Fiscalía cubana se pronuncia sobre caso de racismo

En julio, el semanario Trabajadores publicó la historia de una joven que aseguró haber sido obligada a bajar de un taxi privado debido al color de su piel.

El artículo 42 de la Constitución de la República expresa que la discriminación por motivo de raza, color de la piel y otras está proscrita y es sancionada por la ley. En la imagen, la carta de Aguirre Calderín publicada en el sitio web del periódico Trabajadores.

Foto: Print Screen

La Habana, 9 oct.- La revocación de la medida cautelar de prisión provisional y la imposición de una multa administrativa parecen poner fin a un caso de racismo denunciado por el semanario Trabajadores, aunque sigue pendiente el reclamo ciudadano de reforzar las leyes antidiscriminatorias en Cuba.

Un artículo publicado el 1 de octubre en la página digital del medio de prensa dio cuenta de la respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR), tras una investigación.

“En la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Playa –en La Habana-, el acusado Roberto Reguidor Contreras se disculpó ante la víctima Yanay Aguirre Calderín, quien aceptó las disculpas”, indicó.

En consecuencia –agregó el texto- “fue revocada la medida cautelar de prisión provisional impuesta inicialmente y se le aplicó una multa administrativa de 500 pesos” en correspondencia con el delito previsto en el artículo 295.1 del Código Penal (Delito contra el derecho de igualdad).

Dicho acápite expone que incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas, quien “discrimine a otra persona o promueva o incite a la discriminación, sea con manifestaciones y ánimo ofensivo de su sexo, raza, color u origen nacional o con acciones para obstaculizarle o impedirle (…) el ejercicio o disfrute de los derechos de igualdad establecidos en la Constitución”.

El 2 de julio, la publicación se hizo eco en su página digital de una carta de Aguirre Calderín, quien estudia la carrera de Derecho, en la Universidad de La Habana, y reside en la occidental provincia de Artemisa.

En la misiva, la joven relató que en el capitalino municipio de Marianao y debido al color de su piel, el chofer de un almendrón (nombre local de taxis privados que transportan varios pasajeros a la vez en sus recorridos) en el cual viajaba la obligó a bajar del vehículo.

Numerosas críticas y rechazo desató el suceso en las redes sociales.

Incluso, el 9 de julio la dirección general de la Policía Nacional Revolucionaria ofreció una respuesta pública sobre el hecho.

“Una vez conocido el suceso, las autoridades policiales de La Habana procedieron de inmediato a localizar al propietario del vehículo que se mencionaba, con el objetivo de ejecutar las acciones pertinentes”, reconoció esa instancia en una nota.

Enfatizó asimismo que “tales casos de delitos u otros de impacto en la población, no se corresponden con los principios éticos y morales de nuestra sociedad socialista”.

No obstante, Rafael Ángel Soler, jefe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía de la FGR aseguró que “en Cuba no hace falta una ley contra el racismo”.

En los últimos años, intelectuales y activistas han reclamado acciones concretas contra emergentes manifestaciones de racismo, como la aparición de un cartel fascista y hasta ofertas laborales en sitios web donde se exige como requisito ser una persona blanca para aspirar a una plaza en algunos negocios del emergente sector privado. (2017)

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