Juristas respaldan lucha antirracista en Cuba

Este colectivo asiste de manera gratuita a personas que quieran encauzar procesos legales contra hechos racistas.

AUR apoya otras iniciativas antidiscriminatorias con charlas sobre asuntos legales u otro tipo de asesoramiento.

AUR apoya otras iniciativas antidiscriminatorias con charlas sobre asuntos legales u otro tipo de asesoramiento.

Foto: Jorge Luis Baños

La Habana, 7 jun.- Alianza Unidad Racial (AUR) es una joven iniciativa ciudadana integrada en su mayoría por juristas, quienes ofrecen asesoramiento legal y realizan acciones para denunciar los casos de racismo en distintos ámbitos.

Su coordinadora, la abogada Deyni Abreu, señaló en diálogo con la Redacción IPS Cuba que este proyecto jurídico y sociocultural defiende el derecho del hombre y la mujer negra a tener una imagen adecuada en distintos medios, sin burlas, mofas o caricaturas.

“Pretendemos que si en la plaza de la Catedral de La Habana, por ejemplo, existen artesanías que muestran a una mujer negra con un hoyo en su trasero para ponerle incienso, tengamos el derecho de denunciarlo ante el jefe de la entidad por constituir una humillación, un maltrato del derecho humano a la dignidad”, subrayó.

Explicó que también tratan de que el Estado “vea y tenga preparación cultural en esta parte del Derecho”.

Señaló que defienden gratuitamente demandas de personas con denuncias relacionadas con la discriminación por el color de la piel, aunque también por otros tipos de segregaciones.

Advirtió que “no defendemos a ultranza a alguien por el solo hecho de ser negro. Partimos del principio de que las personas deben saber que tienen derechos y obligaciones, que existen leyes y normas que cumplir”.

Nuestras acciones van dirigidas a respaldar “al hombre y la mujer negra, la lesbiana, el gay, el extranjero. Cuando la historia nos parece que, desde el punto de vista legal amerita investigarla, lo hacemos desinteresadamente, de manera gratuita”, acotó.

Significó que lograron triunfar con el caso de Jorge Luis Alemán, “un hombre blanco implicado en un procedimiento de discriminación religiosa en la Universidad de La Habana al cual no lo dejaban graduarse porque venía de la Universidad de Estudios Bíblicos y Teológicos”.

“Asumimos su defensa. Nos llevó un año, pero se graduó y felizmente defendió su tesis”, remarcó Abreu.

Aunque AUR inició mínimas acciones en 2010, fue a fines de 2011 que el grupo quedó oficialmente constituido por unas 10 personas.

Hoy el equipo de trabajo cuenta con 15 integrantes, entre abogados, fiscales y notarios, responsabilizados con ámbitos como asuntos penales, culturales, relaciones internacionales, juventud, etc.; aunque también puede sumarse “cualquier persona desde el conocimiento del Derecho y la defensa de la otredad”.

Dentro de las acciones socioculturales respaldan la labor de grupos que defienden los derechos de los afrodescendientes o de otros en desventaja social como las mujeres y de la comunidad de lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales, mediante charlas sobre asuntos legales u otro tipo de asesoramiento.

Para la fiscal Kendra Gayoso, una de las integrantes del proyecto, “debemos pensar en cómo conectar muchos temas respecto a nuestro trabajo y dialogar con las personas sobre qué hacer en caso de cualquier evento de tipo racista en un centro laboral”.

Lamentablemente existe discriminación de este tipo, a veces con más frecuencia de la que se cree, y “si bien la Constitución proscribe su ocurrencia; en el Código Penal (1987) no existe nada legislado respecto al tema o que tipifique este tipo de conducta”, precisó.

En igual sentido se pronunció el abogado Jorge Luis Casas, quien subrayó lo difícil de identificar un caso de discriminación racial, “un espacio vacío que la ley no contempla, sujeto a la libre apreciación tanto de la víctima como del discriminador”.

De ocurrir un suceso así en un centro de trabajo, recomendó acudir a los órganos de justicia laboral de base, escalón primario del cual dispone el trabajador para dirimir este tipo de conflicto.

“Las personas también cuentan con las organizaciones políticas y de masas –dígase sindicatos, Partido Comunista, Unión de Jóvenes Comunistas o la administración-, donde se ventilan los conflictos laborales y cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento”, subrayó Casas.

Gayoso indicó que lo que no resuelve el órgano de justicia laboral de base debe llevarse entonces a los tribunales, que son estructuras de Derecho.

La especialista sugirió que quien se sienta víctima de un acto de racismo puede acudir a un bufete colectivo “donde existen especialistas en todas las materias, legitimados y con voz autorizada en cuanto cualquier tema, para defender el caso en específico”.

AUR es otra de las opciones para defender un probable caso de discriminación racial, coincidieron todos. (2015)

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