Ley de Comunicación Social: ¿al fin?

El anteproyecto publicado la víspera abre el camino para la publicidad y el patrocinio en los medios sociales en Cuba, en tanto establece algunas regulaciones para el entorno digital.

Presentación a la prensa del anteproyecto de Ley de Comunicación social de Cuba. Aunque aún quedan pendiente algunas disposiciones reglamentarias, el documento recoge el panorama regulatorio para el sistema de comunicación social.

Foto: Tomada de la Página oficial de Instituto Cubano de Radio y Televisión ( ICRT)

Reclamado por décadas, especialmente en un contexto cambiante y convulso en el ámbito comunicativo, acaba de salir un anteproyecto de Ley de Comunicación Social, que ya cuenta con su versión 32, según se dio a conocer durante su presentación en el Centro de Prensa Internacional.

Para Humberto Fabián Pérez, vicepresidente de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, esta propuesta de ley, “a diferencia de otras elaboradas con cortes más específicos sobre prensa o publicidad, aborda de manera integrada todos los ámbitos de la comunicación: institucional, mediático y comunitario”, explicó durante el encuentro con la prensa.

Por su parte, Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, insistió en la intención de la ley de colocar al ciudadano como sujeto fundamental de la comunicación, no solo en su derecho de recibir sino también de exigir información pública.

El documento, disponible desde el 12 de julio, tendrá varias consultas por instituciones especializadas. Y la ciudadanía podrá enviar sugerencias hasta el mes de septiembre al correo electrónico: leycomunicacionsocial@minjus.gob.cu.

¿Cuáles regulaciones establece?

Con objetivo de establecer normas generales que articulen un sistema de comunicación social en Cuba, el anteproyecto parte de reconocer el papel decisivo de la misma para el desarrollo económico y social del país.

Y establece que la entidad rectora será el Instituto de Información y Comunicación Social, creado el pasado año, como organismo de la Administración Central del Estado.

El texto establece la categoría de “medios fundamentales de comunicación social” para “instituciones mediáticas de carácter estratégico en la construcción del consenso y en la gestión participativa del desarrollo económico, social y cultural de la nación”. A la vez, reconoce que existen otros medios con perfil editorial determinado.

Reafirma que los medios solo serán “de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas”, lo que niega cualquier posibilidad de otros tipos de gestión empresarial privada o cooperativa para esta modalidad.

Entre las principales novedades, está la apertura a la publicidad y el patrocinio como modos de generar ganancias en los medios fundamentales de comunicación.

Aunque faltan algunas disposiciones reglamentarias, la propuesta de ley no aborda si en algún momento se podrá pensar, para aspectos del ámbito comunicativo, en determinadas licencias de trabajo por cuenta propia, proyecto de desarrollo local, mipymes u otra modalidad de actores económicos.

Por otro lado, la propuesta regula que el director o directora de cada medio fundamental de comunicación es el máximo responsable del cumplimiento de la política editorial, algo que ya estaba establecido en documentos reguladores previos, pero no plasmado en una ley.

Como valores importantes, el anteproyecto establece “la transparencia en la gestión de la información de interés público, la rendición de cuentas de los servidores públicos y la participación de la ciudadanía en la elaboración de las políticas de interés general, así como en su evaluación, control y fiscalización”.

El documento reitera el apego que debe tener cualquier ámbito de comunicación a los preceptos del sistema de gobierno actual, pues coloca reiteradamente las coletillas: “según los fines de la sociedad socialista”, “en correspondencia con los principios del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”, “contribución para fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba”, entre otros.

Apertura a la publicidad y más en el ámbito digital

Varios son los pronunciamientos con respecto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como sobre los procedimientos que competen al ciberespacio.

Desde el artículo 4, inciso i, se insta a “la utilización responsable de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) y la creación de habilidades para la generación de contenidos emancipadores”.

Como aspecto importante, la propuesta prohíbe los contenidos que den “tratamiento morboso a accidentes, hechos delictivos, desastres u otros eventos similares”, una de las peticiones más frecuentes en redes sociales debido a lamentables sucesos de los últimos años como el accidente aéreo de mayo de 2018.

Incluye otros artículos reguladores de las publicaciones que sirvan para “desacreditar o difamar a las personas y entidades, sin argumentos apegados a la verdad”, aunque se alerta que puede prestarse para diversas interpretaciones, según sea el caso.

También establece el “derecho de réplica, rectificación y reparación material o moral cuando las personas o instituciones resulten afectadas por contenidos erróneos, difamatorios, calumniosos, discriminatorios o injuriantes”.

El principio de accesibilidad, si bien no se establece desde esta definición explícitamente, queda recogido en el cuerpo legal, cuando estipula que los medios “garantizan a las personas en situación de discapacidad el acceso a los contenidos”.

Otro concepto presente en el anteproyecto es el de “proveedores de contenidos digitales”, para quienes “generan, seleccionan, modifican o publican contenidos dirigidos a sus usuarios de las redes”, ante lo cual son responsables de su licitud y veracidad.

Así les obliga a proporcionar bloqueadores efectivos para contenidos no deseados; prohibir contenidos que formen parte de acciones de ciberacoso; proteger los contenidos almacenados y su uso por terceros, teniendo en cuenta que el consentimiento siempre es revocable.

Pero sin duda, lo más interesante del nuevo anteproyecto y de cara al crecimiento de la presencia mediática y ciudadana en el ámbito digital, es la apertura del financiamiento de los medios por la “venta de servicios y espacios de publicidad, la comercialización dentro y fuera del país de su producción y patrimonio comunicativos, el patrocinio, las donaciones y la cooperación nacional e internacional”.

Aunque aclara que se requiere de la aprobación del estatal Instituto de Información y Comunicación Social y faltan disposiciones reglamentarias al respecto, la norma abriría la puerta a otras vías de financiamiento para los medios estatales en Cuba, que cada vez están más afectados por la compleja situación económica y política. (2022)

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