Jamaica: Impunidad para abusadores infantiles

La violación infantil es uno de los delitos de más rápido crecimiento en Jamaica.

Wikimedia Commons

Kingston

KINGSTON, ago (IPS) – Cuando un jurado de Jamaica absolvió en junio a un religioso de sus cargos por violación, hubo quienes, indignados, se vieron obligados a admitir que las normas culturales parecen promover el abuso sexual de las adolescentes.

En junio de 2009, el pastor Paul Lewis –estadounidense nacido en Jamaica– fue arrestado y acusado de mantener relaciones sexuales con una adolescente de 15 años y de manosear a su novia de 14 años en una habitación de hotel de la noroccidental localidad de Negril. 

La absolución de Lewis, pese a que existían pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico), dejó anonadados a muchos, entre ellos la defensora de la infancia Betty Ann Blaine, fundadora de Hear the Children’s Cry, una organización no gubernamental dedicada al bienestar de los niños y niñas de la nación. 

Según Blaine, que ahora hace campaña para obtener ayuda internacional a fin de abordar el problema, la violación infantil es uno de los delitos de más rápido crecimiento en Jamaica, y hay pocas protestas públicas –o directamente ninguna—al respecto. 

Los programas radiales se vieron desbordados de llamadas mientras muchos jamaiquinos especulaban con que las víctimas habían sido sobornadas, y tal vez los miembros del jurado también. La policía comparte esta teoría, y Lewis todavía enfrenta cargos por “pervertir el curso de la justicia”. 

Dado el alto perfil del caso, Blaine también cuestionó la competencia del fiscal. 

“En los últimos dos años supe de por lo menos tres casos de niños menores de 12 años en los que el acusado había quedado libre pese a que existían evidencias de ADN. Uno de los menores tenía apenas seis años”, señaló Blaine en un artículo en el que criticó el veredicto. 

En muchas ciudades del interior del país, las mujeres son obligadas a “entregar” a sus hijas adolescentes a los líderes de bandas criminales locales que utilizan la violencia para controlar a sus comunidades. También es común que las familias acepten pagos o sean coaccionadas para encubrir abusos sexuales a menores a fin de impedir escándalos o evitar “avergonzar” a familia y amigos. 

Charles Black* (nombre cambiado para proteger su identidad) relató a IPS varios incidentes ocurridos en su pequeño distrito del oriental St. Thomas, donde el abuso carnal de niñas de incluso 10 años de edad pasó desapercibido durante décadas porque los habitantes del lugar no estaban dispuestos a “enviar familiares a la cárcel”. 

“Cuando esto ocurre hay alboroto, y luego todos lo acallan, porque principalmente se trata de la familia”, explicó. 
Black citó los ejemplos recientes de dos muchachas de 13 y 15 años que fueron embarazadas por hombres mayores en su pequeña comunidad. 

Según datos oficiales, en 2004 las adolescentes representaron 70 por ciento de los ataques sexuales reportados. En 2006, 78 por ciento de los casos de ataques sexuales o violaciones admitidos en hospitales fueron de niñas y adolescentes. Las menores de 16 años constituyeron 32 por ciento de todos esos casos. 

Un informe divulgado en 2006 por Amnistía Internacional y titulado “Violencia sexual contra las mujeres y las niñas en Jamaica: “Solo un poco de sexo”, atribuyó la alta proporción de casos no reportados a una “arraigada discriminación” y a la “trivialización” de la violencia sexual por parte de familiares y conocidos. 

En efecto, la policía local cree que los abusos carnales –en los que adultos mantienen relaciones sexuales con menores—son encubiertos con frecuencia luego de concretarse pagos. Y pese a recientes reformas legislativas, los funcionarios dicen que el problema va en aumento. 

En una conferencia de prensa realizada en mayo para dar a conocer los nombres de los atacantes sexuales más buscados, la policía jamaiquina reportó un incremento en la cantidad de violaciones infantiles. 

Gloria Davis Simpson, del Centro para la Investigación de los Delitos Sexuales y el Abuso Infantil (Cisoca, por sus siglas en inglés), dijo a los periodistas que desde inicios de este año aumentaron los ataques sexuales contra adolescentes de entre 11 y 15 años. 

También se dispararon los ataques contra varones muy pequeños, señaló. 

“El incesto se ha vuelto una tendencia preocupante. También, en el caso de abuso carnal, muchachos adolescentes toman ahora por blanco a niños de 10 años e incluso menos edad”, dijo Davis Simpson. 

Según ella, los atacantes también han empezado a abordar a niñas y mujeres jóvenes a través de redes sociales de Internet como Facebook y Twitter. 

El gobierno ha dado algunos pasos para enfrentar el problema. Se aprobó una nueva Ley de Cuidados y Protección a la Infancia, junto con un sistema de alerta para ayudar a encontrar a niñas y niños desaparecidos. También se creó el cargo de defensor de la infancia y una línea telefónica para denunciar abusos a niños y niñas. 

Los activistas sostienen que parte del problema radica en la falta de un registro de atacantes sexuales, pese a que esto se incluyó en la revisión 2009 del proyecto de ley sobre delitos sexuales. 

Datos del Ministerio de Salud muestran a los ataques sexuales como la segunda causa más común de daños a las mujeres, representando cinco por ciento de todas las personas heridas en los hospitales. 

Algunos estudios señalan que la cuarta parte de las niñas jamaiquinas son obligadas por lo menos una vez a tener relaciones sexuales. 

Un informe del Instituto Guttmacher divulgado en marzo de 2009 sobre sexualidad y embarazo adolescente concluyó que aproximadamente la mitad de las adolescentes de entre 15 y 17 años en estado de gravidez habían sido coaccionadas para tener sexo o, directamente, violadas. Un tercio de las entrevistadas dijeron haber tenido su primera experiencia sexual bajo persuasión u obligadas. 

El comisario Owen Ellington anunció este año que Cisoca –rama de la policía responsable de juzgar delitos sexuales—y otras agencias estatales se abocarían a “fortalecer las regulaciones”, a fin de aplicar castigos más severos a los responsables de delitos sexuales. 

Pero a algunos activistas les preocupa la aparente “indulgencia” del sistema judicial hacia los atacantes sexuales. 
Las condenas por violaciones a niños y niñas aumentarán si las leyes facilitan la presentación de evidencias grabadas que demuestren que menores de edad estuvieron involucrados en esos casos, dijo la defensora de la infancia, Mary Clarke.(FIN/2011)

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