Los ánimos volvieron a caldearse en esta nación antillana por el paquete de medidas con que el Banco Central de Cuba (BCC) se ha propuesto profundizar la bancarización de la economía. En un plazo de seis meses, la autoridad monetaria quiere expandir nuevos canales y medios electrónicos de pago y otros instrumentos bancarios y reducir todo lo que pueda las operaciones con efectivo.

A la publicación el 3 de agosto de la    Resolución 111 del BCC     le acompañaron otras informaciones y varias presentaciones televisivas de funcionarios de ese organismo y de otros ministerios para esclarecer las novedades y calmar las aguas.

En el ambiente laten dudas y temores, a pesar de constituir la bancarización un giro de desarrollo, cuyos beneficios no constituyen una novedad para la sociedad cubana. Comenzó hace varios años junto con el comercio electrónico, el despliegue de una red de cajeros automáticos, las tarjetas magnéticas, las terminales de punto de venta (TPV o POS, según sus siglas en inglés) y las pasarelas de pago de Transfermóvil y EnZona a través de la telefonía móvil, entre otras novedades tecnológicas en apoyo de la actividad bancaria y financiera.

Pero esta vez a las medidas le siguieron críticas y debates intensos en las redes sociales. Entretanto, muchos comercios privados que aceptaban antes los pagos por transferencias les han retirado esa opción a sus clientes o les cobran una cuota por encima para aceptar los canales del desarrollo.

¿Apuro del Estado?

En las explicaciones de representantes gubernamentales a la prensa, uno de los mensajes más reiterados ha sido la gradualidad del paso. En una serie de tres partes del programa televisivo Mesa Redonda del 7 al 9 de agosto, el Presidente del BCC, Joaquín Alonso, insistió en que la bancarización de operaciones “es un proceso gradual”.

La idea la confirmaron otros funcionarios , en un intento por borrar el temor a una bancarización forzada o acelerada que se disparó entre los actores económicos identificados como sujetos de la Resolución 111, así como en el resto de la población.

Con lenguaje enfático, esta norma legal estableció como disposición especial que el cronograma de transformaciones “no puede exceder de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución y solo es prorrogable por quien suscribe por el término de hasta tres meses”.

En otra intervención televisiva, reproducida en el sitio oficial del BCC, el vicepresidente del mismo, Alberto Quiñones, anticipó días antes “un grupo de acciones que se comenzarán a acometer y que acelerará este proceso”. Hizo evidente también la pretensión de “llevar la bancarización a todos los sectores”, pero reconoció que se haría “según las capacidades instaladas, las posibilidades e infraestructura que hoy tenemos en los bancos y que se conectan a estas pasarelas.”

Promesas del efectivo  

Las condiciones tecnológicas y bancarias para completar el proceso en tan breve tiempo se han convertido en uno de los nudos de duda y discusión pública. El deterioro o insuficiencia de la red de cajeros automáticos no constituye la única señal para desconfiar. Las sucursales bancarias arrastran un déficit o inestabilidad de otro recurso vital, el personal.

Los propios funcionarios del BCC participantes en los programas televisivos admitieron el conflicto. “No todos los comercios tienen aún las condiciones tecnológicas para efectuar las operaciones comerciales por vías digitales, pero se seguirá avanzando en ese camino”, dijo Alonso en la Mesa Redonda.

Quiñones, a su vez, admitió la insuficiencia de cajeros automáticos –faltan en cien municipios, casi dos tercios de los municipios del país-, pero rechazó esta carencia como definitoria para una bancarización. “Donde haya cajeros automáticos, con los cajeros. Donde no haya, con otros medios digitales”, dijo.

Como parte del paquete que acompaña a la Resolución 111, el BCC decidió dejar los cajeros automáticos solo para extracciones de efectivos de las personas naturales.

Las autoridades descartaron otros temores de la población sobre el futuro del efectivo en Cuba. Aunque el programa busca la expansión de medios de pago electrónico, como las transferencias y los códigos QR, “siempre van a existir operaciones con efectivo, pues comprendemos que no toda la población tiene acceso a los medios digitales, o sabe utilizarlos, para realizar las operaciones comerciales”, aclaró el Presidente del BCC.

En contraste, algunos espacios de la economía, como el turismo y la cadena de gasolineras de la Corporación Cimex , han anunciado públicamente la eliminación total del efectivo como medio de pago en sus operaciones.

En busca del dinero perdido

El eje principal del conflicto que desató la Resolución 111 gira en torno a la intención declarada por el BCC de atraer a las arcas bancarias un efectivo que circula fuera de la banca en proporción mayor que en el año previo. De acuerdo con los datos ofrecidos por Alonso, los montos de operaciones sin efectivo saltaron desde el 11,37 por ciento del total en 2019 hasta el 63,36 por ciento en 2022. Pero en el presente año han retrocedido al 57,7 por ciento del total.

La Resolución identifica que “el incremento del uso del dinero en efectivo en las transacciones económicas y financieras ha provocado un retroceso de los niveles de bancarización e inclusión financiera en el país”.

Para captar ese dinero, la norma establece límites estrictos para que sus clientes, actores económicos entre los cuales no se incluye la población, depositen en las cuentas bancarias sus ingresos en efectivo en pesos cubanos. Deben hacerlo al día siguiente de obtenerlo o en cinco días naturales posteriores como máximo.

No han faltado opiniones e interpretaciones que buscan en las nuevas medidas filos pensados contra las formas privadas, pero lo cierto es que también crea presiones contra las formas estatales clásicas, empresas y unidades presupuestas, a la hora de operar en un mercado donde han adquirido protagonismo las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, los trabajadores por cuenta propia (TCP) y las cooperativas.

“Como efecto boomerang –analiza el economista Juan Triana- impactará negativamente en aquellas empresas estatales que han desarrollado algunos negocios con el sector no estatal.”

Más que entenderlo como un ataque contra los privados, veo en este paso una maniobra apurada por atraer el efectivo que ha absorbido el mercado cambiario informal, un mercado que ha extendido alas ante la incapacidad de la banca estatal para atender la demanda de capital de los privados. Esos pesos cubanos circulan ahora en un sector comercial no estatal, calzado por operaciones de cambio por divisas –con tasas que se distancian de la oficial de 120 pesos por dólar, hasta casi duplicarla actualmente. Los nuevos actores de la economía buscan ese capital para sostener la importación de recursos y otras inversiones.

En un escenario nacional dominado por la inflación, la depreciación acelerada del peso cubano y el desabastecimiento, estas medidas corren el riesgo de tener poco alcance. Pero creo que es muy pronto para pronosticarle un efecto inflacionario, como anticipan algunas voces. Otros factores más profundos son los que han desatado la espiral de los altos precios en Cuba.

Si el gobierno, en cambio, atiende las reacciones públicas de actores estatales y no estatales de la economía, mueve con inteligencia el timón, reajusta la Resolución 111 sin vacilar y aplica la anunciada Estrategia de Estabilización Macroeconómica –con desarrollo del mercado cambiario incluido-, la bancarización pudiera contribuir a ordenar, al menos parcialmente, los flujos de circulación en la economía. En tal caso, hasta tendría un alcance antinflacionario.

Pero como efectos, por el momento, solo son visibles las altas temperaturas sociales que las medidas de bancarización han sumado a un mes de agosto en que Cuba arde entre los récords de calor.(2023)