La Habana, 19 jul.- Cuba debe superar las deformaciones en su estructura productiva, el atraso tecnológico y las debilidades en los encadenamientos productivos que conllevan a bajos niveles de crecimiento económico, asegura un documento oficial presentado ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc).

Los desafíos incluyen “la alta dependencia de las importaciones, la producción nacional de alimentos, así como la transformación de la matriz energética hacia una mayor participación de fuentes renovables de energía”, según el I Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El texto presentado al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, realizado por Ecosoc del 6 al 15 de julio, tiene como antecedente un informe nacional publicado en 2019, pero que en su momento no fue inscrito oficialmente en el mecanismo de seguimiento de la ONU como Informe Nacional Voluntario.

Asimismo, el documento resalta el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, con un daño acumulado que alcanza la cifra de 147 mil 853,3 millones de dólares a precios corrientes, como “principal obstáculo para la consecución de la Agenda 2030 en Cuba”.

“El compromiso de Cuba con la implementación de la Agenda 2030 enfrenta importantes desafíos”, pero “el país no renuncia a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) por difíciles que sean las condiciones”, añade el documento elaborado por el Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030.

Con 17 objetivos y 169 metas en las dimensiones económica, ambiental y social del desarrollo sostenible, la agenda fue suscrita en 2015 por 193 Estados miembros de la ONU.

Avances sociales, ambientales y tecnológicos

La dimensión ambiental aparece entre los ámbitos de la agenda global en la que Cuba muestra avances relevantes, según el texto oficial cubano que incluye un capítulo por cada ODS.

Un informe de 2019 del no gubernamental Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reconoció los resultados del país caribeño en el desarrollo sostenible, “entendido como una combinación del Índice de Desarrollo Humano y la denominada huella ecológica que señala la energía y recursos por persona que se consumen en cada país”.

Este reconocimiento implica que el desarrollo humano alcanzado hasta el momento en la isla “no se ha logrado a costa de un impacto ecológico negativo, sino que, por el contrario, se compatibilizan en las políticas públicas el desarrollo humano y la protección del medio ambiente”, añade el texto.

En este sentido, el Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) es considerado por el reporte nacional como un “modelo exitoso” que, sin embargo, enfrenta la insuficiencia de recursos humanos y financieros para la investigación y la implementación de las acciones, entre otros retos.

Entre las prioridades aparece la necesidad de intensificar el ritmo de reducción de la densidad demográfica en zonas vulnerables. Un total de 158 viviendas fueron reubicadas entre 2018 y 2019 y otras 1.439 deberán trasladarse antes de 2028 como parte del reemplazo de 13 asentamientos costeros en peligro de desaparecer.

El informe nacional revela, además, que al cierre de 2019 el 4,05 por ciento de la población de 11,2 millones de habitantes residía en barrios o focos precarios, con mayor impacto en las provincias centrales de Ciego de Ávila y Camagüey y hacia el oriente, en Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba.

Ciencia, tecnología e innovación

Con un impacto importante en el enfrentamiento a la actual pandemia de la covid-19, los gastos del Estado cubano en investigación y desarrollo ascendieron a 572 millones de pesos en 2019, 53,2 por ciento más que en 2015, según el capítulo relacionado con el ODS 9,  referido a industria, innovación e infraestructura.

La inversión se acompañó de la aprobación de nuevas políticas y normativas jurídicas para dinamizar la investigación y la introducción de resultados como son la creación de los parques científico-tecnológicos, empresas de interface y arreglos institucionales para estrechar los vínculos entre la ciencia y las entidades productivas y de servicios.

El documento oficial reconoce a la biotecnología como una de las ramas de mayor desarrollo en Cuba, con más de 20.000 trabajadores, 80 líneas productivas, 700 registros sanitarios de diferentes productos, más de 2.500 patentes en el mundo y exportaciones a 53 países.

En el contexto de la covid-19, asegura, el desarrollo y consolidación de la industria biofarmacéutica nacional ha permitido garantizar la cobertura de medicamentos del protocolo de atención establecido por el Ministerio de Salud, así como avanzar en el desarrollo de vacunas, sistemas de diagnóstico y producción de respiradores.

Desafíos socioeconómicos

El informe presentado a Ecosoc resalta entre los avances más significativos del país la capacidad institucional para brindar una red de protección social que incluye el acceso universal y gratuito a servicios sociales –como educación y salud–, logros en la equidad de género y la atención a personas y grupos vulnerables.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Cuba es uno de los países de la región que mayor proporción de su gasto social destina a la protección social, con montos que ascienden a alrededor del 50 por ciento del presupuesto y más del 20 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, “en condiciones de bajo crecimiento económico, estos altos montos suponen enfrentar importantes desafíos en materia de sostenibilidad”, reconoce el texto. En ese sentido, añade, se deberá prestar especial atención a la seguridad social, marcada por importantes tensiones asociadas al proceso de envejecimiento demográfico.

Más del 20 por ciento de la población cubana tiene 60 años y más, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Se espera que esta tendencia se mantenga en el tiempo y que para 2050 el grado de envejecimiento ascienda al 34,9 por ciento con el consecuente impacto en los sistemas de salud, asistencia y seguridad social.

En su análisis del proceso de unificación monetaria y cambiaria iniciado en enero de 2021, el informe coloca la alerta en la necesidad de controlar la inflación con el fin de evitar el deterioro del salario real. (2021)