Caracterizar el estado actual del sector ganadero en Cuba, a partir de una amplia fiscalización al registro de tenencia de ganado bufalino, vacuno y equino es uno de los objetivos de un ejercicio de control que realiza el Ministerio de la Agricultura junto a otras entidades estatales.

Hasta el cierre de mayo, la “investigación especial” y de “uso limitado” incluyó visitas a más de 80 000 tenentes de ganado mayor, tanto naturales como jurídicos, principalmente de Artemisa, Cienfuegos y el Municipio Especial Isla de la Juventud, donde avanza más rápido el ejercicio.

Según informó Arián Gutiérrez, director general de Ganadería de ese ministerio, en las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Holguín y Sancti Spíritus hubo un retraso “condicionado por factores externos a los ejecutores, dígase disponibilidad de combustible, falta de energía para inscribir las planillas en los registros informáticos”.

No obstante, como resultados positivos señaló que, a fines de abril se alcanzó un 20 % de la natalidad en la masa ganadera en el país, “lo que debe revertirse en resultados favorables”.

De acuerdo con otros representantes de la cartera de Agricultura, más del 90 % de la propiedad del ganado mayor la concentran hoy cooperativas y productores individuales del sector ganadero, “en un escenario productivo disperso, con un incremento en la mortalidad y baja natalidad”.

Evaluación del ganado

Por indicación de las autoridades ministeriales, desde fines de febrero, propietarios estatales y privados de ganado vacuno y bufalino acuden a las Oficinas de Registros Pecuarios a actualizar los movimientos de sus rebaños e identificar la totalidad de la masa animal.

A mediados de ese mes se paralizó la compraventa de ganado mayor en el país. Desde entonces solo se autoriza el traslado de animales para cumplir las entregas a sacrificio según los balances territoriales o por razones sanitarias de urgencia.

Las personas que requieran vender su ganado en este periodo deben hacerlo a las entidades estatales, con previa autorización, indicó Gutiérrez.

En las visitas a tenentes de ganado se evalúa el aprovechamiento de las áreas productivas y se detectan las posibles ilegalidades con vistas a solucionarlas con rapidez, explicaron otros directivos de la Agricultura.

Asimismo, declararon a la prensa que participan en esta acción representantes de la Contraloría, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y de otros organismos.

Las comisiones analizan los índices de natalidad y mortalidad del ganado, la inscripción oportuna de los nacimientos, el manejo general de los rebaños, la clasificación por edad, raza y sexo, el marcaje de ejemplares, su conteo, además de revisar los expedientes de personas propietarias.

Aprovechar las áreas productivas

La directora nacional del Control de la Tierra, Mildrey Mantrana, puntualizó que el ejercicio facilita también actualizar la cantidad de suelos desaprovechados, revisar el proceso de contratación y los destinos de la producción.

A la vez, dijo, posibilita “crear una disciplina en los productores sobre la explotación de esas áreas, que se utilice para el objeto que fue aprobada a la hora de su entrega en usufructo”.

En tal sentido, resaltó: “De esta manera, Cuba arreciará el control sobre la tenencia, uso y legalidad de sus tierras agrícolas para reducir áreas ociosas o mal explotadas y elevar la producción de alimentos, una prioridad hoy”.

Por su parte, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez, aseguró que se trata de “la concreción real de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional”, conocida como (Ley SSAN).

Al respecto destacó que el ejercicio pondrá al sector agroalimentario “en mejores condiciones para enfrentar las exigencias del Plan de la Economía 2024 y, más que ello, la demanda de la familia cubana y el consumo social”.

Demandas y dificultades

Desde el unicameral parlamento cubano se insiste en que productoras y productores deben impulsar la actividad agrícola, en el actual contexto de carencias económicas, la creciente inflación y otros problemas.

Un informe debatido en las sesiones parlamentarias de diciembre pasado reveló el incremento de los delitos en ese sector, en particular contra el ganado y otros objetivos económicos.

Ante el creciente deterioro de la masa ganadera en Cuba, en 2021, el Ministerio de la Agricultura aprobó la venta liberada de carne, leche y sus derivados a productores que cumplieran con las entregas contratadas por el Estado, en aras de paliar la profunda crisis nacional en la producción de alimentos.

Desde ese momento, reconoce la entidad, se incrementan los hechos de hurto y sacrificio ilegal de ganado “a niveles alarmantes”. En 2022 se duplicaron las cifras en comparación con el año anterior. A partir de junio de ese año se incrementaron los delitos, con picos mensuales de hasta 10 000 animales afectados.

El registro de 1 954 hechos penales que afectaron en el primer cuatrimestre de 2024 a diferentes entidades productivas relacionadas con la ganadería en Las Tunas convierte a esa provincia oriental en el territorio con mayor decrecimiento de la masa vacuna en el país.

Especialistas de la Policía Nacional Revolucionaria informaron en mayo a la prensa local sobre los hurtos de ganado mayor, sacrificios ilegales y robos con fuerza en 341 unidades del sector agropecuario.

Mencionaron la pérdida de 3 480 cabezas de ganado vacuno y equino, principalmente de los municipios de Jobabo, Majibacoa y Las Tunas.

Durante las investigaciones se comprobaron negligencias de los propietarios de animales, tanto del sector privado como del estatal, entre ellas, “la falta de monteros en el horario diurno y las áreas llenas de malezas”,  indicó el reporte.

Anteproyecto de Ley de las tierras

A la par del control y ordenamiento del sector ganadero en Cuba continúa la elaboración del Anteproyecto de Ley de las tierras, que luego de someterlo a consulta popular en los próximos meses, se presentará al parlamento para su aprobación definitiva en diciembre venidero.

Un artículo de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura, subraya que para la adecuada implementación de la Ley SSAN, aprobada en 2022, resulta “indispensable modificar la política de uso y posesión de la tierra y su marco legal”.

Reconoce el texto que varias normas jurídicas de larga data y disposiciones “requieren una actualización en correspondencia con las problemáticas existentes para la transmisión de la tierra y su régimen de uso y posesión”.

Se pretende regular, en un solo cuerpo legal, el uso sostenible de la tierra, las formas de propiedad agropecuaria, la inscripción y registro de la tierra, la entrega en usufructo de áreas estatales ociosas o no.

De igual modo se reglamentará la transmisión del dominio sobre bienes y tierras; los contratos de compraventa, permuta y donación; el traspaso de recursos de personas que emigran o viajan por intereses particulares al exterior, la sucesión por causa de muerte, las infracciones y contravenciones, entre otros aspectos legales. (2024)