La Habana, 9 jul.- El semanario Trabajadores publicó la historia de una joven que asegura haber sido obligada a bajar de un taxi privado debido al color de su piel, que aún suscita numerosas críticas en las redes sociales y exhortaciones a reforzar las leyes antidiscriminatorias en Cuba.

El pasado 2 de julio, la publicación se hizo eco en su página digital de una carta de Yanay Aguirre Calderín, que estudia la carrera de Derecho, en la Universidad de La Habana, y reside en la occidental provincia de Artemisa.

Relató la joven que tomó un almendrón (nombre local de los taxis privados) en el capitalino municipio de Marianao, pero un cambio en la solicitud de parada motivó una respuesta descompuesta por parte del chofer.

Refiere el testimonio que el conductor “comenzó a vociferar que cada vez que se montaba un negro en su carro era lo mismo y que por eso no los soportaba”. Por su parte, Aguirre aseguró haberle ripostado que era una falta de respeto proferir semejante ofensa discriminatoria.

Luego, el taxista “repitió su discurso y agregó que no era un delito y lo gritaría en cualquier instancia. Frenó el auto y le ordenó bajarse, sin haber llegado al lugar deseado, no sin antes acotar que en su carro no quería negros”.

“Conductas así contradicen lo refrendado en nuestra Constitución y violentan los principios éticos de la Revolución (…) Además, la agresividad racial e insolencia pública de la que fui objeto sí está tipificada en el Código Penal, como delito contra el derecho de igualdad”, acotó Aguirre.

Agregó el semanario de alcance nacional que a la agredida le preocupa que actuaciones como esas queden impunes o se repitan, mientras espera que el hecho sea analizado y se adopten medidas.

El artículo 42 de la Constitución de la República expresa que “la discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley”.

La Carta Magna agrega que “las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igualdad de los seres humanos”.

Asimismo, el Código Penal establece en el artículo 295, acápite uno, que quien “discrimine a otra persona o promueva o incite a la discriminación, sea con manifestaciones y ánimo ofensivo a su sexo, raza, color u origen nacional (…) incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas”.

Numerosas críticas y rechazo desató el suceso en las redes sociales, como es el caso de un ciberlector nombrado Franklin para quien este “hecho condenable desde todo punto de vista debe ser castigado con todo el rigor que la ley contempla para estos casos”.

La activista y abogada Deyni Terry sostuvo que “denunciar ante la fiscalía a personas que cometan actos como éste, debe ser la primera acción. La discriminación en cualquiera de sus formas debe recriminarse”.

A través de su cuenta en Facebook, Terry recomendó a la joven buscar asesoramiento en Alianza Unidad Racial, el equipo que ella misma coordina desde 2011 y asiste de manera gratuita a personas que quieran encauzar procesos legales contra hechos racistas.

Juan Carlos Corcho identificó en el caso además otro tipo de discriminación: la de género. “Si tal vez la víctima fuera un joven, el cobarde no se hubiera atrevido”, opinó.

Aunque muchos recomendaron privar al chofer de su licencia de trabajo, Orestes Sandoval propuso “hacer las cosas de manera constructiva” como, por ejemplo, enviar un equipo de periodistas de la televisión a casa del agresor para entrevistarlo “y que dé su versión de los hechos”.

Así “el hombre tendría la oportunidad de disculparse públicamente tras darse cuenta del error cometido y la repercusión que ha tenido su actitud. Por otro lado se podría tematizar el asunto del racismo aún existente en nuestra sociedad”, opinó.

En opinión de Jesús López, “el racismo es un fenómeno cultural. Que la Revolución (de 1959) haya eliminado el racismo institucionalmente, no quiere decir que en las mentes de las personas se cambien las cosas a la velocidad que se realizan a nivel institucional”.

Añadió que la sociedad no puede permitir que algunas personas se jacten de su racismo. “Como mínimo, esa persona no puede prestar un servicio público, porque ha roto el principio fundamental de respetar a quien sirve”, indicó.

En los últimos años, intelectuales y activistas han reclamado acciones concretas contra emergentes manifestaciones de racismo, como la aparición de un cartel fascista y hasta ofertas laborales en sitios web donde se exige como requisito ser una persona blanca para aspirar a una plaza en algunos negocios del emergente sector privado. (2017)