que si el hecho se hubiese cometido.

Las autoridades de Cuba nunca negaron que los Cinco, a quienes considera «héroes» y luchadores antiterroristas, fueran agentes, pero reiteran que su trabajo era investigar posibles ataques violentos contra esta isla y no recabar información que afectara la seguridad nacional de Estados Unidos.

Un informe entregado por Cuba a la Organización de las Naciones Unidas en 2001 documenta 3.478 muertes como resultado del «terrorismo», de las «agresiones», de los «actos de piratería y otras acciones» cometidas contra la isla de sistema socialista en las últimas cuatro décadas.

Al respecto, González estimó que tendría que llegar el momento en que Washington entienda que los grupos hostiles al gobierno cubano basados en Miami son un peligro también para ese país, además de que impiden una relación bilateral normal, aún en contra de los deseos de muchos empresarios y congresistas.

«Es como arrastrar un carretón sin ruedas», consideró el profesional, para quien la pregunta de cara al candidato que resulte elegido en los comicios presidenciales de fines de 2008 en Estados Unidos y su eventual impacto sobre el caso de los Cinco apunta más bien a si cambiará o no su política hacia Cuba.

«Ojalá un nuevo gobierno reconozca como absurdo poner a personas presas por salvar vidas», indicó, tras insistir en que los Cinco, no tocaron «un solo documento secreto, ni han estado en posición de obtenerlo y cumplen prisión perpetua.

Aunque sin nombrar a alguien en particular, González consideró un «contrasentido poner en libertad a terroristas, arrestados en posesión de arsenales de armas», mientras se mantiene en prisión a personas que han luchado contra eso.» Son hechos que están llamando la atención de la prensa y de la opinión pública en Estados Unidos», recalcó.

En agosto de 2005, un panel integrado por tres jueces de la Corte de Apelaciones de Atlanta decidió revocar las condenas de los cinco cubanos y celebrar un nuevo juicio basándose en la fuerte hostilidad contra este tipo de acusados en la ciudad de Miami como sede para este proceso.

Según documentos del caso, en la decisión también se tuvo en cuenta el papel de la prensa contra los acusados antes y durante el juicio con su correspondiente perjuicio a la imparcialidad del jurado y la conducta de la fiscalía al representar «falsamente de forma intencional» algunos hechos ante el jurado.

Pero en agosto de 2006 el pleno de 12 jueces de la misma Corte revocó la decisión, argumentando que en Miami no hay ningún tipo de problemas con la imparcialidad para este proceso y devolvió el caso al panel para que resuelva sobre los temas pendientes.

El 20 de agosto se realizó una audiencia de apelación pedida por la defensa de los Cinco, aunque no hay una fecha ni siquiera probable para un nuevo veredicto, porque el sistema federal norteamericano no impone término a los jueces para tomar una decisión.

«El caso se puede hacer interminable debido a que el procedimiento mal llevado lo permite. Si se hubiera respetado la decisión de agosto de 2005, podríamos estar en un nuevo juicio, en un lugar que no fuera Miami», afirmó González. (FIN/2007)