IPS:  Unos más que otros, la mayoría, si no todos, los países de América Latina y el caribe han legislado sobre violencia de género. ¿Qué impacto han tenido las leyes sobre este problema que según fuentes especializadas disminuye poco y se ha agudizado bajo la pandemia de covid-19?

Alina Herrera (AH):  Las leyes no tienen efectos solamente jurídicos, también consiguen impactos en el área social y en la política. Y esas han sido las consecuencias más visibles de las leyes que se han promulgado en torno a la violencia de género en la región: han demostrado la capacidad movilizadora y política de las mujeres organizadas (también de otros colectivos como los LGBTIQ+), se ha colocado el problema en la arena de las instituciones y los gobiernos, ha proliferado y se ha expandido la discusión ciudadana respecto a este flagelo, aunque no sea en formas homogéneas, al contrario, la complejidad del tema y las múltiples dimensiones que la hacen posible cada vez son más señaladas y debatidas.

La violencia de género ha trascendido el espacio académico y los sectores netamente feministas o de mujeres, y las leyes han sido un resultado de esta lucha y a la vez un punto de partida para pensar e implementar la transformación societal en base al género.

La promulgación de normativas contra la violencia de género (en su amplia gama) también ha servido como un termómetro de procesos democratizadores, mediante los cuales se ha constatado el trabajo en conjunto o consultivo entre las instituciones y una gran diversidad de organizaciones y colectivos feministas, de mujeres y personas LGBTIQ+ en algunos países como pueden ser Argentina, Bolivia, México o Ecuador que, aunque no han sido procesos lineales, sí han contado con la participación de algunos sectores de la sociedad civil en algunas de sus fases; mientras en otros países, como puede citarse a Cuba, el trabajo de las instituciones resulta más hermético y la implementación por tanto, más vertical.

Ciertamente, con la pandemia y el aumento de casos de violencia basada en género se confirmó aún más que, si bien las leyes son imprescindibles para consolidar las políticas y estrategias de un país que trabaja por erradicar la violencia basada en género, no son las únicas herramientas capaces de cerrar brechas de desigualdad y de disminuir índices de violencia.

IPS: ¿Considera que estas leyes son suficientes o no? ¿Por qué?

AH: En América Latina y el Caribe hay países con un abanico importante de instrumentos jurídicos que pretenden eliminar la violencia de género o darle un tratamiento especializado. Podemos citar a Brasil, México, Argentina, sin embargo, los índices de violencia por razones de género no disminuyen a corto plazo como es lo deseable. En efecto, para que las leyes tengan esa eficacia transformadora es preciso trabajar las desigualdades reales, económicas, laborales y sociales de las mujeres y personas lgbtiq+, y también trabajar respecto al desmontaje de estereotipos e imaginarios culturales, identitarios, que resultan ser dispositivos de control sobre los cuerpos de las mujeres y cuerpos no hegemónicos.

Entonces, para corregir estas injusticias y desigualdades económicas y culturales es importante hablar de los sistemas sobre los cuales están montados nuestras sociedades. En contextos donde la precarización de la vida se agudiza, donde la cosificación y la mercantilización de las personas aumenta, donde el Estado le ‘delega’ o le ‘cede’ cada vez más espacios y responsabilidades al sector privado, a las corporaciones y a las ONG, entonces las leyes y cualquier instrumento normativo se convierten en letra muerta, o solamente válida para aquellos sectores sociales privilegiados según su clase social, su pertenencia racial, lugar de residencia, origen étnico/territorial y demás.

En ello juegan un papel trascendental las lógicas del capitalismo neoliberal en nuestra región (varixs especialistas le han nombrado capitalismo tardío o capitalismo de financiarización), la oenegeización del feminismo, incluso el crimen organizado, el narcotráfico y las llamadas ‘guerras contra las drogas’. ¿Cómo pueden beneficiarse de estas leyes las mujeres asentadas en territorios fronterizos, o donde gobierne más el crimen organizado que el propio Estado, o las mujeres migrantes?

Otra dolencia en común entre países de la región es la desfinanciarización por parte de los gobiernos de los llamados Mecanismos de Adelanto para las Mujeres (MAM), que no son más que las instituciones encargadas de desarrollar las agendas de género de los países (para decirlo muy sintéticamente). No se destina todo el presupuesto necesario para el trabajo contra las violencias por razones de género y las desigualdades, al contrario, en muchos países se disminuye el financiamiento del Estado y las instituciones se vuelven dependientes de las ONG, las que a su vez responden a otros intereses. Lo anterior se vincula también a la jerarquía institucional: algunos MAM son Institutos (México), otros son Ministerios (Argentina) que sería la jerarquía más alta y, por tanto, se le deben destinar mayores presupuestos. Sin embargo, quedan países en los que el MAM no es instituto ni ministerio (Cuba), y aunque parezca un tema de menor importancia no lo es porque la investidura institucional es decisiva a la hora de tomar decisiones, de promulgar leyes, de gestionar financiamiento y en temas también de autonomía.

Por otra parte, existen otros países con pocas normativas como Puerto Rico y Haití, donde es más difícil aún trabajar respecto a situaciones de desigualdad y violencia por razones de género. Para el caso de Cuba, donde también son muy escasos los instrumentos jurídicos con estos fines o bien se encuentran en las primeras fases de divulgación e implementación, la situación se vuelve particular porque, aun cuando en el país no tengan lugar fenómenos como los anteriormente descritos, Cuba se encuentra atrapada en lógicas de endeudamiento, persecución financiera y económica, y pobreza que repercuten con mayor gravedad sobre el cuerpo de las mujeres y otras identidades no hegemónicas. La crisis que actualmente vive Cuba sí la coloca en mayores índices de precarización de la vida y esto sin duda alguna se traduce también en un aumento de las violencias basadas en género.

También para el caso cubano se constata la emergencia de un sector privado que tiende a su ampliación y fortalecimiento, y a su vez un incipiente desplazamiento de obligaciones estatales e institucionales también hacia la esfera privada. Son dinámicas que atentan contra la erradicación de la violencia basada en género, precisamente porque son cuestiones estructurales que en otros países han demostrado el porqué de las limitaciones en la eficacia de leyes contra la violencia de género.

IPS: Dicho de otro modo: ¿Estamos ante un asunto de leyes o más bien de condiciones que propician la violencia de género, las agresiones y acoso sexual, etc.?

AH: Ambas. Es un asunto de leyes y, además, de condiciones estructurales, históricas, institucionales y sistémicas que propician la violencia de género. (2022)