Taller reflexiona sobre discriminación racial y legalidad

El encuentro fue respaldado por el capítulo cubano de la Articulación Regional Afrodescendiente para las Américas y el Caribe (Araac).

Durante el taller se insistió en la urgencia de socializar y propiciar la comprensión de instrumentos jurídicos esenciales para construir una sociedad con mayor equidad racial.

Foto: IPS-Cuba

La Habana, 4 oct.- Una anciana afrodescendiente privada del título de doctora en Medicina y un profesor negro acusado por supuestamente seducir a una estudiante, fueron algunos de los casos analizados en el segundo taller del proyecto Alianza Unidad Racial (AUR).

Para muchos participantes, en estos y otros hechos mencionados, subyace de manera más o menos evidente la problemática del racismo en el proceso de toma de decisiones legales, lo cual contradice los principios de justicia e igualdad amparados por la Constitución.

El taller que tuvo lugar el 2 de octubre en la Casa social de la Unión de Juristas de Cuba, en la barriada habanera de Miramar, propuso como tema central los Derechos, deberes y obligaciones desde la problemática racial en Cuba.

La iniciativa dio continuidad a los debates del primer encuentro efectuado en abril, donde emergieron múltiples inquietudes sobre cómo socializar y propiciar la comprensión de los instrumentos jurídicos esenciales para impulsar la participación, la formación de consensos y el accionar para construir una sociedad con mayor equidad.

María Santiesteban, una de las asistentes, relató que si bien venció todas las materias en la universidad, nunca obtuvo su título de doctora debido a errores legales, decisiones arbitrarias, incomprensiones y hasta por sesgo ideológico, según explicó.

De manera adicional, la anciana, residente en El Vedado capitalino, lleva 26 años ante distintas instancias judiciales reclamando el derecho a ser propietaria de la vivienda en la cual ha vivido más de la mitad de su vida, declarada inhabitable por las deplorables condiciones higiénico-sanitarias, de hacinamiento y estructurales.

¿Qué ha sido de mis derechos humanos? ¿Quién me los ha respetado? ¿Qué debo de pensar? ¿En quién debo de creer?, cuestionó Santiesteban, a quien varios de los juristas y activistas presentes prometieron brindarle asesoramiento legal y respaldo comunitario para resolver su situación de manera satisfactoria.

Asimismo, se evidenciaron múltiples interrogantes en torno al proceso penal contra un profesor de secundaria, condenado en 2014 a siete años de prisión acusado de abuso lascivo contra una de sus estudiantes.

María del Carmen, madre del joven, consideró defectuoso el proceso de instrucción penal, mientras aseveró que en el juicio, además de nunca probar el delito, se obviaron elementos como la irregular trayectoria académica y personal de la denunciante, una adolescente blanca, contrapuesta a la trayectoria ejemplar del maestro.

“Somos una familia negra, humilde, pero trabajadora y consideramos que ha sido injusta esta situación”, reiteró.

Entre las numerosas inquietudes del público estuvo el inadecuado uso del derecho de admisión en los negocios privados que proliferan como parte del proceso de reformas y actualización del modelo económico, impulsado desde 2011 por el gobierno del presidente Raúl Castro.

Para la abogada Deynis Terry, coordinadora de AUR, cada entidad, sea privada o estatal, debe explicitar los requisitos para el acceso a los locales, a fin de evitar que detrás de una negativa amparada en el “derecho de admisión que se reserva la casa”, se escondan patrones discriminatorios lesivos a la dignidad humana.

Ante hechos de este tipo, el también abogado Jorge Luis Casas exhortó a romper el silencio y usar las instituciones e instrumentos legales para formular una queja y reivindicar los derechos individuales.

Para Irene Esther Ruiz, especialista en medios de comunicación, resulta esencial el uso de estos para canalizar la problemática racial, mientras Gisela Arandia, miembro del capítulo cubano de la Articulación Regional Afrodescendiente para las Américas y el Caribe (Araac) lamentó la postergación de un debate nacional al respecto desde hace más de medio siglo.

La actividad contó con el respaldo de Araac, en el marco del tercer aniversario de su fundación.

AUR, constituido a fines de 2011, es una iniciativa ciudadana integrada en su mayoría por juristas, quienes ofrecen asesoramiento legal y realizan acciones para denunciar los casos de racismo en distintos ámbitos.

Terry recordó que el proyecto jurídico y sociocultural atiende además, de manera gratuita, demandas de personas en desventaja social como las mujeres y miembros de la comunidad LGBTI –lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales-, mediante charlas sobre asuntos legales u otro tipo de asesoramiento. (2015)

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