Este producto periodístico forma parte de la cobertura especial Nuevos actores económicos y desarrollo local en Cuba (2023-2025). #DesarrolloLocalParaCrecer

La Habana, 18 sep.- Productores del sector agropecuario consideran que en lo referido a producir y comercializar alimentos como leche y carne, la resolución 275/2024 del Ministerio de la Agricultura se aleja de las urgencias del país y aún más del campo cubano.

“Que una empresa estatal pague 38 pesos por un litro de leche no contempla los costos de producirlo ni los precios de los insumos”, comenta el campesino Armando Zamora sobre la norma que obliga a vender la mayoría de sus productos a empresas estatales y a precios preestablecidos.

Contratación bajo el control estatal La resolución 275 establece la contratación exclusiva por el sistema empresarial estatal de rubros exportables como tabaco, carbón vegetal, miel de abejas, cacao y café, que también controla no menos de 80 % del plan de las producciones sin carácter exportable. Además, la norma obliga a entregar el 87 % de la producción de leche y el sobrecumplimiento de la vacuna al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, a precios únicos para todo el país.

Al respecto, pone como ejemplo: “un rollo de alambre cuesta entre 30 000 y 36 000 pesos cubanos (CUP), unos 100 o 120 dólares estadounidenses (USD), según la tasa de cambio en el mercado informal, donde el valor de 1 USD ronda 300 CUP.

“La resolución dice que la prioridad primera es el encargo estatal, pero el precio que pagan (las empresas estatales), comparado con los 100 CUP que se pagan en el mercado informal por el mismo litro, hacen que decida el bolsillo, no la conciencia”, agrega.

Luego de asegurar que no ve perspectivas para 2025, el trabajador vinculado a la ganadería hace 19 años reflexiona: “quien pone esos precios nunca se ha levantado a las dos de la mañana para ordeñar una vaca”.

Otro de los viejos problemas sin resolver es la diferencia entre lo que la empresa estatal le paga al productor por la carne vacuna y lo que gana la industria.

De acuerdo con Zamora, las empresas estatales “pagan 15 000 pesos por un animal y cuando lo procesan y lo venden, le sacan 60 000 pesos. El que dedicó años a criarlo, sembrarle alimento y cuidarlo para que no se lo robaran es quien menos gana… Sin incentivos, no habrá mayor producción”.

 

Norma jurídica vs. realidad

En medio de una severa crisis productiva, dependencia de las importaciones y elevados precios de los alimentos, la mayoría de los criterios advierten los aspectos negativos de la nueva resolución del Ministerio de la Agricultura, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 4 de septiembre.

Concebida para organizar y controlar la comercialización de bienes agropecuarios, forestales y tabacaleros para 2025, propone “incrementar la oferta a todos los destinos por la vía estatal, así como vincular la producción con el proceso de comercialización”.

Se aplica a todos los actores de la base productiva del sistema de la agricultura: las cooperativas agropecuarias, las empresas y unidades empresariales de base, las micro-, pequeñas y medianas empresas (estatales, privadas y mixtas), los propietarios y otros poseedores legítimos de tierra y productores agropecuarios y forestales.

En el proceso de contratación –firma de contratos que hacen las entidades estatales para la compra de las producciones agropecuarias–, se incorporan no solo los nuevos actores económicos dedicados a actividades productivas, sino también las entidades transformadoras o comercializadoras de productos del agro, forestales y tabacaleros.

Más de 79 % de la superficie agrícola en Cuba es de propiedad estatal, pero solo se explota el 32,2 %, con niveles de producción bajos en la mayoría de los rubros: arroz (22,7 %), hortalizas (16,8 %), maíz (16,3 %), viandas (9,8 %), frijol (9,2 %), frutales (8,3 %), según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

En contraste, los agricultores privados, individuales o miembros cooperativas producen más de 75 % de los alimentos que se comercializan en la isla.

Las Cooperativas de Créditos y Servicios, que explotan el 36,3 % de la superficie agrícola, concentran la producción fundamentalmente privada (con excepción del arroz), de frutales (83,4 %), frijoles (79,4 %), viandas (76,7 %) y hortalizas (75,5 %).

Según el informe presentado al parlamento cubano en julio de este año sobre la fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria existen incumplimientos en la contratación con 9100 productores de alimentos.

De acuerdo con el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, se afecta la mayoría de las producciones agropecuarias debido a causas como el déficit de fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, combustibles y alimento animal.

En medio de ese panorama, las nuevas medidas refuerzan la prioridad en la contratación que hacen las empresas estatales con los diferentes actores del sistema agroproductivo, con vistas a satisfacer la demanda estatal, respaldar el plan de la economía y los balances nacionales de productos.

“De qué contratación de 2025 vamos a hablar si la de 2024 todavía no la han pagado”, dice un directivo de una Unidad Empresarial de Base de la agricultura en La Habana, que prefiere el anonimato.

 

Análisis económico

Como en ocasiones anteriores, la publicación de medidas que regulan el funcionamiento tanto del sector estatal como del privado suscita comentarios desde el enfoque económico.

“La nueva resolución del Ministerio de Agricultura pudiera ser el peor traspié de política económica en Cuba desde el ordenamiento. Se basa en el diagnóstico erróneo de que la contratación inadecuada es causa significativa de la débil capacidad de respuesta de oferta del agro”, señala el economista Pedro Monreal en su cuenta en X.

Para este analista, se “invierte la dinámica de la conexión entre producción y distribución. En realidad, es el fallo de oferta derivado de la carencia de insumos e infraestructura, la baja inversión y mercados disfuncionales lo que origina problemas de contratación”.

La nueva norma “expresa la arrogante noción de que la planificación centralizada es más efectiva que el mercado para asegurar el cálculo económico (distribución racional de recursos). La norma es una variante de contratación forzada”, sostiene.

Asimismo, Monreal apunta: “en su fabulación estatista, los planificadores pudieran estar aumentando la incertidumbre en el mayor segmento de actividad privada de Cuba, el cual no solamente es crucial para la seguridad alimentaria, sino también el mayor empleador del país”. (2024)