Taller analizó derechos sexuales y laborales en Cuba

Participaron especialistas, funcionarios y activistas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Jorge Luis Baños - IPS

Especialistas recomiendan acudir a un abogado cuando se perciba discriminación por orientación sexual e identidad de género en el centro laboral.

La Habana, 14 dic.- Debilidades en la aplicación de la ley, interpretaciones incorrectas de los jueces y el desconocimiento de los derechos y normas jurídicas por la ciudadanía, son elementos que propician la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral cubano.

Estos asuntos fueron debatidos durante el II Taller sobre Sexualidades y Derechos Humanos y el II Encuentro de las Redes Sociales Comunitarias del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), realizados el 9 y 10 de diciembre, este último Día de los Derechos Humanos.

Especialistas, funcionarios y activistas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans, debatieron sobre la discriminación laboral a la luz de nuevas disposiciones jurídicas sobre esta materia, en las actividades realizadas en el bar privado de ambiente Humboldt 52, en La Habana.

Vicente Alejandro Entrialgo, abogado del único bufete especializado en derecho laboral que existe hasta ahora en el país, señaló como una deficiencia que la Ley No.116 Código de Trabajo que entró en vigor en junio de 2014 mantuvo procedimientos que pueden ser lesivos para el trabajador o trabajadora.

El letrado explicó que solo es posible reclamar por errores de procedimiento en los análisis de disponibilidad que las entidades estatales realizan para despedir empleados, porque la norma prohíbe que el órgano de justicia laboral o el tribunal se pronuncie “sobre el fondo del asunto”.

“Nadie te va a decir que quedas fuera de tu puesto por ser homosexual o mujer, pero eso puede estar en el trasfondo”, valoró.

El jurista contrastó el caso de un joven de 20 años positivo al virus de inmunodeficiencia humana, que fue repuesto en su plaza por un tribunal municipal luego de una medida disciplinaria excesiva.

Al tiempo, ese mismo órgano ratificó la separación de otro trabajador experimentado y con buena trayectoria solo por chatear en su trabajo fuera del horario laboral en un sitio gay, expuso.

“La administración dijo que atentaba contra la seguridad informática, la ética y la moral y hasta contra la seguridad del Estado”, contó Entrialgo. Y el tribunal ratificó la medida al no valorar esa indisciplina en un plano de igualdad con cualquier otra infracción de ese tipo, razonó.

Todavía en proceso de revisión ante el Tribunal Supremo, ese caso expresa, a juicio del abogado, que la apreciación subjetiva de cada juez puede determinar si hay prejuicios enraizados.

“Mi recomendación es acudir a un abogado ante cualquier situación en que la persona perciba una vulneración de derecho por su orientación sexual o identidad de género”, enfatizó.

Una activista trans, enfermera de profesión, intervino para narrar la discriminación que sufrió al intentar ocupar un puesto de su calificación en un importante hospital capitalino. A su juicio, vivió “un abuso de poder por parte de una jefa de sala y la dirección de esa institución”.

“Nos ponen obstáculos como solicitudes de cartas del Cenesex, creación de comisiones para analizar nuestros casos, imposición de normas de vestuario o llamarnos en público con el nombre legal con el cual no nos identificamos”, expresó otra persona trans.

“Queremos trabajar y estudiar, pero a veces se nos quita el ánimo”, confesó.

Miriam Lau Valdés, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, exhortó a aumentar el conocimiento de la ley para poder exigir mejor los derechos que cada ciudadano posee.

La funcionaria resaltó que el Código de Trabajo protege contra la discriminación laboral “por cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”.

La nueva ley no incluyó, sin embargo, la propuesta de activistas y diputados de una mención expresa a la identidad de género en respuesta a la mayor vulnerabilidad de las personas trans, lo cual motivó polémicas y críticas luego de su publicación en la Gaceta Oficial en junio último.

En respuesta a otra pregunta sobre las expresiones transfóbicas de personas que ocupan altos cargos estatales, Lau Valdés valoró que los funcionarios tienen la obligación de cumplir con la legislación vigente y deben responder disciplinariamente si no lo hacen.

“No pueden mezclar sus percepciones o consideraciones particulares con sus funciones públicas”, remarcó.

Lydia Guevara, de Consultores y Abogados Internacionales, insistió también en las diversas expresiones que puede tener la discriminación. Puso como ejemplo la incomprensión existente aún con el empleo del enfoque de género en el lenguaje jurídico.

Resaltó, sin embargo, otras normas jurídicas avanzadas en este tema, como la ley cubana de maternidad, que fija derechos y deberes similares para madres y padres en el cuidado y atención de los hijos e hijas.

El taller incluyó también paneles con profesores y académicos universitarios, expertos de organizaciones profesionales y de la sociedad civil, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de organismos internacionales, así como activistas por los derechos sexuales de todas las orientaciones e identidades. (2014)

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