A debate

Ley de prensa en Cuba: en el banco de la espera

Marta María Ramírez

Periodista. Feminista. Community manager independiente y fundadora de Cáñamo. Plataforma Editorial Transmedial. (@CaxamoTransmedia/www.caxamo.com)

En el caso estatal, estamos frente a un periodismo partidista que no responde a la realidad que vivimos las cubanas y los cubanos. Los directivos de nuestros medios públicos asumen que todo lo que publiquemos da armas al imperialismo para derrotarnos, mientras suponen que la comunicación funciona como describe la vieja teoría hipodérmica. Y aceptan que el mensaje es inoculado, sin más, en los receptores. Como si creyéramos en todo lo que publica Granma o The New York Times.

Así llegamos a la autocensura que nos marca profesionalmente antes de pasar por los filtros partidistas o de individuos que nos dirigen, casi todos personas confiables que poco saben de comunicación social. Así trabajamos sin fuentes oficiales y con una ausencia de datos que no pueden ser públicos, aunque hayamos logrado acceder a ellos.

Quienes ejercen el periodismo son mal pagados, viven mal y, por tanto, son altamente sobornables o poco especializados. Los que han logrado especializarse trabajan muy relacionados con el sector que cubren y eso los convierte en relacionistas públicos de ministerios e instituciones estatales.

Los medios relacionados con instituciones pagan las colaboraciones a destiempo y mal, como si viviéramos del aire (aunque la pirámide invertida y la rémora no son privativas de nuestro sector). Los no oficialistas pagan menos mal —aún poco— y más en tiempo, aún no justo.

No tenemos acceso libre a Internet ni a redes sociales. La participación en redes sociales no está normada. Lo que nos hace blanco de ser juzgados por supuestas indisciplinas, sin que sepamos en qué nos metemos de antemano.

Tus notas pueden ser borradas del ciberespacio solo porque ya no participas de ese medio o sistema.

Nuestros periodistas y nuestros medios pueden ser racistas, homofóbicos, misóginos y no pareciera haber a quién reclamarle; tampoco quién defenderte cuando estás en problemas ni frente al Partido, ni frente a funcionarios, ni frente a figuras públicas que expresan su enojo contra nosotros con violencia, como si fuera algo personal.

Si decides ser independiente en el sentido amplio del castellano —no colaborador habitual de medios, no oficialistas ni en el bando de los opositores— tienes que estar preparado para vivir en el limbo legal: readecuar todas tus estrategias y tu periodismo. También listo a pasar hambre y otros sambenitos.

Creo que estos son los problemas fundamentales por los cuales hayamos dejado de cumplir la función del periodismo. Gran parte de estos están asociados al vacío legal.

Es muy triste que nuestra gente piense que somos acomodados, que vivimos bien y que somos mentirosos, algo que escuchas cuando dices a qué te dedicas.

Es urgente. Todo lo que está fuera de una norma jurídica termina siendo irregular. (Quienes me conocen saben que no soy muy dada a cumplirlas a priori y que sé que una Ley de Medios no es magia, pero que las considero necesarias en las sociedades que conozco). La falta de claridad nos pone ante la alegalidad, la indisciplina, la disidencia (como si disentir fuera malo), la autocensura, la censura, la discriminación de lo que nos parezca distinto…

Es imposible trabajar desde la indefensión con un sistema político o nuevos dueños de medios que ganan siempre.

Hay que legislar para nuevos escenarios y los que operan el derecho en la isla son tan lentos y conservadores.

Ser independiente no debió, ni debe, ni deberá ser un delito.

Como receptora quiero una prensa que no discrimine, no censure y sea más plural en formas y contenidos.

No hablaría de sistemas comunicativos, sino de realidad comunicativa. Sin embargo, no puedo obviar que existen tendencias dominantes que el comunicador argentino Carlos Scolari resume en tres grupos, según los conceptos claves que manejan: interpretativa, funcionalista y crítica. No me voy a detener en analizarlas por separado porque considero que estas lógicas operan de conjunto y competitivamente, en un panorama cada vez más complejo por la aparición de las TIC´s.

Por eso creo que el camino no solo de los teóricos de la Comunicación, sino de quienes tratamos de echar mano de ellas para informar, comunicar, gobernar mejor… es romper las fronteras entre perspectivas, que ya se viene produciendo, aunque una visión holística, exhaustiva y transdisciplinar sea, en la realidad, muy difícil.

No puedo dejar de pensar en una alianza directa con los receptores, una consulta pública que nos acerque a esa realidad comunicativa que olvidan cuando cuentan un país que no se parece a su gente.

Es urgente y justa y necesaria. Por supuesto, posible. Comunicarse es un derecho humano fundamental y la libertad de expresión y el acceso a la información, también. Hay que parar ya con las mentalidades demodé y autocráticas de cualquier signo, para cumplir estos derechos universalmente menospreciados, en mayor o menor medida.

Cuba podría ser un buen ejemplo, si deja de considerar a quienes ejercen el periodismo como soldados de la revolución o enemigos acérrimos de ella; si entiende los procesos de recepción con las mediaciones… y si deja de pensar a su pueblo como tonto adoctrinable.

Creo que detrás de esa alegalidad han nacido y están naciendo proyectos interesantes (cuyo futuro está en gran parte determinado por su normalización), que aportan nuevos o más reales y frescos puntos de vista de un asunto, desde, incluso, cierta transmedialidad.

Hay colegas que han pagado con la cárcel el ejercicio de lo que Gabriel García Marquéz llamaba “la profesión más hermosa del mundo”. Otras y otros que han pagado su independencia con la proscripción, como en tiempos oscuros. Otras y otros, puestos a elegir entre su puesto mal pagado en un medio estatal y sus colaboraciones con prensa no oficialista. Otros para los cuales la evolución de su periodismo, su especialización, no clasifica en las agendas clásicas de estos medios. Otros que esperan a que les den permisos a colegas extranjeros con los que tienen un proyecto para poder trabajar en su isla.

Aclaro que la construcción de estas agendas y el tratamiento de los temas no siempre son justos, como tampoco la manera en que pagan a sus comunicadores.

Me preocupa que, más allá de las prohibiciones de periodistas oficialistas de colaborar con estos medios, la prensa partidista y su cultura profesional esté impactando más en este universo que al revés.

He leído notas con una única fuente que se protege en el anonimato por pereza de directivos, editores y periodistas, como si estuvieran en Granma con un poquito más de libertad. Conozco de colegas independientes que se protegen usando los mismos mecanismos de chantaje político que usan las autoridades contra los que piensan diferente, otra ética dudosa venga de donde venga.

Desconozco de estudios, holísticos o no, sobre el consumo de Internet en Cuba. Tampoco creo que los datos cuantitativos sobre conectividad en la isla con los que contamos sean reales. Hay tendederas (redes domésticas que reparten Internet en barrios enteros desde una sola cuenta), esta especie de Internet offline que es el Paquete Semanal y personas que se conectan desde cuentas en sus centros de trabajo y reparten conexión offline u online, sin que podamos medir nada. Más conectados estamos, pero no sé para qué nos sirve.

Como comunicadora y observadora, me parece un consumo caótico, en el que los medios de comunicación masiva destinados a informar ocupan el último lugar de la larga fila porque estamos en el descrédito.

El derecho a la información parece otro chiste de mal gusto. La gente en Cuba se olvidó de pelear por sus derechos, incluido el de informarse. En su historia de la sociedad de la información, un apocalíptico como el sociólogo belga Armand Mattelard asegura que en el proyecto de «sociedad de la información» la ciudadanía no ha podido ejercer su derecho a un verdadero debate, aunque él mismo reconoce cambios al inicio del presente milenio. El comunicólogo registra entonces —y parafraseo— “sociedades del conocimiento”, vistas por una sociedad civil resuelta a obtener la riqueza inmaterial de nuevos yacimientos, del control de las doctrinas y estrategias hegemónicas.