La Habana, 3 mar.- La decisión del Gobierno cubano de permitir que micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) gestionen la importación de combustible marca un punto de inflexión en la participación del sector privado en la economía nacional, en medio de una crisis energética que impacta de manera directa la vida cotidiana del país.

La medida autoriza a actores no estatales a adquirir combustibles en el mercado internacional, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y regulatorios establecidos.

La misma se produce en un escenario de prolongados apagones, desabastecimiento de diésel y gasolina, así como afectaciones sistemáticas a servicios básicos.

Especialistas señalan que la autorización es un paso importante, pero el verdadero obstáculo será económico y financiero. Las mipymes operan en un entorno de limitada liquidez en divisas, restricciones bancarias y altos costos de transacción internacional. Importar combustible implica negociar volúmenes significativos y asumir riesgos asociados al transporte y almacenamiento. (Foto: Archivo IPS)

Más allá de su dimensión económica, la apertura refleja un reconocimiento explícito del papel creciente del sector privado como engranaje funcional en un contexto de restricciones financieras y limitaciones estructurales.

En comparecencia televisiva el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, explicó que cualquier empresa con capacidad para importar combustible podrá hacerlo, lo cual amplía las facultades comerciales de las mipymes más allá de bienes de consumo o materias primas.

En ese sentido, varios especialistas coinciden en que este paso evidencia una flexibilización gradual del modelo económico, donde las mipymes han ido asumiendo funciones complementarias ante la contracción productiva del sector estatal.

La posibilidad de importar combustible amplía su radio de acción y consolida su rol como actor económico relevante.

Asimismo, refuerza la tendencia hacia una economía más diversificada, donde la coexistencia entre lo estatal y lo privado se vuelve más interdependiente.

Procedimientos y desafíos operativos

El proceso no es sencillo. Las empresas interesadas deben cumplir un conjunto de requisitos técnicos, entre ellos: la autorización de microlocalización otorgada por el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo para certificar el lugar exacto del depósito donde se guardará el combustible.

Asimismo se necesita una certificación de seguridad emitida por la Agencia de Protección Contra Incendios; y el aval metrológico que garantiza que los isotanques o instalaciones cumplen normas técnicas de almacenamiento.

Además, la gestión de la importación debe canalizarse a través de importadoras estatales como QUIMIMPORT o MAPRINTER, y el combustible debe almacenarse en instalaciones que cuenten con la aprobación de las autoridades, ya sea propias de la empresa, arrendadas o dentro de depósitos estatales.

Este entramado de autorizaciones y la necesidad de intermediación estatal muestran el alto nivel de complejidad burocrática que enfrentan las mipymes, más aún cuando se trata de un insumo estratégico en un contexto de escasez crónica.

Impacto social

La escasez de combustibles en Cuba ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que atraviesa la vitalidad de la isla.

Condiciona la rutina diaria de la población, limita la movilidad ciudadana, encarece y retrasa la producción de bienes, dificulta el traslado y distribución de alimentos y compromete la estabilidad de servicios básicos como el transporte público, la salud y la educación.

En este contexto, la participación del sector privado puede convertirse en un amortiguador social.

Si las mipymes logran garantizar suministros estables para sus operaciones, e incluso para terceros, podrían contribuir a dinamizar actividades productivas y aliviar tensiones en comunidades locales.

No obstante, economistas advierten que la apertura, por sí sola, no resolverá los problemas estructurales del sistema energético nacional. La importación privada podría aliviar nichos específicos del mercado, pero no sustituirá el volumen que tradicionalmente gestiona el Estado. (2026)