MIGRACIONES-CUBA: Responsabilidad familiar en juego

Las salidas ilegales de Cuba han traido consecuencias familiares, como muestra este reportaje de 2006.

Jorge Luis Baños - IPS

Miles de personas han salido de Cuba por mar, buscando las costas de Estados Unidos

LA HABANA, 18 abr, 2006 (IPS) – Las familias cubanas que ponen en peligro la vida de menores de edad en el intento por emigrar sin documentación son pasibles de duras sanciones de la justicia, según la ley de amparo a la infancia. Es lo que afrontan siete mujeres detenidas al pretender salir irregularmente del país con sus hijos.

“La acusación es por no cumplir con las responsabilidades que la ley coloca en los padres o tutores de personas menores de edad y no por el hecho de ser sorprendidos en un acto de salida ilegal del país, algo que hace años no se tipifica como delito en este país”, aclaró a IPS Carlos Manuel Jiménez, un jurista retirado.

Especialista en temas de infancia, Jiménez recordó que Cuba aprobó en 1978 el Código de la Niñez y la Juventud y que la última modificación del Código Penal incluyó sanciones para el tráfico o explotación sexual de menores y para quienes induzcan a un menor bajo su custodia a abandonar el hogar o la escuela.

En Cuba, la educación es obligatoria hasta el noveno grado y está prohibido el trabajo infantil y cualquier contrato laboral antes de los 17 años.

La prioridad que el Estado da a la atención y protección de niñas y niños fue reconocida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en su Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2006.

“En casi todos los delitos, se considera agravante si la víctima es un menor”, dijo Jiménez y precisó cómo, en los peores momentos de la crisis económica de la década del 90, el gobierno terminó con la mendicidad infantil al anunciar que sancionaría severamente a los padres de aquellos niños que estuvieran en la calle “pidiendo dinero, caramelos o cualquier otra cosa”.

Para el gobierno, “la vida de un niño es lo más importante y nada ni nadie puede ponerla en peligro impunemente”, afirmó el comunicado oficial emitido el lunes tras anunciar la decisión de poner a disposición de los tribunales a siete mujeres que, a comienzos de este mes, expusieron a sus hijos a “graves peligros para su salud y sus vidas”.

En el texto se añade que “una vez más se ha puesto de manifiesto cómo personas irresponsables e inescrupulosas exponen a sus hijos a un doble peligro: morir ahogados durante la travesía o enfermarse debido a los medios inhóspitos que generalmente seleccionan los traficantes”.

La decisión sucedió a un incidente ocurrido el 5 de este mes, cuando tropas cubanas de guardafronteras impidieron una operación de contrabando de personas al sur de la provincia de Pinar del Río, a unos 140 kilómetros de La Habana.

Según las autoridades cubanas, la operación involucró a nacionales de la isla con pasaporte estadounidense y residentes en el sudoriental estado mexicano de Quintana Roo.

La versión oficial de La Habana indica que los guardias abrieron fuego contra la embarcación que se acercaba a las costas de la isla cuando sus tripulantes se negaron a detenerse y embistieron a las lanchas patrulleras. Dos traficantes fueron heridos y fue muerto Geovel González, un cubano que había emigrado el 14 de marzo a México en esa misma lancha.

Paralelamente, las autoridades cubanas debieron “socorrer en la costa a un grupo de 39 personas, entre ellas 14 mujeres y 7 niños, con edades entre 23 meses y 14 años, que se encontraban en el lugar en condiciones muy difíciles, en espera de emigrar ilegalmente”, aseguró el diario oficialista Granma.

Durante el proceso investigativo se conoció que “las personas que iban a ser traficadas, procedentes de cinco provincias, debieron caminar largas distancias por terrenos cenagosos y permanecer en un territorio plagado de mosquitos, húmedo, sin reservas de alimentos y agua potable, desde el mediodía del lunes 3 hasta el miércoles 5” de este mes.

Varias personas recibieron asistencia médica inmediata y dos niños, de 3 y 11 años de edad, fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario, con síntomas de deshidratación e intoxicación, aseguraron fuentes oficiales.

“Como resultado de la irresponsabilidad de los padres, todos los menores debieron ser hospitalizados. Al quedar sin reservas de agua, varios tuvieron que beber de lagunas y pantanos. Los propios familiares manifestaron que, de no haber sido rescatados, los pequeños pudieron perder la vida”, añadió la nota de Granma.

El gobierno de Fidel Castro no especificó cuál es la sanción que podrían enfrentar las siete mujeres. Esta sería la primera vez que Cuba lleva ante los tribunales a alguna persona detenida en una acción de salida no autorizada, tras la firma de los acuerdos migratorios con Estados Unidos en septiembre de 1994 y mayo de 1995.

En esa ocasión, Washington se comprometió a repatriar a cualquier persona, procedente de la isla, que fuera interceptada en el mar intentando llegar ilegalmente a territorio estadounidense y La Habana acordó no tomar represalias por el simple intento de salida del país. Hasta entonces, la emigración irregular de la isla era considerada un delito que podía llevar a años de cárcel.

La Habana sostiene que la causa del éxodo ilegal y peligroso es la ley estadounidense de Ajuste Cubano, que otorga residencia automática y facilidades laborales a cualquier persona procedente de la isla caribeña.

A su vez, Estados Unidos señala que la situación en Cuba, la falta de libertad y la penuria económica, obligan a sus ciudadanos a abandonar el territorio.

Más allá de las diferencias entre ambos países, el aumento de la emigración cubana hacia el país norteamericano se mantiene. El pasado año, 31 personas desaparecieron en el naufragio de una lancha y una joven recibió asilo tras llegar a Estados Unidos en el interior de un bulto postal que fue despachado por la agencia DHL en Bahamas.

El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos comunicó que, al cierre del año fiscal el 30 de septiembre, había interceptado en alta mar a 2.712 personas procedentes de la isla, más del doble de las interceptadas durante el periodo anterior y una de las más altas tras el éxodo masivo de 30.000 personas en agosto de 1994.

Según el diario estadounidense El Nuevo Herald, en los 12 meses del período fiscal finalizado en 2005 lograron pisar tierra en las costas y acogerse a asilo en este país 2.530 personas, mientras otras 7.610 ingresaron por las fronteras terrestres de México y de Canadá.

Por su parte, el Servicio de Guardacostas asegura que sólo 2,5 por ciento de las personas interceptadas en alta mar reciben finalmente asilo en Estados Unidos.

Fuentes oficiales cubanas afirman, a su vez, que la inmensa mayoría de los que intentan emigrar ilegalmente tiene familiares en Estados Unidos, no califican para ser considerados como emigrantes legales o no confían en la posibilidad de obtener una visa legal, ni desean esperar el tiempo que puede llevar una gestión de este tipo.

Al menos 18 personas han muerto en salidas irregulares de Cuba en lo que va de este año y otras 42 perdieron la vida en 2005, según cifras oficiales. En tanto, estudios especializados de la isla estiman que al menos 15 por ciento de los que intentan cruzar por mar a Estados Unidos mueren en la travesía.

Sería imposible afirmar con exactitud cuántas personas menores de edad han muerto en las últimas décadas o han sido sometidas al peligro que significa un viaje inseguro por el mar que separa a Cuba de la sudoriental península estadounidense de Florida. Las historias se repiten año tras año y muchas veces involucran a niños y niñas menores de un año.

“Hay que estar loco o muy desesperado para arrastrar a un pequeño a una aventura así. Lo peor es que la gente casi siempre se arrepiente, pero a veces cuando ya es demasiado tarde”, comentó Caridad Martínez, una vecina del centro histórico de La Habana, tras ver por la televisión estatal el testimonio de una de las madres involucradas. (FIN/2006)

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