Lenta marcha de subsidios para vivienda

Pocas personas han podido acceder a ese beneficio en La Habana.

Jorge Luis Baños - IPS

En el programa se debe dar prioridad a las familias afectadas por catástrofes y los casos sociales críticos

La Habana, 16 jul.-   La política de subsidiar a personas de escasos recursos necesitadas de construir o reparar sus viviendas avanza con lentitud en La Habana, donde se concentran problemas habitacionales que afectan con mayor fuerza a ese sector más vulnerable de la población.

 

Los subsidios, aprobados por un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de enero de este año,   fueron concedidos a 1.024 residentes en la capital hasta la primera semana de junio, en tanto se tramitan aún 1. 853 solicitudes, de acuerdo a una fuente oficial.

En un reportaje reciente, el diario Granma consideró que la ayuda se ha dilatado en primer lugar por incongruencias entre la descripción del inmueble en el título de la propiedad y las características reales de la vivienda o por “ilegalidades constructivas” que impiden actualizar dicho documento.

También se ha debido sugerir la conversión a propietarios de los usufructuarios (que habitan el inmueble sin ser dueños) antes de solicitar un subsidio, lo cual aunque es beneficioso implica otra serie de trámites para tasar el valor del inmueble y pagar al banco el valor determinado por los especialistas.

Las personas que solicitan este beneficio deben ser propietarias y después de presentar la documentación requerida recibirán la visita de los técnicos de la Unidades Municipales Inversionistas de la Vivienda y la dirección de Trabajo, encargados de establecer las condiciones del inmueble y las características socioeconómicas del núcleo familiar.

El proceso finaliza en el Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular, quien decide a quién otorgar el subsidio.

Todo el trámite debería demorar unos 45 días y para facilitar el trabajo la dirección provincial del Instituto de la Vivienda en La Habana orientó emplear una cartilla técnica que posibilitaría hacer más expedito el trabajo de los técnicos y establecer estándares generales para los casos que deben analizar.

Sin embargo, ese modelo no abarca todo lo que se necesita reparar en una casa y se dirige esencialmente a recuperar las condiciones higiénico-sanitarias de un inmueble, reforzar las referentes a la seguridad o que se le den solución a los problemas de estructura de la edificación para evitar derrumbes.

Aun cuando la tramitación de los casos resulte cada vez más dinámica y se agilice la obtención de los documentos necesarios para obtener el subsidio, corresponde a los gobiernos territoriales velar por la ejecución de un presupuesto que hasta la fecha supera por amplio margen los montos otorgados, al menos en la capital, consideró el periódico.

Según el reglamento de esta disposición, si la persona beneficiada requiere la construcción de un inmueble se le otorgará un máximo de 80.000 pesos, y si se trata solo de acciones menores de conservación, hasta 5.000 pesos.

Entre los elementos que obstaculizan la marcha del programa figura la inexactitud de un valor único para la mano de obra contenida en el otorgamiento de los subsidios, ante la diferencia de precios existentes para esta en todas las regiones del país. En este caso no es raro que el gasto por ese concepto sea mayor al 30 por ciento asignado.

Influye, asimismo, la disponibilidad y la gama de precios de los materiales existentes en la red de tiendas en el momento en que el subsidiado acude, dificultad que las autoridades esperan minimizar con el fomento de la producción local de materiales de la construcción y sus ofertas más económicas.

En cuanto a la venta de materiales de construcción también persisten trabas burocráticas a la hora de acceder al cemento P 350, disponible en las tiendas recaudadoras de divisas, pues no en todas está implementada la posibilidad de que el subsidiado pueda comprar con cheques.

Según el acuerdo gubernamental, en el programa se debe dar prioridad a las familias afectadas por catástrofes y los casos sociales críticos. Esta política se corresponde con los lineamientos aprobados para la actualización del modelo económico, que incluyen la eliminación de subsidios excesivos y compensar a las personas más necesitadas. (2012).

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