Narcotráfico: Ajedrez en el Caribe

Cuba tardó hasta 1996 para admitir oficialmente el consumo de drogas ilícitas en su población.

U.S. Coast Guard

Narcotraficantes

Por Boris Leonardo Caro

El mar Caribe, vasta región salpicada de islas, separa a las dos Américas, la anglosajona y la latina. Desde su aparición en la Historia occidental, luego de ser avistado tras travesía azarosa, por el almirante Cristóbal Colón, ha sido espacio de confluencias culturales, lugar de tránsito migratorio, territorio predilecto de piratas y mortíferos ciclones.

En ese vaivén de cinco siglos, el tráfico de drogas ha trazado una herida que aún permanece abierta; grieta insaciable que esparce su rastro de sur a norte.

Lo más racional, quizás, es que en el combate a este flagelo únicamente tomen parte dos contendientes: las autoridades y los narcotraficantes. Pero en el bando de las primeras no siempre prima la razón y sus fuerzas se debilitan ante un rival sagaz.

Como en el ajedrez, la partida de las drogas es larga y muy tensa. Sólo que la caída del rey, más que un manojo de puntos en el ranking mundial, puede significar la muerte, o no, de millones de personas.

Cuba, en el crucero

Cuba tardó hasta 1996 para admitir oficialmente el consumo de drogas ilícitas en su población. El entonces ministro de Justicia, Carlos Amat, declaró a la prensa estatal que este fenómeno estaba restringido a sectores marginales de la sociedad y que no afectaba a “los jóvenes ni a las capas obreras”. Amat aseguró, además, que no se había detectado hasta ese momento ningún tipo de organización criminal para comercializar el producto.

No obstante, en junio de aquel año, 29 personas fueron acusadas por haber vendido 27 kilogramos de cocaína, obtenidos en las costas de la oriental provincia de Guantánamo. Los tribunales les impusieron condenas de entre siete y 15 años de prisión.

Ya desde la década de los ‘80s, la isla había sido acusada en varias ocasiones de patrocinar el tráfico de estupefacientes. Esas imputaciones siempre fueron rechazadas por La Habana.

Estados Unidos comenzó en 1982 una progresiva campaña propagandística en la cual trataba de conectar a las autoridades cubanas con el trasiego de narcóticos. Jurados federales de ese país recibieron demandas contra René Rodríguez, ex presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), y el vicealmirante Aldo Santamaría Cuadrado, ex jefe de la Marina de Guerra.

La Casa Blanca también intentó involucrar a Cuba en el caso de Manuel Antonio Noriega, el general panameño depuesto por una intervención militar estadounidense en diciembre de 1989, bajo el pretexto de que estaba relacionado con el tráfico de drogas.

En la década de los ‘90s, los señalamientos continuaron. El diario El Nuevo Herald , de Miami, afirmó en abril de 1993 que un grupo de fiscales estadounidenses preparaba una denuncia contra 15 funcionarios cubanos, por haber convertido supuestamente a la nación caribeña en una plataforma para el narcotráfico. Entre los implicados estarían el presidente Fidel Castro y su hermano Raúl, ministro de las Fuerzas Armadas.

Seis años después, un experto en asuntos cubanos residente en Estados Unidos, Ernesto Betancourt, presentó un informe donde responsabilizaba al gobierno de la isla de estar involucrado con la mafia internacional, a la que facilitaba el lavado de significativas sumas de dinero mediante inversiones en el desarrollo turístico del país.

“Con ese dinero, el gobierno de Fidel Castro estaría resolviendo el déficit de 1.500 millones de dólares de su balanza comercial”, apuntaba el documento citado por El Nuevo Herald.

Poco después, en julio de 1999, los congresistas republicanos Dan Burton -coautor de la ley Helms-Burton- y Benjamín Gilman presentaron un proyecto de ley que calificaba a Cuba como “uno de los principales países que está vinculado al narcotráfico internacional”.

Más recientemente, en diciembre de 2003, el tercer secretario de la Oficina de Intereses cubana en Estados Unidos, Roberto Socorro, fue expulsado por una presunta asociación con elementos criminales. El periódico The Washington Post aseguró que fuentes no identificadas del Departamento de Estado habían atribuido el hecho a los posibles nexos de Socorro con narcotraficantes, pero esa versión no fue confirmada luego por la Cancillería norteña.

A pesar de este constante asedio, hasta ahora no se ha podido demostrar el favor del gobierno de Cuba al comercio de sustancias ilícitas, sino, más bien, todo lo contrario.

La credibilidad de la nación caribeña en este tema sólo estuvo en entredicho en 1989, cuando un grupo de 14 oficiales de alta graduación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior fueron enjuiciados por diversos delitos de corrupción, entre ellos el haber participado en operaciones de narcotráfico.

Representantes del entonces general Arnaldo Ochoa y su subalterno, coronel Antonio de la Guardia incluso llegaron a establecer contactos con Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín , Colombia . Cuatro de los encartados recibieron la pena máxima y fueron fusilados. A los demás se les impusieron condenas de entre 10 y 30 años de prisión.

El general retirado Barry McCaffrey, quien se desempeñó de 1996 a 2001 como director de la política antidrogas de Washington, declaró en repetidas oportunidades que La Habana no auspiciaba el tráfico en la región. En enero de 1998, en carta de respuesta a un grupo de senadores republicanos que le habían exigido “poner fin al ocultamiento” de la implicación de la isla, McCaffrey reafirmó la inexistencia de “evidencias concluyentes que indiquen que las autoridades cubanas están involucradas en esa actividad criminal”.

El Departamento de Estado, por su parte, volvió a reconocer el primero de marzo de este año, en su Informe sobre la Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos, que “no tiene ninguna evidencia directa de corrupción concerniente a las drogas entre funcionarios de alto rango del gobierno cubano”.

En 2005, por tercer año consecutivo, el volumen de incautaciones de drogas en Cuba se redujo con respecto a períodos anteriores. Según cifras del gobierno, de más de 5.150 kilogramos confiscados en 2003, la cifra bajó a 3.080 kilogramos en 2004. Finalmente, y de acuerdo con el mencionado informe estadounidense que cita reportes de las autoridades cubanas, 2005 cerró con 2.477 kilogramos, la menor cantidad en 10 años.

“La efectividad de la prevención y prohibición de las drogas en Cuba proviene fundamentalmente de sus métodos tiránicos y coercitivos”, considera la Cancillería norteña y agrega que tales mecanismos “facilitan la capacidad del régimen de infiltrar las redes de producción y tráfico, y desmantelarlas cada vez que éste decide tomar medidas enérgicas”.

En declaraciones a IPS siete años atrás, el académico Luis Suárez, entonces secretario ejecutivo del Centro Coordinador para el Desarrollo de las Investigaciones Jurídicas (adjunto al Ministerio de Justicia), aseguró que se estaban produciendo desvíos en las rutas tradicionales del narcotráfico de Sudamérica hacia el norte. “Hay un mapa elaborado por las autoridades norteamericanas que ya plantea que, de alguna forma, los narcotraficantes están tratando de evadir la isla”, afirmó Suárez.

“Por tal de no tocar Cuba, unos van por el este de Jamaica a buscar Puerto Rico, usando una ruta de la emigración ilegal, o se meten vía Panamá a buscar México y después Estados Unidos”, detalló el funcionario. “El camino es más largo, pero se está planteando que en Cuba hay una decisión política muy fuerte de combatir el tráfico por la región y que, además, los medios se han ido tecnificando como resultado de varios acuerdos con países de la Unión Europea y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud)”.

José Blanco, especialista colombiano asistente a un curso regional sobre control del tráfico comercial marítimo efectuado en la capital cubana en noviembre pasado, dijo a la prensa que la isla era muy respetada por los narcotraficantes. “Ellos nunca quieren pisar esta tierra para hacer sus operaciones, porque saben que tienen mucha probabilidad de perder la mercancía y quedar arrestados”, señaló Blanco.

A partir del incipiente auge del consumo de estupefacientes a inicios de los ‘90s, dado en esencia por la apertura al turismo internacional como tabla de salvación ante la crisis económica, este país se ha ido dotando de mecanismos para reducirlo, desde la esfera legal, policial y hasta sanitaria.

En este sentido, la estructura más abarcadora es el Sistema de prevención, rehabilitación, reducción de la demanda y divulgación sobre el tema de las drogas, que dirige la Comisión Nacional de Drogas, a la cual se integran los órganos de la Administración Central del Estado, las organizaciones políticas y otras de la sociedad civil cubana.

Por su parte, el Ministerio del Interior creó la Dirección Nacional Antidrogas, cuya actividad incluye el mando de la operación de enfrentamiento Aché III, el control de las fronteras áreas y marítimas, el combate al tráfico interno con la llamada Coraza Popular, la colaboración con entidades homólogas en el exterior, la aplicación de la política jurídico penal y la preparación de fuerzas especializadas en estas tareas.

Para cumplir su estrategia, el Ministerio del Interior coordina acciones con las Fuerzas Armadas y la Aduana General de la República.

Cuba también ha introducido modificaciones legales que contemplan la confiscación de bienes en casos de corrupción relacionados con las drogas, además de largas condenas de prisión. La ley 87 del año 1999 introdujo la pena de muerte para los delitos de narcotráfico más graves y tipificó el de lavado de dinero.

Desde el inicio de la operación Coraza Popular, en enero de 2003, más de 3.000 cubanos han sido detenidos por participar de algún modo en el mercado interno de narcóticos. Según el diario oficial Granma , un número superior a 300 ha perdido sus bienes, en rigor con lo establecido en los decretos-ley 149/94 y 232/2003.

Existen normativas en el sector sanitario dirigidas a la prevención y tratamiento de las personas adictas. La Resolución 37/1998 del Ministerio de Salud Pública puso en funcionamiento el Programa de Salud Pública para la Prevención del Uso Indebido de Drogas y la Atención a la Drogadependencia.

El 26 de agosto de 1999 fue aprobado este Programa nacional, que comprende la labor coordinada de los ministerios de Educación, Deporte, Cultura, Turismo, Pesca, Agricultura, Educación Superior y Salud. Ese plan diseñó estructuras hasta el nivel de municipio y le confirió una importancia medular al trabajo comunitario y con las familias.

En Cuba , según datos del Ministerio de Justicia, el índice de prevalencia del consumo en la población es de 0,17 por ciento. Sin embargo, la presencia de las llamadas “drogas porteras” —el tabaco y el alcohol— puede alcanzar hasta más de 70 por ciento en determinadas localidades, aseguran fuentes especializadas.

En la isla la iniciación en el hábito de fumar se produce como promedio a los 12 años. En el caso de las bebidas alcohólicas, la edad mínima es entre los 14 y los 15, pero sólo ocasionalmente.

“Si desde edades tempranas enseñamos al niño que fumar e ingerir bebidas alcohólicas es dañino, y la familia y el maestro brindan el ejemplo adecuado, estaremos evitando, además, el posible consumo de las llamadas drogas duras”, estimó Pedro Jorge Pascual, especialista de Trabajo Preventivo del Ministerio de Educación, en entrevista publicada por el diario oficial Granma, el 15 de marzo pasado.

Desde el año 2000 existen “grupos operativos” a nivel local, integrados por psicólogos, psicopedagogos, especialistas del Centro de Diagnóstico y Orientación, del Consejo de Atención a Menores y asesores de salud escolar, que realizan actividades de prevención en los centros de enseñanza, informó Pascual.

Al parecer, por lo menos a juicio de las autoridades, la batalla contra las drogas en la nación caribeña se está ganando. “Cuba puede afirmar con toda seguridad, sin ánimo triunfalista” que la presencia de narcóticos sigue “disminuyendo y se reducen más sus efectos en el orden interno”, declaró a la prensa Roberto Díaz Sotolongo, ministro de Justicia, al inaugurar la III Conferencia de Fiscalización de Drogas en el Caribe, efectuada en junio de 2005.

“La situación general del narcotráfico en Cuba por vía marítima está controlada”, sostuvo el pasado 7 de abril Jorge Samper, segundo jefe de las Tropas Guarda-fronteras, en un recorrido con la prensa por los puestos de esas unidades en la región más oriental del país.

Según Samper, la puesta en marcha de la operación Aché III, iniciada en marzo de 2003, ha propiciado una “disminución sensible” de la incursión de narcotraficantes en el espacio aéreo y las aguas territoriales cubanas.

Estadísticas del Ministerio del Interior indican que en 2003 se detectaron 47 lanchas rápidas y 22 aviones sospechosos, mientras al año siguiente esa cifra cayó a 15 embarcaciones y 16 aeronaves. En 2005 disminuyó el número de aparatos aéreos, con un total de siete, pero creció el de lanchas, con 24, para mantener un total idéntico de 31 avistamientos.

Cuba en la lucha internacional contra las drogas

Convenios internacionales firmados por Cuba:

– Convención Única de 1961 de Naciones Unidas sobre Estupefacientes, ratificada por la isla el 30 de agosto de 1962.

– Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, ratificada el 26 de abril de 1976.

– Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, adhesión el 14 de diciembre de 1989.

– Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, ratificada el 5 de junio de 1996.

– Miembro del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas entre la Unión Europea , América Latina y el Caribe.

Organismos internacionales a los cuales pertenece:

– Miembro de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas desde 1996.

– Miembro de las reuniones de Jefes de Organismos Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas (HONLEA) de la Onu para América Latina y el Caribe.

– Miembro del Plan de Acción de Barbados para la Cooperación en el Caribe sobre Drogas desde su creación en 1996.
Además ha suscrito acuerdos bilaterales con 33 países y mantiene Acuerdos de Asistencia Jurídica amplia en materia civil y penal con 49 países.

Cuba no se ha integrado al Acuerdo Regional del Caribe, refrendado en 1999 por 13 naciones del Caribe y Estados Unidos, que permite a unidades militares de este último país incursionar en aguas territoriales y espacios aéreos para combatir el narcotráfico en el área.

Fuente : Página Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Cuba-EE.UU.: Divergencias en el mismo bando

En Cayo Confites, una remota porción de tierra de la costa norte, las unidades de tropas guardafronteras cubanas contaban hace siete años con una vetusta nave patrullera de la época soviética, un radar de seis millas de alcance y un destacamento de 15 soldados. Así lo describió el diario The Washington Post en un reportaje publicado en mayo de 1999.
“Nuestras lanchas soviéticas tienen 20 años y pueden ir a 27 nudos, mientras que los narcotraficantes pueden ir fácilmente a 45 nudos”, declaraba entonces el coronel Fredy Curbelo. “Estamos haciendo lo que podemos con nuestros recursos, pero estamos limitados en lo que hacemos.”

Esa ha sido, más o menos, la historia del enfrentamiento al narcotráfico en Cuba durante los últimos tres lustros: una sostenida voluntad política para erradicar el fenómeno, erosionada por la persistente carencia de recursos.
Tras la desaparición de la Unión Soviética y los aliados socialistas, las posibilidades para hacer este trabajo se redujeron notablemente. A la falta de combustible para la Marina de Guerra se sumaron el envejecimiento de los equipos y la inexistencia de piezas de repuesto.

El problema causado por las deficiencias materiales podría atenuarse con una amplia cooperación regional, pero esto tampoco ha fructificado, al menos en lo concerniente a Estados Unidos, el mayor mercado de estupefacientes del mundo.
Pese a la poca distancia que separa al archipiélago cubano de su vecino norteño, apenas 90 millas, no se ha podido establecer entre ambas naciones una colaboración plena, siempre obstaculizada por persistentes antagonismos políticos.

“El gobierno de Cuba ha tratado constantemente de contactar con sus contrapartes estadounidenses por razones que son, en gran medida políticas, incluyendo el deseo de proyectar un falso sentido de legitimidad y normalización en sus relaciones con Estados Unidos”, afirma el referido Informe sobre la Estrategia para el control internacional de narcóticos, del Departamento de Estado.

“Con ese objetivo, funcionarios cubanos manifiestan su interés en desarrollar acuerdos bilaterales con el gobierno de Estados Unidos en los temas del narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de personas”, continúa el documento, “sin embargo, tales convenios no son posibles hasta que el régimen cubano abandone su carácter totalitario y su papel como estado patrocinador del terrorismo.”

En rigor, la cooperación entre los dos países existe, pero sólo sobre la base de intercambios caso-por-caso. La Oficina de Intereses estadounidense en La Habana (Sina) tiene asignado un especialista de drogas de la Guardia Costera estadounidense, quien trabaja en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas.

Uno de los aspectos más peliagudos del diferendo binacional en este tema parece ser la negativa de Cuba a incorporarse al Acuerdo Regional del Caribe (Caribbean Regional Agreement), bautizado como “Tratado de Persecución Caliente” y firmado por 13 naciones caribeñas y Estados Unidos, en 1999. Este pacto permite a unidades estadounidenses incursionar en el territorio de los demás signatarios durante operaciones antinarcóticos.

“De qué convenio multilateral vamos a hablar, si no vamos a estar en igualdad de condiciones”, dijo a la prensa Miguel Landera, segundo jefe de relaciones internacionales del Ministerio del Interior, el pasado 7 de abril. “Van a seguir las manipulaciones y van a tratar de prevalecer de una manera hegemonista, como lo han hecho en el área del Caribe y Latinoamérica”, añadió.

Para el presidente Fidel Castro, esta posibilidad no estaría ni siquiera en una virtual mesa de negociaciones. “Estados Unidos no aceptaría que naves navales o aéreas cubanas penetrasen en sus aguas territoriales o en su espacio aéreo”, declaró el mandatario en un discurso de julio de 1999, en el que relató su conversación con un anónimo congresista del vecino país.

Las autoridades de la mayor de las Antillas consideran que la reticencia estadounidense podría tener otros motivos.
“El hecho de que no se haya llegado a un acuerdo en este tema quizás tenga una explicación un tanto cínica”, declaró a IPS Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), en 1999. “Pese a toda la propaganda contra Cuba , ellos saben que aquí sí se combate el narcotráfico, aunque no colaboren con nosotros.”

“Una cooperación entre los dos países en el combate al narcotráfico podría hacer pensar a algunas personas en Miami que se trata de acciones contra ellos y que, finalmente, ambos países terminarían en una colaboración para reprimir acciones de grupos contrarrevolucionarios”, apuntó Alarcón.

En opinión del funcionario, grupos del exilio cubano opuestos al gobierno de La Habana , como Hermanos al Rescate, podrían aprovechar sus vuelos a zonas cercanas a Cuba, sin supervisión de la agencia antidrogas (Dea), para trasladar drogas a Estados Unidos.

“Si tú fueras un capo de cualquiera de las mafias, de los carteles que están tratando de introducir drogas en Estados Unidos, que estás buscándote pequeños aviones y pequeñas embarcaciones para eludir los controles gubernamentales, pero teniendo que enfrentar la represión de la Dea y sabes -porque se anuncia, se proclama- que hay grupos que lo pueden hacer, porque están luchando contra el castrismo, luchando por la libertad de Cuba, no sé si se dio el milagro de que no se le ocurrió a ningún mafioso acercarse a ellos, o que se acercaron a ellos y ellos fueron tan patriotas y tan santos que dijeron, de ninguna manera, nosotros nos dedicamos a luchar por la libertad y no vamos a hacer estas cosas”, manifestó Alarcón.

“Si Estados Unidos se pone entonces a cooperar con Cuba en la represión de estas cosas, puedes terminar enfrentando a la Fundación (cubano-americana), enfrentando a grupos de este tipo”, aseveró el legislador. “Esto ha sido siempre una hipótesis, pero ahora, cuando ocurre este caso, hay una prueba muy concreta, un señor involucrado en un atentado contra Fidel Castro que también está implicado en tráfico de cocaína en Estados Unidos.” [1]

Desde la otra orilla, un grupo de congresistas de origen cubano ha fustigado cualquier tentativa de acercamiento en este sentido. En junio de 1999, ante la probabilidad de una reunión entre representantes de la Dea y autoridades cubanas, el senador republicano Lincoln Díaz-Balart hizo pública su contrariedad por estos contactos y reiteró las acusaciones a Castro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.

Ileana Ros-Lethinen, otra legisladora por el estado de la Florida , de connotada posición anticastrista, calificó de “absurdo, ilógico e incorrecto” el hecho de decir que el “régimen colabora en la batalla contra las drogas”.

Otros congresistas han expresado su beneplácito ante cualquier iniciativa que represente el fortalecimiento de la cooperación. Charles Rangel, representante por el Partido Demócrata, presentó en aquel mismo año un proyecto de ley que proponía autorizar al director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas a entrar en negociaciones con el estado cubano para aumentar el intercambio bilateral en esta esfera.

“Es ridículo pensar que el problema se pueda solucionar sin la isla más grande de la zona, donde habita casi la mitad de la población de la región”, dijo el también demócrata Sam Farr al diario estatal Juventud Rebelde, durante una visita en enero de 2003. “Necesitamos hacer más: sencillamente tener a Cuba como otro país del Caribe”, enfatizó.

Al margen de las discrepancias políticas, en determinados casos la colaboración bilateral ha conseguido excelentes resultados, como el del carguero Limerick .

El primero octubre de 1996, la Guardia Costera estadounidense abordó esa embarcación de bandera hondureña y detuvo a sus 12 tripulantes, pero la abandonó ante el peligro de hundimiento. La nave derivó hacia aguas cubanas, donde fue rescatada por las Tropas Guardafronteras cubanas ante la solicitud de los guardacostas norteños.

Luego funcionarios de la Dea y del Departamento de Justicia viajaron a Cuba y participaron en el descubrimiento de alrededor de siete toneladas de cocaína, una de las mayores capturas de esa sustancia en la historia.

Además, durante 2005, el especialista de drogas adjunto a la Sina visitó el programa de inspección de contenedores del puerto de La Habana , el centro nacional de entrenamiento canino y presenció el mecanismo de custodia e incineración de todos los contrabandos de narcóticos incautados.

En ese periodo, la Dirección Nacional Antidrogas y las Tropas Guardafronteras suministraron información a sus contrapartes estadounidenses de 44 hechos relacionados con el narcotráfico, según asegura el aludido informe de la Cancillería norteña.

El presidente Castro ha calificado como “una gran tontería” que la Casa Blanca siga postergando el necesario acuerdo con Cuba “por miedo a la gritería de los grupos de Mami”, mas cuando la isla ha asegurado que dejaría fuera de las futuras negociaciones el tema del embargo económico.

El jefe de Estado reiteró, en julio de 1999, su propuesta a Washington , mediante la cual podrían establecerse tres formas de cooperación: una modesta, una mayor y más eficaz, o una integral. Para las dos primeras, a la isla le bastaría con sus propios recursos, refirió el mandatario; la tercera precisaba de “determinados medios técnicos y de comunicación” inalcanzables en aquel momento para las finanzas cubanas, aunque el país contaba con “todo el personal calificado necesario”.

“Yo simplemente afirmo que estamos dispuestos a cualesquiera de esas formas de cooperación”, agregó Castro. “Y si no les interesa ninguna, por nuestra cuenta seguiremos haciendo lo que hacemos, porque tenemos el deber de defendernos del daño que nos puede ocasionar el narcotráfico; es un interés nacional y, además, un deber internacional.”

El último resumen anual del Departamento de Estado esgrime una justificación que aleja cualquier iniciativa conciliadora. “Para el gobierno cubano, el manejo de la corrupción relacionada con los narcóticos puede servir al objetivo más amplio del régimen, de usar la naturaleza coercitiva de sus esfuerzos antidrogas para obtener beneficios financieros para sí mismo.”

Sentados frente al mismo dilema y del mismo lado del tablero, Cuba y Estados Unidos continúan separados en la campaña para eliminar el narcotráfico. La concertación parece estar todavía en el dominio de los imposibles.

Legislación cubana antidrogas

1-. Decreto Ley 149/1994
Establece básicamente la confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido.

2-. Ley 87/1999
Modifica el Código Penal vigente hasta ese momento.

Castiga a quienes produzcan, transporten, trafiquen, introduzcan o extraigan del país, o proporcionen a otras personas, drogas estupefacientes o de otros tipos; a aquellos que ocultan, sin informar, los hallazgos de estas drogas y a los que cultivan la conocida mariguana. La pena en estos casos oscila entre cuatro y 10 años de privación de libertad.

Si las actividades delictivas descritas se realizan con grandes cantidades de drogas, las sanciones aumentan de ocho a 20 años de cárcel. Si los implicados son funcionarios públicos, autoridades o sus agentes; o están vinculados al narcotráfico internacional, o se utilizan a menores de 16 años, la condena puede abarcar de 15 a 30 años, e incluso la pena de muerte.

Quienes tengan conocimiento de esos hechos y no los denuncien puede cumplir de dos a cinco años de reclusión.
En todos los casos se aplica también la confiscación de bienes.

3-. Decreto Ley 232/2003

Artículo 1:

Se dispone la confiscación o, en su caso la pérdida del respectivo derecho de las viviendas o locales en los que:
a-. se produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma, oculte o de cualquier otro modo se realicen hechos que, directa o indirectamente, se hallen relacionados con las drogas ilícitas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos similares;

Artículo 7:

1-. Se dispone la confiscación de las tierras y de los bienes agropecuarios del propietario que:
a-. cultive la planta Cannabis Indica, conocida por mariguana, u otras de propiedades similares;
b-. oculte, transporte o trafique cualquier tipo de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares.
2-. Cuando los hechos señalados en el apartado anterior se cometan por usufructuarios de tierras, se dispondrá tanto la pérdida del derecho sobre aquellas, como la confiscación de los bienes agropecuarios.
3-. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, quedarán excluidos de la confiscación, los bienes que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del inculpado o de los familiares a su abrigo.

El mundo de las drogas

Según el Informe Mundial sobre las Drogas de 2005, el más reciente publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), el mercado global al por menor de los estupefacientes ilícitos asciende a 322.000 millones de dólares estadounidenses, una cifra mayor al Producto Interno Bruto (Pib) individual del 88 por ciento de los países del mundo (163 de los 184 para los cuales el Banco Mundial dispone de datos).

Este comercio mundial de sustancias prohibidas equivale al 75 por ciento del Pib combinado de los países de África Subsahariana.

En 2003, los ingresos por venta de drogas, calculados en precios de venta al por mayor, representaron 12 por ciento de las exportaciones mundiales de productos químicos (794.000 millones de dólares), 14 por ciento de las exportaciones agrícolas (674.000 millones de dólares), y rebasaron las exportaciones de minerales (79.000 millones de dólares).

El mayor mercado, según las estimaciones de Onudd, es el de la hierba de cannabis -mariguana- con un valor a precios al por menor de 113.000 millones de dólares), seguido por la cocaína (71.000 millones de dólares), los opiáceos (65.000 millones de dólares) y la resina de cannabis (23.000 millones de dólares). En su totalidad, los mercados de EA (estimulantes de tipo anfetamínico, anfetaminas y sustancias del grupo del éxtasis) ascendieron a 44.000 millones de dólares.

Unos 200 millones de personas (cinco por ciento de la población mundial de 15 a 64 años de edad) consumieron narcóticos al menos una vez en 2004, o sea, 15 millones más que el año anterior. El 30 por ciento de la población adulta fuma tabaco y aproximadamente el 50 por ciento ingiere bebidas alcohólicas.

La mayoría de los consumidores de drogas hace uso indebido del cannabis, es decir, 160 millones de personas. Entre quienes acuden a los estimulantes de tipo anfetamínico, anfetaminas y sustancias del grupo del éxtasis se cuentan 34 millones, un volumen ligeramente inferior al de 2003, básicamente por reducciones en Asia sur oriental y Estados Unidos.

La demanda de opiáceos se incrementó hasta abarcar cerca de 16 millones de personas (de las cuales, casi 11 millones hacen uso indebido de heroína), mientras que la cocaína se acercó a los 14 millones de consumidores, de ellos las dos terceras partes en América.

Esta droga es la más demandada en el hemisferio occidental. El 90 por ciento de los pacientes tratados por cocainomanía en 2003, más de 900.000, provenía de esa zona geográfica.

En cuanto a la producción potencial, los registros fueron variables. En 2004 se introdujeron en el mercado 4.850 toneladas de opio (algo superior a las 4.765 de 2003), de ellas el 87 por ciento se produce en Afganistán.

La producción de cocaína aumentó hasta 687 toneladas (674 en 2003), una cifra que sigue siendo cerca de un tercio menor a la del año 2000, sobre todo por los esfuerzos en la erradicación de plantaciones de hoja de coca en Colombia (6.000 hectáreas en 2004), señala la Onudd. No obstante, aún la mitad de ese volumen sale de esa nación sudamericana, seguida de Perú con 32 por ciento y Bolivia con 15 por ciento.

En 2003 se produjeron aproximadamente 42.000 toneladas de hierba y 7.000 de resina de cannabis. La tercera parte de la hierba se cosecha América del Norte y casi la mitad de la resina se exporta desde Marruecos.

De acuerdo con Onudd, la mariguana es la droga más prohibida del mundo. En el período de 2001 a 2003, 166 países comunicaron incautaciones de esa planta, por encima de los 148 que reportaron requisas de heroína, en segundo lugar.
El 58 por ciento del cannabis confiscado se detectó en América del Norte, particularmente en México (2.160 toneladas) y Estados Unidos (1.224 toneladas). Mientras, en el Caribe esa cuantía cayó en 25 por ciento.

Las fabricación de EA alcanzó las 422 toneladas en 2003 (332 de anfetaminas y 90 de éxtasis). La mitad de las anfetaminas son elaboradas en Asia oriental y sur oriental, una tercera parte en América del Norte y cerca del 15 por ciento en Europa. El 78 por ciento del éxtasis sale de Europa y 14 por ciento de América del Norte.

Drogas y sida

El citado informe de Onudd apunta que entre el cinco y el 10 por ciento de los infecciones con el virus del Vih son imputables a la utilización de drogas por vía intravenosa. En lo fundamental se debe a la utilización de equipos de inyección contaminados, que sigue siendo la forma más significativa de transmisión en muchos países de Europa, Asia, Oriente Medio y América Latina, donde representa del 30 al 80 por ciento de los contagios conocidos.

La eficiencia del traspaso del sida por vía intravenosa es casi seis veces superior a la de relaciones heterosexuales. Además, estudios consultados por Onudd han determinado que quienes usan heroína se inyectan de una a tres veces al día, una frecuencia que es aún más alta entre los cocainómanos, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de adquirir la enfermedad.

Algunas drogas no inyectables, que provocan comportamientos sexuales irresponsables, también hacen vulnerables a las comunidades de adictos y a las personas vinculadas con la prostitución.

Notas
1 Se refiere al caso de un embarcación capturada en Puerto Rico por la Guardia Costera de Estados Unidos por sospechas de narcotráfico, donde se hallaron dos fusiles, propiedad de Alberto Hernández, ex presidente de la anticastrista Fundación Nacional Cubano-Americana, que servirían para atentar contra el presidente Fidel Castro en la Cumbre Iberoamericana de Isla Margarita, Venezuela, en 1997.

Normas para comentar:

  • Los comentarios deben estar relacionados con el tema propuesto en el artículo.
  • Los comentarios deben basarse en el respeto a los criterios.
  • No se admitirán ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
  • Nos reservamos el derecho de no publicar los comentarios que incumplan con las normas de este sitio.