La sala del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales recibió este lunes a un equipo de abogados especializados, ingleses, españoles y cubanos, que van a representar al Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba ante la demanda que les ha interpuesto la firma CRF I Limited.

El conflicto que dirime el tribunal con sede en Londres, Reino Unido, apunta a determinar si CRF es o no acreedora de dos títulos de deuda pública contraídos por Cuba en 1984, como alega esa sociedad mercantil británica off shore, radicada en Gran Caimán, o si, como sostiene la parte cubana, el demandante nunca fue el prestamista ni es el acreedor en estos momentos.

Cuba enfrenta un dilema bastante común en el mundo moderno, con una de esas empresas financieras o fondos de inversión de alto riesgo identificados como fondos buitres. Son compañías que amasan ganancias fabulosas, mediante la compra de instrumentos de deudas vencidas o en default, a los acreedores de origen, para presentarlos luego ante los tribunales.

Ganaron fuerza a partir de los años 90 mediante la caza de empresas o Estados en crisis o con economías agonizantes, incapaces de pagar deudas contraídas e incapaces, por tanto, de costear los enredos judiciales en los que se encuentran especializadas entidades como CRF. Una salida común a la disputa judicial es el pago de la deuda vencida con inmuebles y otros bienes o activos del deudor, los que el fondo revende de inmediato a mejor precio mediante los recursos del mercado.

CRF alega haber comprado los dos títulos en disputa al Credit Lyonnais Bank Nederland NV uno y el otro, al Instituto Bancario Italiano. Pero los representantes de Cuba argumentan que la cesión de la propiedad de ambos instrumentos al CRF no contó con la aprobación del BNC ni de Cuba, como establecen la ley cubana y las normas internacionales. Bajo ese criterio, la transferencia carece de validez jurídica.

Cuando contrajo la deuda de origen con ambos bancos, antes de 1997, el BNC oficiaba como banco central del país. De ahí, el carácter público del título de deuda, según reconoció en nota oficial del caso  la Superintendencia del actual Banco Central de Cuba (BCC).

El CRF argumenta que ha intentado negociar en vano un acuerdo con La Habana desde hace más de una década, tras lo cual le propuso en 2021 una reestructuración con descuento del 60 por ciento. El proceso legal actual contra la parte cubana comenzó en 2020.

En un artículo reciente, el periódico Granma enumeró como primera razón para desconocer la cesión de propiedad de los títulos a nombre del CRF que “al ser un fondo buitre, no hubiera sido aceptado en ningún caso como acreedor”. Otros dos argumentos se refieren a la ilegalidad de los mecanismos a que acudió el fondo para apropiarse de ambos títulos, los cuales condujeron a violaciones de la ley por funcionarios del BNC.

De acuerdo con el diario, “representantes del fondo buitre propusieron a un funcionario del BNC violar los procedimientos regulados en la ley cubana para la aprobación de la cesión de una deuda pública”.

Ese directivo del BNC emitió un documento para la cesión de propiedad de los títulos, en violación conciente de requisitos legales establecidos de acuerdo con el derecho inglés, las normas internas del BNC y la ley cubana. Por tanto, ese documento “es nulo de pleno derecho”, afirma Granma.

De acuerdo con otros reportes, la transferencia de propiedad en disputa judicial hoy debió contar en su momento con la aprobación también del Ministerio de Finanzas y Precios en representación de la administración estatal.

En 2021, estos funcionarios fueron juzgados en Cuba, con sanción penal de 13 años por el delito de cohecho para el más comprometido, Raúl Eugenio Olivera Lozano, director de Operaciones del BNC.

Cuba enfrenta en estos momentos una de las crisis económicas más graves de las últimas décadas. La pandemia de covid condujo al cierre casi total de su principal industria, el turismo, en 2020 y 2021, con el agravamiento simultáneo de las sanciones del bloqueo económico de Estados Unidos contra la mayor de la Antillas.

Incapaz bajo estas presiones de honrar parte de sus deudas en 2019 y 2020, el gobierno cubano consiguió en 2021 un acuerdo histórico con el Club de París. Este grupo de países acreedores le condonó a Cuba 8 500 millones de dólares de una deuda externa de 11 100 millones. El pacto le otorgó al deudor un tiempo de pago adicional hasta el 2023.

Representantes del Estado cubano reiteraron en 2022 al Club de París la disposición de cumplir con estos compromisos, pero persisten señales de carencias económicas severas en el presente año.

El CRF encontró un contexto idóneo para intentar negociar en 2021 con la parte cubana un acuerdo similar para el Club de Londres, grupo de acreedores privados que lidera el fondo demandante hoy. Ante un fracaso que era previsible, el fondo emprendió el año pasado el proceso que ha entrado en la sala del tribunal de Londres.

Queda por ver cuáles son las ganancias que el CRF, experto en estas lides, debe haber calculado de cualquier manera, con independencia de la decisión judicial del proceso. (2023)