Activistas indagan sobre omisión en ley laboral

Proyecto Arcoíris, Ramón Silverio y Mariela Castro se han pronunciado también en contra de que siga desprotegida la población trans en el Código del Trabajo.

Jorge Luis Baños - IPS

Las personas trans tienen poco acceso al empleo por causas vinculadas a la discriminación, según Cenesex

La Habana, 9 jul.- Activistas por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) pasaron de las declaraciones en Internet a las pesquisas concretas para tratar de esclarecer por qué el nuevo Código de Trabajo omitió la identidad de género entre los motivos por los que no se puede discriminar en el ámbito laboral.

El periodista gay Francisco Rodríguez publicó este lunes en su blog Paquito el de Cuba sus averiguaciones al respecto con las autoridades locales durante la última sesión ordinaria del parlamento, desarrollada el pasado 5 de julio.

Rodríguez aseguró que conversó entonces sobre el problema con la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González.
De memoria, el bloguero reprodujo en su bitácora las palabras que dijo sostener con González.

El también profesor universitario reveló que la titular de Trabajo “consideró que no era pertinente incluir tal mención, porque era otorgar un derecho que no sería posible hacer cumplir, porque no existe una definición jurídica previa sobre ese tema en la legislación cubana”.

“Sería necesario que existiera una Ley de Identidad de Género, o tal vez incluir la definición del tema en el Código de Familia, para poder definir y respaldar ese derecho”, valoró la funcionaria.

También la ministra alegó que las legislaciones de otros países establecen, “en la mayoría de los casos, procedimientos legales y médicos para el reconocimiento del cambio de identidad de género, los cuales deben ser normados”.

González indicó que los casos resueltos en Cuba han requerido de cirugías de readecuación genital y sentencia de los tribunales, sin que incluso exista todavía una vía para corregir las certificaciones de nacimiento.

En respuesta a la afirmación de Rodríguez Cruz sobre las dificultades que sufren las personas trans para hallar empleo, González opinó que las causas no son la discriminación por identidad de género, “sino que están asociadas la mayoría de las veces a otros problemas de conducta y disciplina”.

Según el bloguero, la ministra calificó de muy complejo el asunto porque la inclusión de las personas trans pasa por decidir “a qué baño entra o no una persona” y las consecuencias de “tener en una escuela a alguien al frente de un aula que hoy sea hombre y mañana mujer”.

El nuevo Código del Trabajo fue aprobado en diciembre de 2013, después de un proceso previo de discusión en centros laborales de todo el país. Desde esos espacios, activistas LGBTI propusieron amparar específicamente el derecho al empleo de las personas no heterosexuales y portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causante del sida.

Incluso en los fragmentos de los debates del conclave transmitidos en diciembre pasado, la teleaudiencia vio a la diputada Mariela Castro Espín sugerir modificaciones en el proyecto de ley para proteger los derechos de las personas LGBTI, usar un lenguaje inclusivo, así como otros elementos alusivos al estatus al VIH/sida y la identidad de género.

Algunas voces de la cámara apoyaron mientras otras replicaron la propuesta de Castro Espín. Trascendió después que en la comisión de estilo para revisar el texto se incluirían los añadidos apuntados por la sexóloga.

Pero en junio pasado, cuando se publicó la letra final del documento, el activismo comenzó a pedir cuentas a las autoridades por la omisión de la identidad de género y el estatus al VIH/sida.

Rodríguez, como periodista del semanario Trabajadores, tuvo acceso a la última cita parlamentaria.

Allí escuchó a José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, cuando explicó en una sesión de ese grupo que la decisión de adicionar o modificar elementos de contenido en la ley laboral no le compete a la comisión de estilo.

Sin embargo, para la Ministra del Trabajo y otras personas involucradas, de acuerdo con Rodríguez Cruz, tal adición no procedía porque “no fue votada expresamente en el Parlamento”.

El bloguero pertenece al Proyecto Arcoíris, autodenominado anticapitalista e independiente, que desde el pasado 25 de junio espera una respuesta oficial a una carta dirigida a Esteban Lazo, presidente del máximo órgano legislativo.

“Solicitamos una explicación pública sobre los criterios que siguió la mencionada comisión parlamentaria para excluir de la versión final de la Ley No.116 las citadas propuestas de modificación al proyecto de Código de Trabajo”, reclamó la misiva.

También Ramón Silverio, reconocido promotor cultural y director de El Mejunje, un centro inclusivo en la ciudad occidental de Santa Clara, manifestó su inconformidad con la versión definitiva de Ley No. 116, por la exclusión en ella del principio de no discriminación por identidad de género.

Por su parte, Castro Espín, directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual, dijo en un comunicado publicado en el sitio web de esa institución “que la discriminación por identidad de género queda pendiente en nuestra legislación”.

Más de una decena de blogs personales y de grupos sociales, así como medios digitales, se han hecho eco de la polémica.

No obstante, la mayoría de los activistas LGBTI interpretan la nueva ley laboral como un paso adelante, porque sí reconoce y prohíbe expresamente la discriminación en el trabajo por género y orientación sexual, entre otros motivos. (2014)

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