La Habana, 25 jun.- Periodistas y voces ciudadanas reiteran que la responsabilidad por la pensión ante divorcios en familias reconstituidas y el derecho a herencia o pago de la seguridad social entre parejas homoparentales, son asuntos conflictivos o sin respaldo en el Código de Familia cubano (1975).

Asimismo, critican la falta de celeridad para actualizar la normativa cuyo anteproyecto de reforma desde hace más de una década espera ser analizada por el parlamento local.

Las opiniones se suscitaron tras la publicación del artículo “Las nuevas construcciones familiares. Desafío para el Derecho (II)”, publicado el 22 de junio en la edición impresa del periódico Granma, órgano oficial del único legal Partido Comunista de Cuba (PCC).

La periodista Yudy Castro entrevistó al abogado Leonardo Pérez quien, en la primera entrega, cuestionó que el Derecho de Familia cubano solo legitime la familia constituida por madre, padre e hijo(s), sin mencionar aquellos núcleos reconstituidos, extendidos (más de una generación bajo un mismo techo) ni los homoafectivos.

Opinó el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, que si bien el Código fue avanzado cuando se promulgó en 1975, “es hoy uno de los más conservadores, tal vez, porque está pensado en un único tipo de familia”.

Pérez apuntó a situaciones en las cuales la normativa carece de asideros legales para dictar normas realmente justas.

Por ejemplo, dijo, una menor de un matrimonio divorciado no puede reclamar una pensión alimenticia a su padrastro, quien la tuvo bajo su amparo durante muchos años y con quien mantiene una relación cordial, porque la ley solo obliga al desembolso al padre biológico con quien apenas tiene contacto.

De igual forma, las parejas homosexuales no pueden formalizar su unión legal, lo cual priva de derechos como beneficios a herencias, propiedades o pensiones, en caso de que uno de los integrantes fallezca.

Lo anterior se vuelve una espada de Damocles, pues “en las rígidas normas de Derecho familiar cubano, sin probar el vínculo conyugal, no hay posibilidad de acudir a la sucesión entre los miembros de una pareja, salvo que hayan de­cidido otorgar testamento. Solo la persona en ese acto puede elegir a su antojo a un he­re­dero”.

Ca­be preguntarse si acaso los derechos de los miembros de las familias aludidas lo son me­nos, por la simple razón de no pertenecer a un modelo de familia nuclear, cuestionó la periodista autora del texto.

Evidentemente, “las nuevas construccio­nes familiares lanzan sobre el Código de Familia cubano un vendaval de desafíos. Y lo hecho hasta ahora, en ese sentido, resulta tímido”, remarcó.

Una ciberlectora identificada como Bárbara Cabrera se mostró partidaria de “regular estas uniones, pero sin llegar a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

“A las uniones de hecho no se les ha dado el papel que realmente tienen, sobre todo cuando se trata de personas del mismo sexo, pues luego de años de convivencia estable y singular, nada más justo que al fallecimiento de uno o la decisión de terminar, se protejan los intereses económicos de aquellos que hoy están desprotegidos”, manifestó.

Por su parte, José sostuvo que “Cuba está bastante atrasada en éste y muchos otros temas que deberían estar resueltos y recogidos legalmente, como la pareja de hecho, el matrimonio homosexual, la adopción, etc.”.

Y Lázaro exhortó a trabajar “y ponernos al día, pues nuestra ley está totalmente obsoleta”, mientras Antonio deseó que “no nos demoremos un quinquenio para acabar de actualizar el Código de Familia”.

A juicio del periodista y bloguero Francisco Rodríguez, “hay que seguir ofreciendo argumentos y ponerles rostro y nombre a estos sufrimientos, para que nuestro pueblo (…), entienda lo injusto que a veces podemos llegar a ser cuando negamos derechos a otras personas por su orientación sexual o identidad de género”.

En su opinión, “para un niño o niña no tiene por qué resultar problemático decir que tiene dos mamás o dos papás: lo que traumatiza es no hallar amor, comprensión y sostén en el hogar”.

Uno de los aspectos más conocidos del anteproyecto está en que propone reconocer legalmente las uniones entre personas del mismo sexo.

No obstante, activistas reclaman que sigue sin determinarse una fecha para que el documento sea discutido en la máxima instancia legislativa. (2016)