La Habana, 10 mar.- Como un importante paso de avance para algunos sectores de la sociedad cubana y como insuficiente para aquellos que demandan leyes más específicas, ha sido recibida la publicación el pasado lunes 8 de marzo en la Gaceta Oficial del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM).

Con 7 áreas de especial atención y 46 medidas, el programa llega a casi ocho años de la celebración del tercer taller nacional de evaluación del Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la IV Conferencia Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas (Beijing, 1995), aprobado como decreto-ley en 1997.

Independientemente de las posiciones, fuentes especializadas y de la sociedad civil consultadas por la Redacción IPS Cuba consideraron el programa como un “documento necesario”, que aunque no abarque todos los desafíos de la agenda de género actual de manera explícita, sí deja abierto el camino para su abordaje y enfrentamiento.

Más allá de “promover el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades”, el PAM se propone “profundizar en los factores objetivos y subjetivos que, como expresiones de discriminación, persisten en la sociedad cubana”, con “el fin de eliminarlos”.

A diferencia del plan de 1997, que partía solo de la Plataforma de Acción de Beijing, el PAM toma como referencia los compromisos de Cuba con mecanismos internacionales de derechos humanos, incluida la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Examen Periódico Universal.

Agenda de Estado

Concebido como una “agenda del Estado cubano para el adelanto de las mujeres”, el PAM involucra a entidades de la administración central del Estado, instituciones y organizaciones diversas de la sociedad civil; define responsables y participantes para cada medida y establece su evaluación periódica.

Entre las ocho medidas del área de empoderamiento económico aparecen temas como el acceso al empleo, la no discriminación en los espacios laborales estatales y no estatales, la incorporación de las mujeres a sectores estratégicos de la economía y también a puestos tradicionalmente masculinos, sobre todo en el ámbito rural.

Considerado una prioridad en un país donde la población femenina económicamente activa no alcanza el 50 por ciento, el PAM incluye medidas relacionadas con los servicios de cuidado y con la creación de condiciones para “medir y valorar económicamente la contribución a la economía familiar y social del trabajo no remunerado de las mujeres”.

En el área de educación, prevención y trabajo social, la agenda del Estado Cubano prevé, además de la formación en temas de género al personal docente, “garantizar gradualmente” los cambios necesarios en planes de estudio, libros de texto y materiales didácticos de forma tal que promuevan la educación en la “cultura de la igualdad”.

Como en 1997 el embarazo en la adolescencia se posiciona como una preocupación en el área de la salud sexual y reproductiva, acompañada de la necesidad de potenciar la educación sexual desde la niñez, “el respeto a las diferencias” y al derecho de las mujeres a la planificación familiar.

Las acciones relacionadas con los medios de comunicación, en tanto, priorizan la integración de la cultura de igualdad, el respeto a la diversidad y no discriminación a nivel de la política informativa, incluido el tratamiento de los temas de género en la Estrategia Integral de Comunicación del país.

Nombrar las cosas

Mientras el plan de 1997 apenas abordaba la problemática de la violencia contra las mujeres por motivos de género –mencionado una sola vez en el área de derecho penal-, el PAM de 2021 reconoce la necesidad de su enfrentamiento desde sus objetivos e incluye acciones específicas en varias de sus áreas.

En el ámbito del marco legal y el derecho, el programa propone perfeccionar integralmente las políticas y la legislación en materia familiar, laboral, de seguridad social, administrativa y penal, “para garantizar un tratamiento efectivo en el enfrentamiento a las diferentes manifestaciones de violencia de género e intrafamiliar”.

Adicionalmente, prevé “garantizar la labor institucional dirigida a prevenir, atender, enfrentar y dar seguimiento a la violencia de género e intrafamiliar, la prostitución, la trata y el tráfico de personas y a todas las formas de discriminación por cualquier condición o circunstancia personal”.

Entre otras acciones, aparece la necesidad de profundizar en el análisis del acoso laboral, promover estudios e investigaciones y potenciar la participación de los hombres. Sin hablar de violencia obstétrica, se prevé “garantizar las condiciones necesarias para un parto seguro y amigable”.

Aunque en varios momentos del programa se menciona la diversidad de mujeres, la capacitación en temas de diversidad sexual o los derechos sexuales, incluida la reproducción asistida y “el cambio anatómico del sexo”, el PAM no incluye referencias explícitas a los derechos de las mujeres lesbianas y trans.

Tampoco hace referencia a la situación específica de las afrodescendientes, pero prevé la incorporación de las variables de sexo, edad y color de la piel en las estadísticas continuas y especiales que se emiten por todos los organismos e instituciones del Estado.

Como la última de sus 46 medidas, el PAM establece la creación de un Observatorio Científico de Género para dar seguimiento a la utilización del enfoque de género en la construcción de indicadores y captación de estadísticas, así como realizar análisis integrales que contribuyan a la adopción de políticas públicas. (2021)