¿Podrán las nuevas propuestas de reformas revertir el descalabro del sector de la agricultura cubana, cuyos volúmenes productivos caen en picada desde hace años? La pregunta gravita sobre una población que cada semana sale con bolsas más vacías de los mercados donde aguacates, calabazas y hasta boniatos alcanzan precios sin precedentes.

Solo el tiempo dirá si las cinco propuestas y los 15 incisos incluidos en el eje temático no. 7 Transformaciones para incentivar la recuperación agrícola, de la última reforma aprobada por las autoridades el pasado mes de junio conocida ya como “las 176 medidas”, conseguirán impulsar una esfera considerada de seguridad nacional, pero que representa apenas el cuatro % del Producto Interno Bruto (PIB).

Aunque desde el discurso oficial se le concede importancia a la agricultura para garantizar alimentos para la población, la industria y el turismo, este sector ha estado relegado en materia de inversiones, sobre lo cual han alertado insistentemente varios economistas.

El escenario agropecuario cubano clama a gritos por cambios: tierras ociosas o deficientemente explotadas, elevados precios en los mercados, millonarias importaciones de alimentos que podrían producirse en el país de existir las condiciones y los recursos, y el despoblamiento rural, son parte del panorama actual del sector.

“El gobierno reconoce la gravedad de la crisis actual y presenta las 176 medidas como solución, no como origen de un nuevo deterioro. Tampoco advierte de forma explícita que su aplicación podría provocar un empeoramiento generalizado y rápido”, escribió el economista cubano Pedro Monreal, en su perfil en la red social X.

Panorama que obliga

Entre los problemas que enfrenta la agricultura cubana se incluye también la escasez de fuerza de trabajo. Datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indicaron que en 2019 estaban ocupadas en el sector agricultura, ganadería, pesca  y silvicultura 792 400 personas, lo que se incrementó a 800 250 en 2020 y se redujo a 723 100 en 2023.

Modificaciones a la ley sobre cooperativas agropecuarias Como parte del proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales,  el Consejo de Estado prepara una norma modificativa del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias, que regula la constitución, organización, integración y funcionamiento de las cooperativas. El documento será publicado próximamente en la Gaceta Oficial para su posterior entrada en vigor, dijeron las autoridades a medios locales de prensa.

Cuba tiene una superficie agrícola de 6,4 millones de hectáreas, de las cuales alrededor de 79 % se encuentra en propiedad estatal, 13 % en manos privadas y 8 % en propiedad cooperativa, sin embargo, el sector cooperativo y privado, con apenas 21 % de las tierras cultivables produce más del 80 % de los alimentos agropecuarios.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cuba 2024, la producción de tubérculos y raíces (papa, boniato y malanga) disminuyó de 1 269 235 toneladas en 2020 a 680 331 en 2024, lo que significó 588 904 toneladas menos.

En esa etapa también se redujo la cosecha de hortalizas de 1 698 074 toneladas a 773 430 toneladas, en el arroz se contrajo más de la mitad: de 523 913 toneladas a 256 040 toneladas y en los frijoles, de  65 779 toneladas descendió a 26 188 toneladas.

No escapó al declive el rebaño ganadero, que sufrió una contracción de 3 752 400 cabezas de ganado en 2020 a 2 913 500 en 2024, a la vez que se redujo la producción de leche y la cantidad de huevos por gallina al año.

Las cifras más recientes, se desconocen. Sin embargo, dadas las limitaciones de recursos que sufrió la economía cubana en 2025, el descenso podría haberse acentuado.

Cambiar, hasta dónde

Entre las propuesta más significativas, se encuentra la simplificación del proceso de entrega de tierras en usufructo.

A diferencia de lo que sucedía hasta ahora, a partir de las transformaciones previstas las empresas del sistema de la agricultura podrán entregar directamente las tierras a quienes las soliciten, en coordinación con las cooperativas.

El solicitante deberá presentar un proyecto productivo que especifique el destino de la tierra: ganadería, frutales, cultivos varios u otros fines. Para este proceso se ha establecido que la entrega no deberá superar los 20 días.

Aunque la decisión pudiera parecer favorable, algunos agricultores opinan que esa velocidad podría conducir a procesos no transparentes y el favoritismo en la asignación, algo que no es nuevo en ese tipo de otorgamiento.

Por otra parte, de acuerdo con Ydael Pérez, ministro de la Agricultura, se eliminan los límites de hectáreas para la entrega de tierras en usufructo, así como el tiempo de explotación.

A partir de ahora, el área será determinada por el proyecto productivo que presente la persona o entidad interesada y los programas priorizados, con el requisito de que quien solicite nuevas tierras debe tener explotadas las que ya posee.

La decisión de impulsar la entrega de tierras en usufructo y mantener sobre estas la propiedad estatal ha generado opiniones contrarias, pues se aboga por la cesión de la propiedad a quien la produzca, según diversos comentarios en foros y redes sociales.

Como novedad, todos los actores económicos podrán solicitar tierras, ya sean trabajadores por cuenta propia, mipymes, empresas mixtas e incluso, inversionistas extranjeros, siempre que su interés sea la producción de alimentos o a la exportación.

Al respecto, el vice primer ministro Jorge Luis Tapia dijo en un encuentro al que asistió la prensa que “no importa de qué sectores, quien quiera ir para la tierra a trabajar, puede hacerlo”.

Otro cambio significativo es que las tierras entregadas en usufructo podrán ser heredadas, incluyendo aquellas de personas que emigraron del país. Y quienes salieron de Cuba pero conservan su ciudadanía efectiva, también podrán solicitar tierras en usufructo.

Aunque en Cuba han existido varios procesos para la entrega de tierras ociosas en usufructo (Decretos-ley no. 259, no.300 y no.358), se estima que todavía permanecen sin explotar miles y miles de hectáreas.

Las actuales transformaciones abren la puerta a que usufructuarios con grandes extensiones de tierras dedicadas a tabaco, plátano o frutales, que emplean a más de 100 trabajadores se conviertan en empresarios y puedan acceder a las facultades previstas para esos actores económicos.

Entre las medidas que han provocado reacciones encontradas, esta vez desde los consumidores, es la de descentralizar la formación de precios de los productos agropecuarios, al considerar que estos podrían continuar escalando sin parar.

“Ya en los alrededores de los mercados hay todo tipo de vendedores ofreciendo sus productos, sin tributar nada al fisco. Las leyes del mercado ahora dejan desamparados a los consumidores, esta posibilidad de vender por la libre, ha creado cierto caos”, opinó Antonio Ortega, del sector de la telefonía.

Como parte de las medidas, se autoriza a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo, así como realizar comercio exterior de forma directa para la exportación de sus productos y las importaciones de insumos y tecnologías agropecuarias.

Al no estar claras las reglas de cómo funcionará esa prerrogativa, un experto en agroecología que solicitó anonimato cuestiona adónde irán a parar los esfuerzos por impulsar prácticas agroecológicas cuando se empiecen a importar fertilizantes y químicos agresivos al entorno.

Expertos opinan

En diferentes espacios, economistas cubanos que a lo largo de los años han hecho disimiles propuestas de reformas económicas se han pronunciado sobre el nuevo paquete de medidas.

Entre ellos se encuentra el también profesor Juan Triana, quien en declaraciones al medio La joven Cuba consideró que Cuba tiene que arrancar de alguna manera su sector productivo y volver a ponerlo a funcionar.

En el caso específico de la agricultura, recordó que el Estado no tiene todo lo que hace falta para ello y cuando lo tuvo tampoco lo hizo bien, “la producción agrícola y los rendimientos no eran los mejores a pesar de tener recursos casi ilimitados”.

“Hace falta echar a andar la agricultura, con todos los recursos y con toda la gente que quiera sumarse”, dijo, y mencionó como ejemplo la experiencia con Vietnam, que en las tierras entregadas están logrando altos rendimientos en el cultivo de arroz, así como de agricultores privados cubanos del occidente del país con buenos resultados en maíz y soya.

Por su parte, Monreal, consideró cuestionable que la medida no.58 sobre el usufructo de tierras agrícolas estatales no fije límites de tiempo ni de extensión.

“Lo que se presenta oficialmente hoy como una tabla de salvación productiva para el campo ‘de todo el pueblo’ podría terminar convirtiendo de facto tierra pública en privada: un despojo de lo público en beneficio de una minoría políticamente bien ‘conectada’”, posteó Monreal.

El economista apuntó que “privatizar y cooperativizar tierra estatal complementando ese proceso con usufructo dentro de un marco normativo robusto sería preferible al modelo impreciso de la medida 58, sobre la cual un alto funcionario afirmó que “no hay que esperar que todas las normas estén listas”.

Para este economista, sin normas legales transparentes ni procesos auditables, «un usufructo sin límites de tiempo ni de superficie se vuelve más vulnerable a la corrupción y puede favorecer la captura por élites de uno de los principales activos económicos de la nación.

Con matices, los criterios especializados coinciden en un punto: en medio de una situación que no admite nuevos plazos ni errores, el éxito del programa dependerá de su implementación y hasta dónde se quiera llevar una reforma que es tanto económica como política. (2026)