Trabajo por cuenta propia en Cuba: una mirada desde el derecho

La regulación jurídica del trabajo autónomo ha transitado por diversas etapas desde su creación en la década de los 70 del siglo XX hasta la actualidad.

Empleados que laboran mediante la modalidad de trabajo por cuenta propia aguardan por la llegada de clientes en el exterior de un restaurante privado en medio de las restricciones impuestas para combatir la covid-19, en el casco histórico de La Habana Vieja.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

En el proceso de transformación generado a partir de la “actualización” del modelo económico cubano, han sido diversas las reformas que se han llevado a cabo. Una de estas ha sido el surgimiento de nuevos sujetos económicos, por un lado, y por otro, el fortalecimiento de algunos ya existentes, como es el caso de los pertenecientes al trabajo por cuenta propia (TCP).

La regulación jurídica de la figura de los TCP ha transitado en nuestro país por diversas etapas desde su creación en la década de los 70 hasta la actualidad, con mayor y menor flexibilidad en la modelación de su actividad y actuación.

Una lectura de las diversas normas adoptadas a lo largo de estos años evidencia como se ha avanzado desde su concepción inicial como actividad complementaria al empleo con el sector no estatal, con proscripción de la utilización de fuerza de trabajo asalariada y la determinación de un número muy cerrado de actividades que podían ser realizadas, hacia el escenario actual donde tales limitaciones han sido superadas.

En la actualidad se observa una flexibilización en su regulación jurídica que permite la contratación de mano de obra asalariada, la ampliación de las actividades a desarrollar, así como la posibilidad de establecer relaciones contractuales con los diversos sujetos que integran el sistema empresarial cubano.

Si bien se han dado pasos en pos de la flexibilización de este actor económico, en nuestra consideración aún son insuficientes. El marco regulatorio bajo el que estos sujetos desarrollan su actividad económica resulta aún limitado en ciertos aspectos, lo que sin lugar a dudas constituye una barrera al mejor desenvolvimiento de ellos e incide en el dinamismo de la economía cubana.

 

Flexibilización vs retos de la regulación del TCP

Son varias las disposiciones normativas que han regulado el trabajo por cuenta propia en estos años. Los dos últimos años se han caracterizado por un movimiento legislativo en relación con los cuentapropistas cuya finalidad fue la flexibilización en su actuación.

En 2018 se publicaron en la gaceta oficial disposiciones y normativas que modificaron la regulación jurídica del TCP, en tanto en 2019 entraron en vigor los Decretos Ley 383, 384, 385 y 386.

La posibilidad de contratar trabajadores constituye un elemento positivo dentro de las disposiciones vigentes. Sin embargo, pone en tela de juicio el concepto de trabajador por cuenta propia. Hoy día esta figura en Cuba se caracteriza por su heterogeneidad.

En el actual escenario económico pueden diferenciarse conforme al modo en que desarrollan su actividad tres grupos de TCP.

A saber: los que desarrollan directamente su actividad y quienes son reconocidos legalmente como trabajadores contratados, detentan su propia autorización que los reconoce como trabajadores por cuenta propia, pero en realidad son trabajadores contratados por otros sujetos que son también titulares de licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia.

trabajo por cuenta propia

Un tercer grupo está compuesto por personas que realizan una verdadera actividad constitutiva de empresa donde confluyen trabajo (recursos humanos utilizados para producir bienes y prestar servicios), capital (dinero y todo lo que se adquiere mediante este: maquinarias, equipos, herramientas) y organización (administración o dirección de la empresa) que asumen el rol de empleadores.

Estos últimos constituyen, en no pocos casos, verdaderos empresarios mercantiles, porque el ejercicio de la actividad económica que realizan sobrepasa los marcos del autoempleo, esencia del trabajo por cuenta propia.

De lo anterior se colige que la denominación de trabajo por cuenta propia que se emplea en nuestro país es un eufemismo. Se utiliza para identificar tanto al conjunto de individuos que desarrollan una actividad privada, como para aquellos que laboran en condición de subordinación.

La posibilidad de utilizar instrumentos de pago, regulados en la Resolución 101/11 emitida por el Banco Central de Cuba, constituye otro de los aspectos positivos que posee el marco normativo vigente.

Con esta disposición se le ofrece seguridad a las operaciones que estos realizan y permite mostrar la trazabilidad de las mismas ante la ocurrencia de determinada situación. También fue autorizada la posibilidad de efectuar los pagos a los trabajadores por cuenta propia en CUC, mediante la Resolución 280 de 2019 publicada en la Gaceta Oficial.

Otro de los aspectos que se identifica como positivos de la regulación es la posibilidad de comercializar sus productos o servicios a personas naturales y jurídicas cubanas y a personas naturales y jurídicas extranjeras, según se establece en el Decreto Ley 383 de 2019.

Esta modificación flexibiliza el marco de actuación de estos actores, pues al amparo de las normas anteriores, la contratación con personas extranjeras se encontraba limitada para el servicio de alojamiento.

Organizadores de la feria comercial Cuba Emprende en ocasión del 6to aniversario del proyecto dedicado a promocionar el intercambio, alianzas, capacitación y asesoría para cuentapropistas en la sede del Centro Félix Varela en La Habana.

Foto: Jorge Luis Baños_IPS

 

Desafíos del derecho

Frente a estos avances subsisten cuestiones que deben ser superadas y constituyen  desafíos en la configuración jurídica y actuación de los TCP en nuestro país. En primer lugar podría variarse la determinación de actividades que pueden ser ejercidas por cuenta propia, contenidas en una lista cerrada y limitadas en cuanto a su alcance.

También es restrictiva la prohibición a los TCP de actuar como cooperativas, asociación o cualquier tipo de organización colectiva de producción, comercialización o prestación de servicios, según lo establece la resolución 103/2019 del Ministerio del Trabajo.

Al estar reconocidas en nuestra Constitución las formas de propiedad cooperativa y privada, no se justifica esta limitación.

El pasado 16 de julio fueron anunciadas nuevas medidas como parte de la Estrategia Económica Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la covid-19. Algunas de ellas van dirigidas a la flexibilización y fortalecimiento del sector no estatal en Cuba.

En lo que al trabajo por cuenta propia respecta se anunció su flexibilización, la que debe ir dirigida a una regulación jurídica que destierre la lista cerrada de actividades económicas que estos actores pueden realizar y suprimir la descripción del alcance de las mismas, para establecer de manera particular las que no pueden realizarse.

De modo que resulte más fácil para los emprendedores diseñar y ejecutar su actividad económica. Es necesario que la norma jurídica que lo establezca sea clara, que no dé lugar a interpretaciones diversas, contribuyendo de esta manera con la seguridad que debe caracterizar todo ordenamiento jurídico.

De igual manera fue anunciada la culminación del proceso experimental de constitución y funcionamiento de las Cooperativas no Agropecuarias para dar paso a la consolidación de las mismas.

En este sentido, es necesario que la nueva norma jurídica sea flexible, tenga en cuenta las experiencias acumuladas en este tiempo y permita la constitución de cooperativas sobre la base de principios que permitan delimitar los contornos de esta figura y así cerrar paso a la creación de formas asociativas que bajo su velo funcionan como empresas privadas.

 

Las pymes, nuevo reto a tener en cuenta

Otro desafío para el Derecho lo es, sin dudas, la anunciada constitución de pequeñas y medianas empresas (pymes).

Ciertamente es necesaria una norma jurídica que posibilite la creación y funcionamiento de las pymes en Cuba en aspectos como la figura organizativa que pueden adoptar y que van desde el empresario individual, hasta formas más complejas que pueden ser sociedades de capital (Sociedad Anónima y Sociedad de Responsabilidad Limitada) o sociedades de personas (sociedad colectiva o comanditaria).

La integración es otro aspecto a tener en cuenta en esa futura norma, en el sentido que puedan elegir qué estructura dar a la sociedad mercantil, entiéndase unipersonal o pluripersonal, atendiendo a las particularidades del negocio.

La posibilidad de que se puedan constituir pymes cuya forma jurídica organizativa sea una sociedad mercantil, y su integración sea unipersonal o pluripersonal, devela otro reto para el ordenamiento jurídico cubano en tanto actualmente solo es posible la constitución de sociedades mercantiles pluripersonales.

La flexibilización de los requisitos de constitución, así como establecer con carácter imperativo la inscripción en el Registro Mercantil como mecanismo garante de la seguridad jurídica, constituyen, entre otros, algunos de los desafíos que para el Derecho genera el reconocimiento de las pymes en Cuba.

Otro elemento trascendental anunciado como parte de la estrategia económica es lo relativo a la posibilidad de que las formas de gestión no estatal puedan realizar operaciones de comercio exterior, que les permita la adquisición de insumos necesarios para llevar a cabo su actividad económica o comercializar sus productos fuera de frontera.

Este ha sido una petición añeja. Esperemos que a pesar de la existencia de la entidad intermediaria que facilite dichas operaciones, la norma que haga efectiva la referida medida, se caracterice por la laxitud necesaria que permita a ambas partes lograr su cometido con la menor traba y obstáculos posibles.

Sin lugar a dudas para la regulación de todas estas medidas debe tenerse como premisa lo dispuesto en el artículo 22 del texto constitucional, en el que se reconoce que todas las formas de propiedad deben interactuar en similares condiciones.

 

A modo de conclusión

Como puede apreciarse, la regulación del TCP en su devenir histórico en nuestro país pese a que ha tenido diversos momentos, se encuentra en la actualidad en lo que podría llamarse una fase de potenciación.

Actualmente, se necesitan que sean actores con una incidencia en el desarrollo económico del país, de ahí la necesidad de flexibilizar las normas que modelan su actuación. Cierto es que se han dado pasos en pos de dicha flexibilización, sin embargo, se hace indispensable la modificación de las normas vigentes, que den respuesta a los desafíos antes comentados. (2020)

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