Cuba vuelve a apostar a las cooperativas

La legislación más reciente abre nuevas oportunidades para una forma de producción con protagonismo en las producciones agropecuarias cubanas.

Sobre los hombros de las cooperativas descansa el 100 por ciento de producción de tabaco y caña de azúcar y unas tres cuartas partes de la cosecha de alimentos.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

Las cooperativas se apuntalan como forma de organización empresarial en Cuba. Después de incursionar hace unos pocos años por primera vez en ámbitos no agropecuarios, pasos recientes confirman que la agricultura, su lugar de origen, apuesta a un modelo de gestión económica diferente de la empresa estatal dominante en el resto de la economía cubana.

Nuevas acciones legislativas buscan reordenar un universo donde comparten espacio las resistentes cooperativas de créditos y servicios (CCS), las cooperativas de producción agropecuaria (CPA) y las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC), más jóvenes.

Mientras las CCS entraron en escenacon la Reforma Agraria a inicios de la década del 60 del pasado siglo y las CPA aparecieron como alternativa de socialización de la propiedad agrícola en 1976, las UBPCasomaron en 1993 como recurso frente a la crisis económica identificada como Período Especial. Las reglas del juego no han sido similares para las tres formas, lo que ha favorecido mayor autonomía y estabilidad delas CCS. Las CPA (869) y las UBPC (1496) conservan protagonismo en el surco, pero su número ha disminuido en cuantía mayor que las más veteranas CCS (2463).

Con el Decreto ley 365 y su reglamento, el Decreto 354, publicados en la Gaceta Oficial Ordinaria número 37, el gobierno se propone eliminar la dispersión legislativa que regía las diversasformas cooperativas del agro e iguala en lo posible el tratamiento que el Estado dispensa a las mismas. De esta manera, busca consolidar una forma de gestión empresarial con el cual se identifican la agricultura y el modelo cubano de socialismo, a juzgar por las primeras declaraciones de las autoridades.

El director Jurídico del Ministerio de la Agricultura, Orlando Díaz, dijo que el objetivo de la nueva norma legal es “otorgar mayores facultades y crear escenarios favorables para el progreso de las cooperativas agropecuarias”.

Esta opinión contrasta con interpretaciones que temen un retroceso en la autonomía por el vínculo que establece el Decreto ley 365 entre las formas cooperativas y empresas estatales.

La ampliación de facultades para ofrecer y recibir servicios en las cooperativas, puede aligerar el acceso a las tecnologías que requiere la agricultura cubana para ampliar capacidades productivas.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

El artículo 26 del Decreto ley 365 define que la cooperativa agropecuaria se vincula con una empresa “que controla el cumplimiento de las normas técnicas que rigen los procesos productivos”. A su vez, el artículo 14 establece que a los órganos y organismos de la Administración Central les corresponde asesorar, atender y controlar a estas cooperativas.

Para despejar recelos, el director de Desarrollo Cooperativo de ese ministerio, Ricardo Monzón Novoa, manifestó en conferencia de prensa que “la vinculación no significa subordinación”, sino que se basa en relaciones contractuales y de igualdad. La misión de las empresas es apoyar la gestión de las cooperativas, viabilizando los procesos y respetando su autonomía, dijo.

El modelo económico cubano ha emprendido un proceso de descentralización desde hace casi una década, que, pese a lo cauteloso que resulta en su avance, deja poco margen para creer en una vuelta ala centralización en la producción agropecuaria, íntimamente casada con las formas cooperativas.

Sobre los hombros de las cooperativas descansa el 100 por ciento de la producción de caña de azúcar y tabaco, dos cultivos tradicionales en Cuba, con peso aún en las exportaciones. También producen una parte importante de los alimentos: viandas (81 por ciento), hortalizas (72 por ciento), frutas (76 por ciento), frijol (85 por ciento), maíz (86 por ciento) y leche (78 por ciento).

Insatisfecho el país con el alto volumen de divisas que dedica aún a la importación de alimentos –alrededor de 2000 millones de dólares-, busca desde hace años alternativas para dinamizar la producción nacional. Una de las cartas en que ha insistido desde 2009 es la entrega de tierras estatales en usufructo a los productores privados, cooperativas y empresas.

La reforma más significativa que promete el Decreto ley 365 será igualar facultades de todos los actores agropecuarios, a pesar de las diferencias lógicas en las relaciones de propiedad. Mientras los miembros de una CCS solo se unen para negociar créditos y contratar servicios pero conservan la propiedad individual sobre su tierra, en las CPA se agrupan como propietarios colectivos de la tierra y de otros medios bajo el principio de la voluntariedad. En las UBPC, nacidas como derivación de empresas estatales en un momento agónico, comparten el usufructo pero las tierras son propiedad del Estado.

Al unificar las normas regulatorias del funcionamiento de todas estas formas cooperativas, y el régimen económico en lo referente a la formación y distribución de fondos, puede hacer extensivos principios que favorecían a algunasy homogenizacondiciones en el acceso a medios de producción, insumos y servicios.

Tres principios novedosos del Decreto ley 365 son la autosustentabilidad económica, el reconocimiento de un patrimonio indivisible y la educación cooperativa, comentó a la prensa Ricardo Monzón. Otra novedad en las facultades de las cooperativas es la posibilidad de que sus miembros pongan los medios de su propiedad al servicio de personas naturales y jurídicas sin intermediación de terceras entidades.

Un sector productivo integrado por más de 447.000 cooperativistas –solo las CCS concentran 306.176, según datos del Ministerio de Agricultura, tienen una función fundamental como fuente de empleo y de alimentos y como eslabón esencial en las cadenas productivas que se ha propuesto construir el gobierno en la reforma del modelo de economía. (2019)

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