Ley cubana de aguas terrestres demora más de lo previsto

Una vez aprobada, la nueva norma establecerá pautas de administración, uso y preservación del escaso recurso.

La escasez de agua marca hoy la vida de muchas familias cubanas, aunque las autoridades priorizan el abasto al sector residencial.

Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

La Habana, 6 feb.- La gestión eficiente y preservación del agua, como un elemento indispensable del desarrollo económico, social y ambiental sostenible, es lo que persigue establecer la Ley de Aguas Terrestres de Cuba, cuyo anteproyecto se somete desde 2016 a criterio de instituciones y ciudadanía.

El borrador, indican las autoridades, busca establecer una regulación integrada y contemporánea de ese recurso natural, la responsabilidad de los órganos y organismos del Estado, el patrimonio e infraestructura hidráulica, su utilización y protección.

“Por su forma, el archipiélago no es rico en aguas, así que una legislación que perfeccione su uso es bienvenida, y quien la consuma en exceso o la bote, deberá pagar por ello”, dijo a la Redacción IPS Cuba un trabajador de un acueducto.

Principios generales

Según el Proyecto de Ley, entre los principios que regirán este proceso están:
El reconocimiento al acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial.
El uso eficiente y seguro de la infraestructura hidráulica; la unidad de la planificación y la gestión del agua en función del desarrollo; el uso racional de la misma y su reutilización.
La articulación de la gestión del agua con el quehacer ambiental y territorial.
La prevención y reducción de la contaminación del vital líquido.
El fomento de la cultura de su uso racional y reutilización, teniendo en cuenta siempre que las aguas terrestres son de dominio público.
Se reafirma al INRH como el organismo rector de  la actividad y al cual corresponde controlar   el patrimonio hidráulico, con especial atención al uso eficiente y calidad de las aguas.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente debe integrar las acciones relativas a las aguas terrestres en la Política Ambiental Nacional, además de regular el proceso de evaluación de impacto ambiental y emitir la licencia correspondiente.
El Plan Hidráulico Nacional, que forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Social del país, es el instrumento fundamental que materializa el planeamiento en esa esfera. Tiene una vigencia de cinco años y es aprobado por el Consejo de Ministros.

En concordancia con los principios de la Política Nacional del Agua y la actual reforma económica, el anteproyecto aborda también el régimen económico, la reutilización y el reciclaje, la prevención y respuesta a las inundaciones y sequías, y la adaptación al cambio climático, entre otros aspectos.

De acuerdo con Edilberto Pérez, asesor de la Dirección Jurídica del estatal Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), redactar una ley sobre la gestión de este recurso implica elevada complejidad porque “está interrelacionado con la mayoría de las actividades y sectores sociales y económicos”.

Ejemplificó con otras regulaciones en las que también el agua es clave como “la propia Ley medioambiental, y las referidas al manejo sostenible de la tierra, de las zonas costeras, las de energía y minas, la forestal y el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas”.

Fuentes oficiales destacan los vínculos de la gestión del agua con la economía, sobre todo con la rama agropecuaria, la cual a nivel global consume entre 60 y 70 por ciento del agua disponible, y los proyectos de inversión extranjera que requiere la economía para su despegue.

“Tras aprobarse la Política nacional del agua se requería del respaldo jurídico para materializar su aplicación, avalada con las urgencias y desafíos que impone la actualización del modelo económico cubano”, abundó Pérez, en declaraciones a la prensa local.

Ahora “se potencian mayores inversiones en el sector y otras acciones muy puntuales como la construcción de viviendas, la edificación de marinas y demás instalaciones turísticas”, ejemplificó.

“Toda modalidad de inversión extranjera, en actividades o servicios de cualquier naturaleza, que implique el otorgamiento de una concesión administrativa, que requiera el uso de las aguas terrestres, se somete a la consideración del INRH, quien emite la autorización de uso”, precisa el texto.

En su redacción actual, a la cual tuvieron acceso algunos medios de prensa, se enfatiza en la planificación nacional y, en específico, en el balance de organismos e instituciones para el consumo racional en función de la producción o los servicios.

Por los efectos del cambio climático que incluyen la intensa sequía que hoy azota a varios territorios del país y la urgencia de hacer un uso más racional y eficiente, el texto reconoce  la necesidad de que el agua se pague y sea uno de los servicios empresariales más eficaces.

Por tal razón, entre las propuestas se encuentra la creación de una Organización Superior de Dirección Empresarial que centre el control de los acueductos y alcantarillados en el país, así como un reglamento específico para su funcionamiento.

Iniciado en octubre de 2016, las autoridades programaron un inusual proceso de consulta, que recorrió los territorios del país con el objetivo de tomar en cuenta las consideraciones de parlamentarios, y estableció otras vías como a través del correo electrónico.

Entonces se propusieron cambios o modificaciones de varios términos y conceptos por otros más abarcadores y esclarecedores, que enriquecieron el cuerpo legal.

Hasta mediados de enero último, se habían considerado valiosas un 52,63 por ciento de las sugerencias.

Debido a las numerosas opiniones recibidas, el plazo de consulta se amplió y aún permanece disponible el correo electrónico para recibir propuestas, así como el anteproyecto en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral). (2017)

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