2017: Freno al acercamiento entre Cuba y Estados Unidos

Resumen anual político.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

La Habana. Cubanos y cubanas  recordarán 2017 como el primer año sin la égida del líder Fidel Castro, el del paso asolador del huracán Irma y el de unos misteriosos ataques acústicos que sirvieron al presidente estadounidense Donald Trump para ponerle el freno al acercamiento bilateral.

Desde el primer día de enero, el gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único) promovió un conjunto de actividades y homenajes al ex presidente fallecido en La Habana el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años.

Días antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente Barack Obama (2009-2017) canceló la política especial para los ciudadanos cubanos que llegaban a territorio de Estados Unidos (comúnmente llamada política de “pies secos-pies mojados”), así como el programa de admisión provisional (parole) para profesionales cubanos de la salud, en terceros países.

Ello conllevó cambios fundamentales en la emigración hacia la nación norteña, lo cual se complicó aún más cuando Washington paralizó sus operaciones consulares en La Habana y suspendió por tiempo indefinido el otorgamiento de visas.

Embajada de Estados Unidos en Cuba.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Durante sus primeros meses, la nueva administración republicana revisó la política hacia Cuba, si bien se mantuvieron los intercambios oficiales y mecanismos de cooperación establecidos desde el anterior gobierno.

Finalmente, en junio, Trump anunció un reforzamiento del bloqueo que Washington mantiene desde 1962, al disponer nuevas restricciones al intercambio de empresas y viajeros de Estados Unidos con unas 180 entidades cubanas vinculadas con instituciones militares y de seguridad.

Pero las relaciones bilaterales se deterioraron aún más al trascender reportes sobre supuestos ataques acústicos que afectaron a más de una veintena de diplomáticos estadounidenses y sus familiares en el país caribeño.

Tras acusar al gobierno cubano de no adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su protección y seguridad, el departamento de Estado ordenó la salida de más de la mitad de su personal en la capital cubana, mientras expulsó a 17 funcionarios de la embajada de Cuba en Washington.

Las autoridades negaron cualquier responsabilidad en los hechos, los calificaron de infundados y políticamente motivados y ofrecieron facilidades para que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) efectuaran pesquisas en el terreno, sin que hasta el momento se hayan determinado las causas u orígenes de dichos sucesos.

En el ámbito internacional, Cuba volvió a recibir el respaldo casi unánime de la Asamblea General de Naciones Unidas para acabar con el bloqueo económico, comercial y financiero.

Además, normalizó las relaciones con la Unión Europea (UE), mediante la entrada en vigor del acuerdo firmado a fines de 2016 que sepultó la llamada Posición Común (1996) y despejó el camino para ampliar la cooperación en diferentes ámbitos.

La diplomacia cubana se mantuvo activa en foros internacionales y mecanismos de integración, mientras continuó respaldando al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, que lidia con una grave crisis económica cuyo impacto se hace sentir en la disminución de los suministros de petróleo, así como el intercambio de bienes y servicios.

Una pequeña muestra de los estragos de Irma.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Irma, el más poderoso huracán formado en la cuenca del océano Atlántico y el mar Caribe, asoló la mayor parte del territorio nacional, con un saldo de 10 personas fallecidas, así como importantes afectaciones en viviendas, la agricultura, el sistema eléctrico nacional, viales y los principales polos turísticos.

No obstante, al cierre del año, las autoridades reportaron avances en la recuperación de las principales obras de infraestructura, en especial aquella relacionada con la denominada industria sin humo, pilar esencial de la economía.

Más de 8.000.000 de cubanos acudieron a las urnas el 26 de noviembre, a fin de elegir a los delegados a las Asambleas municipales del Poder Popular (concejales), preámbulo de la renovación en el Parlamento y el recambio generacional en la máxima dirección del país, que debe concretarse en el primer cuatrimestre de 2018.

Adiós Obama, ¿hello Trump?

Uno de los principales legados de ocho años de gobierno demócrata en Estados Unidos fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Por eso, cuando Barack Obama traspasó las llaves de la Casa Blanca a Donald Trump, el 20 de enero de 2017, muchos se preguntaron qué ocurriría a partir de ese momento.

Pero antes, en menos de un mes, ambos gobiernos parecieron avocados a impulsar cuanto fuera posible la agenda bilateral y concretar acuerdos antes del cambio presidencial.

Entre La Habana y Washington se sucedieron intercambios sobre trata de personas, reclamaciones de bienes confiscados, al igual que sobre cooperación y coordinación en la lucha contra delitos trasnacionales, como el terrorismo, el narcotráfico, la “ciberdelincuencia” y el lavado de activos.

Se firmaron asimismo acuerdos en materia de salvamento aéreo y marítimo, cooperación en áreas protegidas, sobre delimitación de zonas de explotación petrolífera y protección medioambiental para la preparación y respuesta a la contaminación por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el golfo de México y el estrecho de la Florida.

Finalmente, legisladores presentaron en la Cámara de Representantes el proyecto de Ley de Comercio con Cuba, dirigido a levantar el bloqueo.

Antes, el 6 de enero, el grupo bipartidista Cuba House dio a conocer otra iniciativa para liberar los viajes a Cuba de ciudadanos estadounidenses y eliminar las restricciones con fines turísticos, pero al igual que en acciones similares, no prosperó a la espera de un mejor ambiente político.

Durante su campaña electoral, Donald Trump tuvo posiciones contradictorias respecto al tema Cuba. Primero respaldó el acercamiento, pero luego prometió desmontar las medidas ejecutivas dictadas por Obama y mantener el bloqueo, a menos que el gobierno de Raúl Castro hiciera concesiones en temas de derechos humanos, democracia y apertura económica.

En febrero, el Gobierno republicano ordenó una “revisión completa” de la política hacia Cuba, anunciada oficialmente por el propio mandatario el 16 de junio, durante un discurso en la ciudad de Miami.

El “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”, incluyó restricciones a los viajes de estadounidenses y a las inversiones en sectores controlados por las FAR y el aparato de seguridad e inteligencia, entre ellos numerosos hoteles.

Para el Gobierno cubano, existe una “intención política” y un “trasfondo subversivo” detrás de las modificaciones a las regulaciones de intercambio “pueblo a pueblo”, y consideró que las disposiciones “dañan al pueblo y empresarios estadounidenses”.

El misterio rodea supuestos ataques sónicos

Pero el clima bilateral se enrareció mucho más a partir de agosto, cuando la portavoz del departamento de Estado, Heather Nauert, anunció que en mayo habían sido expulsados dos diplomáticos de la embajada de Cuba en Washington.

Indicó que la medida obedecía al regreso de algunos funcionarios estadounidenses de su legación en La Habana por unos “incidentes” que les causaron “síntomas físicos” en 2016, sobre los cuales no precisó más detalles.

Creció desde entonces la saga de unos supuestos ataques acústicos que, según informes del gobierno y la prensa estadounidense, provocaron a una veintena de diplomáticos y sus familiares síntomas como pérdida auditiva, mareos, dolor de cabeza, fatiga, problemas cognitivos y dificultad para dormir, así como daños cerebrales.

El 26 de septiembre, y a propuesta de la parte cubana, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla fue recibido en Washington por el secretario de Estado, Rex Tillerson.

En esa ocasión, Rodríguez advirtió a su interlocutor “no tomar decisiones apresuradas que no se sustentan en evidencias ni en resultados investigativos concluyentes” y “no politizar un asunto de esta naturaleza”.

Sin embargo, tres días después, el Departamento de Estado anunció el retiro de 60 por ciento de su personal en la sede diplomática en La Habana, acción que Cuba calificó como “precipitada” y nociva para las relaciones bilaterales.

Además, dicha instancia emitió una alerta en la cual recomendó a los estadounidenses no viajar a Cuba debido a esta situación. La emisión de visas en La Habana también quedó suspendida por tiempo indefinido.

El gobierno cubano sostuvo que la evacuación parcial del personal diplomático estadounidense resultó “precipitada”.

Josefina Vidal, directora general del departamento de América del Norte del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (MINREX).

En un breve comunicado, la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal, argumentó que tales acciones afectarían, “en particular, la cooperación en temas de interés mutuo y los intercambios de diversa naturaleza entre ambos países”.

Poco después, el gobierno valoró como “injustificada” la decisión de Estados Unidos, que el 3 de octubre ordenó la salida de 15 funcionarios de la embajada de Cuba en Washington, sobre la base de que habían reducido su personal diplomático en La Habana y que el gobierno cubano no habría dado los pasos necesarios para prevenir “ataques” contra estos.

La parte cubana insiste en que carece de cualquier responsabilidad en los alegados hechos, cuestionó la existencia de los ataques -que también sufrieron diplomáticos canadienses y sus familiares, incluidos niños-, y culpó a Washington de negarse a cooperar plenamente con la investigación para hallar la verdad que, hasta el día de hoy, sigue sin revelarse.

Aunque a lo largo del año empresarios, gobernadores y legisladores estadounidenses viajaron a Cuba para explorar oportunidades de comercio y conocer la realidad de la isla, se constató una disminución en este tipo de intercambios y diálogos con las autoridades.

Para La Habana, los supuestos incidentes solo han servido para retrotraer las relaciones a su punto más bajo desde el 17 de diciembre de 2014 y complacer a un sector político anticubano encabezado por los senadores Marco Rubio y Robert Menéndez, quienes se muestran reacios a cualquier tipo de acercamiento bilateral.

De momento, persisten voces en Estados Unidos de grupos como Engage Cuba y Pastores por la Paz, favorables a mantener y expandir el acercamiento económico y político y evitar volver a la política de aislacionismo sostenida durante medio siglo.

Pese a todo lo anterior, compañías de cruceros y aerolíneas estadounidenses mantuvieron los viajes al país insular y contribuyeron al sostenido incremento en el número de visitantes de la nación norteña desde el restablecimiento de relaciones en julio de 2015.

Debe recordarse que las leyes estadounidenses impiden a sus nacionales viajar a Cuba como turistas, por lo cual deben acogerse a una de las 12 categorías aprobadas durante la administración Obama y que, de manera general, han sido mantenidas por Trump con algunas modificaciones.

Según la directora general para Estados Unidos de la Cancillería, Josefina Vidal, en 2017 viajaron a Cuba 619.523 estadounidenses, para un incremento de 217,4 por ciento con respecto al año anterior.

Asimismo, visitaron la isla 453.905 cubanos residentes en Estados Unidos, un aumento de 137,8 por ciento con respecto a 2016, informó la funcionaria a través de su cuenta en Twitter.

En total, desde aquel país llegaron 1.173.428 visitantes durante el año, precisó.

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Migración: cancelación de ventajas y flexibilización de normas

Para muchos, la emigración cubana en y hacia Estados Unidos fue la gran perdedora tras el retorno de la hostilidad y desconfianza a las relaciones entre ambos gobiernos.

Pero también es cierto que, cuando en la Casa Blanca todavía pernoctaba la administración Obama, quedó trunco el sueño de miles de cubanos de encontrar trabajo y domicilio en aquel país, al amparo de exclusivos privilegios migratorios.

El 12 de enero, el mandatario demócrata puso fin a la política “pies secos/ pies mojados” que otorgaba estatus de residencia legal a los cubanos que llegan sin visas a Estados Unidos.

También rescindió el Programa de Inmigración Profesional para Médicos Cubanos, conocido como The Cuban Medical Professional Parole Program, e iniciado por el presidente George W. Bush en 2006.

A juicio de la parte cubana, los cambios constituyeron otro paso importante en la normalización de la relación migratoria entre los dos países, con el objetivo de garantizar una migración regular, segura y ordenada entre ambos.

Varios actores de la sociedad civil, como por ejemplo la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, pidió que se buscaran “caminos de solución conforme a la justicia” para los inmigrantes cubanos “en esta crítica situación”.

Sin embargo, la sorpresiva directiva presidencial dejó en un limbo a miles de cubanos que se encontraban en Centroamérica y México, en tránsito hacia Estados Unidos, y que desde noviembre de 2015 protagonizaban una crisis migratoria.

La decisión supuso un cambio fundamental en las relaciones migratorias, cuyo efecto inmediato fue la reducción drástica del número de emigrantes nacionales que intentaron llegar a Estados Unidos durante 2017.

Para complicar aún más el panorama, la administración Trump suspendió el 29 de septiembre el proceso de visados para residentes de la isla, al ordenar la salida de más de la mitad de su personal diplomático en La Habana, escudado en los ataques sónicos.

Sigue la emigración irregular

Según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, en el año fiscal 2017 (desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017), llegaron 15.410 cubanos de manera irregular por la frontera con México. La mayoría logró entrar al país antes de decretarse el fin de la política pies secos-pies mojados, el 12 de enero.

La cifra representa alrededor de 35 por ciento de los 41.523 que arribaron por idéntica vía durante el año fiscal 2016, comparó dicha instancia.

La Guardia Costera apuntó que en el año fiscal 2017 fueron interceptados 1.934 cubanos que intentaron entrar ilegalmente en Estados Unidos por vía marítima. La cifra resulta muy inferior a los 7.411 cubanos capturados durante el año fiscal 2016 y los 4.473 del año fiscal 2015, cuando se disparó la llegada de los llamados balseros, ante la incertidumbre por un posible cambio de la política migratoria.

Como solución, el Departamento de Estado propuso que los cubanos usaran los servicios consulares en Colombia, lo cual encarece aún más los trámites para viajar legalmente a Estados Unidos.

La misión de Washington en La Habana informó, a través de su página de Facebook, que entre las personas de nacionalidad cubana residentes en la isla que deberán viajar a Bogotá “previa notificación”  figuran quienes solicitan visas de inmigrante para prometidos, familiares de ciudadanos estadounidenses o las personas que ganaron una de las visas de la llamada “lotería” (visas de la diversidad).

Cuba deploró “la paralización de los trámites de los ciudadanos cubanos para emigrar o visitar Estados Unidos, los cuales han sido transferidos a terceros países, haciéndolos totalmente inviables”.

Al calor de esta situación, y tras un encuentro con representantes de la emigración en Estados Unidos -donde residen poco más de dos millones de personas de origen cubano-, el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez anunció el 28 de octubre, en Washington, un paquete de medidas migratorias.

Bienvenidas por unos y consideradas aún insuficientes por varios actores civiles, las disposiciones vigentes a partir del primero de enero de 2018 “forman parte del continuo e irreversible proceso de actualización que en este sentido vive el país desde enero del 2013”, defendieron las autoridades.

De manera adicional, el jefe de la Aduana General de la República efectuó modificaciones al reglamento de esa entidad relacionado con el proceso de despacho de las embarcaciones de recreo extranjeras en las Marinas habilitadas.

Cuba vs bloqueo

Principales cambios dispuestos por Cuba en su política migratoria y aduanera en 2017:

  • Eliminación de la “habilitación” del pasaporte para los viajes a Cuba de los emigrados cubanos, un requisito que facultaba a emigrados a entrar al país sin trámites adicionales.
  • Se autorizó la entrada y salida a Cuba de ciudadanos cubanos residentes en el exterior en embarcaciones de recreo, a través de las Marinas Turísticas Internacionales Hemingway y Gaviota-Varadero.
  • Quedó establecido el permiso de entrada al país de los ciudadanos cubanos que salieron ilegalmente, con excepción de aquellos que lo hicieron a través de la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, en el oriente del país.
  • Eliminación del requisito de avecindamiento para que los hijos de cubanos residentes en el exterior, que hayan nacido en el extranjero, puedan obtener la ciudadanía cubana y su documento de identidad.
  • Autorización de la importación temporal de vehículos automotores que arriben a bordo de las embarcaciones de recreo, “solo a los yatistas extranjeros”.

Por vigésima sexta ocasión consecutiva, Cuba presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución que desde 1992 exige el fin del bloqueo de Estados Unidos.

La mayor de las Antillas recibió el espaldarazo de 191 de las 193 naciones con asiento en el organismo multilateral, con la sola oposición de Israel y Estados Unidos que, un año antes, se habían abstenido al calor del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington, en julio de 2015.

Sin embargo, en 2017 volvieron a aflorar en el plenario las posiciones irreconciliables de antaño, algo que la Asamblea General pudo constatar en los discursos de la embajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley y del canciller cubano Bruno Rodríguez.

Ambos oradores basaron sus intervenciones en la justificación/rechazo de la persistencia del bloqueo a partir de conceptos como respeto de los derechos humanos, sistema democrático y electoral, soberanía, autodeterminación e independencia nacional.

El informe cubano insistió en que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de cubanas y cubanos y califica como acto de genocidio.

Como cada año, la presentación del documento estuvo precedida por el despliegue en los medios de comunicación estatales, así como en plataformas digitales y vallas informativas, de una campaña en contra de la unilateral política de Washington.

No obstante, la intensidad de dichas acciones cedió su visibilidad mediática ante la prioridad que supuso el impacto y posteriores acciones de recuperación tras el paso del huracán Irma.

Aún así, organizaciones de la sociedad civil y cubanos residentes en el exterior emitieron disímiles declaraciones en apoyo a la causa cubana.

Homenajes a Fidel Castro

El 2 de enero, cientos de miles de personas protagonizaron un desfile cívico-militar en la capitalina Plaza de la Revolución por el aniversario 60 del desembarco del yate Granma y la fundación del Ejército Rebelde, que luego devino Fuerzas Armadas Revolucionarias (Ejército).

Según el informe cubano, el bloqueo provocó desde 1962 perjuicios cuantificables por más de 130.178,6 millones de dólares y, en el período abril de 2016 a junio de 2017, causó pérdidas al país caribeño de alrededor de 4.305,4 millones de dólares.

El texto advirtió que se mantienen las dimensiones financiera y extraterritorial de la ley, con la imposición de multas a cuatro compañías foráneas que tuvieron relaciones comerciales con Cuba, y el rechazo o negativa de bancos e instituciones financieras internacionales a realizar operaciones con la isla por el temor de ser multados.

La parada militar debió ocurrir el 2 de diciembre de 2016, mas fue reprogramada debido al duelo, honras fúnebres, peregrinación y depósito de las cenizas de Fidel Castro (1926-2016) en el cementerio Santa Ifigenia, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba.

Si bien el Parlamento aprobó una ley que prohíbe el uso del nombre de Fidel en espacios públicos y de su imagen para erigir monumentos, las autoridades no escatimaron espacios televisivos, radiales o de la prensa escrita y digital, para insistir en el pensamiento y obra del estadista que marcó el devenir de la isla caribeña en el último medio siglo.

Asimismo, se sucedieron reuniones, actos políticos y culturales, veladas artísticas, exposiciones, congresos, conferencias, paneles, presentaciones de libros, festivales y talleres de distintas ramas de la ciencia, la técnica, la economía o la política dedicados a su figura.

Para muchos, tal insistencia intenta capitalizar su innegable prestigio político, avalar el proceso de reformas económicas que impulsa el gobierno del presidente Raúl Castro y atraer la atención de las nuevas generaciones que apenas conocieron de su influjo a través de largos discursos y contacto directo con la población.

Además, el 10 de octubre, al conmemorarse el aniversario 149 del inicio de la primera de las guerras de independencia (1868-1878), fueron trasladados los nichos con los restos de Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874) y Mariana Grajales (1815-1893), considerados el padre y madre de la Patria, respectivamente, hacia una zona muy próxima al monolito donde descansa Castro.

Para algunos ciudadanos, la decisión busca garantizar la veneración del líder de la revolución cubana de 1959  junto a los grandes héroes de la Patria y el Héroe Nacional José Martí (1853-1895).

Lo que el viento (de Irma) se llevó…

Del 8 al 10 de septiembre, los poderosos vientos del huracán Irma –que por momentos alcanzaron los 290 kilómetros por hora-, soplaron prácticamente por toda la costa norte e impactaron con mayor o menor envergadura en 12 de las 15 provincias del país.

Especialistas lo consideraron como la tormenta más fuerte formada en la cuenca del océano Atlántico y el mar Caribe y uno de los 10 más intensos registrados en el mundo.

Su paso dejó un saldo de 10 víctimas fatales y graves daños en viviendas, la agricultura y el estratégico sector del turismo.

Precisamente en la parte septentrional se localiza el grueso de la planta hotelera nacional, incluidos los polos turísticos más importantes como Guardalavaca, la cayería de Jardines del Rey, Varadero y La Habana, y todos sufrieron afectaciones.

Ante la proximidad de la denominada temporada alta –a partir del primero de noviembre-, las autoridades priorizaron el restablecimiento de estas zonas imprescindibles en la captación de divisas.

Daños de Irma en la capital cubana.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Aunque provincias del centro del país fueron las más golpeadas por el meteoro, la capital reportó la mayor cantidad de fallecidos –siete-, fuertes penetraciones del mar e importantes daños en la vivienda, debido al sostenido deterioro del fondo habitacional.

Como en otras ocasiones, cubanas y cubanos mostraron su solidaridad y acogieron en sus casas a familiares, vecinos y amigos durante el embate del temporal, lo cual contrastó con hechos vandálicos, irresponsabilidad de funcionarios públicos en la protección de bienes y protestas en algunas calles de la capital cubana.

Los fuertes vientos, lluvias y marejadas ocasionaron severos daños e incluso modificaron el aspecto de parques nacionales y ecosistemas como manglares, bosques naturales y playas.

Entre las medidas aprobadas por el gobierno para ayudar a los damnificados estuvo la entrega gratuita a las personas más vulnerables y venta subsidiada de materiales de construcción a quienes perdieron total o parcialmente sus viviendas, el otorgamiento de créditos a bajos intereses y pagaderos en 15 años, y la venta de alimentos adicionales a la canasta mensual subsidiada.

Asimismo, se impulsaron iniciativas como la producción local de materiales de la construcción, como la vía más efectiva para solucionar las miles de viviendas afectadas.

Ello se vio complementado por la asistencia del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba, que permitió a más de 637.000 residentes en las zonas más severamente afectadas recibir asistencia en alimentos y bienes, así como con medicamentos e insumos médicos entregados a instituciones sanitarias.

Además de la ayuda del SNU, Cuba recibió recursos materiales y financieros de países como Venezuela, Rusia, China, Vietnam, Nicaragua, Ecuador, República Dominicana, República Checa y Japón, entre otros.

Incluso, voces ciudadanas propusieron modificar temporalmente la Ley de Impuestos en la Aduana General de la República, como otra posible acción estatal que podría ayudar en la recuperación de los severos daños a la infraestructura, pero la iniciativa no fructificó.

Huracanes como Irma confirman la realidad del cambio climático y de la paulatina elevación de las temperaturas promedio anuales, las cuales tienden a favorecer la formación de organismos ciclónicos cada vez más potentes.

Ante tal panorama, el gobierno cubano deberá aumentar las previsiones para proteger las ciudades y construir viviendas y edificaciones más seguras y resistentes a fuertes vientos y lluvias intensas.

Unido a ello, prosiguió la recuperación en las orientales provincias de Guantánamo y Holguín, azotadas en octubre de 2016 por el también potente huracán Matthew y cuyas consecuencias aún se padecen.

A la búsqueda de soluciones locales se sumó el aporte del resto de las provincias cubanas, los residentes cubanos en el exterior y la cooperación internacional.

Solo la ONU ejecuta un plan que aspira movilizar 26.500.000 millones de dólares para enfrentar las necesidades urgentes de casi 650.000 guantanameros y holguineros.

Irma en algunas cifras:

Daños totales: 13.000 millones de pesos

Tiempo de impacto directo sobre Cuba: más de 72 horas

Personas en fase de alarma ciclónica simultáneamente: 10.000.000

Personas protegidas: 1.800.00 (16 % de la población)

Personas sin suministro de agua: 3.100.00 en una primera etapa

Provincias afectadas: 12 de las 15

Viviendas dañadas: 158.554

Centros de salud con daños: 980

Centros de educación afectados: 2.264

Superficie de cultivos dañados: 95.000 hectáreas

Teléfonos fijos interrumpidos: 246.707 líneas

Viales dañados: 537 kilómetros.

Sistema Electroenergético Nacional: colapsó totalmente

Fuente: Informe de la ONU a los tres meses del paso de huracán Irma por Cuba

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Cuba y la UE abren puertas a nueva relación

El primero de noviembre entró en vigor el primer Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) entre Cuba y la Unión Europea (UE), firmado en Bruselas el 12 de diciembre de 2016 por el canciller Bruno Rodríguez y la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini.

Las negociaciones iniciaron en abril de 2014 y se extendieron durante siete rondas de diálogo. El 5 de julio de 2017 el Parlamento Europeo dio luz verde al acuerdo.

El país antillano era el único de América Latina que carecía de un marco legal para desarrollar su diálogo y cooperación con el Grupo de los 28. Durante casi dos décadas, la llamada Posición Común (1996) condicionó la cooperación a mejoras de los derechos humanos en Cuba.

La Habana consideraba “injerencista” y “discriminatoria” esa política, que intentaba además “favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista”.

“La UE y Cuba están verdaderamente pasando una página, y un nuevo capítulo de nuestra asociación comienza ahora con la aplicación provisional de nuestro nuevo acuerdo”, declaró en un comunicado Mogherini.

Con la implementación provisional de este Acuerdo, que entrará en vigor de manera plena una vez que concluya el proceso de ratificación por todas las Partes, las relaciones entre la Unión Europea y Cuba se desarrollarán, por primera vez, bajo un marco contractual que reafirma las bases de respeto, de observancia del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, indicó la Cancillería cubana en un comunicado.

El PDCA dispone la consolidación y reforzamiento de las relaciones bilaterales en los ámbitos del diálogo político, la cooperación y el comercio, sobre la base del respeto mutuo, la reciprocidad, el interés común y el respeto de la soberanía.

Las relaciones se orientarán a respaldar el proceso de modernización de la economía y la sociedad cubanas, así como a cooperar bilateralmente y en los foros internacionales con vistas a fortalecer la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la discriminación, y a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Asimismo, ampara el desarrollo de más vínculos políticos, sociales, financieros, científicos, académicos, deportivos y de cooperación

Para la isla, con un muy discreto crecimiento de apenas 1,3 por ciento del PIB en 2017, el mecanismo facilita convenios comerciales y de colaboración, así como insuflar un poco de oxígeno a la economía cubana, aquejada de una endémica crisis desde principios de la década de 1990.

A fines de año, el bloque de los 28 desplazó a Venezuela, que durante años fue el primer socio comercial de La Habana, además de ser también el mayor inversor extranjero en el país y el punto de origen de un tercio de los turistas que recibe, según datos oficiales.

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) se divide en tres capítulos: Diálogo Político, que aborda cuestiones como gobernabilidad, derechos humanos, estabilidad y seguridad internacional y regional y armas de destrucción masiva, entre otros; Cooperación, un segmento más amplio sobre los sectores para este fin; y Economía y Comercio.

Se aplicará de forma completa cuando lo hayan ratificado todos los parlamentos nacionales de los 28 Estados del bloque europeo. El rechazo de alguno pondría fin al acuerdo.

Relaciones internacionales

La política exterior cubana mantuvo una activa participación en foros internacionales y su tradicional postura de defensa del multilateralismo en espacios como Naciones Unidas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom), donde abogó además por fortalecer y ampliar la cooperación Sur-Sur.

Punta Cana, República Dominicana, acogió los días 26 y 27 de enero la VI Cumbre de la Celac, donde se rindió homenaje a Fidel Castro, por su contribución a la integración latinoamericana y su papel en la unión regional.

De las 20 declaraciones especiales, dos se refirieron a Cuba, relacionadas con la devolución de la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo y la eliminación del bloqueo económico impuesto por Washington.

El 11 de marzo sesionaron en la capital cubana la XXII Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la V Reunión Ministerial Caricom-Cuba, citas que apostaron por relanzar la cooperación, el comercio y el transporte entre las economías de la región.

Como aspecto esencial se entregó el segundo Acuerdo de comercio y cooperación económica entre la Mancomunidad del Caribe y Cuba, el cónclave común insistió en lograr que las relaciones económicas y de cooperación entre la mayor de las Antillas y Caricom sean “un proceso de dos vías”.

El documento amplía las preferencias arancelarias otorgadas en 2000 a la Mancomunidad, incluyendo 340 nuevos productos caribeños con libre acceso al mercado nacional, mientras ellos otorgan preferencias a 85 de la parte cubana.

En la declaración final, los ministros ratificaron la necesidad de continuar fortaleciendo la cooperación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas mediante la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y todas sus metas.

Asimismo, el presidente Raúl Castro participó el 8 de diciembre en la VI Cumbre de líderes Caricom-Cuba, en Saint Mary´s, Antigua y Barbuda, donde los 15 líderes asistentes acordaron promocionar el turismo sostenible y multidestino y cumplir el Acuerdo de París (2015) sobre cambio climático, entre otros compromisos.

La ocasión sirvió para la firma de un protocolo entre la Agencia de Manejo de Emergencias en Desastres del Caribe (CDEMA) y la Defensa Civil de Cuba, para proyectar colaboraciones ante la ocurrencia de desastres naturales.

Posteriormente, el mandatario cubano efectuó una visita oficial al pequeño país insular, donde se reunió con el primer ministro Gaston Browne e importantes dirigentes locales.

Ambos dignatarios firmaron una declaración conjunta de amistad y cooperación, en la que reiteraron la preocupación por los efectos negativos de los desastres naturales y reafirmaron la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Una brigada de linieros y otra de personal de la salud viajaron a esa nación del Caribe oriental en septiembre, poco después del paso del huracán Irma, que destrozó al menos 90 por ciento de las infraestructuras de Barbuda.

A lo largo del año, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Parlamento emitieron varios comunicados donde reafirmaron su respaldo al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, ante lo que calificaron como “una grave escalada de violencia interna e intervención internacional”.

Pese al cambio del mapa geopolítico de Latinoamérica, poco favorable a los gobiernos de orientación progresista y de izquierda, Cuba defendió la viabilidad de mecanismos de integración como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), fundado el 14 de diciembre de 2004 por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez (1954-2013).

Con motivo del aniversario del ALBA-TCP, sesionó en La Habana la XVIII reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela, en la cual funcionarios suscribieron el Plan anual de Cooperación para 2018.

Este incluye 27 nuevos proyectos en nueve programas de intercambio en los servicios sanitarios, el suministro de medicamentos, la formación de talento humano y la promoción cultural y deportiva.

Cuba abogó por estrechar aún más sus relaciones con Rusia, como lo confirmó el encuentro del 21 de septiembre entre los cancilleres Bruno Rodríguez y Serguéi Lavrov, durante el 72 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, cuando ambos evaluaron el fortalecimiento de los nexos estratégicos entre los dos países.

Asimismo, la nación euroasiática se convirtió en un importante suministrador de combustibles y socio en la búsqueda de nuevos yacimientos petrolíferos en la isla, lo cual alivia las dificultades ante la disminución en los envíos de petróleo desde Venezuela.

Rusia acrecienta su importancia en Cuba

  • Datos del Sistema Federal de Aduanas de Rusia reflejan que el intercambio comercial con Cuba ascendió a 176,2 millones de dólares durante el primer semestre de 2017, un incremento de 72,9 por ciento respecto a igual período del año anterior.
  • Más de 100.000 rusos visitaron Cuba como turistas en 2017, un crecimiento de 67 por ciento respecto a 2016, un nuevo récord que sitúa a ese país entre los 10 principales mercados emisores de viajeros a la nación insular.
  • Moscú aporta 1.500.000 de dólares -uno de los principales aportadores de financiamiento- en proyectos de la ONU para la recuperación por el paso del huracán Matthew. También se comprometió a apoyar las labores de recuperación tras los destrozos causados por Irma.
  • Rosneft, la mayor petrolera de Rusia, inició en mayo de 2017 el envío a la isla de 250.000 toneladas de petróleo y combustible diesel (unos 2.000.000 de barriles), en virtud de un contrato con la empresa cubana Cubametales. El presidente de la empresa, Igor Sechin, fue recibido el 16 de diciembre por el presidente Raúl Castro.

Cuba figuró entre los Estados pioneros que el 20 de septiembre firmaron el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, valorado como “un paso de avance fundamental hacia el desarme nuclear” y que “contribuirá de forma significativa a alcanzar un mundo libre de armas nucleares”.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó la declaración unilateral por parte del presidente Donald Trump de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel, el 6 de diciembre.

Bitácora opositora

Algunos hechos y figuras más importantes vinculadas al sector opositor en el año que concluyó:

Rosa María Payá

Coordinadora de la plataforma ciudadana Cuba Decide, iniciativa que pide la celebración de un plebiscito vinculante para que los cubanos puedan expresarse y decidir sobre un “cambio a un sistema democrático que respete la pluralidad de la sociedad cubana”. Payá es también líder de la Red Latinoamericana Jóvenes, integrada por organizaciones juveniles en 20 países de la región. En febrero, la entidad organizó la entrega en La Habana del Premio Oswaldo Payá, Libertad y Vida, que en su primera edición fue conferido al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El gobierno negó la entrada al país de Almagro y otras figuras como el expresidente mexicano Felipe Calderón y la exministra chilena Mariana Aylwin, hija del fallecido expresidente chileno Patricio Aylwin.

Luis Manuel Otero Alcántara

Joven artista independiente que el 22 de abril efectuó un performance donde llamó la atención sobre la retirada del busto del líder estudiantil Julio Antonio Mella (1903-1929) de los predios donde se inauguró el primer hotel de lujo de Cuba, el Manzana Kempinski, en la capital.

Convocó a la celebración, en mayo de 2018 de la Bienal 00, evento alternativo ante la postergación de la XIII Bienal de La Habana debido a los daños ocasionados por el huracán Irma en el sistema de instituciones de la Isla.

También presentó un “monumento imposible” para Fidel Castro, con su propia visión del líder revolucionario.

Otra de sus acciones artísticas fue “Juego de Tronos: Elecciones Cuba 2018”, que parodió un tráiler de la afamada serie de HBO en la cual propuso 14 posibles candidatos, que incluyen a opositores y representantes del gobierno, para que los cubanos eligieran un presidente.

Ha sido detenido en varias ocasiones, al igual que su pareja, la historiadora del Arte Yanelys Núñez.

Una de sus últimas actividades de 2017 fue una peregrinación al Santuario del Rincón, por “la libertad y la democracia en Cuba”.

 Tania Bruguera

Artista y creadora en 2015 del Instituto internacional de artivismo Hannah Arendt (Instar), entidad que en noviembre inició sus actividades con una conferencia y luego talleres relacionados con el arte y el activismo, a lo largo de una semana cada mes. Respaldó la celebración de la Bienal 00.

 #Otro18

Plataforma ciudadana que intentó postular a unos 170 candidatos independientes a las elecciones para elegir delegados a las Asambleas municipales del Poder Popular, aunque finalmente no lo logró. Durante el proceso electoral acusaron a las autoridades de una campaña de intimidación, arrestos temporales, el decomiso de bienes de los opositores y hasta la persuasión de los electores para que no votaran por los candidatos independientes.

 Damas de Blanco y #TodosMarchamos

Integrantes del grupo Damas de Blanco continúan desarrollando cada domingo la campaña #TodosMarchamos, iniciativa que impulsa el Foro por los Derechos y Libertades (ForoDyL) -integrado por diferentes formaciones opositoras- y que busca, entre otros objetivos, defender su derecho a la manifestación pública.

Unión Patriótica de Cuba (Unpacu)

Cifra en más de 500 las detenciones arbitrarias documentadas en 2017 contra sus integrantes. Asimismo, refiere la detención de 17 activistas condenados a prisión por negarse a pagar multas y contabiliza 73 allanamientos a viviendas de sus miembros.

Miguel Coyula

Denunció en abril acciones de la Seguridad del Estado para impedir la presentación del documental Nadie (2016), centrado en la vida del poeta Rafael Alcides (1933) y que obtuvo el premio al Mejor Documental durante su estreno internacional en el Festival de Cine Global Dominicano, en enero de 2017.

 Periodistas independientes

Han denunciado detenciones, amenazas, registros y confiscaciones de medios de trabajo, además de la prohibición de viajar al exterior.

 Los cubanos vuelven a las urnas

Desde mediados de año comenzó el proceso de nominación de candidatos para delegados del Poder popular (concejales). Previstos inicialmente para el 22 de octubre, los comicios debieron ser postergados hasta el 26 de noviembre y 3 de diciembre (segunda vuelta), debido a las afectaciones del huracán Irma.

Las elecciones remozaron los 168 gobiernos municipales, que hoy tienen mayores cuotas de poder gracias a presupuestos propios y nuevas prerrogativas otorgadas por las reformas iniciadas en 2008.

Críticos del sistema político de Cuba reclaman que, para que el modelo electoral sea válido, se deben permitir candidatos de la oposición a fin de que existan alternativas para los electores.

Pero medios oficiales siguen defendiendo que el modelo comicial cubano es más democrático por la masiva participación ciudadana, la calidad de los candidatos y la ausencia de campañas electorales.

Sobresalió el importante papel desempeñado por las mujeres. De las cerca de 200.000 autoridades electorales, la participación femenina fue superior al 69 por ciento.

Asimismo, fueron nominados 5.307 jóvenes, mientras otros 12.000 chicas y chicos participaron en el proceso electoral como colaboradores.

Las elecciones fueron observadas con especial atención, pues luego de esta primera etapa electoral, el sistema cubano establece una segunda fase para elegir en sufragio directo a las y los representantes en los gobiernos provinciales y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral).

Una vez constituido, el parlamento elige de entre sus integrantes al Consejo de Estado, integrado por un presidente, un primer vicepresidente, cinco vicepresidentes, un secretario y 23 miembros más, para un mandato de cinco años.

El 21 de diciembre, el presidente Raúl Castro confirmó que su salida de la presidencia del Consejo de Estado y de Ministros –máximos órganos ejecutivos- se postergaría hasta el 19 de abril de 2018, en vez del 24 de febrero como se había anunciado, debido a los cambios en el cronograma electoral provocados por el huracán Irma.

Durante el VI Congreso del PCC (2011), se acordó limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años la permanencia de los principales cargos estatales y gubernamentales y se estableció topes de edad para ocuparlos (60 años en el comité central del PCC y 70 en cargos de dirección). Raúl Castro tiene 86 años.

Pero esa y otras reformas requieren modificar la Constitución mediante un referendo anunciado, pero del cual apenas se habla en los medios de prensa oficiales.

Sigue ausente la prometida reforma constitucional

Vigente desde 1976, la actual ley fundamental fue reformada parcialmente por última vez en 2002, cuando se proclamó mediante plebiscito la irreversibilidad del carácter socialista de la Revolución.

Existe consenso sobre la necesidad de reformar la Carta Magna, con más de 40 años, a fin de impulsar y amparar legalmente muchas de las reformas económicas iniciadas en 2008.

El silencio oficial al respecto fue roto el 31 de marzo por José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien reconoció que el proceso no había comenzado aún.

La ley más significativa aprobada por diputadas y diputados en los últimos 12 meses fue la de Aguas Terrestres.

Funcionarios, especialistas y ciudadanos critican la lentitud del programa de reformas económicas y fuertes implicaciones políticas impulsado desde 2008, entre otros factores, por la ausencia de un asidero constitucional que las avale.

A juicio de muchos, las modificaciones deberían revisar a profundidad el sistema legislativo y los poderes para lograr un país más acorde a los tiempos actuales y futuros, sin perder el carácter humano, solidario y de compromiso con el pueblo, luchando constantemente contra la corrupción y bajo una sombrilla de transparencia real a todos los niveles.

Asimismo, proponen que los cambios sean aprobados por voto directo y secreto, así como las elecciones en todas las instancias.

Reclaman que la nueva Constitución refuerce la defensa de los derechos del ciudadano, para lo cual exhortan a analizar las experiencias de procesos de la izquierda latinoamericana, donde se crearon instrumentos como las Defensorías del Pueblo.

La aprobación de una ley de Cine, de Prensa y de Comunicación, así como los nuevos Código Civil y de Familia son algunas iniciativas que sectores y organizaciones de la sociedad civil reclaman con insistencia.

Otro pedido frecuente es el reconocimiento legal de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en Cuba, el matrimonio igualitario, la adopción y cuidado de menores por parte de familias no heteronormativas, así como la identificación basada en la identidad de género.

Las elecciones de noviembre en cifras:

Personas con derecho al sufragio: 8.855.213

Personas que ejercieron el voto: 7.610 183

Porcentaje: 89,02 por ciento

Boletas válidas: 91,79 por ciento

Boletas en blanco: 4,12

Boletas nulas: 4,07

Delegados electos en primera vuelta: 11.415

Circunscripciones a segunda vuelta: 1.100

Conclusiones

Cuba está abocada a un cambio generacional en sus principales estructuras de Estado y Gobierno. Durante 2018 los cubanos serán testigos de una renovación significativa en la composición del Parlamento y un nuevo presidente tomará las riendas de este país insular de 11,2 millones de habitantes.

Sin embargo, al nuevo ejecutivo le esperan grandes desafíos, el más complejo de los cuales quizás sea la refundación del pacto social y la proyección de un estilo de gobierno que por primera vez en seis décadas no estará vinculado al carisma y los méritos militares, como ocurrió con la denominada generación histórica, en franco proceso de retiro.

En este sentido, será indispensable que la ciudadanía advierta un real y efectivo cumplimiento de la estrategia de gobierno que en forma de lineamientos fueron aprobados en 2011, y revisados y ampliados en 2016.

Su plena aplicación se ha visto demorada por errores, así como excesivo burocratismo y formalismo en las estructuras de dirección, lo cual ha redundado en numerosos reclamos para concretar las acciones que, por consenso popular, deberían enrumbar la estrategia de desarrollo del país y aumentar el bienestar social en las próximas décadas.

En este sentido, resultarán vitales políticas que estimulen el crecimiento económico, incrementen la productividad laboral y acaben de incluir de manera orgánica al emergente sector privado que sigue siendo visto con recelo y no como un actor esencial para superar la crisis económica iniciada en 1990.

En lo inmediato, el gobierno que resulte elegido deberá lidiar con el desabastecimiento y encarecimiento de productos en los mercados, las distorsiones económicas que provoca la doble moneda, así como el proceso de recuperación tras el paso de los recientes huracanes.

A ello habrá que añadirle las maneras de sortear los efectos de cada vez más devastadoras tormentas y eventos climáticos extremos, lo que impactará inevitablemente en cualquier plan económico y de desarrollo, mientras pondrá a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades para mitigar los efectos adversos.

Reducir el déficit de vivienda, frenar el deterioro del fondo habitacional y elevar el poder adquisitivo de los salarios figuran también entre los reclamos más urgentes.

Al unísono, el nuevo gobierno cubano confrontará una administración estadounidense empeñada en volver a las estrategias de confrontación de la Guerra Fría y el reforzamiento del bloqueo, lo cual plantea desafíos en cuanto a la convivencia pacífica y la defensa nacional.

Aunque al parecer La Habana y Washington mantendrán los diálogos sobre asuntos como ciberseguridad, lucha contra la trata de personas, antiterrorismo y otros similares; las intenciones de intercambio comercial deberán esperar por tiempos mejores.

El reforzamiento de vínculos con aliados estratégicos como Rusia, China y la defensa de la Revolución Bolivariana en Venezuela serán otras de las prioridades para Cuba, además de continuar abogando en foros internacionales por el fin del bloqueo de Estados Unidos.

Adicionalmente, el nuevo Parlamento deberá esforzarse en dinamizar sus estilos de trabajo e impulsar postergados proyectos legislativos de largo reclamo ciudadano.

Por último, las autoridades priorizarán, seguramente, la celebración del aniversario 60 de las acciones militares que contribuyeron al derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista (1901-1973), como preámbulo por los festejos de las seis décadas del triunfo de la revolución de 1959. (2018)

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