Bajo presión en el año electoral

Unas 15 delegaciones cubanas fueron perjudicadas entre el 2002 y el 2004, por la política estadounidense de negación de visas.

Archivo IPS Cuba

El promedio anual de arribos a Cuba desde Estados Unidos se calcula entre 160.000 y 180.000 personas.

La celebración de elecciones presidenciales en Estados Unidos es como el efecto invernadero: tiene repercusiones globales. En lo que a Cuba respecta, el actual presidente George W. Bush está dispuesto a jugarse el todo por el todo con tal de ser reelecto.

De acuerdo con analistas, Estados Unidos parece haber optado por la confrontación abierta con Cuba en todos los frentes, incluso en detrimento de los contactos “pueblo a pueblo” previstos en las leyes de ese país y promovidos a partir de la pasada década de los 90s.

Desde hace unos meses se ha agudizado la política de negaciones de visa o de demoras sin explicación que tienen igual propósito y resultado: impedir que cubanos de los más diversos sectores viajen a Estados Unidos para asistir a eventos científicos, congresos deportivos internacionales y conciertos, entre otros. Esto, en el plano oficial y sin contar los cada vez más complicados trámites para visitas familiares.

“Ni los organizadores de estos conciertos ni yo podíamos pensar que un año de elecciones en Estados Unidos podía perjudicar tanto” esos contactos, dijo el trovador cubano Carlos Varela, tras conocer que Washington le había negado visa para ingresar al país norteamericano.

Varela, uno de los músicos más destacados de la Nueva Trova Cubana, tenía prevista su segunda gira por Estados Unidos durante marzo. Sólo en Miami se habían vendido casi todas las 1.700 localidades de un teatro para su espectáculo.

“Cualquier decisión que evite que los artistas cubanos viajemos a ese país no conlleva a nada que no sea la separación de dos pueblos, de dos culturas”, afirmó Varela, autor de canciones vistas como contestatarias en el contexto local.

La negativa de la visa no fue explicada por el Departamento de Estado (cancillería) de la nación norteña. Pero fuentes de la comunidad cubana en la meridional ciudad estadounidense de Miami criticaron a Varela por haber ido a cantar a “la Venezuela de Hugo Chávez”, un presidente que no es del agrado de ese sector derechista ni del gobierno de George W. Bush, quien aspira a la reelección en los comicios generales de noviembre, y para ello necesita el voto del exilio cubano de Miami, enemigo jurado de Fidel Castro.

La lista de visas rechazadas por Estados Unidos a artistas cubanos incluyó, en los últimos meses, a los postulados a los premios musicales Grammy Latino y Grammy, al director de cine Fernando Pérez y al pastor protestante Raúl Suárez.

En 2003, la ausencia de un amplio grupo de intelectuales cubanos en el congreso anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), que se realiza en Estados Unidos, dio pie a una intensa polémica. “Como ellos mismos dicen, están actuando by the book (según lo establecido), tratando de aplicar al máximo todos los detalles de las sanciones económicas impuestas desde hace años”, comentó una analista política en La Habana. Se refería al embargo económico que Estados Unidos adoptó contra Cuba 42 años atrás.

En esa línea, Washington anunció medidas contra un grupo de empresas que facilitaban los viajes turísticos de ciudadanos estadounidenses a Cuba, y también a las embarcaciones con bandera de ese país que entren a puertos cubanos.

Por otro lado, a un año del arresto de 75 disidentes políticos cubanos, sancionados por La Habana con severas condenas, el gobierno de Bush anunció el rechazo de visas a quienes hayan participado en los procesos judiciales contra la oposición.

Para expertos, “en su afán de sumar votos de la comunidad cubana del sur de Florida, Bush abandona el carril II de la Ley de Libertad y Democracia en Cuba y viola hasta la Constitución estadounidense”. Esa ley, impulsada por el congresista estadounidense Robert Torricelli y aprobada en 1992, agudizó el embargo de la nación norteamericana vigente desde principios de la década del 60, según La Habana.

Pero el carril II de la ley Torricelli pretendía alentar la transición pacífica de Cuba hacia “una sociedad libre” a través del intercambio de materiales informativos, de encuentros académicos y de una mayor comprensión entre ambas naciones en el plano individual y cultural.

En función de los intereses de Washington, se debía aumentar el libre flujo de información hacia Cuba, e implementar una política de “puentes” entre ambas naciones, lo que facilitaría el desarrollo de una sociedad civil cubana ajustada a los patrones democráticos.

Pero, pese a lo esperado, observadores estiman que más que atentar contra la estabilidad de Castro en el poder, ese intercambio favoreció la tendencia estadounidense contraria al embargo a Cuba.

El flujo se intensificó al punto que en los últimos festivales de jazz de La Habana y en la bienal cubana de artes plásticas llegó a registrarse la participación de cientos de estadounidenses.

El promedio anual de arribos a Cuba desde el país norteamericano se calcula entre 160.000 y 180.000 personas, según cifras del Consejo Económico Comercial Estados Unidos-Cuba. De ese total, una cantidad importante viaja sin autorización de Washington.

El cronograma de actividades cubanas incluye, desde varios años atrás, diversos encuentros binacionales en medicina, biotecnología, ambiente, filosofía, historia y cultura. En lo que parece un intento por poner fin a esta tendencia, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense negó en marzo los permisos para viajar a Cuba a unos 70 profesores de medicina, médicos y científicos.

“Es un quebrantamiento de la libertad académica, de nuestro derecho como ciudadanos a viajar, y también perjudica a la ciencia en Estados Unidos y en todo el mundo”, reaccionó Stuart J. Youngner , profesor de la Universidad Case Western Reserve.

El grupo debía participar del Cuarto Simposio Internacional sobre Coma y Muerte, pero para Washington iniciativas como esta sólo contribuyen a dejar dinero fresco al gobierno de Castro y, por ende, a fortalecerlo.

Poco antes, Washington había prohibido la publicación en Estados Unidos de artículos científicos procedentes de Irán, Libia, Sudán y Cuba, por considerar que su difusión violaba el embargo vigente contra esos países.

Cualquier infracción a esa medida será penada con multas de hasta 50.000 dólares o 10 años de prisión. “Esto es una muestra de la ceguera política del gobierno del presidente (Bush) hacia Cuba”, afirmó el presidente de la Academia de Ciencias cubanas, Ismael Clark, al dar a conocer un comunicado de protesta de la entidad científica. Es “comparable con la quema de libros que ha sido práctica de los regímenes fascistas”, enfatizó Clark, y defendió el “libre flujo de ideas y conocimientos entre científicos y académicos de todo el mundo”.

Más recientemente, el gobierno de Estados Unidos negó las visas a dos funcionarios cubanos invitados a participar en la X Asamblea General Ordinaria del Consejo Iberoamericano del Deporte, celebrado en Puerto Rico, del 24 al 28 de marzo. El Instituto Nacional de Deportes y Recreación (INDER) consideró que una vez más fue objeto de las manipulaciones políticas y agresivas contra Cuba.

La información ofrecida por la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) indica que la visa se niega a tenor de la aplicación de la Sección 212 (f), que prohíbe el ingreso a ese país de cualquier individuo o persona cuya entrada sería en detrimento de los intereses de los Estados Unidos, asevera el INDER.

Con ese caso, suman ya 15 delegaciones, con un total de 57 personas perjudicadas por tales decisiones desde diciembre de 2002 hasta el presente.

Sobre el tema, José Luis Rivas, vicepresidente del organismo deportivo, uno de los funcionarios que no pudo asistir al encuentro de Puerto Rico, opinó que “la medida forma parte de recientes declaraciones del presidente George W. Bush sobre el recrudecimiento de acciones de este tipo contra Cuba, para contentar a la mafia de Miami, a pocos meses de las elecciones, y buscar su apoyo en las urnas”.

La proclama presidencial que impuso el embargo comercial entre Estados Unidos y Cuba fue firmada por el ex presidente John Kennedy (1961-1963), del Partido Demócrata, el 3 de febrero de 1962.

El 12 de marzo de 1996, el también demócrata Bill Clinton (1993-2001) reforzó las prohibiciones al promulgar la llamada ley Helms – Burton. Esta última norma estableció sanciones a terceros países que hicieran negocios en Cuba implicando bienes nacionalizados en este país a partir de 1959, y dejó abierta las puertas a eventuales demandas de los titulares expropiados.

El carácter extraterritorial de la ley firmada por los legisladores Jesse Helms y Dan Burton alimentó la tesis cubana de que las medidas de Washington exceden el embargo, son un bloqueo que intenta inclusive restringir la libertad comercial de otras naciones.

En camino nuevas restricciones

Una propuesta de congresistas de la Florida, al sur de Estados Unidos, podría aumentar las tensiones entre ese país y La Habana con medidas que implicarían endurecimientos de las reglas para viajar a Cuba e incrementos de pasajes aéreos, dijeron medios estadounidenses.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de varios legisladores de Miami- Dade, considera el cobro de tarifas extra a los aviones fletados que vuelan a la isla y la obligatoriedad de presentar itinerarios detallados con exagerada antelación a aquellas universidades estatales que quieran organizar viajes educacionales a Cuba.

El The Miami Herald citó el 28 de marzo al representante estatal David Rivera, republicano de Miami y principal patrocinador de las medidas, quien afirmó que las tarifas propuestas a los vuelos fletados a la isla ayudarían a financiar una mayor seguridad en los puertos y aeropuertos de la Florida. Asimismo, consideró Rivera, los requerimientos escolares golpearían las excursiones turísticas disfrazadas de viajes académicos.

Para Rivera, las tarifas a los aviones fletados tienen sentido, porque el dinero viene de viajar a un país enlistado como patrocinador del terrorismo por el gobierno federal, por lo que los que viajan a lugares como ese deben ayudar a financiar nuestros esfuerzos de seguridad, señaló.

Según el diario, la legislación, bajo el título de “Viajes fletados a estados terroristas”, evita singularizar a la isla y plantea que sus reglamentaciones se aplican a los viajes entre la Florida y cualquiera de los países clasificados como patrocinadoras del terrorismo: Irán, Corea del Norte, Siria, Sudán, Iraq, Libia y Cuba. Pero, como los viajes fletados directamente desde la Florida a esas siete naciones son prácticamente inexistentes, el proyecto de ley sólo se aplica a uno de ellos.

Según trascendió, el proyecto tiene seis copatrocinadores en la Cámara y ha ganado aprobación unánime en su paso por una comisión la semana anterior, mientras que la versión del Senado, patrocinada por el republicano de Miami Alex Díaz de la Portilla, pasará el lunes 29 por su primera comisión.

 

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