Artículo cubano revisa asuntos pendientes en derecho a la información

En 2013 se anunció un Grupo de Trabajo Temporal para la elaboración de la propuesta de política comunicacional del gobierno.

Cuba aún no dispone de una ley de prensa, algo muy reclamado por el gremio en la actualidad.

Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

La Habana, 1 feb.- Cuba necesita una institución autónoma que regule la responsabilidad ciudadana de cuestionar la gestión administrativa, además de fomentar una actitud proactiva y abierta en las instituciones para comunicar la información de interés público.

Ambas recomendaciones están contenidas en el artículo “Apuntes teóricos en torno a los derechos de acceso a la información y a la comunicación de cara a un debate para el contexto cubano”, publicado en Alcance, Revista Cubana de Información y Comunicación, No.13/2017.

Los autores del texto, Dasniel Olivera y Anidelys Rodríguez-Brito, afirman que los derechos a la información y a la comunicación son fundamentales para garantizar la vida en democracia y el ejercicio de otros derechos civiles y políticos, sociales y culturales.

Por ello, los profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, añaden que “un proyecto social anticapitalista –como se ha definido el cubano– debe buscar permanentemente la democratización plena de la información y la comunicación, en tanto herramientas imprescindibles para la participación social y el diálogo”.

En su análisis citan al jurista Michel Fernández, para quien el ejercicio de estos derechos en el país “adolece de una acertada regulación jurídica, ya que por mandato constitucional se debía contar con una ley que los regulara”.

“Ese vacío legislativo se traduce en falta de claridad y de seguridad, ya que no está determinado desde el punto de vista legal hasta dónde puede llegar su ejercicio”, agregan.

Los autores del artículo también recuerdan que, el 7 de julio del 2013, durante una de las sesiones del parlamento unicameral se anunció la creación de un Grupo de Trabajo Temporal para la “elaboración de la propuesta de política comunicacional del gobierno”, que casi un lustro después permanece ausente.

Según lo anunciado, sobresale la apuesta por un concepto integrador de la comunicación social –que incluye el periodismo, la publicidad, la propaganda, la comunicación educativa, las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras-; así como la consideración de la información y la comunicación como derechos, servicios públicos y procesos estratégicos de dirección.

A juicio de los también profesores, resulta destacable que en los documentos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC, único) se constata la alusión explícita a los derechos a la información y a la comunicación, “lo que constituye una ventana de oportunidad para la discusión pública del tema”.

Así, en la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030 es posible encontrar algunas huellas del espíritu que debe caracterizar la futura política comunicacional gubernamental, remarcan.

Insisten en que la legitimidad del modelo político cubano requiere de una apertura a la fiscalización de la gestión gubernamental por parte de la ciudadanía, y el permanente ejercicio de rendición de cuentas por parte de los servidores.

Esto va a hacer “avanzar hacia la realización del principio de que la información pública es un bien público”.

Olivera y Rodríguez-Brito concuerdan en la urgencia de formalizar un marco jurídico que contemple el alcance del acceso a la información, “y donde se explicite claramente qué se entenderá como información de seguridad nacional, para evitar que este asunto se convierta en argumento oportunista para ocultar información pública”.

Se trata de borrar del entramado institucional cubano la actitud “custodial” de la información y devolverle a esta su carácter público, lo que implica una comprensión profunda del rol de “servidores públicos”, al tiempo que se reconozca y legitime el derecho a saber que tiene la ciudadanía, añaden.

En este sentido, reconocen que el derecho de acceso a la información, deberá lidiar con la resistencia de autoridades y empresarios a incorporar la transparencia como componente medular de su gestión, la cultura política de los servidores públicos para rendir cuentas ante la ciudadanía y el compromiso ciudadano para cuestionar y exigir a sus representantes. (2018)

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