Las cooperativas abiertas en sectores no agropecuarios de la economía cubana permanecen bajo un signo de interrogación. La incertidumbre se expresa en el carácter experimental al cual continúan sujetas, a pesar de que se incorporaron formalmente este año al modelo económico cubano con la nueva Constitución y del reiterado interés del Gobierno por desarrollar este tipo de organización empresarial.

Estas formas empresariales no estatales aparecieron hace seis años en la construcción, las industrias, el comercio, la gastronomía, el transporte y otros sectores, después de permanecer como alternativa durante décadas solo en la actividad agropecuaria. Pero no han superado el criterio experimental con que nacieron.

El Gobierno decidió extenderlas en 2013, a fin de concentrar al Estado y sus empresas en tareas estratégicas más complejas y descargarlos de actividades que pasarían al ámbito de las cooperativas. Tenía el propósito de fomentar también de esta manera iniciativas productivas y una fuente de empleo, objetivos todos que las autoridades mantienen a juzgar por la evaluación del experimento que comentó a la prensa recientemente Yovana Vega, segunda jefa del Perfeccionamiento de Entidades en la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, órgano gubernamental encargado de conducir la reforma económica cubana.

Sin embargo, después de promoverlas como opción hasta una cifra superior a 400 cooperativas no agropecuarias (CNA), el Gobierno decidió congelar el otorgamiento de licencias, ante la percepción de problemas que pusieron en dudas expectativas de inicio de que podían ser una suerte de solución mágica para deficiencias tradicionales de la construcción o la gastronomía.

Muchas cafeterías y restaurantes que se reorganizaron como cooperativas, tras funcionar con pésimos resultados durante años bajo formas de organización estatal, trasladaron de una etapa a otra, ineficiencias comerciales y problemas de calidad en los servicios. “En las cooperativas que provienen de los estatales, el cambio de mentalidad es lento”, dijo a la prensa la presidenta de la Casona de 17, Migdelis Azahares. A otras instalaciones les va mejor. En la construcción también persisten viejas deficiencias.

Las autoridades no crearán nuevas cooperativas en la etapa experimental, sino que concentrarán esfuerzos en consolidar las que ya están constituidas, dijo Vega, para “continuar avanzando escalonadamente, consolidar lo hecho y corregir los errores o desviaciones que se presentan, tanto en el funcionamiento interno (…) como en sus relaciones con los demás actores de la economía”.

Actualmente quedan funcionando 398 CNA, en diez sectores de la economía, con cerca de 18.000 socios e ingresos superiores a 6.000 millones de pesos, al cierre de 2018. Las actividades económicas con mayor presencia son la gastronomía (151 cooperativas), el comercio (81) y la construcción (59). Le siguen la industria y los servicios personales y técnicos, con 34 y 29 respectivamente.

Entre los conflictos y dificultados del experimento, Vega mencionó la apropiación indebida de recursos e ingresos y manifestaciones de corrupción en complicidad con entidades estatales.

También citó “desviaciones en la gestión de algunas cooperativas, asociadas fundamentalmente a indisciplinas y violaciones de la legalidad, que desvirtúan los principios del cooperativismo”. Ante la imposibilidad de las empresas privadas de constituirse legalmente en Cuba todavía, pese a ser reconocidas ya en la Constitución, muchas entraron al ruedo bajo la cobertura de cooperativas, con la consiguiente distorsión de las misiones que corresponden a estas últimas.

Una evidencia es la materialización de montos importantes de la gestión de algunas cooperativas mediante el contrato de fuerza de trabajo asalariada y la compra de servicios a terceros, al que aluden medios de prensa.

Otras dificultades se derivan de la ausencia de un mercado mayorista para las cooperativas, deficiencias en los registros contables y marcadas diferencias entre los ingresos del personal asociado a la cooperativa como trabajadores y los que cumplen funciones como directivos.

Para dar continuidad al ordenamiento de las cooperativas no agropecuarias, que tienen instrumentos legales importantes con el Decreto-ley No. 366, de noviembre de 2018 y su reglamento, en el Decreto No. 356, de marzo de 2019, vieron la luz en días recientes dos nuevas normas jurídicas: la Resolución 361 del Ministerio de Finanzas y Precios reordena la política de precios y el tratamiento tributario, financiero y contable que aplica el Gobierno a las cooperativas, mientras la Resolución 362 de ese organismo regula el impuesto sobre ingresos personales de los trabajadores contratados en esas empresas.

De acuerdo con estas normas, los precios de venta de las CNA los determinan ellas mismas, según la relación de oferta y demanda clásica en los mercados, aunque se exceptúan aquellos precios con entidades estatales regulados centralmente por el Gobierno o por las autoridades provinciales y actividades con márgenes de utilidades legislados: construcción y producción de materiales de la construcción, reparación y chapistería de vehículos automotores, y carpintería de aluminio, entre otras.

Igualmente se flexibiliza la venta de empresas estatales a las CNA y los nexos con el sistema de planificación, en un esfuerzo por integrar mejor estas nuevas formas empresariales con el resto de la economía estatal en Cuba. (2019).