La sociedad civil en Cuba: Entre la promesa liberal, el inmovilismo burocrático y la lucha por “otro socialismo posible”

Debate actual sobre la sociedad civil cubana

Jorge Luis Baños - IPS

En la Cuba actual, resulta útil estudiar los tipos de interrelación sociedad civil y Estado, como procesos de interpenetración y separación simultáneos

Históricamente, la acción estatal ha estimulado o frenado la reconfiguración de lo asociativo, como sucede con las restricciones típicas de regímenes autoritarios o la proliferación de ciertas ONG, como consecuencia del papel atribuido a estas por las políticas públicas neoliberales. En otras coyunturas, movimientos sociales de base, campañas civiles promovidas por asociaciones y la movilización popular desatada en momentos de crisis políticas, como en la aprobación de nuevas constituciones, han dado lugar a la definición e implementación de nuevos derechos, todo lo cual ha modificado también el mapa de la sociedad civil y el Estado.  A raíz de estos presupuestos, el tema de la sociedad civil en Cuba ha adquirido importancia en el debate académico y la (limitada) autoorganización social.

El estudio del espacio asociativo y, en general, de la sociedad civil en Cuba ha sido abordado desde diversas perspectivas, que cobran inusitada fuerza en 1994, impulsadas por Dagoberto Valdés, intelectual insignia del catolicismo contestatario (Valdés, 1994), y flanqueado por visiones alternativas desde un marxismo crítico (Azcuy, 1996), (Acanda, 2002), (Hernández, 1999) de impronta grasmciana, y de enfoques descalificadores tradicionales afincados en la sospecha sobre el término mismo (Valdés, 1996). En general, la producción de los tres discursos ha adolecido de varias limitaciones: escasa referencia empírica (énfasis filosófico y jurídico, en vez de histórico y sociológico); propensión al ensayismo, escasa problematización del fenómeno desde el reconocimiento de las coordenadas sociopolíticas nacionales; tendencia a la autorreferencia y la invisibilidad o descalificación de las otras posturas, etc.

Los trabajos del equipo coordinado por Haroldo Dilla [1] constituyeron una promisoria tendencia -por demás, lamentablemente interrumpida con el conflicto y disolución del “viejo” Centro de Estudios de América en 1996 (Dilla, 2008)- a la articulación entre teoría, contextualización y análisis de casos, que sería retomada posteriormente, de forma similar, por diversos autores (Chaguaceda y Dabelcourt, 2011).

Hoy, pese a existir un aparente consenso en torno a la aceptación del término, los usos siguen demostrando la persistencia de posturas ideológicas y analíticas divergentes. Y más allá de lo pensado dentro del reducido campo intelectual dedicado a esos estudios, continúan siendo ampliamente socializadas visiones conservadoras del fenómeno, con particular incidencia en la formación de cuadros políticos y funcionarios (Rodríguez/Hanson/Valdés, 2006). El término y las realidades a que alude siguen estando prácticamente desaparecidas del debate y lenguaje cotidianos de la ciudadanía y los medios de comunicación, donde la estatalidad (como interlocutor o enemigo) deviene locus privilegiado, marcando la pauta de los comportamientos y flujos comunicativos.

Una propuesta analítica

Los talleres de transformación integral del barrio poseen sentido local y tienden a la informalidad y la territorialidad. (Foto: Jorge Luis Baños - IPS)En la Cuba actual, resulta útil estudiar los tipos de interrelación sociedad civil y Estado, como procesos de interpenetración y separación simultáneos, ya que permite determinar en cada caso los grados de autonomía estatal; los tipos de actores dominantes, ubicados en un espectro que va desde un radio de acción local a uno nacional; y los estilos de interacción más o menos competitivos existentes entre esos actores. Supone analizar la relación entre las dimensiones administrativa, coercitiva y simbólica estatales —y sus recursos— y el basamento socioeconómico, la capacidad organizativo-movilizativa y las dinámicas internas que animan a cualquier sociedad civil.

La emergencia de la sociedad civil —y particularmente del espacio asociativo— tiene relación con las tensiones y dinámicas de cambio que impactan desde y sobre el propio espacio estatal. Internacionalmente, se reconocen exitosas experiencias que han contribuido a que actores de la sociedad civil de ethos antiestatista y actores estatales imbuidos de la cultura antiparticipativa hayan tenido que crear mecanismos de trabajo conjunto (Dagnino/Olvera/ Panfichi, 2006). En Cuba, el debilitado monopolio estatal en la producción de valores legítimos —la hegemonía de décadas pasadas— no puede ser recuperado activando la dimensión coercitiva, sino preservando la cohesión y coherencia del proyecto nacional, mediante la inserción de las demandas y agencias de la sociedad en las políticas en curso o potenciales.

De forma coherente con su visión socialista de Estado, la institucionalidad cubana tiende a subordinar buena parte de la acción social autónoma a “la razón de Estado”, y a tratar al resto de los actores sociales (sujetos mercantiles, asociaciones, grupos comunitarios) como “hermanos menores”. Es por ello que podemos identificar en Cuba un relacionamiento entre sociedad civil y Estado (Kramer, 1981) a medio camino entre la colaboración pragmática, mediante la cual el Estado subvenciona o apoya material y moralmente a asociaciones por su papel e importancia sociopolíticos; y el monopolio del sector público, caracterizado por el protagonismo estatal como regulador de la vida social y proveedor de servicios sociales, con una sociedad civil relegada a identificar necesidades y subordinarse a la planeación y ejecución estatales.

Actualmente, el espacio asociativo, núcleo de la sociedad civil, puede clasificarse según varias tipologías, en dependencia del referente utilizado. Proponemos abordarlo reconociendo cuatro agrupamientos que serían: las asociaciones paraestatales (AP), las asociaciones antisistémicas (AAS), las asociaciones sectoriales o profesionales (ASP) y las asociaciones territoriales o populares (ATP). Mencionaremos a continuación algunos de sus rasgos.   

Las asociaciones paraestatales —Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM)— poseen una estructura, misiones y repertorio simbólico más identificados con la institucionalidad estatal y abarcan bajo sus paraguas a todos los grandes grupos sociales del país. Fenómeno típico de las experiencias del “socialismo de Estado”, tienen carácter nacional y monopolizan la representación de determinados intereses e identidades asociativos. Funcionales al sistema político como mecanismos para la movilización y la propaganda, son también organizaciones sociales que formalmente deben representar ante el Estado los intereses y la opinión de sus integrantes. Cierto esquematismo, uniformidad e inercia se han entronizado en los estilos de varias de estas organizaciones, aunque algunas conservan dinámicas participativas basistas o poseen más legitimidad y potencial renovador (FEU), pero precisan promover discursos diferenciados y autónomos de los sectores que representan.

Las asociaciones antisistémicas (grupos opositores, ciertos centros vinculados a la Iglesia católica y sus jerarquías, etcétera), valoradas como “oposición política”, cuentan con una membresía e influencia internas de disímil impacto y elevada resonancia exterior. Fenómeno no identificable con la contrarrevolución restauracionista de las décadas del sesenta y setenta, comparte matrices exógenas (promovidas por gobiernos occidentales) y endógenas (disconformidad de un sector de la sociedad, opuesto al régimen en un entorno restrictivo al disenso organizado), carecen de base social masiva y sus diversos grupos muestran un policromo, pero mayoritario alineamiento, con políticas estadounidenses y/o europeas.

Por otro lado, tenemos las asociaciones sectoriales o profesionales (ASP), representadas emblemáticamente por las ONG sistémicas, asociaciones civiles, centros de capacitación y servicios (incluidos algunos de inspiración religiosa), fundaciones, fraternidades, logias, etcétera. Estas entidades se caracterizan por tener una tendencia a la profesionalización e institucionalización.  Algunas poseen gastos importantes de funcionamiento y capacidad de gestión externa de recursos, y tienden a la estabilidad y selectividad de su membresía, que incluye personal asalariado y poblaciones-clientes.

Las más poderosas desarrollan, como regla, una planificación compleja del trabajo (programas, proyectos) en áreas diversas y cuentan con liderazgos formalizados y con apreciables grados de instrucción profesional. Frecuentemente, cumplen funciones mediadoras entre los gobiernos, la cooperación internacional por un lado y diversas entidades de base, y dependen generalmente de fondos externos (privados, gubernamentales o de agencias). Es dentro de este segmento donde encontramos aquellas entidades que proyectan discursos potencialmente renovadores, como los de diversidad sexual, ambientalismo y Educación Popular [2].

Tampoco encontramos en este grupo -como sería congruente con la práctica internacional y ante la precaria situación doméstica en dicho campo- organizaciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos (DDHH), inexistentes dentro del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de la República de Cuba. El tratamiento de los DDHH en la isla obvia la variable claramente emancipadora del fenómeno, que emerge como resultado de luchas sociales anticapitalistas y antiautoritarias en todo el mundo [3]. A los ciudadanos cubanos se les hace virtualmente imposible (y punible) la acción misma de testimoniar, vigilar y denunciar, de forma organizada, las violaciones cometidas –a veces contra la propia Constitución socialista de 1992- por funcionarios e instituciones estatales, dada la capacidad de control social del estado y la subordinación de los medios masivos a las directrices gubernamentales. Se trata de una actividad condenada a priori, lo cual genera que se meta en idéntico saco a activistas autónomos, vinculados a sus comunidades u ONG internacionales de reconocido desempeño, o simples mantenidos de las embajadas occidentales.

Otros actores visibles son las asociaciones territoriales o populares (ATP), ante todo, los llamados movimientos barriales, asociados a estructuras como los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB) y a diversos proyectos comunitarios promovidos por ONG cubanas y apoyados por entidades homólogas extranjeras.

Poseen sentido local y, esencialmente, no muestran niveles de conexión entre sí; tienden a la informalidad y la territorialidad. Tienen acceso limitado a los recursos económicos y dependen de fuentes exógenas, por lo que poseen una vocación autogestionaria que apuesta por la transformación integral de las comunidades, a partir de consideraciones socioculturales. Conforman una modesta agenda temática, caracterizada por la focalización de problemas, y cuentan con una membresía masiva y laxa que también dificulta la apuesta por el liderazgo colectivo. Expresan un ejercicio “difuso” de coordinación y activismo —distinto a la lógica de dirigentes y miembros de espacios más formalizados— y cuentan con un alto protagonismo de mujeres, profesionales y ex dirigentes.

En su conformación, el Estado ha desempeñado un papel contradictorio (Dilla/Fernandez/Castro, 1998). Por un lado, propicia tecnología y recursos materiales (agricultura orgánica urbana, construcciones alternativas), brinda especialistas en varios campos (psicólogos, planificadores) y paga salarios a los miembros del equipo dirigente. Pero, aunque reconoce implícitamente la existencia de estos movimientos, impide su reconocimiento legal, rechaza la conformación de experiencias de economía popular e intenta absorber emprendimientos productivos locales. Aun así, dichas experiencias han ensayado relaciones de reciprocidad (ayuda vecinal, repartición de alimentos, donaciones), han impulsado prestaciones comunitarias de algunos trabajadores por cuenta propia y fórmulas de cooperación al contratar sus servicios para actividades de los proyectos. Pese a su probado éxito, experiencias como las de los TTIB se mantienen confinadas a 20 comunidades de Ciudad de La Habana, y se limitó su extensión (por decisión estatal), tanto a otras provincias como a otros barrios de la propia capital.   

Las causas de las cosas

La Revolución hizo que millones de personas se “realizaran” participando con entusiasmo (Foto: Jorge Luis Baños - IPS)En términos históricos, el fenómeno tiene un acumulado poco explorado en la Cuba posterior a 1959. En los años sesenta, la Revolución hizo que millones de personas se “realizaran” participando con entusiasmo: accedieron a la política, se socializaron y experimentaron un sentido de pertenencia a una causa mayor que ellos; se transformaron junto con la realidad. Al desaparecer las muchas formas asociativas de la sociedad anterior a 1959, los vacíos fueron llenados por nuevas organizaciones de masas u organizaciones populares que, con el decurso temporal, irían acompañándose por otras asociaciones profesionales y civiles.

En la dimensión legal, el derecho de asociación en Cuba fue reconocido en el artículo 53 de la Constitución de la República (1976) como un medio a través del cual los ciudadanos pueden realizar múltiples actividades científicas, culturales, recreativas, solidarias y de beneficio social. Este quedó regulado por la Ley N° 54, vigente desde el 27 de diciembre de 1985, la cual refiere que “las transformaciones operadas en el país demandan la reorganización de los registros de asociaciones a nivel nacional y la aprobación de una nueva legislación ajustada a las necesidades actuales, que dé respuesta al creciente interés demostrado por la población respecto a la constitución y desarrollo de las asociaciones de bien social”, con lo cual se abría un cauce preciso para el asociacionismo revolucionario.

En la década del noventa asistimos a un explosivo renacer del asociacio¬nismo cubano, al que tributaban, simultáneamente, la crisis resultante del derrumbe esteuropeo, cierto repliegue del Estado como agente socioeconómico, el descrédito ideológico y práctico del socialismo estatista y los debates emergentes —legitimados por el Llamamiento al Cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba— sobre los destinos del proyecto cubano. Incidían, además, el auge de procesos de descentralización a escala mundial y regional, la proliferación de movimientos de solidaridad con Cuba, la emergencia de nuevas problemáticas y discursos reivindicativos (medioambientales, de género, ecumenismo y religiosidad popular, participación urbana). En esos años se combinaron los esfuerzos de las comunidades, diversos actores foráneos y el Estado para paliar los efectos de la crisis, lo que promovió el boom asociativo.

Sin dudas, es durante los años transcurridos entre 1990 y 1996 cuando se produce un crecimiento de nuevas organizaciones no estatales o no gubernamentales. El Período Especial [4]  provocó una profunda reflexión a la ciudadanía cubana, y un estilo de trabajo a algunas de las organizaciones de la sociedad civil. Junto a la emergencia de nuevas organizaciones llamadas no gubernamentales, muchas de las tradicionales organizaciones de masas también comenzaron a denominarse de esa forma, unidas a otras organizaciones de carácter socio- profesional, centros de investigación, organizaciones de inspiración religiosa, y otras existentes de carácter fraternal y de promoción de valores. Todas ellas constituyeron lo que se reconoció como “comunidad no gubernamental cubana”. Este concepto apuntaba a la voluntad de aunar esfuerzos, fueren cuales fueren las procedencias y realidades institucionales de los interesados, para el dibujo y diseño del nuevo espacio asociativo en construcción.

En este periodo se realizó un grupo de reuniones, tanto en La Habana como en el exterior, promovidas por el Centro de Estudios Europeos, ente que organizaba el entonces “Programa de Relaciones con ONG europeas”, donde participaron alrededor de 30 organizaciones no gubernamentales cubanas. Durante estas reuniones se partía del reconocimiento de que la realidad cubana requería de las potencialidades de todos sus integrantes. Y las asociaciones (y en especial las nuevas ONG) constituían un espacio más de iniciativas para paliar la crisis y avanzar en los objetivos comunes de la sociedad.

Estas reuniones fueron un momento genésico de aprendizaje sobre la necesidad de establecer agendas propias y bases comunes para el establecimiento de vínculos con la cooperación internacional. Las organizaciones cubanas estaban ajenas a este mundo, pues sus actividades se habían desarrollado fundamentalmente con los países del antiguo campo socialista, así como con acciones de solidaridad con países que enfrentaban graves crisis humanitarias o construían un proceso revolucionario. Entre las dificultades que enfrentaron las organizaciones cubanas estuvieron la carencia de metodologías de construcción de proyectos, y una pobre capacidad autogestionaria que exacerbaba la búsqueda externa de dinero. Se constató que aspiraban  a lazos de respeto mutuo y a generar proyectos que respondieran a las necesidades que se detectaban en la realidad cubana. Entre los factores que tenían a su favor, estaba el potencial humano de especialistas y científicos en cada esfera; así como la posible utilización de estructuras sociales preexistentes; y el esperado empleo de los medios de comunicación.

En estas reuniones se mostró una beligerancia muy poco usual de cara a las trabas burocráticas y al excesivo tutelaje estatal en el funcionamiento de las asociaciones, lo que dificultaba el despliegue de su actividad. Todas abogaban por una mayor autonomía en la administración y coordinación de sus proyectos, así como por la necesidad de una mayor coordinación entre las organizaciones no gubernamentales cubanas, la mejor difusión de sus actividades y el constante intercambio de experiencias (Dilla, 2005). Resultado de este proceso fue el estímulo que recibió la actividad de las ONG cubanas y de organizaciones populares de base en la búsqueda de soluciones a problemas comunitarios, particularmente de los sectores más vulnerables de la población; y en el logro de nuevas definiciones sobre las relaciones y los mecanismos entre las ONG y las instituciones gubernamentales (Mora, 1994).

Aunque estas asociaciones, inspiradas por sus homólogas internacionales, intentaron la construcción de una nueva sociedad civil socialista cubana, a partir de una diferente relación constructiva Estado-sociedad, muchas veces fueron vistas con recelo y sospecha, tanto como consecuencia del conservadurismo de sectores del funcionariado, como por elementos identitarios elitistas de algunas organizaciones. Esto era resultado, entre otras causas, de limitaciones legales para relacionarse con los movimientos comunitarios emergentes y por la extracción social e inspiración ideológica de sus protagonistas. Pese a ello, las asociaciones reunidas en el proyecto manifestaban un total apego a metas nacio¬nales socialistas y su oposición a cualquier imposición de proyectos externos que contribuyeran a la política injerencista estadounidense (Dilla, 2005).

Existe un criterio bastante extendido entre expertos y protagonistas acerca de que, a partir de 1996, comienza una ofensiva estatal destinada a poner fin de una “etapa de tolerancia por omisión”. Entonces se detiene el crecimiento de este tipo de organizaciones, se paraliza la actividad dentro del Registro de Asociaciones en relación al reconocimiento de organizaciones que asumen o se identifican con el fenómeno de las ONG. Se imponen nuevos controles a las organizaciones existentes y una vigilancia y denuncia pública continua sobre los financiamientos externos.  

Desde esa fecha no ha habido crecimiento de la “comunidad no guber¬namental cubana”, sino una contracción en el accionar, debido a redefiniciones institucionales de algunos participantes y el debilitamiento de los esfuerzos de articulación. Pese a ello, el interés ciudadano en auto organizarse propicia que disímiles tramas participativas sean acogidas dentro de las instituciones estatales y asociaciones creadas, o en zonas de contacto entre ambas –por ejemplo, mediante proyectos socioculturales–, desarrollando actividades cuyos desempeños rebasan ocasionalmente los objetivos formales y las lógicas declaradas por las primeras (Chaguaceda, 2008).

La justificación recurrente acerca de estas nuevas medidas se encuentra en el incremento de la política agresiva estadounidense, expresada en le aprobación de la Ley Helms–Burton y su Carril 2, que proponía como eje principal de trabajo las organizaciones de la sociedad civil cubana, identificándola con el grupo de organizaciones disidentes existente en la isla, cuyo protagonismo internacional excede por mucho su impacto real en la sociedad cubana (Hernández, 1996). Como consecuencia, muchas asociaciones fueron reducidas a poseer roles muy discretos (pagando el precio de la casi invisibilidad); y otras fueron cerradas bajo el criterio de que sus funciones iban a ser asumidas por el Estado (Hábitat Cuba). Exceptuamos de esta consideración a organizaciones que gozan de protección política especial por sus vínculos estatales o por la relevancia de sus contactos internacionales (Centro Memorial Martin Luther King). Estas sobrevivientes poseen un impacto cualitativo más significativo en la sociedad cubana y han sido especialmente favorecidas por la ayuda financiera de contrapartes europeas, y sus contactos e intercambio de experiencias con homólogas.  

De leyes y hechos: carencias y desafíos

El carácter de estas organizaciones debía ser de beneficio social, no lucrativas, y sus propósitos esenciales estar dirigidos al desarrollo de la ciencia, la técnica, la educación, el deporte, la recreación y las distintas manifestaciones culturales. Además, contemplaba el fomento de las relaciones de amistad y solidaridad entre los pueblos y el estudio de su historia y cultura, y se dejaba abierto cualquier otro campo de acción no incluido entre los mencionados, siempre que la propuesta fuese de interés social

Sin embargo, la Ley de Asociaciones cubana tiene no pocas deficiencias: pese a postular como condicionante para su existencia la probada democraticidad interna de las asociaciones, la norma —y su puesta en práctica— favorece la estabilidad de las élites asociativas. Deja en manos de los “órganos de relación” estatales enormes cuotas decisorias, y fija escasos mecanismos de apelación ante sus posibles excesos. Establece condicionantes que afectan a grupos populares menos organizados; es lo suficientemente ambigua como para acoger en un mismo espacio a ONG, centros y experiencias comunitarias, mientras quedan en el anonimato otras experiencias de signo menos formal, entre otras limitaciones. Además, su existencia no ha impedido la lamentable resistencia estatal a inscribir nuevas asociaciones, una postura que ya cumple más de una década.

La mayoría de las experiencias del espacio asociativo en Cuba se constituyen bajo la tipología jurídica de Asociaciones, regidas por la Ley 54 de 1985 e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia; también pueden ser Fundaciones u Organizaciones de carácter religioso, que se encuentran inscritas en un registro independiente al Registro de Asociaciones, adscrito a la Dirección de Asociaciones del  Ministerio de Justicia. En estos momentos se conoce la existencia de más de 2200 organizaciones inscritas en el Registro de Asociaciones, con un espectro amplio de objetivos y fines a cumplimentar. Estas organizaciones se caracterizan por los elementos básicos que identifican el fenómeno No Gubernamental a nivel internacional: son asociaciones  o fundaciones (constituidas bajo determinados requisitos legales) sin fines de lucro, formalmente independientes del Estado o el gobierno (en tanto de manera estricta puede decirse que no forman parte de sus estructuras) y que cumplimentan fines de interés social, científico, cultural, deportivo, de amistad y solidaridad.

De particular, se señala en la regulación de este tipo de organizaciones en Cuba la permanencia de un procedimiento de aprobación e inscripción que hace depender la existencia de la organización, en gran medida, del interés que tenga el organismo estatal con fines similares a ella, y que debe otorgarle el aval correspondiente. Este se convierte, una vez autorizada la organización por resolución de la autoridad competente (Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia) en órgano de relación de la nueva organización ciudadana, con regulaciones especiales para pautar las relaciones que en lo adelante resulten. Cabe señalar que se constituyen con personalidad jurídica restrictiva, limitadas a sus fines y medios expuestos claramente en sus estatutos, y aprobados por el Ministerio de Justicia, aspecto que, según la Dirección de Asociaciones del organismo citado,  no queda realmente claro en el texto normativo.

El hecho de identificarlas como no gubernamentales no implica un contenido contradictorio, por exclusión, a lo gubernamental. Que una institución no integre la estructura oficial de gobierno no significa que esté excluida de deberes y responsabilidades con el sistema jurídico del país, cuya expresión más alta es la Constitución. Tampoco significa que se vaya a considerar al margen de los grandes objetivos y aspiraciones que se plantea la sociedad en su conjunto (Hart, 1996). En Cuba se postula que las relaciones entre las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, no tienen una base objetiva ni subjetiva para que se desarrollen con antagonismos, sino que pueden ser singular ejemplo de amplias y sólidas relaciones de cooperación (Mora, 1994). Todo ello acaece en el dorado terreno del “deber ser”, que ofrece un amplio grado de desfase con la real implantación de lo normado.

Las organizaciones sociales y de masas, reconocidas constitucionalmente en el artículo 7 de nuestra Carta Magna, no se inscriben en ningún registro y su existencia viene condicionada por su tradición y el marcado sesgo paraestatal que poseen. En Cuba, las asociaciones no están concebidas como un grupo de presión u oposición al Estado, no combaten grandes conglomerados empresariales privados, aunque cabría suponer que puedan y deban defenderse (aliadas entre ellas o con agencias estatales) contra intromisiones burocráticas que afecten sus agendas o membresías. Por lo tanto, cabe decir que en Cuba las asociaciones pueden aliarse con ciertas agencias estatales y complementar funciones de interés social.

Como parte de un fenómeno universal, las organizaciones no gubernamentales cubanas no escapan de los males que afectan globalmente a este tipo de entidad. Aunque su manifestación resulte acotada por la escasez de recursos, el control gubernamental y el compromiso social y político de muchos miembros de asociaciones, se conoce de prácticas corruptas de directivos que desvían recursos de las agencias internacionales en beneficio personal. En ciertos casos, se desarrollan fenómenos como el nepotismo, las prácticas autoritarias, falta de transparencia y mecanismos no democráticos de toma de decisiones, hechos que se contraponen al discurso participativo y horizontal que resulta slogan del trabajo no gubernamental. Y que en algunos casos reflejan mimetismo de valores y prácticas procedentes de las agencias estatales.

Un primer punto focal lo constituye el tema del financiamiento. Cuba desarrolla el proceso de cooperación bajo condiciones especiales, y se toman medidas para evitar el financiamiento de entidades que respondan a intereses del gobierno de Estados Unidos, ya que existen ONG internacionales que tienen entre sus donantes otras entidades o personas que manejan capital del gobierno y grupos de poder estadounidenses, o que se pliegan a la voluntad de estos últimos. Por ello, todos los proyectos son chequeados y legalizados por el Ministerio de Comercio Exterior y para la Inversión Extranjera. Aunque es preciso señalar que las demoras y trámites que se establecen por este ministerio para la aprobación de los proyectos y programas de colaboración acusan enorme lentitud, provocando que se pierdan financiamientos no comprometedores, o que se tengan que ejecutar otros en muy corto plazo, redundando en la ineficiencia de los objetivos trazados.

Otro punto importante es que el carácter no gubernamental puede verse cuestionado al operar (o considerarse) algunas asociaciones como meras fachadas de organismos gubernamentales (centros de estudios, asociaciones paraestatales), para obtener los financiamientos que la ayuda oficial no ofrece, restándoles legitimidad como representantes de la sociedad cubana; o porque sus gastos o salarios pueden provenir directamente de los órganos de relación. Este tema se vincula directamente con la realización de proyectos sobre temas de moda, interesadas solamente por la obtención de financiamiento, sin ampliar el debate y sin plantearse agendas propias de acuerdo a su objeto social y las necesidades de su población meta. Esto, por supuesto, puede derivar en un doble discurso, respondiendo más a los intereses de las agencias financistas o el Estado que a los verdaderos intereses de los beneficiarios del proyecto; amén de correr el riesgo de convertirse en meras entidades asistencialistas, proveedoras de recursos que, en las circunstancias actuales, el gobierno no puede hacerle llegar a la población [5].

Se sufre la ausencia de marcos regulatorios propios y actualizados (existe la Ley de Asociaciones, pero por sus particularidades excluye a las fundaciones, las organizaciones de inspiración religiosa, las organizaciones socio profesionales, etc.), que sirvan para controlar de manera adecuada el desarrollo de sus actividades. A las asociaciones se les aplica un sinnúmero de disposiciones que crean, en no pocos casos, vacíos normativos, los cuales son caldo de cultivo para el encubrimiento de actividades ilícitas: desvío de fondos, violaciones laborales y realización de actividades no previstas para ellas. Y que, en el peor de los casos, limita el reconocimiento de la realización de ciertas actividades, que quedan  fuera de la sistematización del trabajo de la organización, invisibilizada para los garantes de la legalidad y fuera de cualquier control.

Aunque en Cuba no se exprese en los niveles de otros países (pues existe mucho trabajo de voluntariado y un aprendizaje empírico que dota de cuotas altas de legitimidad), la creciente profesionalización e incorporación de técnicas gerenciales al trabajo constituye otro problema medular. Esto está influenciado por los mecanismos de gestión de proyectos modernos, que exigen capacidades y técnicas profesionales para la elaboración de diseños e instrumentos para una competencia cada día mayor, entre las asociaciones existentes, por las fuentes de financiamiento cada día más escasas.

Relacionado directamente con el staff o el grupo de trabajadores que constituyen el núcleo permanente del trabajo de la organización, hay que señalar que los salarios aprobados son generalmente bajos, producto de las dificultades en la obtención de la moneda nacional, que solo ingresa a través de las cuotas de sus miembros y la venta muy limitada de algunos productos como libros, en los casos en que se autorice. En contraste con esto, este tipo de entidad es la que paga a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) los mayores impuestos entre los contribuyentes nacionales, tanto por concepto de empleo de fuerza de trabajo (25 %) como por Seguridad Social (10 %). Y aunque algunos casos reciben prestaciones extrasalariales (prestaciones en dinero o especie, procedentes de los fondos de la cooperación), ello no constituye norma ni abarca la mayor parte de las ONG, constituidas por personal básicamente comprometido.

Dadas las carencias de la institucionalidad sociopolítica, aunque el universo asociativo seduce como espacio de comunicación democrática de demandas y sentires, no todo es idílico. En muchos casos, los equipos dirigentes son elegidos por las bases, pero después su protagonismo es decisivo y poco fiscalizado, y se reserva para los miembros el papel pasivo de beneficiarios o consultantes. Frecuentemente, las directivas son objeto de especial atención de instituciones que expresan su anuencia o disconformidad, y, en casos concretos, se ha llegado a mostrar inconformidad con candidatos que, una vez electos, muestran discursos y accionar autónomos mayores de los “oficialmente admisibles” —aun cuando estos sean sistémicos, por lo general centrados en tradiciones de uniformidad y monolitismo.   

Conclusiones

De cara al futuro en Cuba, se precisa relanzar una ciudadanía beligerante, portadora de derechos efectivos, y ampliar el patrón de inclusión sociopolítico actual, potenciando nuevas cuotas de igualdad y libertad en las relaciones sociales, incluidas aquellas inherentes a la esfera política y a la representación de identidades diversas. Y aprovechar para ello los niveles apreciables de educación, acceso a la cultura, mentalidad igualitaria y la noción de participación como deber ciudadano, herencias todas de la Revolución de 1959; pero recuperando una agenda democratizadora aún pendiente. En este desafío, una sociedad civil más autónoma, beligerante y auténticamente comprometida será decisiva.

Notas

[1] Además de Dilla, este equipo reunió diversos investigadores –no todos integrantes del CEA- como Armando Fernández, Margarita Castro, Gerardo González, Rubén Otazo  y Ana T. Vicentelli, entre otros. Sus principales resultados fueron publicados en el país en varios libros (Dilla, Gonzales y Vicentelli, 1993), (Dilla-comp. 1996) y (Dilla, Fernández y Castro, 1998)

[2] Una muestra del limitado impacto de estas acciones y discursos es que las directrices y prácticas del modelo de educación cubano (sin dudas exitoso en cuanto a la cobertura universal, los avances alfabetizadores y la entrega de sus docentes) siguen consagrando un patrón bancario, autoritario y vertical, en el cual el Estado rige discrecionalmente la política educacional (sin el concurso de gremios autónomos de educadores o asociaciones de padres) y donde experiencias como la Educación Popular no han logrado convertirse en principio regenerador de una pedagogía libertaria y se le confina a espacios y praxis de trabajo con pequeñas comunidades, de impacto limitado en las dinámicas de la vida nacional.

[3] Este asunto sigue siendo hoy, básicamente, tema tabú dentro de Cuba. Es obviado por buena parte de la academia (salvo contados análisis, como los de los juristas Hugo Azcuy y Dmitri Prieto) y sólo algunos medios como la revista Temas  han llevado el problema a debate (número 59, julio-septiembre de 2009), aunque con un desbalance que combina un exceso de miradas teóricas foráneas y escaso aterrizaje empírico en el contexto cubano.

[4] Nombre con el cual se denominó la crisis iniciada con la pasada década de los noventa, tras la desintegración de la URSS y la desaparición del socialismo este europeo.

[5] Sin embargo, una colega nos ha sugerido destacar la existencia de otras corrientes, con personas y organizaciones que utilizan los paraguas de instituciones para impulsar proyectos que responden a intereses de comunidades y e utilizar los “temas de moda” para, por ejemplo, avanzar en el trabajo con los problemas  de violencia de género, en espacios como cooperativas agropecuarias. Aceptamos la validez de su señalamiento, que no hace otra cosa que aludir a la complejidad del fenómeno abordado.

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