El primero de enero de 2021 empezó a andar la economía cubana bajo un nuevo esquema: el que ha eliminado la existencia de dos monedas nacionales (aspecto más sencillo) y, sobre todo, ha suprimido la dualidad cambiaria para establecer un único tipo de cambio para cualquier mercado o transacción.

Este último aspecto era de esperar que trajese consigo más preocupaciones, por su impacto en los costos, su influencia en los precios, los subsidios y otros aspectos.

De entrada, se conoce que era mucho más difícil y complejo, en las actuales circunstancias, eliminar totalmente la dualidad monetaria, la cual ha permanecido con la existencia de tiendas en moneda libremente convertible (MLC), aunque estas no acepten efectivo, por lo que podría llamarse una dolarización parcial.

Esa es otra tarea pendiente, que se espera no lleve otros 25 años resolver, aunque –dadas las dificultades actuales de la economía nacional y mundial y la escasez de divisas externas– es comprensible que no haya sido abordada de conjunto con las otras medidas del ordenamiento monetario y financiero.

Lo primero que resalta es el interés que tuvieron las autoridades de mantener en secreto la mayor parte de las reformas, hasta casi el último momento. Si no existía el afán de no reconocer alguna parte del efectivo en circulación o en los bancos y si, para la población, el tipo de cambio permanecería inalterable durante seis meses (después se anunció que el tipo de cambio de CADECA, existente en ese momento, sería el que permanecería después del día cero), no existiendo afectación de los ahorros ni mediante medidas confiscatorias, ni por pérdida de tipo de cambio; es incomprensible el propósito de no anunciar las medidas con más tiempo de antelación.

La afectación mayor vendría dada por el aumento de los precios, que haría perder valor adquisitivo a los ahorros, pero eso ya era conocido de antemano y la escasez de productos tampoco hacía viable a la población protegerse de esa pérdida, mediante la adquisición masiva de productos de consumo y otros bienes duraderos, que no existían.

Es lógico que unas reformas de tanto calado, y con una incidencia transversal en todos los ámbitos de la economía, traería consigo algunos errores y ajustes posteriores, los que serían mayores en la misma proporción en que todos los implicados no hubiesen tenido tiempo de preparar las condiciones necesarias para que, en los primeros días, casi todo funcionase de la mejor forma posible.

De ahí algunos ajustes realizados apenas comenzado el proceso y aún después. En menos de un mes se vieron ajustes en los precios de la electricidad, el gas, medicamentos, comedores obreros y otros productos. También hubo múltiples quejas de la población, más allá del tema precios (por ejemplo: la imposibilidad de pagar con CUC en todos los establecimientos que antes recibían esa moneda, habida cuenta de que esa moneda podría seguir siendo utilizada durante seis meses).

 

Algunas interrogantes

Hay que recordar que la Unión Europea estableció un largo período de puesta en marcha del euro, después de anunciada su creación. Entre otras cosas, para crear todas las condiciones posibles y que el cambio de las monedas se realizase de la forma menos traumática posible. Pero la situación económica de Europa no era la misma que presenta la economía cubana en estos momentos.

Ya se tiene una única moneda nacional y un solo tipo de cambio, como también se dispone de nuevos salarios y una tendencia a disminuir subsidios excesivos y gratuidades indebidas. Entre otros aspectos positivos, ya se pueden medir con mayor realidad los costos de producción y los precios finales, con costos y precios internacionales.

Pero no se hacen cambios tan profundos solo para poder medir costos y precios, y así poder compararlos con los costos y precios internacionales y constatar en qué situación se encuentran, comparativamente.

Ese solo es un punto de partida y las preguntas más importantes las siguientes: ¿las medidas adoptadas son adecuadas para lograr un incremento de las producciones, con un incremento de la productividad?, ¿las reformas adoptadas nos conducen a la añorada sociedad próspera y sostenible?, o ¿faltan más medidas en la esfera de la producción y no tantas ya en la de circulación?

No es interés profundizar en este artículo sobre lo que significa un modelo sostenible, término complejo que actúa, sobre todo, en tres ámbitos importantes: económico, político y social. No se trata solo de ser sostenible en el tiempo, capaz de resistir crisis y amenazas de todo tipo; como tampoco se trata, únicamente, de ser sostenible en relación con el deterioro ambiental y el uso de los recursos. Es mucho más que eso.

En cuanto a la prosperidad, muchos indican que no solo está vinculada con el crecimiento económico o la posesión de bienes o insumos, sino que también se asocia a una baja tasa de desempleo, a una baja desigualdad económica y social, una buena calidad en la asistencia sanitaria y expectativa de vida, estabilidad política y social, o unas expectativas futuras positivas que redunden en prosperidad emocional; todos ellos como componentes de la prosperidad, en un sentido más amplio de la palabra.

Pero no cabe duda de que la prosperidad económica es parte esencial o está presente, en mayor o menor grado, en todas las descripciones que se puedan encontrar sobre el concepto de prosperidad. En lenguaje de mi barrio: si no se incrementa el pastel, no se puede repartir más pastel.

Por lo tanto, solo a los efectos de este trabajo, cuando se habla de prosperidad se refiere a la económica, sin desconocer que el concepto abarca un mayor significado.

 

Entre precios, subsidios y salarios

Lo que más tiempo de atención les está llevando a las autoridades y a los medios de difusión masiva es el tema de los precios, su control y las quejas de la población sobre estos. Tal pareciera que el tope de los precios es la principal herramienta para medir si la “tarea ordenamiento” será exitosa, o no. Nuevamente, en lugar de concentrarse en debatir sobre lo que se ha legislado para lograr despegar la economía, el tema precios es el que concentra todas las atenciones.

Hasta cierto punto, es comprensible esa preocupación de las autoridades, porque el estado actual de la economía en general, y de las empresas en particular, no hace prever que puedan elevarse otra vez los salarios a niveles que permitan soportar los precios elevados hoy. Ni que el presupuesto pueda soportar mayores déficits para subsidiar a tantas personas (en lugar de subsidiar productos), si los precios se disparan.

Pero, ¿puede la economía realmente despegar, o podemos alcanzar prosperidad económica, con limitaciones excesivas de los precios?

Por otro lado, aunque sería útil conocer el salario promedio ponderado resultante de la reforma salarial –en algunas intervenciones, el jefe de la Comisión permanente de Implementación y Desarrollo de la tarea ordenamiento, Marino Murillo, planteó que el salario promedio estaría cerca de los 3.800 pesos–, parece ser que de por sí los salarios están próximos a niveles de subsistencia o a mínimos de gastos, calculados a partir de una canasta básica que no se precisó de qué productos específicos estaría compuesta ni se sabe a qué precios esperados se calculó su costo.

Por ello también la preocupación de que precios muy elevados puedan identificarse por la población como una medida de choque y provoquen descontento social.

 

Los salarios…

El fondo de salarios existente en Cuba antes de la tarea era de 28 368 millones de pesos y autoridades cubanas de la Comisión de Implementación mencionaron subiría en 4, 9 veces, hasta 139 385 millones de pesos.

Si aproximadamente se mantuviese la misma proporción en la distribución de los salarios, ¿pudiera pensarse que el salario promedio estaría en el entorno de los 4.728 pesos en 2021, desde 965 pesos (salario medio de 1.065 pesos en el sector presupuestado en 2019 y de 871 pesos en el empresarial, al cierre de 2018).

Si la cifra real del salario medio fuese entre 4.000 y 4.500 pesos, es curioso que casi nadie menciona que el salario medio, convertido a USD, habría crecido de 40 USD a 167-187 USD mensuales, según las tasas de cambio oficiales que están rigiendo en la actualidad.

Lo que demuestra varias cosas:

1. Lo que se había venido diciendo, de que antes de 2021 los salarios reales en Cuba no eran de 30-40 USD, sino más elevados, porque cubrían mercancías y servicios con precios –convertidos a USD– mucho más bajos que en mercados foráneos.
2. Que aun cuando los salarios nominales, llevados a USD, hayan crecido en más de cuatro veces, la mayoría no es que esté “saltando de alegría”, porque lo que siempre le preocupará a la población es el salario real, o la capacidad adquisitiva del salario nominal. Con el equivalente a 170 USD, pero a precios más elevados, muchos pueden concluir que no pueden adquirir más productos y servicios que cuando ganaban el equivalente de 40 USD. Por ejemplo, se ha calculado el costo de la canasta básica en 1.528 pesos mensuales (61,12 USD), por lo que, si el salario medio fuera de 4.000 pesos, quedarían disponibles 2.472 pesos después de cubrir la canasta básica, o 100 USD; y esto, si los precios no continúan elevándose y el salario no tuviera que destinarse íntegramente solo para cubrir toda, o una parte, de la canasta básica, además de lo que un trabajador promedio debe destinar para cubrir gastos de los integrantes de la familia sin ingresos o en edad de jubilación. Una parte considerable de los trabajadores del país están en grupos salariales del I al X, con ingresos por debajo de la media salarial. Es decir, para el grupo I el salario por 44 horas semanales sería de 2.100 CUP y para el grupo X, de 3.260 CUP.
3. Mientras más gratificaciones y subsidios se eliminan, y los precios finales partan de los precios internacionales, salarios equivalentes a 170 USD siempre serán vistos por la población como salarios muy bajos.

 

El dilema de los subsidios

Resulta curioso que no se han eliminado todos los subsidios a productos, lo que trae consigo la necesidad de un incremento superior de los salarios para cubrir precios más elevados, de conjunto con un subsidio superior a personas de bajos ingresos

¿Temor a que salarios más elevados convirtiesen a las empresas estatales en entidades más ineficientes? ¿Intención de no incrementar el déficit del presupuesto por un incremento de los subsidios a personas, y/o por tener Cuba un tercio de la población ocupada desempeñándose en unidades presupuestadas? (1,5 millones de personas en unidades presupuestadas, de un total de 4,482.7 mil trabajadores. La Disposición Especial tercera, del Decreto-Ley 17, menciona que “…los subsidios se otorgan a las personas en lugar de a los productos ”, aspecto aún no solucionado.

Un ejemplo complicado de analizar es el de la electricidad. Aun después de reajustado su precio a la baja, una parte de la población con razón la puede encontrar cara, porque al pagar 880.72 pesos por 400 kw, este valor representaría el 57 por ciento del costo de la canasta básica fijada en 1.528 CUP, o el 22 por ciento de un probable salario medio de 4.000 pesos (por 300 kw, el precio de la electricidad ocuparía el 13,2 % del precio de la canasta básica).

Generalmente, una parte importante de los ingresos a nivel internacional deben destinarse al alquiler de viviendas o al pago de su financiación; pero, en Cuba, una quinta parte del salario para pagar un consumo de 300 Kw al mes sigue resultando una proporción elevada. Sin embargo, la UNE está cobrando 1,44 pesos por Kw a quienes consumen 300 Kw, o está cobrando 2,20 pesos por Kw a los consumidores de 400 Kw, cuando se ha manifestado que el costo de 1 Kw ronda los 3,60-3,70 pesos, y que más del 90 por ciento de la población consume hasta 300 Kw al mes, demandando la producción y distribución de la electricidad un fuerte subsidio del Estado.

Lo curioso es que, para gastar hasta 400 Kw al mes, se tiene que prescindir de equipos que no son suntuarios para las condiciones climáticas del país; es decir, un aire acondicionado o un freezer, por ejemplo, ya que un aire acondicionado gasta en un mes 372 Kw y un freezer 348 Kw.

Si se pretendía reducir subsidios a productos, o disminuirlos, parecería lógico tener que pagar más por la electricidad, pero entonces se debería tener salarios más elevados, para que el precio de la electricidad no ocupase un porcentaje tan elevado de los ingresos de los trabajadores. Pero parece que, en la actualidad, eso resulta muy difícil de lograr.

Y más curioso resultan los precios mayoristas de la electricidad al sector no residencial, de 3,38, 3,42 o 3,88 pesos por Kw. Si realmente el costo para la UNE es de 3,60-3,70 pesos, aparentemente los dos primeros precios seguirían ocasionándole pérdidas a la empresa eléctrica y demandando mayores subsidios empresariales a aportar del Presupuesto del Estado.

 

Sugerencias sobre subsidios

En cuanto a los subsidios que todavía la economía debe soportar, se entendió la necesidad de que estén dirigidos a personas vulnerables, pero parece que en la actualidad eso no resulta posible. No obstante, si se va a subsidiar producciones, lo óptimo es que se subsidie la producción final; no la producción intermedia.

Se deben destinar los subsidios lo más cercano posible al productor final, ya que, al fin y al cabo, la sociedad lo que desea es obtener el producto que se consume.

Por ejemplo, ahora vemos que, si el pienso tiene precios elevados, la libra de puerco saldría muy cara para la población. Y se decide subsidiar la producción de pienso, para que el productor porcino lo compre más barato. De entrada, eso no garantiza producción de cerdo.

El pienso se puede extraviar, o se puede destinar para otras producciones distintas a las que esperaban las autoridades, por ejemplo. Mejor sería que el productor de puerco pague el pienso a un precio no subsidiado, de manera que la industria del pienso obtenga utilidades sin recibir subsidios.

Y si se desea que el precio minorista sea más barato, el subsidio pudiera destinarse a la compra del producto final; o sea, al productor de cerdo, según los precios de compra que se acuerden con el productor y contra entrega del producto, para que el precio final minorista pueda ser inferior al de compra.

Asimismo, con las frutas. Se desea que el campesinado le venda las frutas más baratas a la industria, para que esta produzca compotas para la población infantil. Después vendrán controles, multas, reportes de planes incumplidos para obligar a los campesinos a vender a la industria.

Cuando lo óptimo es: subsidiar a algunas familias que no puedan adquirir las compotas a su precio final, o pagarle a la industria el precio que ofrezca utilidades al productor, y subsidiar toda la venta de compotas. ¿Acaso no es eso lo que sucede cuando hay que importar pulpas de frutas para la producción de compotas, o cuando se importa el producto final?

Si hay que utilizar recursos del presupuesto, estos deben destinarse al apoyo de los productores nacionales, no a los productores extranjeros. No son los productores nacionales quienes deben subsidiar al consumidor final. Lo peor de los subsidios no ha sido el aumento del déficit del presupuesto (que también), sino destinar recursos para después no obtener los resultados finales que se esperan de esos recursos invertidos. Eso solo se garantiza desembolsando el subsidio contra entrega del producto final.

Se pueden olvidar los términos usados de una parte o de otra del espectro de analistas sobre temas económicos, tales como “abuso al pueblo”, “terapia de choque”, “precios abusivos”, por un lado; o “prevalencia de la ley de oferta y la demanda”, “maximización de la ganancia”, del otro lado.

Pensemos que todas las propuestas estén buscando la vía que redunde en mayores beneficios para la mayoría de la población y no solo de una parte del país, sea la población como consumidora, o los productores.

 

Precios bajo control

Entonces sería factible hacerse las siguientes preguntas: ¿es posible mantener precios bajos y, a la vez, tener una producción elevada? Si la respuesta es positiva, viene acompañada de la otra pregunta: ¿cómo lograrlo?  Si la respuesta a la primera pregunta es negativa, cabe preguntarse: ¿es mejor tener abundancia de productos con precios algo elevados, o la población prefiere precios topados y bien asequibles, pero para productos escasos y que cuesta trabajo encontrar?

También es cierto que precios elevados no siempre redundan en abundancia de productos.  No tanto por aquello de que el productor se contentaría en recibir mayores ingresos con la misma cantidad de productos de antes, sino –y sobre todo– porque no están creadas las condiciones para que aparezcan nuevos actores económicos, estimulados por los precios que brinden mayores ganancias.

Ahí no solo influyen trabas al sector estatal y dificultades para el funcionamiento del sector no estatal, sino también la baja posibilidad de importar y comercializar productos, si sus precios finales fuesen superiores a los de los productos nacionales.

Un ejemplo es el siguiente: si el precio de una pierna de cerdo estuviese en el mercado internacional en 4.00 USD/Kg, y agregándole todos los costos para ponerla en Cuba, más la obtención de un determinado margen, el comerciante la vendiese por el equivalente a 6.50 USD/Kg, o 71 pesos la libra, ese sería el tope por encima del cual los vendedores del producto nacional no pudiesen vender sus piernas de puerco. Y no importaría si algunos “holgazanes” producen lo mismo, porque ya ganan más que antes. Pero para ello lo que hace falta es crear mayores posibilidades de competencia dentro del mercado, incluyendo la existencia de las demandadas pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Si se habla de precios que afecten a la población, convendría no recargar las tintas en los precios de los productos del agro y del sector no estatal. De hecho, una gran parte de las necesidades de la población solo se satisfacen en las tiendas en MLC y en las antiguas tiendas que vendían en CUC (ahora en CUP, pero con los precios de antaño, multiplicados por 25) y con tiendas desabastecidas. Es necesario recordar que, cuando estas tiendas surgieron en 1993, se establecieron precios elevados, que muchas veces alcanzaban o superaban el 140 por ciento, 240 por ciento o 320 por ciento sobre los costos.

En un inicio era más o menos comprensible, ya que se hacía para poder distribuir la ganancia hacia otros planes sociales del país (en la práctica, también cubría las mermas, pérdidas e ineficiencia empresarial). Pero aun cuando muchos productos se comercializan en tiendas en MLC, sus precios no han bajado, conociéndose la alta demanda insatisfecha que existe para estas mercancías. Si el mecanismo de los precios en las tiendas en MLC sigue siendo válido, con ganancias elevadas; ¿por qué entonces hay que topar en exceso los precios del sector no estatal? ¿Solo porque la ganancia de unos es para la sociedad y la ganancia de otros es para particulares? Pero entonces parecería que no es la preocupación sobre la capacidad adquisitiva de los salarios lo que más importa.

De los cinco productos en los cuales se gasta más dinero en el país en importaciones, cuatro pueden ser producidos en Cuba (carne de pollo, arroz, maíz y leche en polvo). Sin embargo, con precios topados a un nivel que desestimule la producción y venta, es muy difícil que se pueda disminuir la importación de alimentos.

 

La gestión de la tierra

Los agricultores asociados en cooperativas de créditos y servicios (CCS) y cooperativas de producción agropecuaria (CPA) gestionan 40,1 por ciento de la superficie agrícola del país, pero producen 84 por ciento de las viandas, 75 por ciento de las hortalizas, 64 por ciento del arroz cáscara húmedo, 91 por ciento del maíz, 88 por ciento del frijol, 85 por ciento de las frutas y 58 por ciento de la leche. Más grave que tener sus productos con precios no bajos (aunque la sociedad desearía comprar alimentos más baratos) es tener a las empresas agrícolas estatales, con un tercio (33,6%) de la superficie agrícola del país (otro 26,3% de la superficie agrícola está en manos de las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria / UBPC), produciendo mucha menos cantidad de productos.

¿De qué vale que los agricultores asociados en CCS, CPA y UBPC gestionen dos tercios de la superficie agrícola, si después tienen todo tipo de restricciones para establecer precios y otras limitaciones? El Estado tiene otro tercio de la superficie agrícola y, con ese tercio, debiera tener la capacidad de influir en los precios, mediante métodos económicos y no mediante prohibiciones y limitaciones.

No solo en la agricultura vemos que el afán de controlar los precios interfiere en la actividad de los privados, que debiera funcionar según la oferta y la demanda; sino también en las otras esferas del sector no estatal. Aparentemente, también las cooperativas no agropecuarias están recibiendo nuevas instrucciones para que sus productos finales tengan precios semejantes a los del sector estatal, o controlados de alguna otra forma. Seguramente no será así que obtendremos un crecimiento de la actividad por cuenta propia, ni podremos redimensionar las empresas estatales con exceso de plantillas, aunque se hayan ampliado las actividades permitidas para ejercer el cuentapropismo.

 

Prioridad en la producción

En temas económicos, ¿es solo el de los precios el que preocupa a la población? Probablemente, la escasez y las largas colas para conseguir cualquier cosa sean los asuntos más apremiantes para la población; por encima de los precios. Además de que la escasez provoca, al final, tener que pagar mayores precios.

¿Es preferible no tener productos, pero con la conciencia tranquila de que no se ha permitido que estos se vendan a precios altos?

Al identificar los precios como el aspecto fundamental, se vuelven a concentrar en la esfera de la distribución, más que en la esfera de la producción, cuando el propio K. Marx alertaba que “…es equivocado, en general, tomar como esencial la llamada distribución y poner en ella el acento principal”. Y luego Marx agregaba que “el socialismo vulgar … ha aprendido … a considerar y tratar la distribución como algo independiente del modo de producción, y, por tanto, a exponer el socialismo como una doctrina que gira principalmente en torno a la distribución”.

¿Alguien pudiera mostrar en qué lugar los clásicos del marxismo-leninismo pudieran haber asegurado que la justicia social (o una mejor productividad del trabajo, que desemboque en una mayor satisfacción de las necesidades de la población) se alcanzaría con el control de los precios?

Nunca se avanzará si lo que ocupa una parte del tiempo de los dirigentes es la distribución equitativa de la pobreza, no la formación de la riqueza, no la creación de las condiciones para que la ciudadanía aumente su patrimonio, preocupándonos también –¿por qué no?– por una distribución lo más equitativa posible y por evitar que los menos capaces vivan en la miseria. ¿Volvería a plantearse si de nada sirve a Cuba la experiencia China y vietnamita? China, con 1.300 millones de habitantes, acaba de declarar el fin de la pobreza extrema en su territorio.

Como mencionaba Ludwig Erhard, ministro de economía de 1949 a 1963 en la República Federal de Alemania y para muchos el padre de los éxitos económicos de la Alemania occidental después de la II Guerra Mundial: “aquellos que su atención la dedican a los problemas de la distribución, siempre llegan al deseo equivocado de distribuir más de lo que es capaz de producir la economía nacional”. Agregaba L. Erhard que el aumento del nivel de vida de la población es un problema que depende más de la producción, o incluso más de la productividad del trabajo, que de la distribución; que la solución está no en la división, sino en la multiplicación de la producción nacional.

Las nuevas normativas contienen muchas resoluciones sobre precios. Es lógico, porque había que dar una arrancada desde una nueva posición; además de que, de ahora para luego, no se puede desprender de una regulación centralizada para determinados productos normados, de precios sobre productos y servicios de primera necesidad, etc. Además, porque no están creadas las condiciones para que exista competencia entre varios suministradores de un mismo producto o servicio. La nueva tarea ordenamiento incluye tanto los productos de la libreta de abastecimiento, como la electricidad, el gas, la telefonía, la transportación de pasajeros y otros, pero también los servicios aduanales, la transportación de mercancías, la construcción y montaje y otros asociados al sector empresarial. Lo óptimo es priorizar los programas de subsidios para grupos específicos de la población, más que el control a ultranza de los precios.

 

Dudas y cuestionamientos en la mira

Muchas mercancías incorporan precios de materias primas e insumos importados. Lo mismo el combustible (cuyo precio puede seguir revisándose cada tres meses), que los fertilizantes, pesticidas, semillas y otros productos importados para la agricultura; que en la industria. Más que fijar precios máximos mayoristas de acopio, o precios máximos para insumos, y aun cuando no se desee dejar que los precios fluctúen y sean fijados por el mercado, en algún momento deben establecerse las pautas para que los precios máximos se puedan calcular por las propias entidades, a partir de determinadas bases. De lo contrario, al cabo de cierto período de tiempo, los precios inamovibles pueden quedar desajustados en comparación con la realidad (que es lo que habitualmente suele suceder), o el Ministerio de Planificación y Precios tendría que estar emitiendo, periódicamente, nuevas normas y actualizando los precios anteriores. Como ha venido sucediendo a dos meses del comienzo de la tarea.

Se necesita dinamismo en relación con los precios de los productos de exportación. Si el azúcar o el cacao, café y otros tienen precios internacionales que fluctúan constantemente, los precios de compra por parte de la industria deben tener en cuenta esa realidad. Precios de compra establecidos de antemano, fijados por una Resolución para mucho tiempo y que no tengan en cuenta los precios internacionales, pueden seguir siendo una limitación para estimular las exportaciones, aspecto crucial en el estado actual de la economía cubana. Máxime, si el tipo de cambio oficial del peso cubano pueda verse alejado del tipo de cambio extraoficial.

Aunque los precios de venta al exterior sean los del mercado internacional, y el exportador pueda quedarse con la liquidez equivalente al 80 por ciento de las divisas ingresadas, los productores agropecuarios no son los exportadores directos. Y tampoco pudiera ser suficiente que el exportador transfiera liquidez externa al productor nacional, si ese productor nacional es la industria procesadora y no el productor agropecuario final.

Como tampoco pudiera ser suficiente que la industria procesadora destine parte de la liquidez externa recibida para las compras de insumos para el productor final. Todo eso puede ayudar, pero a la larga el campesino necesita que el precio de acopio, del cual parten los recursos para comprar los insumos importados –más el pago de mano de obra contratada, más su remuneración, más las nuevas inversiones–, sea estimulante para la producción de exportación.

O que los campesinos puedan crear cooperativas de segundo grado, con licencias de exportación; o que esas cooperativas de segundo grado puedan contar con capacidades industriales que procesen productos agrícolas. De lo contrario, pudiera seguir siendo preferible producir otras mercancías para el mercado interno.

Téngase en cuenta que es factible exportar mangos o aguacates a través de una empresa del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), con un contrato directo entre el productor y la empresa exportadora. Pero el café o el cacao del campesino hay que beneficiarlo o procesarlo antes de exportarlo; la caña hay que procesarla en la industria para obtener azúcar, por lo que no habría contratos directos entre el productor y la empresa exportadora, sino precios de la industria, o precios de acopio para el productor final. (2021)