El gobierno cubano está dando pasos desde fines de junio con la intención declarada de controlar precios, ordenar las relaciones entre actores económicos estatales y no estatales y conseguir una estabilización macroeconómica. Los problemas a que responden estas medidas centraron la atención de Consejo de Ministros en una reunión con que cerró el primer semestre.

La novedad más reciente la implementó el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) a partir de este 8 de julio, a fin de regular temporalmente los precios minoristas máximos de un grupo de productos de alta demanda. La medida, sin dudas polémica, la venía anunciando ese organismo desde días previos.

Con la Resolución 225 publicada en la Gaceta Oficial de la República, el Ministerio definió precios minoristas máximos para cinco alimentos de ventas elevadas, tanto en tiendas estatales como privadas: pollo troceado (680 pesos/kg), aceites comestibles (990 pesos/litro), leche en polvo (1675 pesos/kg), pastas alimenticias (835 pesos/kg) y salchichas (1045 pesos/kg), a los que se une el detergente en polvo (630 pesos/kg).

Esta Resolución también exonera del pago del impuesto aduanero a las importaciones de estos seis productos y reitera un concepto referido a la aceptación de un margen de ganancia o utilidad no mayor del 30 por ciento en la formación de precios.

Previamente, el MFP estableció con la Resolución 209 del 25 de junio  que cuando las entidades estatales compren bienes o servicios a las formas de gestión no estatal tendrán que concertar precios y tarifas con una tasa de utilidad que no exceda del 30 por ciento sobre el total de costos y gastos, más la cuantía correspondiente por el impuesto sobre las ventas y servicios.

La Resolución 209 también faculta a las formas de gobierno provinciales y municipales a poner precios y tarifas máximas de bienes y servicios seleccionados entre aquellos que las entidades estatales compran al sector no estatal.

Frente a una persistente inflación que inquieta a los consumidores y al país en general, el gobierno juzgó críticamente, en la reunión del Consejo de Ministros al cierre de junio, los altos precios que aceptan las formas estatales cuando les contratan servicios o productos a los actores privados, en expansión en la economía cubana.

El Presidente Miguel Díaz-Canel cuestionó en ese encuentro “los pagos excesivos que está haciendo el sector estatal al no estatal o sector privado” y pidió dar más participación a las empresas estatales a la hora de contratar servicios, siempre que sean capaces de hacerlo con eficiencia.

El Jefe de Estado alertó que era necesario tener más control sobre los gastos, a fin de reducir el alto déficit presupuestario que arrastra la economía.

Cuando el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, argumentó ante la prensa la Resolución 209, la interpretó como expresión legal de proyecciones de gobierno relacionadas con la revisión y ordenamiento de las regulaciones entre el sector estatal y no estatal.

Una semana antes de la Resolución 225, la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, anticipó en la televisión la proximidad de esta norma, concebida para regular, temporalmente, los precios máximos de productos de primera necesidad que comercializan las formas de gestión no estatal: cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) privadas y trabajadores por cuenta propia.

Rodríguez Ruiz reconoció entonces que los precios que vendrían no eran los deseados, pero insistió en que tienen en cuenta los costos reales para los actores económicos. Antes de implementar esta norma, el MFP organizó reuniones con trabajadores por cuenta propia y mipymes dedicadas a la actividad comercial.

El gobierno intenta con estas maniobras poner freno a una espiral inflacionaria que ha generado irritación entre los consumidores, con expresiones visibles en las redes sociales.

En días recientes, los medios de prensa también se refirieron con insistencia a los avances de un proceso de bancarización que se aceleró desde los meses finales del año 2023. Las autoridades lo defienden como recurso para controlar los flujos monetarios y contrarrestar la evasión de impuestos.(2024)