Para muchos profesionales cubanos, incluso de las Ciencias Sociales, es muy difícil reconocer que la sociedad cubana es patriarcal. Ante el hecho de que en Cuba las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, que reciben iguales salarios por iguales trabajos, que la mujer cubana suele tener un alto nivel educacional y que cuenta casi con 50 por ciento de representación en el Parlamento (48,86 %), se vuelve difícil identificar que, socialmente, lo masculino continúa teniendo una posición jerárquica sobre lo femenino.

Existen patriarcados de coerción y patriarcados de consenso. En el patriarcado de coerción queda clara la supremacía masculina y de manera abierta, tanto leyes como prácticas sociales, declaran la subordinación femenina. Por su parte, el patriarcado de consenso es el que, de manera oficial, expresa la igualdad entre hombres y mujeres, pero de manera sutil e implícita, sin muchas veces tener conciencia de ello, continúa teniendo una visión androcéntrica de la realidad que sobrevalora lo masculino y discrimina lo femenino. En Cuba existe un patriarcado de consenso y la ideología patriarcal que lo acompaña está en el imaginario social, tanto de hombres como de mujeres.

Este patriarcado de consenso sobrevive y se perpetúa en la sociedad pues, salvo en muy pequeños grupos académicos, en Cuba ni hombres ni mujeres suelen tener conciencia de género y de lo que implica la construcción social de ser educado para ser hombre o mujer.

Que no se reconozca la subordinación simbólica que existe de un género sobre otro (que aunque ocurre desde lo simbólico, en sus consecuencias es real), hace que sea invisible el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres y es este desequilibrio de poder el basamento fundamental para que se den relaciones violentas. En el ámbito de la relación de pareja es donde más se evidencian estas desigualdades, pues si bien las políticas públicas en Cuba han estimulado significativamente la inserción de la mujer en el mundo público, no se ha trabajado con el mismo empeño para estimular al hombre a una relación familiar y paternal más responsable. Lo cual, por supuesto, requeriría mayores esfuerzos, pues desde el imaginario social –y así lo han reflejado nuestros medios de comunicación e instituciones sociales–, los logros alcanzados en el ámbito público son mucho más reconocidos y valorados que los del espacio privado y familiar. Por demás, en la pareja amorosa, el cuerpo femenino históricamente ha sido un espacio sujeto al control.

La situación anteriormente descrita resulta un elemento de vulnerabilidad que propicia la aparición y mantenimiento de muchas manifestaciones de violencia hacia la mujer, sobre todo en el ámbito de la relación de pareja heterosexual. Las que más comúnmente conviven, desde la ignorancia y la invisibilidad, son aquellas del orden de lo psicológico que descansan sobre lo que la cultura considera costumbres y tradiciones naturalizadas por la sociedad.

Aunque en Cuba no es común encontrar datos cuantitativos que reflejen la frecuencia y tipificación de la violencia, recientemente han comenzado a proliferar estudios cualitativos que muestran peculiaridades de su comportamiento. En estudios realizados en Pinar del Río y la ciudad de La Habana, se identifica la presencia de la violencia en la relación de pareja, así como la baja percepción de esta situación por parte de quienes la sufren¹. De la misma manera, en investigaciones realizadas en las provincias centrales con parejas de Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, se constató la existencia de manifestaciones de violencia en una alta proporción².

Aunque es la psicológica la que se identifica, predominantemente, en estas pesquisas, no deja de ser la violencia física y sexual parte de la cotidianeidad de algunas parejas, las cuales se mantienen unidas a pesar de estas condiciones, como lo demuestran estudios realizados en el municipio Cacocum, de la provincia de Holguín³.

En la actualidad, el problema de la violencia contra la mujer es considerado un asunto de derechos humanos que ha llamado la atención a los organismos de las Naciones Unidas y, por tal motivo, se han desarrollado numerosos instrumentos internacionales que la condenan. Cuba también se implica en esta problemática y el gobierno cubano ha demostrado su voluntad política en función de lograr el avance de la situación de la mujer; por eso fue el primer país en firmar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer y el segundo en ratificarla. Además, ya desde la Constitución de la República de Cuba se proclama que «la mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar». Sin embargo, una legislación no es suficiente para cambiar una problemática que tiene sus fundamentos arraigados en la cultura, en un modo de pensar transmitido de generación en generación y que, constantemente, de manera sutil, los medios de difusión masiva refuerzan y reproducen. La situación se vuelve aún más compleja cuando esta ocurre en el seno de la familia, espacio considerado privado y donde es difícil hacer valer o controlar lo que se dicta desde las políticas públicas o se legisla desde lo formal.

En dependencia del vínculo de las personas entre las que se da el acto violento y el estatus del individuo o institución que ejerce la violencia, este se considerará legítimo o no. En la medida que el vínculo se suponga jerárquico y de pertenencia, la relación violenta pudiera asumirse con naturalidad o invisibilizarse. En la pareja puede pasar lo mismo. En la relación conyugal, desde el matrimonio, el padre suele hacer una entrega simbólica de la hija al marido, reflejo de presupuestos y actitudes transmitidos de generación en generación y que ubican a la esposa, desde lo simbólico, como «propiedad» o «pertenencia» del esposo y bajo su tutela, lo que le confiere derechos y autoridad sobre ella.

La acción violenta solo es catalogada como tal según la interpretación y valoración que se haga de ella, en dependencia de los valores e intereses que primen en la sociedad en que se dé y bajo los mismos principios será objeto de censura o aprobación. En el sistema patriarcal, por lo general, se naturaliza el hecho de que la mujer esté simbólicamente subordinada al hombre, sobre todo en el ámbito del matrimonio, lo que trae consigo la estructuración de un sistema de creencias incuestionables que le confieren al esposo la posibilidad de disponer de la forma de invertir el tiempo, la participación en el ámbito público, de las relaciones sociales que establece, etc., violentándose así la autonomía de ella como ciudadana y creando una distancia entre la igualdad formal (lo legislado) y la igualdad sustantiva o real. Es interesante ver cómo, cuando desde la parodia se invierten los papeles, cuán absurda parece esta conducta; sin embargo, es espeluznante la acriticidad con que se asume lo tradicional.

Aunque muchas veces la propia mujer no logra relacionar su malestar con el hecho de estar siendo violentada, otras sí pueden identificarlo, ya sea por ser una situación muy evidente o porque por diversas vías ha logrado darse cuenta. Sin embargo, cuando una mujer es maltrata por el esposo y vive en su casa, ¿qué hace?; o cuando el sostén económico suyo es el esposo, quien nunca la dejó trabajar fuera del hogar, ¿cómo sobrevivir tras un divorcio? Más allá de los lazos emocionales, también hay situaciones prácticas que hacen que la mujer violentada muchas veces busque ayuda, pero sin que su intención sea romper la relación.

¿Quién ayuda a una mujer violentada?

No reconocer el desequilibrio de poder en la relación hombre-mujer, en la sociedad cubana, también constituye un obstáculo para crear redes de apoyo efectivas para la atención a la violencia doméstica contra la mujer. Así lo demuestra el hecho de que no existen instituciones oficiales especializadas en la atención de este fenómeno y, por tanto, su tratamiento debe quedar en manos de aquellos profesionales que, por sus funciones, pudieran tener contacto con mujeres víctimas de violencia doméstica, como lo son los médicos y psicólogos, en el sistema de Salud Pública, y los policías y juristas en el sistema de Justicia.

Aunque como vía alternativa se encuentran las consultas que brindan las Casas de Atención a la Mujer y la Familia, organizadas por la Federación de Mujeres Cubanas en casi todos los municipios del país, donde un equipo multidisciplinario debe atender estos casos, la calidad de su encargo social varía en dependencia de las potencialidades de cada región, Estas casas trabajan desde el voluntariado y ello implica que pueda existir inestabilidad en su trabajo o que se mantengan funcionando sin que realmente haya una multidisciplinaridad en el grupo.

También existen los Tribunales de Familia, de reciente creación, pero estos se centran, fundamentalmente, en la protección al menor y los problemas de pareja quedan al margen. Por demás, a diferencia de muchos otros países, tampoco existe en Cuba una ley específica para la protección a la mujer en las diversas situaciones en que pueda ser violentada por su condición de género.

Por otra parte, los programas de estudio de las carreras de Psicología, Medicina o Derecho no incluyen de manera obligatoria temas de género y la formación en esta área debe quedar en manos de la formación post graduada, que difiere en cada región del país y, por lo general, no es una fortaleza en estas instituciones. Por lo tanto, los profesionales antes mencionados se enfrentan a la atención a la violencia doméstica, no con conocimientos recibidos en su entrenamiento como profesional, sino más bien con los conocimientos que portan desde su sentido común, resultado de su socialización en un contexto patriarcal.

En Cuba, el sistema de Salud Pública está estructurado para que el médico de la familia vea a pacientes, lo mismo en el consultorio que en sus casas. Entra en contacto con muchas mujeres, ya sea porque ellas asisten a consulta o porque son las que, en su rol de cuidadoras por excelencia, acompañan a niños y ancianos. También en las visitas a la comunidad puede conocer lo que ocurre al interior de las familias que visita, así como saber qué pasa en el vecindario. Esto sin contar que, por lo general, el médico de familia vive en la comunidad o cerca de ella. Este rol de ayuda y el contacto cercano que tiene con sus pacientes, lo convierte en un líder informal en la comunidad, con todo el poder que eso implica. Todo lo anterior demuestra que el médico de familia puede ser un elemento clave en la identificación y ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica.

A la vez, la mayor concentración de psicólogos clínicos del sistema de Salud Pública cubano se encuentra en la atención primaria. Estos suelen trabajar de conjunto con los médicos de familia, quienes derivan los casos que consideran deben de ser atendidos por la consulta de Psicología. Al igual que el médico, los profesionales de la Psicología tienen entre sus funciones, además de atender a pacientes en consultas, visitarlos en sus casas en caso necesario y hacer visitas de terreno en las escuelas, por lo que también tienen acceso a la comunidad.

En relación con el sistema jurídico o de justicia, como ya se expresó, no existe una ley específica contra la violencia doméstica o la violencia contra la mujer; por lo tanto, los delitos que entran en esta categoría se procesan en una ley más general que recoge todos los delitos y mediante la cual se legisla sin distinción de género. Esto, sin duda, tiene como limitante que, al juzgar como iguales a quienes son desiguales, se continúa favoreciendo las inequidades. Sin embargo, aunque existiera una ley, no basta con ella para que la protección a la mujer violentada sea eficiente, pues la ejecución de lo legislado implica la ley escrita como tal, así como el conocimiento, actitudes y usos que haga de ella el operador del Derecho. Por tal motivo, explorar la subjetividad de quienes aplican la ley puede ser un indicador del uso que se hace de esta, pues su sensibilidad o no ante un determinado tema puede contribuir a que disminuyan o se acentúen los vacíos y limitaciones que pueda tener la ley escrita.

Con estos elementos como antecedentes, desde el Núcleo de Estudios de Género de la Universidad de Holguín, se decidió hacer una investigación para identificar cómo se comportaban los conocimientos y actitudes que, ante el fenómeno de la violencia doméstica, tienen un grupo de médicos de familia de la provincia Holguín, al oriente de la isla de Cuba, y un grupo de psicólogos clínicos. Para ello se realizó una investigación entre 2010 y 2011, con los 18 médicos que laboraban en un área de salud. Casualmente, y no tan casual, todas eran mujeres, pues son las que, con su techo de cristal, tienen más obstáculos personales para cumplir misiones fuera del país y se mantienen en sus puestos habituales. Además, esta especialidad esta feminizada por la segregación horizontal que existe en los estudios médicos, entre otras razones, por ser de las que más localmente se estudia. Igualmente, en este período se exploraron 21 psicólogos, de ellos 10 hombres y 11 mujeres. También durante 2013 se realizó la misma investigación con un grupo de 28 profesionales del Derecho Penal, de ellos 17 mujeres y 11 hombres. A todos se les aplicó un instrumento de recogida de información que exploraba reconocimiento o no de los mitos sobre violencia doméstica y comprensión del fenómeno, tolerancia ante sus diversas manifestaciones e implicación personal ante una situación donde una mujer estuviera siendo violentada, en dependencia del grado de cercanía que tuviera con la víctima. De esta investigación, en aras de sintetizar, solo se presentarán los resultados más llamativos⁴.

¿Cuán preparados o implicados pueden estar estos profesionales?

Entre las médicas exploradas, en los aspectos que de manera más uniforme se demostró desconocimiento, fue en lo relacionado con:

El 89 por ciento de las encuestadas consideró que, cuando una mujer tiene independencia económica y aun así se mantiene en una relación violenta, es porque es una persona especialmente débil e insegura.

El 78 por ciento piensa que la mayoría de los hombres que maltratan a sus esposas lo hacen porque son dominantes y violentos por naturaleza. Además, 61 por ciento estuvo de acuerdo con que, por lo general, cuando un hombre maltrata a su esposa con frecuencia, es porque posee trastornos emocionales que no le permiten contenerse.

Estas tres ideas, compartidas por un alto porcentaje del grupo consultado, ponen el énfasis en la comprensión de la violencia doméstica como un problema personal, ya sea por debilidad de la mujer, trastorno emocional del hombre o la «naturaleza» violenta de algunos hombres. Este enfoque ignora las raíces socioculturales del fenómeno y la relación de poder que se da en la relación de pareja. Que un médico desconozca esto puede traer como consecuencia que, por una parte, responsabilice a la mujer por mantenerse en la relación abusiva, por no comprender el ciclo de la violencia o la complejidad del fenómeno. Asimismo, si considera que el hombre maltratador es un enfermo o una persona cuya naturaleza lo hace así, y esta visión se la trasmite a la paciente víctima, lejos de estimular a que la mujer abandone la relación, por la socialización femenina para el cuidado, ella intentará permanecer en la relación para acompañarlo en su «padecimiento».

Por otra parte, cuando se encuestó a los psicólogos explorando estos mismos contenidos, las respuestas en que, de manera más homogénea, mostraron desconocimiento (pues más del 60 % estuvo de acuerdo), fue en los mitos relacionados con el hecho de que el hombre que maltrata y humilla a su esposa con frecuencia lo hace porque posee trastornos emocionales que no le permiten contenerse y la idea de que la violencia en la pareja se debe a problemas en la comunicación.

El hecho de que un psicólogo considere que el hombre maltratador es una persona con trastornos emocionales evidencia desconocimiento de las raíces del problema en sí.

n casos como este, se intenta trabajar con el abusador aunque este no haya pedido la ayuda (quien suele pedirla es la mujer). Además, intentará resolver el problema desde tal vez lo sintomático y las manifestaciones externas y no desde lo causal que tiene que ver con juegos de poder y abusos de estos poderes. Sin embargo, el tratamiento adecuado debe ser centrado en la mujer como única manera de dotarla de herramientas para que tome decisiones que le permitan salir de la relación abusiva.

Entender que los problemas de comunicación son los que provocan la violencia y no que la violencia es la que favorece la aparición de los problemas de comunicación hace que el manejo que se haga del problema vaya a la forma y no al contenido, con lo cual se corre el riesgo de que, trabajando la comunicación, solo se logre perpetuar la violencia, pues se enseña a enmascararla y se entrena al paciente a que, utilizando formas de comunicarse más sofisticadas, logre el control y sometimiento de la esposa sin que esta se sienta agredida. De ser así, el psicólogo se vuelve cómplice de la situación.

Al igual que médicos y psicólogos, los juristas encuestados tendían a considerar a la mujer que permanecía en una relación violenta como especialmente débil e insegura, y a suponer que los problemas en la comunicación son los que generan la violencia en la pareja. Así demostraban una vez más el desconocimiento de las características del fenómeno y que cualquier mujer puede verse involucrada en una relación así, además de que las relaciones violentas son las que vuelven a las mujeres débiles e inseguras, lo cual es consecuencia y no causa de la relación violenta.

De este último grupo, se entrevistó además a los que estaban en puestos de dirección y resultó llamativo que, al explorar su posición con respecto a la mediación en los casos de violencia doméstica, todos estuvieron a favor. A veces, desde el sentido común, se piensa que ante un conflicto en la pareja siempre se debe mediar para evitar la disolución del vínculo; sin embargo, cuando este conflicto implica una relación violenta, donde se evidencia abuso del poder, por lo general la persona abusada (que suele ser la mujer) tiende a estar en condiciones psicológicas que le impiden tomar cualquier decisión o acuerdo que realmente sea ventajoso para ella. Detrás de esta posición suele estar el deseo de que se salve la relación, pues en nuestra sociedad a veces se valora más la estabilidad que la calidad de un matrimonio.

Otro de los instrumentos aplicados exploraba la tolerancia que mostraban estos profesionales ante diferentes manifestaciones de violencia física, sexual, psicológica, etc. Para ello se les presentaba un conjunto de situaciones donde se manifestaba la violencia en la pareja y ellos podían clasificarlas desde nula hasta máxima expresión de violencia.
Entre los resultados reflejados por las médicas, resultaba llamativo que en los acápites relacionados con la violencia física todas estuvieron de acuerdo en otorgarle la calificación de máxima expresión de violencia; sin embargo, en la situación de violencia sexual en que se describe una violación sin el uso de la fuerza física, aunque la mayoría la clasificó como máxima expresión de violencia, seis sujetos no la clasificaron así, al parecer por el hecho de que, al darse en el marco del matrimonio, naturalizan el sexo como parte del deber conyugal. Esto resulta llamativo, pues por lo general la violación es considerada uno de los delitos más rechazados socialmente cuando se da entre extraños; sin embargo, fue vista con cierta tolerancia al darse en la conyugalidad, por seis profesionales de la Medicina que, por demás, son mujeres.

Respecto a la violencia económica y al control absoluto del dinero en el hogar por parte del hombre, las respuestas se mostraron entre moderada y máxima expresión de violencia; en cuanto al apoyo económico para la manutención de los hijos, las respuestas variaron entre nula y máxima, con poco consenso. En los casos donde se mostró mayor tolerancia ante estas expresiones de violencia, se denota que todavía existe la idea del hombre como principal proveedor y propietario de los bienes materiales y financieros, idea que por lo general viene aparejada a la invisibilización del aporte económico que implica la reproducción de la vida desde el trabajo doméstico.

Las respuestas donde se mostró mayor tolerancia ante las expresiones de violencia son las relacionadas con la autonomía de la mujer, como lo es el control de la ropa que usa, salir sola o con amistades y las expresiones de celos. Estas respuestas evidencian la creencia de que la pareja es espacio de posesión hacia la mujer, idea que desde lo simbólico todavía prima en la forma de pensar de hombres y mujeres en Cuba.
De manera general, estas concepciones atentan contra la posibilidad de identificar y apoyar a pacientes víctimas de violencia doméstica cuando buscan ayuda para ser atendidas por otras patologías, pues aunque la violencia contra la mujer es considerada por la OMS un problema de salud, en Cuba no hay mecanismos para darle un tratamiento diferenciado al fenómeno.
Por su parte, los psicólogos encuestados tuvieron respuestas muy parecidas, por lo que solo haré mención a lo más llamativo. En casi todos los acápites, salvo en los que quedaban igual, las psicólogas mujeres calificaban más alta que los hombres las situaciones violentas, aunque por lo general solo un gradiente más. Todo indica que la experiencia como mujer favorece que haya mayor sensibilidad ante la problemática, pese a que la diferencia fue pequeña, pues ellas han sido educadas bajo la misma ideología patriarcal. Todos y todas califican con más puntaje las expresiones de violencia física y sexual y expresan mayor tolerancia ante la violencia psicológica, ya sea expresada como silencio, control económico o limitación de la autonomía. Resulta interesante esta respuesta, pues supuestamente el psicólogo debe ser el profesional mejor entrenado y, por tanto, sensibilizado en reconocer lo nocivo de la violencia psicológica; sin embargo, sus respuestas no lo reflejan así. Llama la atención que en la situación de la violación en el matrimonio sin el uso de la fuerza física, la media de las mujeres tendían a calificarlo como máxima expresión de violencia, mientras que la media de los hombres respondieron con dos gradientes menos, demostrando que el género de pertenencia puede influir en la manera de percibir y, por lo tanto, manejar este fenómeno incluso en la consulta clínica.

Respuestas muy parecidas se encontraron también entre juristas, en quienes una vez más existió consenso en considerar la violencia psicológica como menos fuerte que las demás, especialmente la que implica la limitación de la autonomía de la mujer, sobre todo con respecto al uso de su tiempo. Todas estas respuestas son el reflejo de una ideología patriarcal que aún percibe a la mujer subordinada a las decisiones del hombre.

Otro asunto que se exploró con la población investigada fue si consideraba adecuado o no involucrarse en una relación de ayuda a una mujer violentada –sin que esta lo haya pedido–, cuando la pareja son sus padres, su madre y padrastro, su hija y su pareja, una amiga y su pareja, una paciente (o cliente) y su pareja, una vecina y su pareja, una compañera de trabajo y su pareja y una desconocida en un sitio público y su pareja.

En los resultados de las médicas estudiadas hubo tendencia a involucrarse en una relación de ayuda, sin que esta haya sido solicitada, solo cuando era entre los padres o la madre y el padrastro, o la hija y su pareja o la hermana y su pareja; sin embargo, si se trataba de una amiga, la mayoría expresó que no se involucraría y, al hacer referencia a una paciente, la mitad de la muestra refirió no involucrarse y la otra que sí lo haría. A partir de este nivel, prevaleció la decisión de no involucrarse cuando los implicados eran vecinos, compañeros de trabajo o desconocidos.

Al aplicar la misma técnica a los psicólogos, la respuesta fue muy similar, pues tanto hombres como mujeres tendieron a involucrarse solo cuando la mujer era su familia como la madre, la hija y la hermana. Resultó llamativo que, cuando se aludió a una amiga, la tendencia en las respuestas de los hombres fue a decir que no se involucraban; sin embargo, las mujeres sí. A partir de aquí, si se trataba de una vecina, una compañera de trabajo o una desconocida, la tendencia fue a responder que no se involucrarían.
Las respuestas dadas por los juristas no difieren mucho de lo expresado por profesionales de la Medicina y la Psicología, pues estos expresan –lo mismo hombres que mujeres–, que solo se involucran si la víctima es un familiar o una amiga.

Todas las respuestas de médicos, psicólogos y juristas denotan la concepción que se tiene de la pareja como espacio íntimo y privado que es justificado transgredir en caso de fuerte vínculo afectivo y familiar con la víctima. Esto denota que la violencia doméstica se considera un problema privado y no social.

Otro elemento llamativo es que, al menos una persona en cada grupo de psicólogos, médicos y juristas expresó que se involucraría para ayudar a la madre si tenía una relación abusiva con el padre; sin embargo, que no lo harían entre la madre y el padrastro, demostrando que más que el hecho de la violencia en sí, (ya que en ambas situaciones se hacía referencia a su madre) lo que valoran es el contexto relacional que existe, el cual los hace darle más importancia al hecho de que como pareja se pertenecen a que se sientan comprometidos a ayudar a la madre.

A manera de conclusiones…

Los resultados presentados son prueba de que los profesionales encuestados (de ambos sexos) son portadores de una ideología patriarcal que presupone la subordinación de la mujer hacia el hombre en la relación de pareja. Esto lo demuestra el hecho de que expresan alta tolerancia ante las muestras de violencia que implican limitación de la autonomía femenina y el control de los bienes materiales. Además, portan ideas que denotan desconocer la magnitud del fenómeno y la creencia de que solo ocurre a un determinado tipo de mujer. Por otra parte, perciben la violencia doméstica como un problema personal y privado y no como problema social. Resultó llamativo que en la investigación se encontraron contradicciones en las respuestas obtenidas, pues por lo general, ante la pregunta de si consideraban la violencia doméstica como un problema privado, se respondía negativamente; sin embargo, cuando se ponían ante la situación de tener que decir si se involucrarían en una situación así, solo lo hacían con la familia. Es decir, es un problema social, pero ellos no se involucran.

Aunque la pesquisa se realizó en Holguín, sus resultados no deben estar muy lejos de la realidad del país, pues los planes de estudios son homogéneos y estamos bajo la influencia de la misma cultura que, aunque con matices diferentes en toda Cuba, no deja de ser machista. Además, no hay referencia de ninguna región donde de manera
La prevalencia de una ideología patriarcal que invisibiliza la necesidad de profundizar en estos temas durante la formación profesional de médicos, psicólogos y juristas, unida a la falta de mecanismos institucionales especializados para la atención a la problemática de la violencia doméstica, refuerza la idea de que este problema debe tener una solución desde lo individual y privado. Sin embargo, una mujer violentada suele necesitar mucha ayuda para poder salir del ciclo de la violencia. Esta situación pone a la mujer cubana que sea víctima de la violencia doméstica en una situación muy desprotegida. Este es un problema para las mujeres, pero no de las mujeres, por lo que se vuelve indispensable, en aras de la justicia social, que toda la sociedad, el Estado y el Gobierno se lo tomen más en serio. Es hora de mirar de manera más amplia los asuntos de mujeres, los logros de la mujer no deben ser solo en el ámbito de lo público; lo privado también es político. (2014).

Notas

1 Proveyer, Clotilde: «La naturalización de la violencia de género en mujeres cubanas. Algunos apuntes para una campaña permanente», en Desde otra perspectiva, Editorial de la Mujer. 2011.

2 Ferrer, Dunia: «Violencia y relaciones de pareja. Un análisis desde el género», en Desde otra perspectiva, Editorial de la Mujer. 2011.

3 Batista, Y.: «Violencia y relaciones de pareja. Un acercamiento desde el enfoque personológico», trabajo de diploma, Sede Universitaria Municipal Cacocum, Universidad de Holguín, 2011.

4 Cruz, R.: «La formación profesional del médico de familia y la violencia contra la mujer», tesis de pregrado de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad de Holguín, 2010; Moscoso, K.: «La preparación profesional del jurista para la atención a la mujer violentada», tesis de pregrado de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad de Holguín, 2012; Torralbas, Aida: «El psicólogo clínico y la violencia contra la mujer», tesis en opción al título de Master en Psicología Clínica, Facultad de Psicología, Universidad de la Habana. 2010; y «Saberes y vivencias del jurista penalista sobre la violencia de género contra la mujer en la relación conyugal», tesis en opción al título de Master en Estudios de género, Facultad de Psicología, Universidad de la Habana, 2014.