La Habana, 26 nov.- La atención a las manifestaciones de discriminación y violencia basadas en género tiene un enfoque transversal en el Programa Nacional de Adelanto a la Mujer (PAM), aseguró Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en un encuentro que  analizó desde el derecho el plan gubernamental.

Con transmisión por la red social Facebook, el espacio abrió la víspera la VIII Conferencia “Mujer, Género y Derecho”, que se desarrolla por tres días como parte del programa de actividades más amplio de la Jornada Nacional por la No Violencia hacia Mujeres y Niñas y que llega a ocho de las 15 provincias cubanas.

La agenda del PAM, o al menos sus principales áreas de acción, fue presentada a la ciudadanía a inicios de noviembre, e incluye el  empoderamiento económico, educación, prevención y trabajo social, la legislación y el derecho.

Teresa Amarelle, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, explicó en el evento que el PAM, que aún no es público, es la actualización del Plan de Acción de Seguimiento a la Conferencia de Beijing implementado en 1997 y que fijó a la organización que dirige como el mecanismo para promover el avance de la mujer y la conquista de sus derechos humanos.

Empoderamiento económico, una mirada al derecho laboral

Entre las áreas de acción del programa está el empoderamiento económico que se aspira a lograr a través de la inserción laboral con las garantías necesarias según necesidades diferenciadas.

La máster en derecho laboral y seguridad social Lidia Guevara aseguró que se trata de que, “en su papel de productoras, reproductoras y cuidadoras, les asista la posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar con el apoyo de una legislación abarcadora y el mandato del estado de abrir las puertas a una mayor inserción de la mitad de la población al trabajo”.

Asimismo, reconoció que Cuba ha logrado una legislación de seguridad social y familia con reconocimiento mundial, sobre todo en lo que concierne a los derechos de maternidad y paternidad responsables.

Sin embargo, las legislaciones de la nación caribeña, como las de casi todos los países, deben modificarse y lograr incorporar garantías al trabajo remoto y al trabajo a distancia con su variante de teletrabajo, por ejemplo.

Aunque en la isla caribeña se paga por ley igual salario por el mismo trabajo con independencia del género, se necesita eliminar la posible discriminación por sexo y género en cargos y puestos tradicionalmente solo ocupados por hombres, refirió la académica que ejemplificó con sectores como la agricultura y la construcción.

“Para que esto ocurra también hay que aplicar el enfoque de género en los horarios, considerando la doble y triple jornada que viven las mujeres por asumir roles y tareas que aún no se distribuyen igualitariamente entre miembros de la familia”, afirmó.

Más sobre este 25 de noviembre Por el distanciamiento a mantener en tiempos de covid-19, las redes sociales acogieron numerosas iniciativas por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: El investigador cubano Julio César González-Pagés participó en la mesa redonda de la Unesco sobre la violencia contra la mujer. ¡Enciende tu luz!, llaman la actriz e influencer Camila Arteche, la fotógrafa Monik Molinet, la bailarina Katerine Ricardo y la campeona paraolímpica Yunidis Castillo un video por la fecha. El perfil de Facebook FMC por la no violencia de género comparte fotos de algunos productos y postales con funcionarios cubanos elaborados para la Campaña Nacional Juntas por la No Violencia de Género, lanzada el 24 de noviembre. La actriz Eva González y la Consejería Cultural de la Embajada de España comparten el monólogo sobre el problema de la violencia machista, que adapta el clásico de Fuenteovejuna. El Cenesex presentó, a través de su perfil en Facebook, el programa de las Jornadas contra la Violencia de Género y por los Derechos Humanos y dejó inaugurado el encuentro que desarrolla hasta el 10 de diciembre.

En este sentido refirió que se necesita valorizar el trabajo doméstico, para lo que existe un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Cuba no ha ratificado, apuntó Guevara.

También abogó por políticas públicas a favor de la protección integral de las mujeres contra la violencia en todos los órdenes, que permitan que una fuente formal del derecho como el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia en el trabajo sea considerado para su ratificación nacional.

“Cuba tiene las condiciones para realizar estudios en tal sentido y garantizar que a un mediano plazo haya condiciones suficientes para que la legislación laboral integre su conceptualización, y los órganos que hagan efectivas la protección y las reclamaciones de las víctimas”, aseveró.

Un mecanismo para garantizar derechos constitucionales

Para Manuel Vázquez Seijido, subdirector del estatal Centro Nacional de Educación Sexual, es relevante que este programa descanse sobre tres pilares esenciales: primero la formación y sensibilización para la transformación social, la toma de decisiones basadas en evidencias científicas y los procesos de reconocimientos y garantía de los derechos humanos y de las mujeres en particular vistas desde la pluralidad.

Acorde al abogado, el PAM constituye un mecanismo para garantizar derechos reconocidos en la Constitución y hay que verlo como un asidero jurídico para acompañar el proceso de reformas legislativas, que abrió la ley fundamental vigente desde abril de 2019.

En este sentido citó algunos de los cuerpos a modificarse, como el Código de Familia, Ley de Salud Pública, Ley de Registro Civil, el Código Penal, que considera “entrañan una posible respuesta integral e integrada a la violencia basada en género”, que no solo afecta a mujeres y niñas, sino también a otras identidades.

“Siento que va a hacer un espacio idóneo para rescatar un grupo de cuerpos, de sexualidades, de maneras de construirnos identitariamente que no han tenido todos los espacios y este resulta oportuno ya que es una política pública que busca la igualdad y la libertad plena”, afirmó.

Otro de los retos que apuntó es definir un robusto mecanismo de control y fiscalización, de seguimiento, con rigor científico, que garantice el cumplimiento del programa, su efectividad y sostenibilidad en el tiempo.

También abogó por dedicarle espacios de dialogo y reflexión, “no solo para que nazca legítimo, también para que perviva y sea sostenible”.

El programa nacional comenzará a implementarse mediante norma jurídica (decreto-ley) que en estos momentos se encuentra en proceso de consulta, explicó Amarelle. (2020)