Una de las decisiones más controvertidas en materia de organización del sistema empresarial estatal en Cuba en los últimos años  ha sido la creación de agrupaciones empresariales, ya sea bajo la forma de Uniones o de Grupos Empresariales, a las cuales -según las ideas prevalecientes hasta ahora – deben pertenecer todas las empresas estatales del país.

Y  con ellas, como niveles organizativos que conforman estas agrupaciones la aparición de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y  Empresas y Unidades  Empresariales de Base (UEB).

Numerosas críticas ha tenido este proceso, en particular las OSDE. Entre ellas,  la transformación de empresas en entidades sin personalidad jurídica ni patrimonio propio (el caso de las UEB), el hecho de que prácticamente todas las OSDE nacionales se encuentren en La Habana y exhiban aumentos injustificados de personal y recursos a su disposición para enfrentar los crecientes gastos de coordinación, convirtiéndose en no pocos casos en una suerte de «miniministerios» que añade un eslabón de dirección más, a contrapelo de la búsqueda de organizaciones empresariales más planas y flexibles..

En otras palabras, reforzando la consabida falta de autonomía de las empresas estatales cuya  capacidad de rediseño, de innovación, de detección y rápido  aprovechamiento  de oportunidades de negocio  en su entorno de actuación no son precisamente sus rasgos distintivos.

Todo en un contexto donde las funciones empresariales y estatales no han alcanzado plenamente la separación tan proclamada. El marco jurídico que regula estas formas organizativas (Decreto 35: Del Sistema Empresarial Cubano, 2017 ) establece para el caso de las OSDE que estas deben concentrarse en temas estratégicos,  sin interferir en la gestión de sus empresas y respetando la autonomía empresarial.

Dos posturas  extremas  

Pero a un año de promulgado este decreto, a fines de 2018 ya se anunciaba  públicamente una revisión de todas estas estructuras que debía efectuarse en el primer trimestre de 2019 y  que, a juzgar por la ausencia de información pública al respecto,  no se llegó a concretar.

En este asunto hemos asistido de hecho a dos posiciones extremas: por una parte, la intención  de agrupar a todas las empresas estatales y por consiguiente la creación de las OSDE. Y por otro, ante los problemas existentes, no pocos demandan su extinción definitiva. Al decir del saber popular, “la verdad está en el medio». Ni dinamitarlas ni dejarlas tal cual funcionan hoy.

Estas formas organizativas de tipo corporativo, con sus unidades estratégicas de negocio, divisiones por regiones y productos, unidades productivas, más que crearse para satisfacer necesidades de control de nivel superior, surgen en la vida empresarial como consecuencia  de las etapas del ciclo de vida por el que atraviesan las empresas en su desarrollo.

Nacen además de la necesidad de contar con formas organizativas que permitan alinear- a lo largo de dicha evolución – las configuraciones empresariales con sus estrategias de expansión, reestructuración, diversificación, sinergias entre negocios y los eslabones que conforman su cadena de valor.

Aquí vale la pena recordar una sentencia clásica de la administración empresarial: «la estructura sigue a la estrategia».  Dicho de forma más llana:  en un momento dado de la vida del niño, es hora de buscarle otra ropa y calzado. Ya no le sirven los que usa.

¿Cómo transformar?    

Este no es un asunto menor. En las agrupaciones empresariales , las estrategias de los niveles corporativos debieran – además de fijar políticas y velar por  su cumplimiento- facilitar  sinergias entre sus negocios que añadan valor al resultado conjunto,  proporcionarles servicios de apoyo que resulten una opción mejor que tenerlos por separado en cada entidad, así como la evaluación de la dinámica de dichos  negocios para decidir donde colocar y redistribuir los recursos para maximizar los resultados de la agrupación.

Y dejar en manos de sus empresas las estrategias particulares para sus negocios, que funcionan con autonomía de gestión.  Dicho así, ni todas las empresas estatales deben estar agrupadas, ni las OSDE deben surgir sólo con fines de control administrativo del tejido empresarial que agrupan.

Además, hay que comprender – para no proclamar a priori su desaparición o hacer su apología en aras del control- de qué debe ocuparse realmente este nivel de dirección, llámese como se llame, a fin de que su accionar  y los beneficios correspondientes para sus negocios demuestren en la práctica su viabilidad.

Pero también, no se olvide, hay que separar las funciones estatales y empresariales. Y promulgar la tan esperada Ley de Empresas (2022)