La Habana, 17 ene.- La nueva campaña de declaración jurada y pago de impuestos sobre ingresos personales 2017, iniciada el 7 de enero pasado, sacó a la luz  el desconocimiento existente entre cubanos y cubanos sobre las obligaciones fiscales.

¿Hacia dónde va el dinero que pagamos?, ¿qué argumento existe para el pago de tributos a quienes están contratados por empresas extranjeras, que le pagan ya a Cuba por eso?, fueron preguntas remitidas por televidentes a un programa televisivo que evidenciaron confusión e inconformidades.

No es para menos, a diferencia del mundo, durante casi 50 años, la mayoría de la población de la nación caribeña de gobierno socialista vivió sin rendir cuentas de sus ingresos personales ni pagar tributos, hasta la aparición de los primeros impuestos a los trabajadores por cuenta propia y personas  con ingresos no provenientes del salario, entre ellos artistas, artesanos y otros profesionales.

Obligaciones Para el actual año, los ingresos tributarios crecen cuatro por ciento y representan 75  por ciento (el mayor por ciento) de la recaudación total, lo cual valida al sistema tributario como fuente fundamental de los aportes presupuestarios. Aunque se ha explicado en reiteradas ocasiones, algunas personas dicen desconocer adónde van los dineros que pagan como impuestos. De acuerdo con las autoridades, todos los aportes tributarios y no tributarios se destinan a asegurar los recursos financieros para el sostenimiento de los servicios públicos y básicos de la población y el desarrollo socioeconómico. Según aprobó en diciembre pasado la Asamblea Nacional (parlamento), la ejecución presupuestaria para este año destina el 72 por ciento de los gastos corrientes del Estado a los servicios sociales básicos vinculados a la calidad de vida de la población y las prestaciones de la seguridad social. Para educación, salud pública y a la asistencia social se destina el 51 por ciento de los gastos de la actividad presupuestada, que representan 18.500 millones de pesos aproximadamente.

Ahora, según establece la Ley 113, de noviembre de 2012, deberán seguir pagando el impuesto sobre ingresos personales unas 200 000 personas, entre estos 170.000 trabajadores por cuenta propia.

Según la ley, “constituye un deber la contribución ciudadana al sostenimiento de los gastos públicos, que entre otras formas tiene el pago de los tributos, la que redunda en que el Estado disponga de mayores recursos financieros para alcanzar mayor justicia social y satisfacer los requerimientos de la sociedad”.

“Entiendo que tengo que pagar porque tengo un negocio de elaboración de alimentos, solo que no veo por qué de un año al otro lo que me toca pagar aumentó al doble”, dice una persona jubilada del municipio de Playa, cuyo criterio coincide con el de otras personas consultadas.

“Y ya no se trata solo del incremento, sino de qué nadie te explica el porqué del aumento”, agregó

Como en etapas precedentes, se suman también a los contribuyentes artistas, creadores y personal de apoyo del sector de la cultura, comunicadores sociales y diseñadores de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, trabajadores de empresas extranjeras radicadas en el país.

Entre las quejas de las personas es el elevado monto de los impuestos en aquellos sectores que deben convertir sus ingresos en pesos convertibles (cuc) en los llamados pesos cubanos (cup).

“Cuando haces los cálculos resulta que debes pagar el equivalente a dos meses de salario”, comentó a la Redacción de IPS Cuba una empleada de una entidad internacional radicada en La Habana.

No obstante, lo que a unos parece mucho, tiene un pequeño peso en el total de los ingresos tributarios.

De acuerdo con Yamilé Pérez  Díaz, jefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), los aportes de las formas de gestión no estatal (trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, productores agropecuarios y el sector artístico)  representan el ocho por ciento del total de los ingresos al presupuesto del Estado,  que debe crecer en lo sucesivo al aumentar la participación de esos actores económicos.

Seguir de cerca

En 2016 los trabajadores por cuenta propia declararon ingresos brutos por 5 100 millones de pesos en moneda nacional, superior en 1 275 millones de pesos a lo refrendado en el ejercicio fiscal precedente.

Ese incremento se logró con la participación de 144. 370 trabajadores particulares, 2 247 menos que en la campaña anterior. Aunque, se alertó que el 55 por ciento de los contribuyentes resultó subdeclarante, mientras que más de 10 000  resultaron omisos, es decir, no presentaron la Declaración Jurada correspondiente a los ingresos obtenidos durante 2015.

El comportamiento de las declaraciones y el pago de los impuestos ha llevado nuevamente a las autoridades a fiscalizar el proceso. De acuerdo con Reinaldo Alemán Mondeja, vicejefe de la ONAT por cuarto año consecutivo este organismo se propone realizar esta actividad fiscalizadora.

“Esta decisión se toma sobre la base de los resultados de los últimos tres años en los cuales se demuestra que aun no existe una clara percepción por parte de los contribuyentes de que serán revisados por la administración tributaria en busca de signos de evasión fiscal”, explicó.

No es para menos, en 2016 alrededor de 10. 900 contribuyentes no presentaron la declaración jurada en el término establecido, como ocurrió en 2015. A su vez, solo el 11 por ciento de las declaraciones juradas tuvieron liquidación adicional.

Como es práctica internacional, ante los incumplimientos de los deberes de pagos, se aplican recargos por mora a los contribuyentes, que son indemnizaciones por no pagar o pagar fuera de la fecha establecida cada uno de los tributos.

Asimismo, en la actual campaña continúan vigente las bonificaciones por pronto pago para quienes abonen su cuota antes del día 28 de febrero, lo cual les favorecerá para recibir diferentes descuentos, que pueden ser desde 5 por ciento en el caso de los ingresos personales, hasta un 20 por ciento para quienes paguen su cuota por concepto de transporte terrestre.

Como novedad, dio a conocer la ONAT, en el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo se ha reducido paulatinamente según establece la ley: de 25 por ciento en 2014, hasta cinco por ciento este año. (2017)