2001: El retorno de la incertidumbre

Resumen político anual.

Cuando parecía que los peores tiempos ya habían pasado para la isla socialista del Caribe, la incertidumbre volvió a dominar los hogares cubanos que sufrieron, tanto como el país, la caída de las Torres Gemelas de Nueva York y el paso arrollador del huracán Michelle.

Foto: Archivo IPS Cuba

“No es fácil”, la frase más pronunciada en Cuba desde la proclamación del llamado “período especial en tiempos de paz” y durante toda la crisis económica de la última década del pasado siglo, recuperó su vigencia en el inicio de este nuevo y convulso siglo XXI. Cuando parecía que los peores tiempos ya habían pasado para la isla socialista del Caribe, la incertidumbre volvió a dominar los hogares cubanos que sufrieron, tanto como el país, la caída de las Torres Gemelas de Nueva York y el paso arrollador del huracán Michelle.

El desastre natural y otros males más humanos habían sido anunciados por unos 500 babalaos (sacerdotes de la religión afrocubana la Regla de Ocha) que cada 31 de diciembre se reúnen a predecir el destino de la isla, y también del mundo, durante los próximos 12 meses en la llamada Letra del Año. Los vaticinios para este 2001 incluyeron un llamado a estar preparados para afrontar “el incremento de necesidades” en un período de “grandes pruebas”, tormentas tropicales, fuertes lluvias y derrumbes de viviendas, la amenaza de guerra y el peligro del chantaje.

De un día para otro, las remesas disminuyeron afectando a miles de familias cubanas, el turismo cayó deteriorando los ingresos de los servicios estatales y de los negocios privados, y el dólar se disparó de 22 a 27 pesos cubanos. Los ataques terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre tuvieron un serio impacto en Cuba por su fuerte dependencia económica del turismo y, sobre todo, de las transferencias familiares que en un monto estimado de 800 millones de dólares anuales constituyen la primera fuente de ingresos netos de la isla.

Como si esto fuera poco, el 4 de noviembre entró al archipiélago cubano el huracán Michelle para azotar el país durante 15 horas con rachas de más de 200 kilómetros por hora, destruyendo miles de casas, plantaciones agrícolas, postes eléctricos y telefónicos, árboles centenarios y reservas ecológicas. Las pérdidas fueron estimadas en 1.866 millones de pesos (igual al dólar al cambio oficial), mientras, según fuentes de la Organización de las Naciones Unidas, los daños a la agricultura colocaron a la isla ante una crisis alimentaria.

Un informe oficial presentado el día 20 de diciembre ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento cubano) reportó un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 3 por ciento, alto si se compara con el desempeño de otros países de América Latina pero bajo si, según especialistas consultados, se tiene en cuenta que Cuba parte de una caída a niveles muy bajos. Cálculos especializados indicaron en 2000 que Cuba necesitaría diez años, a un crecimiento promedio de 5 por ciento anual, para recuperar los niveles de vida previos a la crisis.

Así y todo, el vicepresidente cubano Carlos Lage aseguró que “no hay motivos para el desánimo y el desaliento”. A pesar del retroceso económico y del reconocimiento, por el presidente cubano Fidel Castro de que vendrán “nuevos sacrificios” para la población de más de 11,2 millones de personas, el gobierno prometió que seguirá priorizando la alimentación, los servicios de salud y educación, garantizará el empleo, intentará controlar la masa monetaria circulante para evitar nuevas presiones inflacionarias y cambiarias y conservará los programas socioculturales impulsados durante 2001.

Los programas audiovisuales y de informatización de la sociedad permitieron la entrega de 54.654 televisores, 22.145 equipos de videos y un número importante de computadoras a escuelas y círculos infantiles en todo el país, incluidas aquellas situadas en territorios inaccesibles de las montañas. Paralelamente, Cuba alcanzó la cifra de dos computadoras por cada 100 habitantes durante el año 2001 y trabaja para completar el índice de un equipo por cada 50 alumnos de primaria, con lo que se alcanzarían 24.000 computadoras en ese nivel de enseñanza.

Todo este trabajo en aras de mejorar la calidad de la educación en la isla, de acuerdo a las nuevas tecnologías que incluyen también una mayor extensión del uso de Internet y del correo electrónico, implicó la electrificación de 2.067 centros educacionales a nivel nacional, 1.944 de ellos con la instalación de paneles solares.

Como parte de los programas impulsados por el presidente Castro, fueron creadas un número importante de escuelas para la Formación Emergente de Maestros Primarios, trabajadores sociales e instructores de arte, donde se preparan más de 22.000 jóvenes. La nueva Editorial Libertad dotó a las bibliotecas escolares y centros de documentación de 13 títulos con 834.436 ejemplares, sobre todo diccionarios, enciclopedias y atlas. Se preparan también las condiciones para la aparición de un tercer canal de TV educativa que transmitirá para la población de las dos principales ciudades del país, la ciudad de La Habana y en Santiago de Cuba.

Al finalizar el año, Cuba exhibía una tasa de mortalidad infantil de 6,2 por cada mil nacidos vivos, ubicándose junto a Canadá entre los países con los índices más bajos de las Américas. Las causas principales de los fallecimientos de infantes menores de un año en Cuba en 2001 estuvieron vinculadas a afecciones perinatales (membrana hialina, neumonías congénitas, sepsis del recién nacido), anomalías congénitas y accidentes, principalmente en el hogar.

A pesar de los evidentes logros en materia social, el gobierno de Castro dispuso la realización de una encuesta que podría convertirse en un diagnóstico de la sociedad cubana actual, si los entrevistados respondían con sinceridad a los encargados del sondeo. El cuestionario de 36 preguntas, destinado «a conocer las opiniones de los miembros de la familia», debía ser aplicado en todos los hogares de La Habana, donde viven 2,2 millones de personas sin contar a la población flotante, según se conoció a mediados de año.

Al formulario principal se sumó otro sólo para aplicar en los hogares donde viven menores, con el fin de definir las condiciones de vida y familiares, así como la situación escolar y de salud de los niños y niñas. Las preguntas se refirieron a la calidad de la educación, los factores que influyen en el desinterés laboral de algunos jóvenes y a la labor del médico de la familia (atención comunitaria de salud), del policlínico, del hospital y de las farmacias que visitan, la seguridad en las calles y las cuestiones que influyen en la actividad delictiva, el trabajo de los órganos de gobierno a nivel de base y de las organizaciones de masas y la atención social a los ancianos. En un gesto sin precedentes, además, la encuesta incluye preguntas sobre programas impulsados por Castro en el marco de la campaña oficial por la «masificación de la cultura».

El esfuerzo, cuyos resultados no han sido revelados, antecedió al Censo de Población y Viviendas del año 2002 y complementó otra encuesta de menor alcance realizada hace dos años por estudiantes universitarios y cuyos resultados preocuparon a las autoridades, según fuentes cercanas al gobierno. Entre otros detalles sobre las condiciones de vida en general, como la vivienda y el acceso a servicios básicos, se supo que en más de 77 por ciento de los hogares visitados los ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos. Paralelamente, el personal médico también inició un estudio sobre la talla y el peso de niños y niñas, con el fin de evaluar la desnutrición en la población infantil y cuyos resultados fueron considerados “alarmantes” por especialistas e implicaron por parte del gobierno el reforzamiento de la dieta de unos 10.000 menores de edad.

Entre las buenas noticias que recibió la familia cubana se encontró la extensión de la licencia por maternidad al período de un año y el anuncio de que Cuba podría convertirse en el primer país de América Latina en satisfacer la antigua demanda femenina de igualdad entre madres y padres, con una norma para que los trabajadores puedan compartir con su pareja el cuidado de los hijos menores de un año, una vez concluido el período de lactancia materna.

La vivienda continuó siendo uno de los peores problemas sociales en Cuba.Cinco personas perdieron la vida el 7 de diciembre durante el desplome de un edificio de cinco pisos que había sido declarado inhabitable desde septiembre pasado, en el municipio capitalino de Centro Habana. El accidente es sólo parte de un fenómeno de grandes proporciones que, según informes gubernamentales, afecta a 42 por ciento de los habitantes de Cuba, más de 4,7 millones de personas que viven en 1.392.937 inmuebles cuyo estado técnico está catalogado entre regular y malo.

En esta coyuntura, el Estado continuó su ofensiva contra la compra-venta ilegal de viviendas y las reparaciones con materiales adquiridos en el mercado subterráneo. La lucha contra las ilegalidades incluyó también la divulgación de varios casos de enriquecimiento ilícito y el reconocimiento de un sonado caso de corrupción entre altos funcionarios del Ministerio de la Pesca. A finales de año, coincidiendo con el empeoramiento de la situación económica, la isla vivía un repunte de actos de violencia, incluido un caso aún no esclarecido del asesinato de cinco personas, entre ellas una pareja de cubanos residentes en Estados Unidos.

La ilegal Comisión de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional (CCDHRN) afirmó en julio que el número de “presos de conciencia” ha disminuido en la isla, pero advirtió que paralelamente han aparecido nuevas estrategias de represión de «baja intensidad». El informe semestral de la CCDHRN precisó que hasta esa fecha existían 249 personas encarceladas en la isla «por motivos políticos o políticos-sociales» frente a los casi 300 del año pasado. Entre las nuevas estrategias de la disidencia interna se encontró el aumento de la presencia de la prensa independiente en Internet y la recogida de firmas para la solicitud al gobierno de un referéndum sobre el futuro político del país.

En cualquier caso, la oposición política siguió siendo para el gobierno cubano otro instrumento de Washington para derrocar la Revolución. La campaña ideológica iniciada en el año 2000 durante la batalla legal por el retorno de Elián a la isla, se mantuvo durante 2001 con mesas redondas diarias en la televisión cubana y tribunas abiertas cada sábado en diferentes municipios del país. Las marchas patrióticas frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos se sucedieron por diversos motivos como fue la necesidad de revocar la ley de Ajuste Cubano, que “estimula” la emigración ilegal en ese país o la demanda de liberación de los cinco cubanos enjuiciados y condenados a duras penas en Estados Unidos, por labores de espionaje.

Castro mantuvo su protagonismo en cada nuevo programa impulsado por el Estado, al frente de las marchas patrióticas, en la lucha contra la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y contra la agresión de Estados Unidos a Afganistán tras los sucesos del 11 de septiembre. El presidente cubano, quien celebró en Venezuela su 75 cumpleaños, se encontró entre los nominados este año al Premio Nobel de la Paz, mantuvo su papel como mediador en el proceso de paz entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el gobierno de Andrés Pastrana, recibió diversos reconocimientos internacionales, pero también fue incluido en una lista de “Los 10 peores enemigos de la prensa” en el mundo y demandado ante un tribunal belga por supuestos “crímenes contra la humanidad”.

Castro protagoniza lo inesperado

Si algo removió verdaderamente a Cuba durante el año que termina y sacó a flote una incertidumbre que tradicionalmente transcurre de manera discreta y silenciosa dentro de la isla, fue el desmayo sufrido por el presidente Castro ante más de 60.000 personas reunidas en una tribuna abierta, en la calurosa mañana del sábado 23 de junio. Aunque el presidente reapareció en unos minutos y retomó su intervención horas más tarde ante las cámaras de la televisión cubana, hablando sin prejuicios de lo sucedido, el incidente generó las más diversas conjeturas sobre la salud del mandatario y el futuro de “una Cuba sin Castro”.

«Estoy bien, no se preocupen», dijo Castro tras recuperarse del desvanecimiento y a sólo unos minutos de que el canciller Felipe Pérez Roque, solicitara a las masas que conservaran la calma y fueran retirándose organizadamente de la tribuna abierta. La reaparición inmediata de Castro fue considerada una jugada magistral del mandatario, que se afianzó horas más tarde cuando apareció ante las cámaras de televisión con aspecto fresco y de muy buen humor, acompañado de su hermano menor, Raúl, y de otros funcionarios y dirigentes. «En broma dije que fue un ensayo. Me hice el muerto, para ver qué entierro me hacían», contó entre risas, para reiterar, luego, lo bien que se sentía. «Tengo la presión de cuando tenía 30 años… el pulso normal y espero por favor que me dejen trabajar en paz», dijo, en tácito llamado a sus médicos y colaboradores más cercanos a que no exageren sus cuidados. «Estoy entero» y «hay muchas cosas que quiero hacer», reiteró.

En una actitud muy típica de él, el presidente de Cuba, tras presentarse nuevamente el día 29 en un acto político a menos de una semana de sufrir un desmayo, habló con la prensa sobre uno de los temas más llevados y traídos a raíz de su «indisposición momentánea», su sucesión. Como para poner punto final a los rumores, Castro bromeó con la prensa nacional y extranjera sobre su salud: «me voy antes de que me desmaye» y «les prometo que no me voy a volver a desmayar, no me voy a volver a fatigar, porque si yo tengo esa desgracia entonces los cables (de noticias) sí que llueven», dijo.

Sin evitar el tema de la muerte, el presidente cubano ratificó a su hermano Raúl como su sucesor y pidió perdón de antemano al pueblo cubano por el «pasajero disgusto» que pueda ocasionarle su fallecimiento. Según dijo «no hablaba de eso (su sucesión) hacía mucho tiempo, pero hacía tiempo que no hablaban de que yo me iba a morir mañana o pasado, y entonces me crean una situación en la que me veo obligado a comentar sobre el tema».

Por lo demás, «yo no sé qué día me voy a morir, pero además me tiene sin cuidado. Disfruto una tranquilidad celestial», indicó, agregando que su hermano menor, Raúl Castro, quien recientemente cumplió 70 años, y es el ministro de la Defensa y segundo secretario del Partido Comunista, goza de buena salud. Raúl, dijo Castro, «tiene buena salud… y realmente después de mí es el que tiene más experiencia, más conocimiento, quizá no se le conozca bien» entre la población y en el exterior. Pero «no sólo está Raúl, sino una pléyade de jóvenes nuevos y con talento», dijo a la cadena de televisión NBC.

Según analistas, los detractores de Raúl Castro aseguran que carece del carisma de su hermano, lo que le impediría ganar el apoyo popular necesario para seguir un gobierno al modo del actual presidente. Pero el menor de los Castro cuenta obviamente con la lealtad de sus generales, muchos de los cuales lucharon con ambos hermanos en la Revolución, parece tener el firme control de las tropas y las armas, y también cuenta con fieles seguidores entre dirigentes del Partido Comunista y de instancias civiles.

También mencionado como un posible sucesor está Carlos Lage Dávila, de 49 años, considerado el arquitecto de una serie de modestas reformas económicas implantadas en la isla en los 90, y el hombre con una vasta experiencia en dirigir la economía y gobierno centralizados de la isla. Es además el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, o el gabinete, teniendo amplio control sobre las operaciones diarias del gobierno.

Otro nombre que surge es el del veterano diplomático Ricardo Alarcón de Quesada, de 64 años, presidente del parlamento cubano desde marzo de 1993 y por largo tiempo el brazo de Castro para llevar los asuntos con Estados Unidos. Fue canciller y dos veces embajador de Cuba ante las Naciones Unidas.

Por otra parte, diversos analistas indican que si hablar de la sucesión parece ahora medianamente aceptable, no lo es la discusión abierta sobre un posible cambio en el sistema. La dirigencia cubana se molesta cuando oye hablar de una «era post Castro», y asegura que las ideas del dirigente sobrevivirán para siempre en Cuba. «No habrá época post Castro», dijo Lage durante su estancia en Nueva York, los días 26 y 27 de junio, donde asistió a la asamblea especial de las Naciones Unidas sobre sida. «Y no porque no vaya a morir. A Fidel lo continuarán sus ideas. Las ideas de Fidel y las ideas del socialismo están cada vez más enraizadas en nuestro país», subrayó.

Mientras los comentarios y conjeturas se sucedían en Cuba, pero sin romper el letargo habitual de la temporada veraniega en el país, en Estados Unidos se barajaban opciones diversas e inclusive se temían conmociones sociales a partir de la muerte del mandatario o si alguna enfermedad grave lo alejara del poder.

Para muchos líderes del exilio cubano anticastrista, a los que La Habana acusa de terroristas, la desaparición física de Castro equivaldría a la «muerte casi simultánea del régimen». Analistas y “cubanólogos” en Estados Unidos coincidieron en que son «mínimas» las oportunidades de una explosión antigubernamental tras la muerte de Castro pues, aseguraron, el gobierno cubano anunciaría el fallecimiento del líder cubano «sólo después de haber controlado las calles con tropas y policía».

Para Brian Latell, presentado por el diario de Miami El Nuevo Herald como ex analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) «que pasó 25 años estudiando a Cuba», cualquier diálogo exploratorio entre Washington y La Habana dependería en gran medida de la política adoptada por «los sucesores de Castro». «Las probabilidades favorecen una sucesión dinástica y un régimen pretoriano dominado por su hermano, sus generales y unos cuantos civiles que gocen de la confianza de los generales», opinó Latell.

En ese «liderazgo colectivo» tendrían cabida civiles que representan «sectores claves en la estructura de poder de Cuba», comentó el Herald. Latell entiende que el proceso de transición comenzaría realmente «un par de meses después de terminado el funeral, cuando tengan que tomar decisiones difíciles sobre el futuro del país».

El «descenso» de Castro movilizó no sólo a los estudiosos de Cuba sino también a sus opositores y puso en movimiento toda una revisión de los planes de contingencia para el día de la muerte de Castro, según reportes de prensa en el país norteamericano. Entre otras acciones, dirigentes de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), considerada la organización más influyente del exilio en Estados Unidos, llamaron por teléfono a personas allegadas al gobierno cubano para ofrecer ayuda humanitaria y pedir la adopción de medidas democráticas si había algún cambio de poder. El alcalde Alex Penelas del condado Miami-Dade, en tanto, convocó una reunión con funcionarios para revisar un plan de «cambio de gobierno en Cuba» para el condado, en el que residen 650.000 cubanoamericanos.

Las previsiones en Miami, para el día de la muerte de Castro, incluyen un verdadero plan de emergencia. Los planes estatales y federales especifican precauciones tales como aumentar la seguridad en las calles de Miami, limitar el tráfico de barcos del sur de la Florida y obtener ayuda de dirigentes cívicos, políticos y religiosos de la comunidad cubanoamericana para que ésta se mantenga en calma.

Según se conoció, en el centro de mando, coordinando docenas de agencias y agrupaciones del exilio, estaría la oficina de emergencias del condado, situada en un modesto edificio en el sector norte de Miami. Allí se pondría en marcha el plan de contingencia una vez que el alcalde firmara una declaración de emergencia en caso de serios disturbios civiles o movimientos masivos de embarcaciones que entraran o salieran de las costas de la Florida. La jefatura se establecería en la oficina de emergencias para mantener comunicaciones con Cuba, coordinar las agencias, informar a los medios de noticias y mantener a los exilados cubanos al tanto de lo que transcurrieron en Cuba y pueda ocurrirles a sus familiares.

Los oficiales de mayor rango del departamento de policía de Miami cancelarían sus vacaciones, se aumentaría el personal policíaco en todos los turnos y se enviarían agentes a ocuparse de las muchedumbres, manifestaciones y celebraciones. El Servicio de Guardacostas se concentraría en otro tipo de tránsito potencial: un aumento del número de botes o balsas viniendo o dirigiéndose a Cuba. En Miami, consideran las autoridades, «podría darse una situación en la que muchas personas traten de salir en botes que han tenido en sus traspatios durante meses o años y se decidan a ir a Cuba a recoger familiares, a celebrar o a reclamar propiedades”.

«A fuer de adversario caballeroso, lamento mucho que no se hayan podido tomar todas las botellas de whisky», se burló Castro el mismo día 23, al referirse a la frustrada celebración de sus enemigos políticos.

Cuba-Estados Unidos: los vaivenes de un conflicto

A más de 40 años del inicio de un conflicto bilateral que como nunca antes muestra signos de agotamiento, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos estaban destinadas a empeorar aún más con la llegada a la Casa Blanca del republicano George W. Bush, gracias, entre otras cosas, al fuerte apoyo que recibiera de los sectores políticos más anticastristas del exilio cubano en el estado de la Florida y cuya “deuda”, según La Habana, “la mafia cubanoamericana” está dispuesta a cobrar a cualquier precio.

Sin embargo, mientras los políticos de ambas partes del Estrecho endurecían sus discursos, Cuba ofrecía ayuda el mismo 11 de septiembre pero marcaba distancia de Estados Unidos oponiéndose a cualquier salida belicista, los acercamientos se sucedían por otras vías y culminaban con un acontecimiento sin precedentes desde el arribo al poder de la Revolución liderada por Fidel Castro: un gesto solidario de Estados Unidos para enfrentar los daños ocasionados por el huracán Michelle y la contrapropuesta de la isla, devenida en la primera compra cubana de alimentos en Estados Unidos en varias décadas.

Contra el terrorismo y contra la guerra: Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono, en Washington, cambiaron sustancialmente al mundo y también tuvieron su influencia en la economía de Cuba, pero para nada cambiaron la tradicional postura de La Habana frente a Washington. La posición cubana quedó clara desde el primer momento, pero fue aún más explícita luego de que el presidente Bush asegurara que quien no estuviera con Estados Unidos en la cruzada antiterrorista, estaría en su contra. Cuba está contra el terrorismo, pero también contra la guerra, fue la respuesta del presidente Castro.

La exhortación a reaccionar con ecuanimidad y serenidad había sido hecha por el presidente cubano la misma noche de los atentados. «Ninguno de los problemas actuales del mundo se puede resolver por la fuerza», dijo ese día el presidente cubano. Con anterioridad, un comunicado oficial del gobierno de Cuba había condenado «con toda energía» los ataques terroristas en Nueva York y Washington y ofrecido la cooperación cubana para el tratamiento y rehabilitación de las personas lesionadas. El canciller Pérez Roque, por su parte, había anunciado que los aeropuertos cubanos estaban abiertos para cualquier nave, desviada de Estados Unidos, que necesitara aterrizar en ellos.

Cuestionado en un breve encuentro con la prensa sobre la posibilidad de que el gobierno cubano estuviera involucrado en los ataques, el canciller afirmó: «Creo que no hay que referirse a ello y espero que a nadie le pase por la cabeza semejante barbaridad». Aunque sin ninguna repercusión, líderes de los sectores más radicales del exilio cubano en Miami intentaron establecer de inmediato un supuesto vínculo de Castro con los ataques, recordando una gira por varios países árabes realizada por el mandatario en 2001 y también el hecho de que el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense hubiera incluido a la isla en su lista anual de países que, en su opinión, apoyan el terrorismo internacional, junto con Corea del Norte, Irán, Iraq, Libia, Siria y Sudán.

Una vez iniciados los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Afganistán, Cuba volvió a reafirmar abiertamente su posición en un editorial del diario oficial Granma que consideró la acción como un «remedio peor que la enfermedad». Esta «no es una guerra contra el terrorismo, que debía y podía ser derrotado por otros medios verdaderamente eficaces, rápidos y duraderos, que estaban a nuestro alcance; es una guerra a favor del terrorismo», afirmó el rotativo el 8 de octubre.

Paralelamente a sus denuncias, el gobierno de Castro tomó acciones legales para la incorporación plena de la isla al amplio entramado internacional de acuerdos y protocolos antiterroristas y labró el camino para la aprobación en diciembre, por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) de la ley contra Actos de Terrorismo que prevé sanciones rigurosas contra acciones que por su forma de ejecución, los medios y métodos que se empleen, evidencien la intención de provocar estados de alarma, temor o terror en la población de la isla. El documento desarrolla en su contenido las cláusulas penales que se recogen en los convenios internacionales suscritos por la isla y retoma del Código Penal vigente los delitos tipificados dentro de las manifestaciones del terrorismo, llevándolos a un texto único.

Al mismo tiempo, Cuba no desaprovechó la ocasión para recordar, desde su comunicado oficial del 11 de septiembre, que «ha sido víctima durante más de 40 años» de acciones terroristas «promovidas desde el propio territorio» estadounidense. «No es mucho pedir que se haga justicia con los profesionales del terrorismo que desde Estados Unidos no han cesado de aplicar sus métodos contra nuestro pueblo para sembrar el terror y destruir la economía» en la isla, afirmó Castro el 6 de octubre, en ocasión del 25 aniversario de la voladura en pleno vuelo de un avión de Cubana de Aviación con 73 personas a bordo.

El sabotaje contra la nave cubana que, procedente de Trinidad Tobago, despegaba el 6 de octubre de 1976 después de una pequeña escala en Barbados, es recordado por la población de la isla como uno de los momentos más tristes de la segunda mitad del pasado siglo. Entre los muertos había 57 cubanos, incluido el equipo nacional juvenil de esgrima, 11 estudiantes guyaneses, y cinco funcionarios culturales coreanos. Pero, a diferencia de la reacción mundial ante los ataques del 11 de septiembre, «no hubo conmoción en el mundo, ni graves crisis políticas, ni reuniones en la ONU, ni inminentes peligros de guerra», dijo Castro.

A su juicio, pocos comprendieron la magnitud de aquel hecho pues parecía ser uno más en toda una larga lista de ataques contra la isla, iniciados poco después del triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959. Desde ese año hasta la actualidad, 51 aviones cubanos fueron secuestrados y casi sin excepción desviados hacia Estados Unidos. Entre 1968 y 1984, se registraron 71 casos de secuestro de aviones estadounidenses que fueron desviados a Cuba. Mientras, según Castro, en Cuba 69 participantes en los secuestros de aviones estadounidenses fueron juzgados y cumplieron penas de hasta 20 años de cárcel, en Estados Unidos ni uno de los secuestradores de naves cubanas fue sancionado.

Pasados 25 años de la voladura de la nave de Cubana de Aviación, uno de los dos organizadores del sabotaje, el venezolano Orlando Bosch, vive libre en la ciudad estadounidense de Miami. El segundo, el cubano Luis Posada Carriles escapó de una prisión en Venezuela en 1985 y ahora está detenido en Panamá, tras ser acusado de organizar un atentado contra Castro durante la X Cumbre Iberoamericana que se realizó en ese país, el pasado año. El gobierno de Mireya Moscoso rechazó la solicitud cubana de repatriación.

El presidente Castro recordó cómo, en 1976, el diario estadounidense The Washington Post puso en dudas la afirmación del gobierno de Estados Unidos de que ninguna institución de ese país había tenido nada que ver con el atentado pues tanto Posada como Bosch tenían vínculos con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) desde 1960 y los dos venezolanos que colocaron la bomba, Hernán Ricardo y Freddy Lugo, habían trabajado para esa agencia. Asimismo, aseguró tener la convicción de que la relación entre los grupos terroristas creados contra Cuba en Estados Unidos y las autoridades de ese país, «nunca se rompieron», a pesar de que las organizaciones aparezcan como entidades independientes.

Cuba culpa a Estados Unidos de organizar, financiar o, al menos, permitir la realización desde su territorio de agresiones contra la isla que han provocado la muerte de 3.478 cubanos durante más de 40 años. La lista de ataques terroristas incluye la colocación y explosión de bombas en embajadas cubanas en el exterior, en oficinas de Cubana de Aviación y una ola de atentados contra la industria turística cubana organizada por Posada Carriles en 1997.

Así y todo, al final del año un gesto cubano hacia Estados Unidos fue interpretado como la confirmación de una incipiente tendencia cubana hacia la distensión. Un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó el 30 de diciembre que el gobierno de Cuba «no posee todavía los elementos de juicio necesarios y no ha adoptado, por tanto, posición alguna» sobre un plan del Pentágono para trasladar a prisioneros del movimiento talibán y de la organización Al Qaeda, de Osama Bin Laden, a la base naval de Guantánamo, en el extremo oriental de la isla.

Alejándose del tradicional rechazo del gobierno de Fidel Castro a cualquier uso de la base por parte de los Estados Unidos y en un tácito desmentido a varios altos funcionarios cubanos que el día anterior, en declaraciones a la prensa extranjera, se manifestaron en contra de la pretensión estadounidense, el comunicado afirmó que “aunque se trata de un espacio del territorio nacional cubano, el mismo está ocupado por una instalación militar estadounidense sobre la cual nuestras autoridades no poseen jurisdicción alguna».

A la zaga del 11 de septiembre

Tras los ataques terroristas contra Estados Unidos, Cuba decidió mostrar plenamente su voluntad de luchar contra el terrorismo, en cualquiera de sus manifestaciones. Para ello, entre otras medidas, decidió completar su adhesión a todos los convenios y protocolos internacionales aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculados a ese tema y que se relacionan a continuación:

1- Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves. Tokío, 14 de septiembre de 1963.

2- Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. La Haya, 16 de diciembre de 1970.

3- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Montreal, 24 de septiembre de 1971.

4- Convenio sobre la represión y el castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Vigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, 14 de diciembre de 1973.

5- Convención Internacional contra la toma de rehenes. Trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, 17 de diciembre de 1979.

6- Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. Viena, 3 de marzo de 1980.

7- Protocolo para la represión de los actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional. Montreal, 24 de febrero de 1988.

8- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. Roma, 10 de marzo de 1988.

9- Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma

continental. Roma, 10 de marzo de 1988.

10- Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección. Montreal, 1 de marzo de 1991.

11- Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Quincuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, 15 de diciembre de 1997.

12- Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Quincuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, 9 de diciembre de 1999.

La Habana espera lo peor: Desde la ida a la playa de Castro el día de las elecciones en Estados Unidos, en noviembre de 2000, hasta cada declaración cubana que durante este año ha hecho referencia a la presidencia de George W. Bush en el vecino país del Norte, el gobierno de la isla ha dejado claro lo que para Cuba parece ser más que una certeza: nada bueno espera de Washington en los próximos años, aunque algunas señales coyunturales parezcan demostrar lo contrario.

Un informe entregado el día 16 de julio por el gobierno cubano al secretario general de la ONU, Kofi Annan, descarta en el corto plazo un cambio de la política de aislamiento a la que es sometida por Estados Unidos. Se «aleja definitivamente la posibilidad de que bajo el presente gobierno (estadounidense) prosperen iniciativas para modificar la actual política» hacia Cuba, asegura el mensaje y añade que La Habana tampoco espera que en el Congreso legislativo de Estados Unidos se abran paso propuestas que «se proyecten hacia la distensión, el diálogo o la verdadera flexibilización del bloqueo contra Cuba».

«La política agresiva contra nuestro país se ha recrudecido» con la investidura en enero del presidente estadounidense George W. Bush, quien convirtió sus compromisos con los anticastristas exiliados en su país en «el fundamento de sus acciones contra Cuba», afirma el texto «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba», presentado ante la ONU pocos días después de que el presidente estadounidense ratificara su voluntad de endurecer su política hacia este país.

«Es importante que mantengamos y hagamos aplicar la ley en la mayor medida posible para impedir viajes excesivos y sin licencia (a Cuba), restringir las remesas y garantizar que el intercambio cultural y humanitario llegue realmente a activistas a favor de la democracia», había dicho Bush tres días antes del mensaje cubano a Annan. Con anterioridad, el 20 de mayo, había dejado clara su posición: las sanciones contra Cuba «no son simplemente una herramienta política, sino un principio moral, por lo que me opondré a cualquier intento por debilitarlas», afirmó.

En consonancia, aunque Washington otorgó de forma acelerada las licencias de exportación a las empresas que vendieron alimentos a Cuba, tras el paso del huracán Michelle, se encargó de subrayar que se trataba de un caso de emergencia humanitaria y que “nada había cambiado” en su política de sanciones económicas hacia la isla. Asimismo, Bush alertó que, de abrirse camino en el Congreso, vetaría un proyecto de ley que persigue la autorización del financiamiento privado para las ventas de alimentos y medicinas al gobierno de Castro. La Casa Blanca está dispuesta a vetar también un proyecto de ley de presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes para 2002, a menos que se retire una disposición que eliminaría las restricciones de viajar a la isla.

En el amplio entramado legislativo estadounidense, otro proyecto de ley que condicionó las relaciones a la devolución de fugitivos refugiados en la isla fue presentado en junio ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La iniciativa, llamada Acta contra un Refugio Seguro en Cuba, es idea del congresista demócrata por Nueva Jersey Steven R. Rothman, quien se manifiesta preocupado con el alarmante número de fugitivos de la justicia estadounidense que, según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), escaparon a Cuba. En términos prácticos, el proyecto enmienda la ya existente ley Helms-Burton, donde se establece un conjunto de premisas para reanudar y ampliar los nexos con la isla.

Pero, más que cualquier otra iniciativa, la que provocó las mayores controversias fue una destinada a financiar a la ilegal oposición al gobierno de Fidel Castro. El proyecto de la ley de Solidaridad Cubana 2001, presentado por los senadores Jesse Helms y Joseph Lieberman, incluyó la asignación de un paquete de ayuda por cien millones de dólares para la oposición cubana que, en términos prácticos, significaría el envío durante cuatro años de materiales de trabajo como computadoras, faxes, equipos de oficina, teléfonos y ayuda financiera. La idea fue bien recibida por Bush quien aseguró que su administración no sólo tratará de aislar a Cuba, sino también de respaldar activamente a quienes trabajen por acabar con la Revolución.

En tanto, varios miembros de la oposición interna en Cuba rechazaron el proyecto. Opositores consultados por la prensa extranjera en la isla consideraron poco viable la llamada ley de Solidaridad Cubana 2001, negaron la posibilidad de aceptar ayuda financiera de Estados Unidos, y consideraron la medida como contraproducente para la disidencia. Elizardo Sánchez, presidente de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, consideró el caso como “otro ejemplo de la torpeza de algunos políticos de Washington” pues, a su juicio, “este proyecto sólo refuerza la posición del gobierno en su campaña para tratar de desacreditar” a la disidencia. Para el gobierno de Castro la disidencia cubana sólo existe porque es estimulada, organizada y financiada desde Estados Unidos.

En el mes de enero, analistas cubanos habían afirmado que Washington se apoya en sus diplomáticos en La Habana y en agentes procedentes de países ex socialistas para promover actividades subversivas dentro de la isla. En las mesas redondas que se transmiten diariamente por la televisión cubana organizadas por el gobierno, se expuso que el envío de emisarios, el canal postal y la valija diplomática de la Oficina de Intereses de Washington en la capital son las tres vías más utilizadas para abastecer de dinero, equipos y literatura a los grupos opositores que actúan en la ilegalidad.

Mientras parecen desvanecerse las esperanzas de sectores empresariales estadounidenses de nuevas flexibilizaciones al embargo económico a corto plazo, el presidente Bush mantuvo su compromiso con la Unión Europea y volvió a vetar el título III de la ley Helms-Burton que, de entrar en vigor, permitiría llevar ante los tribunales a empresas de terceros países que “trafiquen” con propiedades expropiadas en la isla a ciudadanos estadounidenses. Asimismo, en un hecho sin precedentes, durante el año que termina un magistrado de un tribunal federal de Cayo Hueso, Florida, instruyó formalmente de cargos a tres exiliados cubanos que, en julio, habían sido detenidos por la Guardia Costera estadounidense por penetrar en aguas territoriales cubanas, como parte de una de las ya tradicionales “flotillas” de protesta que organiza el Movimiento Democracia, con sede en Miami.

Entre los saldos de 2001, se encontraba una negativa de visa para viajar a Puerto Rico al presidente de la Asamblea del Nacional del Poder Popular (parlamento), la restricción de movimiento de los diplomáticos cubanos en suelo estadounidense en respuesta a una medida similar de La Habana, y el anuncio de que Bush está considerando utilizar sus poderes excepcionales para confirmar al cubanoamericano Otto Reich como subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, sin recurrir al Senado. El nombramiento satisface a los líderes más radicales del exilio cubano, pero cuenta con la oposición de la mayoría demócrata del Senado, con el senador Christopher Dodd a la cabeza.

Reich, quien emigró de Cuba a Estados Unidos en 1960, cuando tenía 15 años, se desempeñó en los últimos tiempos como cabildero de gran éxito y a mediados de la década pasada ayudó a redactar la ley Helms-Burton. Uno de los clientes más conocidos de Reich es la empresa Bacardí-Martini, que le pagó más de medio millón de dólares en los últimos años, según el diario The New York Times. Pero principalmente, Reich es conocido por su polémico papel a mediados de los años 80 como jefe de la Oficina de Diplomacia Pública de América Latina del Departamento de Estado, creada y administrada por la Casa Blanca para impulsar la causa de la «contra» nicaragüense desde Estados Unidos.

El mundo contra el embargo

El gobierno de Cuba logró nuevamente el rechazo internacional del embargo estadounidense, con una votación que no compromete a Estados Unidos a eliminar esta política que se prolonga ya por más de 40 años.

El canciller cubano Felipe Pérez Roque afirmó el día 29 en La Habana que la votación en Naciones Unidas contra el bloqueo de Washington contra La Habana no sólo es una victoria de Cuba, sino del Tercer Mundo y de la mayoría de la comunidad internacional.

La resolución, presentada por la isla bajo el título “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba” en la sesión del martes 27 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), recibió el apoyo de 167 países, la oposición de tres y la abstención de otros tres. En contra votaron Estados Unidos, Israel e Islas Marshall, y se abstuvieron El Salvador, Nicaragua, Letonia y Marruecos.

El voto favorable representa 88,35 por ciento de los 189 estados miembros de la ONU y 93,40 por ciento de los 179 países autorizados a votar en la Asamblea General de ese foro mundial, considerando que 10 no pudieron hacerlo por moratoria financiera.

La Asamblea General de la ONU viene aprobando resoluciones similares desde 1992. La primera vez la votación cerró con 59 votos a favor de la resolución cubana, tres en contra y 71 abstenciones.

La eterna amenaza: Las teorías sobre el peligro que significa Cuba para la seguridad de Estados Unidos se han sucedido una tras otra, año tras año, desde que la desaparición de la antigua Unión Soviética y el inicio de la crisis económica cubana descartara la posibilidad de una amenaza militar proveniente de la isla. En ese sentido, el general retirado Colin Powell, ahora secretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo en mayo, que Cuba dejó de ser una amenaza a la seguridad de ese país en una audiencia del Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. En sus declaraciones, fuertemente criticadas por los opositores a Castro en Estados Unidos, Powell admitió que el presidente cubano «ha hecho cosas buenas por su pueblo» y Cuba, bajo su presidencia, «ya no es la amenaza que fue».

La postura de Powell coincidió con aseveraciones de oficiales activos y retirados del Pentágono, que han reiterado que la isla no representa ninguna amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y con las de ex oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que participaron en marzo en un seminario por el aniversario 40 de la invasión a Playa Girón (conocida como Bahía de Cochinos), considerada la primera gran derrota de Washington en el hemisferio.

En esa misma cuerda, el ex jefe del Comando Sur, Charles Wilhelm, aprovechó su retiro para realizar una visita a privada Cuba y reunirse con militares cubanos. Wilhelm, de 58 años de edad, forma parte de un grupo patrocinado por el Centro para Información de Defensa, una institución de investigación privada con sede en Washington D.C. especializada en temas de seguridad y partidaria del levantamiento del embargo. Cuestionado sobre el viaje de Wilhelm por la prensa estadounidense, el coronel retirado, Dan Smith, director del Centro para Información de Defensa afirmó que la isla «no representa una amenaza para Estados Unidos ni para otro país».

Las opiniones de los sectores militares estadounidenses son, sin embargo, rechazadas por sectores de exiliados anticastristas. A juicio de estos grupos, que se apoyan en investigadores independientes, el gobierno de Castro significa una amenaza por su supuesta vinculación al narcotráfico y también por sus “potencialidades” para organizar una agresión biológica y cibernética contra Estados Unidos. En última instancia, quizá Cuba no sea una amenaza militar, pero sí es una amenaza de «espionaje», afirmó el director de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Joe García.

Las dos primeras afirmaciones fueron severamente rechazadas por Cuba, primero por el propio presidente Castro y después durante una mesa redonda transmitida a toda la nación sobre los detalles de las afirmaciones y los fines de los programas de informatización de la sociedad cubana y de producción biotecnológica, la cual prioriza la obtención de medicamentos para la salud humana. Más complicado para La Habana fue enfrentar las acusaciones por espionaje, en un año que terminó con severas sanciones contra cinco cubanos detenidos en Estados Unidos por actividades de este tipo.

En septiembre de 1998, el FBI arrestó en Florida a ocho hombres y dos mujeres y los acusó de integrar la Red Avispa, una organización de supuesto espionaje cubano. Cinco de ellos se declararon culpables y fueron sentenciados a entre siete y tres años de cárcel. Los otros cinco fueron hallados culpables de los cargos, que incluyeron conspirar para espiar contra Estados Unidos, penetrar organizaciones del exilio cubano e instalaciones militares, así como conspirar para derribar avionetas de Hermanos al Rescate, en 1996. Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero y Fernando González, fueron finalmente condenados a duras penas en diciembre de este año, por un tribunal federal de la ciudad de Miami.

Tras dos años de silencio, Cuba reconoció el trabajo de los cinco cubanos para sus órganos de seguridad, pero, insistió, su misión no era contra la seguridad de Estados Unidos sino obtener información para impedir agresiones provenientes de los sectores más radicales del exilio cubano contra la isla. Las penas impuestas a los cinco fue injusta y sobredimensionada, como era de esperar de un tribunal que no podía ser imparcial, según la versión cubana. Considerados unos verdaderos patriotas, los cubanos sentenciados en Miami a “penas excesivas” recibieron el título de Héroes de la República de Cuba, por acuerdo de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 29 de diciembre. El parlamento también decidió nombrar 2002 como “Año de los Héroes Prisioneros del Imperio”.

La historia, sin embargo, no termina ahí. Estados Unidos espera aún respuesta de Cuba al caso Ana Belén Montes, quien fuera la principal analista del Pentágono para asuntos militares cubanos hasta su detención el 21 de septiembre acusada de espiar para Cuba desde 1996. Entre las acusaciones más relevantes contra la mujer, de origen puertorriqueño, encuentran revelar a la inteligencia cubana la identidad de un oficial de inteligencia norteamericano que se encontraba en la isla, desde antes de octubre de 1996, intercambiar mensajes con oficiales cubanos de inteligencia y revelar detalles de un programa especial, «altamente secreto», relacionado con la defensa nacional de Estados Unidos.

Otros caminos: Además de los constantes viajes de hombres de negocios y políticos, incluidas varias personalidades del Congreso de los Estados Unidos, el aumento de los vuelos directos y la apertura en La Habana de la corresponsalía del diario estadounidense The Dallas Morning News, los contactos entre ambos países fluyen por diversos caminos, en una relación que se va ampliando paso poco a poco abriendo posibilidades de acercamiento paulatino por diversos sectores. Cada día se hace más usual la presencia de académicos, investigadores y especialistas estadounidenses en diferentes eventos que se realizan en la isla, incluyendo algunos que de entrada tienen el signo de la bilateralidad.

Como un gesto de gran importancia fue interpretada por analistas la asistencia de un representante del país norteamericano a un evento sobre drogas y narcotráfico en la región del Caribe, convocado por el gobierno de Castro. La importancia que otorga Estados Unidos al tráfico de drogas, como principal país consumidor, y el ofrecimiento reiterado de Cuba a colaborar en esta materia, parece acercar cada vez más a los dos países hacia lo que podría convertirse en un acuerdo de cooperación conjunta.

Por otra parte, una incipiente colaboración entre el hospital de la estadounidense Base Naval de Guantánamo y el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Agostino Neto, de la ciudad de Guantánamo, fue considerada en junio como un posible elemento de distensión entre ambos países. Con anterioridad se habían realizado contactos deportivos entre los equipos de la base y de la fuerza fronteriza que mantiene Cuba junto al enclave militar, pero este año, según un oficial estadounidense, estaría » en estudio un proyecto para cooperar en la atención a víctimas de posibles desastres naturales en la región».

Como una señal de que ambos países viven, sin duda, nuevos tiempos, fue interpretada la realización en La Habana de una conferencia por el 40 aniversario de la invasión a Bahía de Cochinos, a la que asistió una delegación estadounidense integrada por 56 personas, entre ellas cinco ex miembros de la brigada 2506 de exiliados cubanos que desembarcaron en Playa Girón, asesores y familiares de Kennedy y ex agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA). La parte cubana estuvo encabezada -en parte de las sesiones a puertas cerradas- por el propio presidente Castro, quien comandó las operaciones que hicieron fracasar la invasión a la Bahía de Cochinos, en la costa meridional cubana.

El enfrentamiento bélico de abril de 1961, que marcó el rumbo de las relaciones cubano-estadounidenses costó 120 muertos entre los invasores y 150 entre los seguidores de Castro, cientos de heridos y más de 1.000 prisioneros que el gobierno de cubano canjeó luego por alimentos y medicinas. «Esperamos que el éxito de esta conferencia sirva de modelo para continuar la ampliación de un diálogo sobre éste y otros temas importantes en el prolongado conflicto» entre los dos países, declararon los asistentes al término de la reunión «Girón, 40 años después».

Otra oportunidad similar para desenterrar y analizar la historia, la brindó el actor estadounidense Kevin Costner quien viajó a la isla para presentar la película Trece Días, un filme que intenta dar la “visión norteamericana” sobre la Crisis de los Misiles que, en 1962, involucró a Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba y puso al mundo a las puertas de una catástrofe nuclear.

Emigración, entre tensiones y tragedias

La tensión entre Cuba y Estados Unidos volvió a salir a flote en La Habana, durante la última ronda migratoria realizada entre ambos países el 3 de diciembre. La sensación de estancamiento que caracteriza al único foro bilateral de negociaciones, vigente desde septiembre de 1994, estuvo matizada esta vez por la cercanía de una de las peores tragedias ocurridas en el Estrecho de la Florida: el naufragio de una embarcación que causó la muerte de unos 30 cubanos durante una evidente operación de tráfico de ilegales.

Mientras La Habana reclamó una vez más la suspensión de la política de Washington que «estimula» el éxodo ilegal, el gobierno de George W. Bush reiteró la negativa estadounidense a atribuir a la ley de Ajuste Cubano, sancionada en 1966, las salidas ilegales y la muerte de numerosas personas que pretenden emigrar a Estados Unidos. La salida ilegal de cubanos responde a su intención de residir en un país «libre» donde se respeten los derechos humanos y en el «fracaso de la economía» del gobierno de Fidel Castro, dijo James Carragher, coordinador de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, durante una conferencia de prensa en la capital cubana.

La delegación estadounidense presentó a las pláticas de diciembre una solicitud de aumentar la exigencia de los chequeos médicos que se deben presentar las personas aspirantes a visa de emigrantes y un pedido para cambiar el puerto de Cabañas, por donde entran los barcos del Servicio de Guardafronteras encargados de las repatriaciones, que tendría problemas de sedimentación. Washington ha expuesto reiteradamente su preocupación por las «barreras» migratorias que dificultan la salida legal de Cuba de algunas personas, como es el alto costo de los trámites de viaje (600 dólares) o las regulaciones migratorias específicas para el personal de salud, cuyo permiso de salida del país puede demorar hasta cinco años.

Durante la conferencia de prensa realizada por separado tras la ronda migratoria de diciembre, el presidente del parlamento cubano y principal responsable del diálogo con Washington, Ricardo Alarcón, reconoció que la suspensión de la ley de Ajuste Cubano no pondría fin de manera automática a la emigración ilegal, pero sí a los estímulos desde Estados Unidos para abandonar Cuba. La legislación brinda amparo automático y derecho a trabajar a toda persona procedente de Cuba que llegue a territorio estadounidense, aunque se trate de ciudadanos que normalmente no recibirían una visa para ingresar a ese país. Si esa ley no es un incentivo a la salida ilegal, pues que «le den visa a cualquier cubano» que la solicite en la Oficina de Intereses de Washington en La Habana, sin exigirle examen médico ni antecedentes penales, comentó Alarcón.

La ley de Ajuste Cubano ha estado en el centro de las 17 rondas de negociaciones bilaterales sobre migración, según el parlamentario, porque «contradice el espíritu de los acuerdos» firmados en septiembre de 1994 y mayo de 1995. Para Cuba, justo la vigencia de esa ley apunta como una de las razones por las cuales las rondas de negociaciones migratorias habrían caído en un círculo vicioso en el cual es muy difícil avanzar. «No puedo decir que hayamos avanzado. Estamos en el mismo lugar que hace seis meses», afirmó Alarcón.

Seis meses antes, en la ronda número 16 efectuada en Nueva York, la delegación cubana había protestado por el reconocimiento del derecho a residencia de los cubanos que ingresan a Estados Unidos por avión y con documentación falsa, resuelto en abril por un tribunal del estado sudoriental de Virgina. La decisión judicial favoreció a unas 3.000 personas y estableció un marco legal a lo que se ha convertido en una nueva modalidad migratoria de los cubanos, frente al peligro de las travesías marítimas y las posibilidades de intercepción y repatriación.

Y aunque la fórmula no es nueva, sólo ahora es que viene a cobrar auge. Los cubanos que viajaban antes a Estados Unidos por avión – vía Costa Rica, Panamá o Venezuela, por ejemplo – solían utilizar sus propios documentos pero con visados irregulares obtenidos en el país donde hacían escala, pero ahora la situación parece haber cambiado. A finales de año, cientos de cubanos esperaban una respuesta de asilo en España a donde habían llegado en vuelo de Air Europa a Moscú (muchos de ellos tenían el secreto deseo de dar “el gran salto”) y otro centenar de cubanos ingresó en el primer semestre del año a Estados Unidos con documentación falsa, procedentes de Chile.

Más allá de las rondas, los acuerdos en sí parecieron tambalearse tras el ascenso a la presidencia del republicano George W.Bush y, si aún se mantienen, es una muestra de que más allá de las añejas contradicciones, a ambas partes les conviene mantener cierto orden en el flujo migratorio. Una carta enviada por líderes del exilio cubano en Estados Unidos al presidente Bush a inicios de año demandaba la cancelaciones de los acuerdos migratorios con Cuba, en lo que el diario oficial Granma consideró un intento de la Fundación Nacional Cubano Americana por «alentar una situación caótica» en materia migratoria «que llegue a provocar hasta un choque militar entre Cuba y Estados Unidos».

Analistas en la isla estiman que la ruptura de los acuerdos y el inicio de un conflicto bilateral que podría provocar un éxodo masivo de emigrantes desde Cuba, constituiría una seria amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y daría el pretexto necesario para una intervención militar en la isla, de acuerdo con la ley Helms-Burton, firmada por Bill Clinton en 1996. «Aquí evitar la guerra es ganarla», afirmó el diario Granma y añadió que el gobierno cubano actuará con “inteligencia y realismo” en aras de evitar algún incidente que provoque algo irremediable. La “inteligencia” y el “realismo” prometidos parecen excluir una apertura de sus fronteras marítimas como medio de presión política, una decisión que ha sido tomada en tres ocasiones anteriores (la última vez fue en el verano de 1994, cuando unas 30.000 personas salieron de la isla).

Con el fin común de regular la inmigración cubana a Estados Unidos, Washington se comprometió a entregar al menos 20.000 visas anuales y a repatriar a aquellas personas interceptadas en medio

de un intento de ingreso clandestino en su territorio. La Habana, por su parte, no tomaría represalias de ningún tipo contra aquellas personas repatriadas por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. Pero, según Ricardo Alarcón, el primer párrafo del acuerdo de 1994 obliga a Estados Unidos a poner fin a su práctica de admitir de forma provisional a todos los cubanos que lleguen a ese país por vías irregulares. «Si hubo acuerdo fue porque, en su primer párrafo, Estados Unidos se comprometía a no admitir a todo el que llegase», dijo el alto funcionario cubano, quien leyó el texto de marras a la prensa, en español e inglés.

Así y todo, el presidente del parlamento, Ricardo Alarcón reconoció que los acuerdos son positivos y que su mantenimiento le «conviene a mucha gente».

«Parte sustancial de la emigración cubana pudo hacerse de forma civilizada gracias a estos acuerdos», afirmó.

Según Carragher, más de 150.000 cubanos han emigrado de forma legal y segura desde septiembre de 1994. El funcionario estadounidense, sin embargo, no brindó cifras de la cantidad de personas que fueron interceptadas y lograron ingresar en territorio estadounidense en ese período. Carragher asistió a las conversaciones con un equipo de 17 funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización, la Guardia Costera y de la Oficina de Intereses.

Carragher reconoció que el control de Estados Unidos sobre el destino de las personas repatriadas indica que la mayoría «no fueron objeto de represalias» por parte de las autoridades cubanas. De todos modos, añadió, en los términos del acuerdo «un solo caso» de represalia «es demasiado». Aunque no hizo referencia directa, el ejecutivo estadounidense puede haberse referido al caso de Luis Manuel Martínez, el patrón de una embarcación, Orelvis Bringas Álvarez y Jorge F. Martínez Barceló, quienes fueron detenidos en Cuba tras ser repatriados, acusados de piratería y complicidad en ese acto, hecho que fue catalogado en su momento por el diario de Miami El Nuevo Herald como una “aparente violación del pacto migratorio”.

Sobre la posibilidad de propiciar una mayor cooperación entre ambos países para evitar el tráfico de personas, Carragher aseguró que «el Departamento (ministerio) de Justicia (estadounidense) está comprometido a emprender acciones contra los traficantes».

Ricardo Alarcón, sin embargo, destacó que Washington está rezagado en esta materia pues «ha habido muy pocos casos» de enjuiciamiento a contrabandistas de personas, y con «decisiones judiciales que no han sido aquellas que hubieran contribuido a desestimular este tipo de delito».

En febrero de 1999 Cuba introdujo sanciones más fuertes contra los convictos de «tráfico de personas”, imponiendo una sentencia mínima de 10 años y la pena máxima de cadena perpetua para casos en que haya muertes, peligro o violencia. Desde abril de 1998 hasta el 31 de octubre último, Cuba tomó prisioneros a 113 contrabandistas, de los cuales más de la mitad han sido sancionados y el resto está en pleno proceso jurídico, según cifras oficiales reveladas en noviembre. Hasta esa fecha, las autoridades cubanas habían detectado 73 operaciones de contrabando de personas por lanchas rápidas procedentes del sur de Estados Unidos y habían evitado 173 intentos de salidas ilegales, incluyendo la captura de los traficantes de 22 de estos hechos. Frente a esto, asegura La Habana, los casos reportados en Estados Unidos son insignificantes.

Fuentes del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos aseguraron que entre el 1 de octubre de 2000 al 30 de septiembre de 2001, lograron pisar territorio estadounidense 2.352 indocumentados procedentes de Cuba, mientras que sólo 777 fueron interceptados y devueltos a la isla. En contraste, el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de Estados Unidos reveló que en 2000 fueron deportadas de ese país 183.395 personas: 149.183 procedentes de México, 4.515 de Honduras, 4.443 de El Salvador y 4.073 de Guatemala. Se estima que entre el 80 y 90 por ciento de los cubanos que logran entrar a Estados Unidos son llevados a ese país por contrabandistas que cobran unos 8.000 dólares por el viaje. Por cada persona que llega, podría morir una en el intento, según distintos cálculos.

Estados Unidos concentra el mayor número de emigrantes de origen cubano. Según el censo estadounidense de 2000, hay 1,3 millones de cubanos en ese país y los funcionarios consulares en La Habana suelen atender más de 400 solicitudes de visa por día.

Unos 130.000 cubanos residen en América Latina, 37.000 en Europa y 1.000 en el resto del mundo, de acuerdo con el Centro de Estudios de Migraciones Internacionales, adscrito a la Universidad de La Habana.

Para investigadores de esa institución, la condición de la isla de país de emigrantes «entraña retos importantes para el presente siglo en los órdenes individual, social y nacional». «Se corre el peligro de una erosión etárea, de género, profesional y técnica de importancia para el futuro del país», advirtió Antonio Aja, en un estudio divulgado por la revista teórica Temas.

Cálculos relativos al período 1995-1999 identificaron un potencial migratorio entre 490.000 y 800.000 personas, un dato que concuerda con el número de participantes en los sorteos de visas para residir en Estados Unidos. Para el primer sorteo de visas de ingreso a Estados Unidos efectuado en Cuba en 1995 y conocido popularmente como “el bombo” se presentaron 130.000 solicitudes. En el segundo, en 1996, hubo 438.000, y en el tercero, en junio de 1998, la cifra ascendió a 541.100.

Aja señaló, en tanto, que en el actual potencial migratorio cubano hay un alto número de profesionales y técnicos y predominan las personas menores de 40 años, de raza blanca y sexo masculino.

La recesión de los años 90, tras la desaparición del campo socialista de Europa oriental y principalmente de la Unión Soviética, acentuó el predominio de los elementos económicos en las motivaciones del emigrado. A juicio de Aja, esas razones actúan en combinación con factores de orden político y de otros, como la reunificación familiar y la desconfianza en el proyecto social de la Revolución para superar la crisis.

Un nuevo recrudecimiento de la crisis económica que vive la isla durante el año 2002 traerá nuevos sacrificios para los cubanos y podría acentuar aún más la tendencia a emigrar como una estrategia personal y familiar para salir de la crisis.

Interioridades de un negocio

El aumento de las intercepciones en alta mar trajo consigo la utilización cada vez menor de las tradicionales balsas para atravesar el Estrecho de la Florida y el auge del negocio del tráfico de personas, primero por mar y después también por vía aérea.

Un “boleto” a Estados Unidos a bordo de una lancha rápida puede costar 8.000 dólares por persona, suma que por lo general es pagada por familiares en Estados Unidos. Se estima que el tráfico de personas genera en todo el mundo ganancias superiores a los 7.000 millones de dólares anuales.

Para evitar el control de los guardacostas estadounidenses, los contrabandistas usan teléfonos celulares, orientación por satélite y dispositivos de visión nocturna.

Los traficantes actúan en grupos de unas seis personas y la mayoría de las operaciones de contrabando humano tienen su base en el sur de la Florida, organizadas por cubanos residentes en Estados Unidos.

Fuentes estadounidenses aseguran que muchos de los involucrados en el negocio, conocidos por las autoridades, son fugitivos de la justicia o ex narcotraficantes.

En aras de ganar más dinero, los traficantes sobrecargan las naves el doble o el triple de su capacidad, poniendo de entrada en peligro la vida de los indocumentados. Se dan casos de intimidación, ataques a los pasajeros e incluso de “arrojar la carga” al mar si la operación se ve amenazada de alguna forma.

El viaje hasta la Florida puede tomar tan sólo dos horas y se realiza habitualmente de noche. En la mayoría de los casos, los pasajeros son dejados en playas de islas remotas en los cayos de la Florida o cerca de Miami, donde esperan ser recogidos por las autoridades estadounidenses.

La salida por vía aérea también se monta a 8.000 dólares o más. En la mayoría de los casos, se paga parte en Cuba y parte cuando los viajeros llegan a la casa de sus familiares en Estados Unidos. El viaje se realiza a través de otros países de América Latina y el Caribe y también por vía terrestre, por las fronteras con México y Canadá. Se estima que por la frontera mexicana y a través de los aeropuertos, con identidad falsa, la inmigración ilegal suma anualmente entre 800 y 1.000 personas.

Unión Europea: ¿se inicia el deshielo?

Cuba y la Unión Europea (UE) reanudaron su diálogo político en diciembre, tras una interrupción que se extendió desde 1996, tras la adopción de su “posición común” sobre Cuba, por iniciativa del gobierno de España. «Se ha abierto una nueva etapa en los vínculos entre la UE y Cuba», afirma un comunicado conjunto emitido al término de las conversaciones de dos días sostenidas en La Habana. Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas en la isla optaron por la cautela y dijeron mantener moderadas expectativas sobre las conversaciones que deberían conducir en el futuro a un acuerdo amplio de colaboración.

El propio comunicado oficial refleja esa cautela, al considerar que el diálogo «podría crear un marco apropiado para fomentar el incremento de la cooperación entre la UE y Cuba». Las conversaciones, sostenidas los días 1 y 2 de diciembre en La Habana, incluyeron los siguientes puntos:

  1. Las relaciones entre Cuba y la Unión Europea
  2. Intercambio de información sobre la situación económica y política de Cuba y de la UE. El intercambio económico entre la UE y Cuba.
  3. Cooperación para el desarrollo.
  4. Potencialidades y perspectivas de la cooperación triangular particularmente en el marco de la salud.
  5. Intercambio de información sobre los derechos humanos en la UE y Cuba.
  6. Posición común de la UE sobre Cuba.
  7. Los preparativos de la cumbre UE-ALC en Madrid en el 2002.
  8. Asuntos internacionales
  9. Las Naciones Unidas. El papel de las Naciones Unidas.
  10. Cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo.
  11. El bloqueo norteamericano contra Cuba. La ley Helms-Burton. Los entendimientos UE-EE.UU.

La UE acudió a la cita luego de rechazar en la ONU, a fines de noviembre, el embargo estadounidense contra Cuba. Un mes antes, el 8 de octubre, la Comisión Europea (CE) había reiterado su condena a la ley Helms-Burton que recrudece el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y pretende sancionar a terceros países, empresas e individuos que tengan vínculos comerciales con la isla. En su XVI Informe sobre las Barreras Estadounidenses al Comercio y la Inversión, la CE mencionó algunas leyes comerciales estadounidenses que dificultan las relaciones internacionales, entre ellas la legislación que trata de detener las inversiones extranjeras y estrangular a Cuba económicamente.

Pero, por otra parte, los países miembros representados en la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, habían aprobado este año la censura a la isla en esa materia. Alemania, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, votaron a favor de la resolución promovida por la República Checa, a pesar de que Francia mantuvo en «jaque» la aprobación al documento hasta el último momento con la exigencia de que se incluyera una mención al embargo económico que la isla caribeña sufre desde hace más de 40 años.

Una postura similar del bloque en abril de 2000 había llevado a La Habana a suspender una visita que delegados de la UE habían programado para esa fecha en un primer intento de reanudar el diálogo político. Un viaje del canciller Pérez Roque a Bélgica, país que ocupaba la presidencia semestral rotatoria de la UE, y otro a La Habana del viceprimer ministro belga Louis Michel marcaron en el primer semestre el camino hacia el descongelamiento de las relaciones.»La diplomacia cubana logró que Bruselas evitara imponer condiciones previas, pero a la vez aceptó hablar de todo, por delicado que fuese el asunto», comentaron fuentes diplomáticas.

“En lo que respecta al tema de los derechos humanos, ambas partes reafirman su disposición a intercambiar informaciones relativas a la materia, en una óptica amplia y recíproca. En este marco, se examinaron los problemas y diferencias, y se discutieron las posibilidades de adhesión por ambas partes a todos los tratados internacionales existentes en materia de derechos humanos. También se discutió sobre la posibilidad de establecer consultas entre ambas partes sobre los temas de derechos humanos en los foros pertinentes, que permitan lograr una mayor comprensión entre las partes”, afirmó el comunicado conjunto publicado en La Habana.

Asimismo, “la Unión Europea recordó su oposición general a la aplicación de la pena de muerte”, afirma el texto y “la parte cubana expuso sus consideraciones al respecto”. Una semana después, los cancilleres de la UE reunidos el 10 de diciembre en Bruselas, reiteraron su posición común en torno a Cuba y reconocieron la no aplicación de la pena de muerte desde hace dos años como un indicio de apertura por parte del gobierno de Castro.

El objetivo de la UE hacia Cuba, según la «posición común», es alentar un proceso pacífico de transición hacia «una democracia pluralista, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, así como hacia una economía sostenible». Entre otras condiciones, implica la aspiración del bloque europeo a que La Habana libere a todos los presos por motivos políticos, calculados en unos 300 por fuentes de la ilegal oposición interna, y disponga la moratoria o abolición de la pena de muerte. En ese camino, la nueva evaluación semestral sobre la situación en Cuba, constató «insuficiencias graves en lo relativo al reconocimiento y a la aplicación de las libertades civiles y políticas».

Hasta ahora, la respuesta del gobierno de Castro a tales invitaciones ha sido de rechazo a la posibilidad de un «diálogo condicionado». Según el canciller cubano Pérez Roque, la “posición común” que la UE evalúa y renueva cada seis meses «ha sido superada por el tiempo» y se impone la adopción de «una plataforma más amplia» para la relación entre ambas partes, de forma tal que deje de ser «algún día» el único país latinoamericano excluido de un acuerdo marco de cooperación con la UE.

En otro punto conflictivo, Cuba se convirtió en enero de 2001 en miembro de pleno derecho del grupo África, Caribe, Pacífico (ACP), pero la UE vetó su ingreso en el Acuerdo de Cotonou, mediante el cual el bloque ofrece a sus miembros beneficios comerciales y asistencia. En respuesta, Cuba retiró su candidatura al convenio hasta mediados de este año, cuando el canciller Pérez Roque consideró que su país estaba «listo para solicitar su ingreso a Cotonou si existen las condiciones apropiadas para ello» y todas las partes involucradas están de acuerdo en aceptarlo. Para cerrar el año, tras el reinicio del diálogo político Cuba-UE, el Consejo de Ministros de los países ACP emitió una declaración que incluye los siguientes puntos:

  1. LLAMA a ambas partes a continuar desarrollando sus relaciones dentro del espíritu constructivo ejercido por las mismas en las conversaciones recién celebradas en La Habana.
  2. LLAMA a la Unión Europea a traducir este espíritu en una revisión sustantiva de su Posición Común en aras de tratar a Cuba de manera justa e imparcial.
  3. EXPRESA su firme esperanza de que tal revisión de la Posición Común de la UE conduzca al acceso de Cuba al Acuerdo de Asociación ACP-UE, Acuerdo de Cotonou, sin ningunas condicionantes especiales o injustas.

Tomado el camino del descongelamiento justo a finales de año, analistas políticos consideraban la posibilidad de un nuevo estancamiento cuando, en enero de 2002, la presidencia de la UE sea asumida por España, uno de los más importantes socios comerciales de Cuba, pero a la vez fuerte crítico de La Habana desde el ascenso al poder en 1996 del gobierno de José María Aznar. Para confirmar los vaticinios, el secretario español de Estado para América Latina, Miguel Ángel Cortés, dijo el 14 de diciembre que la Unión Europea bajo la presidencia de España aumentará la presión sobre Cuba para abrir la puerta a la democracia y garantizar los derechos humanos.

Polémica por derechos humanos

La situación de los derechos humanos en Cuba se convirtió a inicios del año 2001 en uno de los ejes principales de la política exterior del gobierno de Fidel Castro, al considerar éste parámetros diferentes en la apreciación de la situación de una sociedad, tales como acceso a la educación, salud, seguridad social, entre otros. La Habana no sólo rechazó las reiteradas acusaciones sino que se mostró cada vez más sensible hacia los cuestionamientos ya tradicionales. Para Cuba, el deterioro de las condiciones económicas, políticas y sociales en América Latina convirtieron, de hecho, a estos gobiernos en interlocutores no válidos en esta materia y determinaran en buena medida el alineamiento abierto de muchos de ellos con EE.UU. Así, la situación se tornó extremadamente delicada, en el caso de algunos países de América Latina, región hacia la cual La Habana había emitido señales de acercamiento en la última década del siglo XX.

«No hay absolutamente la más mínima razón para tratar de singularizar la situación en Cuba», aseguró el canciller cubano Felipe Pérez Roque, ante un proyecto de resolución moderada que prepararía un grupo de países latinoamericanos para presentar en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

La resolución, alternativa a la que tenían previsto presentar Polonia y República Checa, siguiendo la tradición de años anteriores, contaría con el apoyo de México, Argentina y Chile, según la revista mexicana Milenio.

De acuerdo a versiones de prensa estadounidense, México habría sondeado a otros países latinoamericanos para preparar un texto que exhortara al gobierno cubano a respetar los derechos humanos y, al mismo tiempo, exigiera en el cese del bloqueo de Estados Unidos contra la isla. Marie Claire Acosta, encargada de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, habría viajado a La Habana para explicar el alcance de la propuesta, que modificaría la tradicional posición de ese país de abstenerse en las votaciones sobre Cuba en la ONU. Sin embargo, el jefe de la diplomacia cubana Pérez Roque negó haber recibido alguna comunicación de México sobre una nueva propuesta de resolución contra Cuba y, al final, tal texto nunca fue presentado.

Las informaciones sobre la posible resolución alternativa coincidieron con un agravamiento de la crisis entre Cuba y Argentina, a raíz de declaraciones realizadas por Castro a inicios de febrero en las que aseguró que el país sudamericano «lamería las botas yanquis» si votara la resolución contra Cuba en Ginebra, en lugar de abstenerse. El comentario provocó fuertes reacciones del lado argentino y el gobierno de Fernando de la Rúa llegó a ordenar al embajador en La Habana, Oscar Torres Ávalos, que permaneciera en Buenos Aires por tiempo indeterminado y suspendió una reunión sobre comercio prevista para ese mes y que, al finalizar el año, aún no había sido retomada.

Otra disputa diplomática previa a Ginebra condujo a la cancelación de la visita de un ministro alemán, quien habría criticado la situación de los derechos humanos. El diario de Miami El Nuevo Herald aseguró que el gobierno cubano habría pedido al ministro alemán delegado para Relaciones Exteriores, Ludger Volmer que anulara su visita a la isla. La decisión fue tomada por el diplomático como una muestra de que «las autoridades cubanas aún no están preparadas para un verdadero diálogo político”.

Al gobierno de Cuba se lo acusa de limitar las libertades civiles, prohibir la oposición política y encarcelar a los disidentes, mantener el control estatal sobre la prensa y no convocar a elecciones presidenciales. Por su parte, las autoridades cubanas aseguran que el régimen socialista vigente en el país desde hace más de 40 años respeta el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al empleo y a la seguridad social. En cuanto a los derechos civiles, como la libertad de prensa, de asociación y de reunión, indican que no podrán contemplarse mientras Estados Unidos organice y financie a la oposición interna.

Como prueba de las interferencias de Washington, las autoridades presentaron la detención el 12 de enero de dos ciudadanos checos -el parlamentario opositor Iván Pilip y el ex dirigente estudiantil Jan Bubenik- que se encontraban en Cuba tomando contacto con disidentes por encargo de Freedom House, una organización estadounidense que recibe fondos del gobierno. El incidente terminó sin mayores consecuencias, con el reconocimiento público por parte de los ciudadanos checos de la actividad que habían venido a hacer en Cuba y su liberación, fue lograda con la mediación de la Unión Interparlamentaria a solicitud del Parlamento checo.

Tras meses de incertidumbre y luego de varias semanas de intensa labor diplomática en Ginebra, tanto por parte de la delegación cubana en defensa de su posición, como entre checos y estadounidenses por buscar apoyo a la propuesta de censura, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una condena a Cuba por un estrecho margen de 22 votos favorables, 20 en contra, 10 abstenciones y una ausencia. En 2000, un texto similar había sido aprobado por 21 votos a favor, 18 en contra y 14 abstenciones.

La República Checa, al fundamentar su iniciativa contra Cuba, advirtió que el resultado del voto indicaría las intenciones que los 53 estados miembros abrigan para el futuro de la Comisión. Están en juego los principios de los derechos humanos y «de nuestra libertad común», argumentó Martin Palous, viceministro de Relaciones Exteriores checo. En tanto, el representante de Cuba, Carlos Amat Forés, estimó que la propuesta dañaba la credibilidad y el prestigio de la Comisión ante la opinión pública internacional. Sólo Cuba y otros países en desarrollo merecen las críticas del organismo de la ONU, que con «su doble moral» actúa «de trituradora» de las soberanías para imponer «un modelo único», sostuvo el embajador cubano.

La iniciativa aprobada exhorta a Cuba a asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y a establecer un marco apropiado para garantizar el estado de derecho sobre la base de las instituciones democráticas y la independencia del poder judicial. También insta a La Habana a entablar el diálogo con la oposición política e incluye un párrafo añadido a última hora reconociendo que deben adaptarse medidas internacionales para mejorar la condición económica del pueblo cubano, en un intento por satisfacer las exigencias de los países que objetan el embargo de Estados Unidos contra la isla.

Cuatro países de los 11 latinoamericanos participantes en la reunión (Argentina, Costa Rica, Guatemala y Uruguay) votaron a favor de la condena, mientras Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú se abstuvieron; al tiempo que Cuba y Venezuela votaron en contra. Aún antes de la votación, en un discurso pronunciado el 16 de abril, el presidente cubano criticó la postura de algunos gobiernos de América Latina y señaló que «si debiera haber una posición común, digna, honorable, valiente, independiente, esa sería no apoyar bochornosamente al imperio, sino oponerse a las infames maniobras del imperio contra un pueblo que ha escrito una página de la historia que será muy difícil ignorar o borrar».

Los seis países integrantes de la Unión Europea miembros de la Comisión (Alemania, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido) también votaron a favor de la resolución, aunque por segundo año consecutivo los europeos exigieron a los checos y a las 16 naciones copatrocinadoras del texto una mención al embargo económico que la isla caribeña sufre desde hace más de 40 años.

Para el canciller Pérez Roque, sin embargo, ésta fue «una nueva prueba de la incapacidad de la UE de actuar en el tema de Cuba con independencia y dignidad».

La ofensiva cubana cobró fuerza el viernes 20 abril con una intervención en la televisión cubana del canciller, quien lanzó severas críticas contra varios países de América Latina por plegarse a la voluntad de Washington. En una mesa redonda, a la que asistió el presidente Castro, el canciller Pérez Roque afirmó que la votación de este año en Ginebra demostró que «ese ejercicio estadounidense contra Cuba está desgastado» y sólo puede sostenerse con «presiones y chantajes». »Como si no bastara, han llegado en otros casos a la impudicia de ofrecer asistencia para la lucha contra el sida en algunos países, si estos renuncian a su actual posición de apoyo a Cuba», aseguró la Cancillería. Esa habría sido la verdadera razón de la ausencia en la votación de la República Democrática del Congo, considerada una aliada de Cuba.

Un diplomático latinoamericano consultado consideró que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en escenario del enfrentamiento cubano-estadounidense, lo cual resta fuerza al pronunciamiento sobre la situación en la isla.

En su afán por demostrar que los países cedieron a presiones de Washington, Cuba mantuvo los días posteriores a la condena críticas de diversa índole a aquellos gobiernos que apoyaron la censura, acentuando los ataques en algunos casos y minimizándolos en otros. Como elemento ilustrativo del ambiente generado, durante el Desfile por el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, fueron exhibidos muñecones que caricaturizaron al primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, y a los presidentes George W. Bush, de Estados Unidos, Fernando de la Rúa, de Argentina, Jorge Batlle, de Uruguay, Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, Alfonso Portillo, de Guatemala, y Vaclav Havel, de la República Checa.

Los altercados bilaterales en los días que se sucedieron a la votación en Ginebra condujeron a verdaderas crisis diplomáticas en algunos casos, aunque, contrario a lo que llegaron a augurar analistas, en ningún caso la sangre llegó al río. Cuba se preguntó si la política de Canadá hacia la isla estaba siendo “formulada en Ottawa o en Washington”, Costa Rica retiró su cónsul de La Habana y revocó el permiso de permanencia en San José al cónsul cubano Juan Carlos Hernández, y las tensiones con Argentina se mantuvieron tras reafirmarse las críticas hechas por Castro desde febrero.

Al parecer, la decisión de Guatemala de apoyar la condena censura fue la única sorpresa para Cuba. »Nos ha llamado la atención (el voto de Guatemala). En su momento, comentaremos sobre eso», se limitó a afirmar el canciller cubano quien poco antes de la votación había recordado el exitoso programa de colaboración médica cubana en esa nación.

Posteriormente, una declaración brindada por el canciller cubano sobre «la historia del voto de Guatemala”, citada por varios periódicos guatemaltecos, aseguró que el presidente Alfonso Portillo se habría visto obligado a cambiar su voto tras la visita realizada a Guatemala el 29 de marzo por la secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Susan Wood, para analizar la posible ayuda de Estados Unidos a ese país en los próximos tres años. Sobre el voto de Guatemala, Castro aseguró que las presiones estadounidenses fueron terribles, e incluyeron la amenaza de expulsión de cerca de 100.000 guatemaltecos indocumentados en el país norteamericano.

Un caso diferente fue el de México. En una escaramuza poco usual entre las dos naciones, el canciller cubano afirmó que su homólogo mexicano, Jorge Castañeda, se había quedado con la «frustración» de que su país no votara contra la isla en la ONU, pues se esforzó por lograr ese voto condenatorio. (Castañeda) hizo todo lo posible para tratar de que Cuba fuera condenada en Ginebra y que México cambiara su posición», subrayó el titular cubano de Relaciones Exteriores y aseguró además haber recibido comentarios de que Castañeda «es susceptible a aceptar presiones de Estados Unidos, tiene compromiso con ellos, está deslumbrado por su poderío y tiene un conocido historial político de deslealtades».

Castañeda, por su parte, restó importancia a esas acusaciones en declaraciones a la prensa: «Me tienen sin el menor cuidado y no hay que darles mayor importancia», afirmó. Pero el canciller mexicano se abstuvo de votar contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque la resolución era “sesgada, unilateral y selectiva”, pero, aclaró, “tampoco podíamos votar contra de ella porque sí nos preocupa la situación de derechos humanos en Cuba».

Superado el altercado, el gobierno de México reanudó sus gestiones para una visita oficial que debía realizar el presidente Vicente Fox este año a la isla y el embajador en La Habana, Ricardo Pascoe, hizo hasta lo imposible para demostrar que las relaciones tradicionales bilaterales se mantenían inalterables. Sin embargo, al finalizar el año 2001 la visita de Fox seguía sin concretarse, una escala del canciller cubano en el país azteca excluyó un encuentro con Castañeda y, en un franco rompimiento con la tradición, México no se sumó al amplio grupo de países que, encabezados por China y Venezuela, enviaron ayuda a los damnificados del huracán Michelle. El argumento oficial fue la ausencia de una solicitud explícita de la parte cubana, algo que analistas estiman no hubiera hecho falta en el pasado reciente.

Como un gesto más de distanciamiento respecto a América Latina, fue interpretada en círculos diplomáticos la ausencia del presidente Fidel Castro de la Cumbre Iberoamericana, efectuada en noviembre en la capital de Perú. Castro se disculpó de asistir, por primera vez desde la creación del foro que incluye a los países de América Latina, España y Portugal, por razones derivadas de la reconstrucción de las zonas afectadas en la isla por el paso de Michelle. Analistas, sin embargo, consideraron poco probable que esta fuera la verdadera razón de la ausencia del mandatario y especularon sobre las más diversas causas, desde asuntos de seguridad o de salud, hasta los conflictos bilaterales con la mayoría de los miembros de la comunidad iberoamericana.

Además de las tensiones surgidas con aquellos que votaron a favor de la condena a Cuba en Ginebra, están las ya viejas discrepancias con el gobierno español de José María Aznar, el fuerte enfrentamiento verbal con el presidente de El Salvador, Francisco Flores, durante la cumbre del año 2000 por la negativa cubana a apoyar una resolución sobre terrorismo limitada al grupo separatista vasco ETA, y el distanciamiento surgido entre Cuba y Panamá por la negativa del gobierno de Mireya Moscoso de satisfacer la solicitud de repatriación del ciudadano de origen cubano, Luis Posada Carriles, detenido en ese país por organizar un atentado contra Castro.

Cuba-Rusia: ¿el fin de una alianza?

Todos se preguntan si el desmantelamiento de un centro de inteligencia electrónico en las afueras de La Habana eliminará el último vestigio de las estrechas relaciones militares que por tres decenios sostuvieron Cuba y la hoy disuelta Unión Soviética. El cierre de la base en Lourdes, a 60 kilómetros de La Habana, fue anunciado el 17 de octubre por el presidente ruso Vladimir Putin, quien alegó razones financieras y aclaró que la decisión no significaba que su país planificara reducir su cooperación con Cuba.

«Nosotros defendemos el levantamiento total del bloqueo económico (de Estados Unidos) contra Cuba», sostuvo el mandatario, ante funcionarios del Ministerio de Defensa. Para demostrar la vigencia de esas relaciones históricas de cooperación, Moscú se encontró entre los primeros países que enviaron ayuda humanitaria a la isla, tras el paso del huracán Michelle en noviembre. El gesto, sin embargo, no atenuó el efecto del trago amargo que significó para el gobierno de Castro el anuncio de la retirada de la base de Lourdes.

La estación aseguraba a Rusia 75 por ciento de su información militar, aunque también resultaba útil para las comunicaciones de Moscú con algunas regiones geográficas y con sus flotas mercantes y pesqueras. A cambio, Moscú pagaba a La Habana 200 millones de dólares al año por el alquiler de la base, cantidad suficiente para comprar y poner en órbita 20 satélites militares, explicaron fuentes rusas. Las instalaciones de Lourdes albergaban a unos 1.500 técnicos y soldados rusos a cargo de, entre otras misiones, observar la actividad submarina alrededor de Cuba. El mantenimiento de este personal costaba otros 300 millones de dólares, según cálculos rusos.

La decisión rusa que desde un inicio molestó a Cuba por su carácter unilateral contradijo declaraciones anteriores del propio Putin quien había indicado un año antes, al término de una visita oficial a Cuba, que ese centro funcionaba «exitosamente» y actuaba «en plena correspondencia con las normas internacionales». Aunque no figuraba en el programa oficial, Putin recorrió entonces las instalaciones de Lourdes acompañado de su par cubano Fidel Castro y de Raúl Castro, hermano del mandatario, vicepresidente y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

El centro de exploración radiolectrónica había sobrevivido al nuevo tipo de relaciones establecido por Moscú y La Habana tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, bajo reglas de juego ajenas a la ideología que compartieron hasta ese año.

El armamento entregado por la Unión Soviética a Cuba ascendió a 10.000 millones de dólares entre 1959 y 1990, a precios de la época, según fuentes oficiales cubanas. Cuba dejó de recibir armamentos rusos en 1990 y en años subsiguientes se cortó también el suministro de piezas de repuesto. A mediados de 1993, concluyó el retiro de la Brigada de Infantería Motorizada rusa, remanente de la Crisis de Octubre de 1962 que puso al mundo al borde de un conflicto nuclear. El presidente Castro aseguró en junio que desde el colapso en 1990 del bloque socialista que desató la actual crisis económica en Cuba, este país no invirtió en armas «ni un solo centavo».

El mandatario procuró así refutar versiones procedentes de Estados Unidos sobre una eventual alianza militar entre Cuba y China, que incluiría la venta de armas a este país y acciones conjuntas de inteligencia. Los años de cooperación militar con la antigua Unión Soviética habrían suministrado «todas las armas de fuego» y «cantidades industriales» de municiones para, según Castro, garantizar a posibles «invasores» un «precio impagable».

El gobierno de Castro expresó en una rápida reacción su «absoluto desacuerdo» con la decisión de Putin y señaló en un comunicado que la medida rusa fue adoptada en «el momento más inoportuno», pues tras los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, el gobierno estadounidense lleva a cabo «una política agresiva y belicista». A juicio de la parte cubana, desmantelar el centro de espionaje es «un mensaje y una concesión al gobierno de Estados Unidos que constituiría un grave peligro para la seguridad de Cuba» y un regalo muy especial que hace Putin antes de la reunión que debía tener con Bush, en el marco de la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En una andanada de reacciones, el Kremlin rechazó las críticas cubanas y recomendó a La Habana «leer» de nuevo la declaración de Putin, en la que aludió al «mundo rápidamente cambiante» y a las nuevas «prioridades» de la lucha contra el terrorismo internacional. Un portavoz oficial mostró una indiferencia desacostumbrada en relación con las acusaciones cubanas y recordó que Putin justificó el cierre inmediato del centro de Lourdes con la necesidad de no desviar recursos económicos de defensa a «tareas secundarias».

Como para reafirmar el rechazo cubano, el presidente Bush saludó la decisión rusa y afirmó en un comunicado que este episodio era “otra indicación de que la Guerra Fría terminó”. «El presidente Putin entiende que Rusia y Estados Unidos no son más unos adversarios, nosotros no juzgamos nuestro éxito por la complicación de vida que le pueda provocar éste a otro país», subrayó un comunicado distribuido por la Casa Blanca. «Ambas naciones (Rusia y Estados Unidos) están eliminando las reliquias de la Guerra Fría y construyendo una nueva relación de cooperación y transparencia para el siglo XXI», enfatizó el presidente Bush.

A pesar de la advertencia de La Habana de que ambas partes debían llegar a un acuerdo sobre la base, el 29 de diciembre Rusia inició los preparativos para cerrar la estación radioelectrónica de Lourdes. Reportes de prensa, no publicados en Cuba, afirmaron que funcionarios de ambos países asistieron a ceremonias de despedida cerca de La Habana y que, según fuentes militares rusas, las operaciones de desmontaje comenzarán el 15 de enero de 2002. El embajador ruso en Cuba, A. Dmitriyev, habría declarado que Rusia mantenía su compromiso de desarrollar relaciones con Cuba en el futuro, incluso en materia de cooperación político-militar.

Se van los rusos y…

Llegan los chinos. La noticia del desmantelamiento de la base de Lourdes por parte de los rusos y de la aparición de los militares chinos como los nuevos ocupantes de la estación de espionaje radioelectrónica fue transmitida por una televisora de Estados Unidos mucho antes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, declarara públicamente sus intenciones. Aunque nada se ha anunciado sobre el futuro del enclave, las especulaciones sucedieron a versiones, desmentidas en abril por autoridades de Cuba y China, sobre el surgimiento de una alianza militar que sustituiría la que alguna vez tuvo la isla con la antigua Unión Soviética. El diario The Washington Times aseguró el 12 de ese mes, citando un informe de inteligencia de Estados Unidos, que en 2000 al menos tres barcos cargados de armas y explosivos habrían arribado a Cuba procedentes de China, país que aprovecharía también la cercanía de la isla a Estados Unidos para espiar las comunicaciones de ese país mediante equipamiento electrónico.

A juicio de analistas, China, cuarto socio comercial de Estados Unidos con un intercambio superior a los 110.000 millones de dólares, estaría trazando en sus relaciones con Cuba una analogía con la asistencia que Estados Unidos presta a Taiwán, percibida por Beijing como una provincia renegada. Sin embargo, Castro aseguró que altos funcionarios de ambos países reunidos en diciembre en La Habana no alcanzaron ningún acuerdo sobre comercio de armas y ofreció un informe sobre la carga de los tres barcos causantes del diferendo, uno de los cuales estaba destinado a las fuerzas armadas, y cuya carga, aseguró, consistió en una donación de telas de dril, de algodón y de poliéster verde olivo, nylon blanco para mosquiteros, botas, botones, hilos y agujas.

Alianza militar o no, lo cierto es que los vínculos entre los dos países de régimen socialista, pero con relaciones muy diferentes con Washington, se intensifican por día y una muestra de ellos es el constante intercambio de delegaciones de todos los sectores socioeconómicos, entre ellas la segunda visita a Cuba del presidente chino, Jiang Zemin, y del presidente de la Asamblea Popular Nacional, Li Peng.

Durante la visita de Zemin fueron suscritos nueve acuerdos en materia económica y comercial y, como parte de los mismos, China concedió a la isla créditos por 380,5 millones de dólares. En el plano político, los dos países nos »apoyamos y comprendemos», mientras la cooperación económica y comercial se encuentra en »expansión creciente», dijo el vocero de la Cancillería china, Zhu Bangzao. Según el portavoz, hay coincidencia en que las relaciones bilaterales pasan »por el mejor período de su historia» y las dos naciones mantienen una relación fructífera y de estrecha cooperación en la arena internacional, incluido el respaldo cubano a China en el tema de los derechos humanos, en el ingreso de ese país a la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como el apoyo a su candidatura para que fuera sede de las Olimpiadas de 2008.

De acuerdo con la organización Human Rights Watch, los encuentros entre el gobernante cubano y el presidente chino demuestran que los dos países tienen una agenda común para suprimir la libertad de culto y otros derechos. Un comunicado del grupo internacional indicó que «los líderes de ambos países tienen algo en común que trasciende los intereses comerciales y económicos», y añade que «sus políticas de derechos humanos y prácticas de gobierno están en quiebra, a la vista del resto del mundo».

Más cercano geográfica y culturalmente a Cuba y a los cubanos, el presidente venezolano Hugo Chávez se reconoce como un “gran amigo” de Castro, amistad que se ha revertido en un fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, pero cuyo destino dependerá en gran medida del futuro del propio gobierno de Chávez, al cual no le faltan opositores dentro y fuera de su país. El presidente venezolano ha visitado varias veces la isla desde su ascenso en febrero de 1999 y Castro, por su parte, viajó a Venezuela en cuatro oportunidades por diversos motivos, una cifra que podría considerarse un verdadero récord para el mandatario de 75 años.

Venezuela fue el único país latinoamericano que este año se puso al lado de Cuba en Ginebra para votar contra la resolución de condena a la isla por la situación de los derechos humanos, comparte las posiciones cubanas sobre la creación de un área de libre comercio de las Américas (ALCA), fue el primer país en enviar ayuda humanitaria tras el paso del huracán Michelle e inició los trámites para la extradición desde Panamá del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, prófugo de la justicia venezolana desde 1985.

En una de sus tantas defensas apasionadas de la isla en la arena internacional, Chávez aseguró, al término de la Cumbre del Grupo de Río, que debería realizarse un referéndum continental «para saber si nuestros pueblos quieren que Cuba esté aislada» y recalcó que «históricamente el país del Norte (Estados Unidos) ha causado mucho daño» en la región. Si bien la estrategia de distanciarse de Washington es compartida por otros países, Chávez «da constantes manifestaciones de un antiyanquismo imprudente y exagerado», fue la opinión del académico y ex embajador venezolano Demetrio Boersner.

Analistas coinciden en señalar que la pretensión venezolana es marcar distancia con Estados Unidos, mientras que funcionarios de la Cancillería recuerdan las coincidencias en materia internacional manifestadas en los últimos tiempos entre Caracas y La Habana, una de ellas el apoyo dado por Cuba a Venezuela para que este país presida a partir de enero próximo el Grupo de los 77, coalición de 133 países en desarrollo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Como resultado de un amplio acuerdo de cooperación firmado entre los dos países, Venezuela pasó a ser el primer socio comercial de Cuba. Uno de los principales ejes del convenio es el suministro de petróleo venezolano en condiciones de pago ventajosas y la atención en Cuba de pacientes venezolanos de bajos recursos con afecciones severas, en un número que ya supera los mil casos. La Habana presta además asesoría en la industria azucarera y ha enviado médicos y colaboradores en la esfera deportiva a Venezuela.

Cuba por el mundo

El presidente de Cuba, Fidel Castro, realizó en mayo una de sus giras más intensas de los últimos años que lo llevó por varios «países hermanos» de África, Asia y Medio Oriente en busca de alianzas políticas y económicas. El mandatario que había evitado ausencias prolongadas del país durante la crisis económica que se desató en los años 90, viajó por casi dos semanas para cumplimentar visitas oficiales a Argelia, Irán, Malasia, Qatar, Siria y Libia, además de una escala técnica en Portugal. Según observadores, en la agenda de trabajo, el mandatario llevaba como asunto prioritario la búsqueda de posiciones comunes para contrarrestar el «poder hegemónico» de Estados Unidos, el enemigo número uno desde su arribo al poder en 1959.

Para Castro, sólo una alianza del Sur en el seno del Movimiento No Alineados y del Grupo de los 77, podrá contrarrestar el aumento del «poder hegemónico de Washington» y los efectos que este proceso traerá para la independencia y economía de los países en desarrollo. La gira sucedió, además, al inicio de una ofensiva política cubana que se extendió durante todo el año a favor de que los gobiernos de América Latina y el Caribe realicen un plebiscito para definir su incorporación o no al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), como está definida y estructurada «bajo la égida de Washington».

La gira de Castro tuvo, como siempre, interpretaciones a favor y en contra entre partidarios y detractores. Más allá de consolidar alianzas políticas e impulsar acuerdos económicos, observadores indicaron que el periplo del presidente puede haber tenido también la intención de buscar alternativas para la compra de petróleo a crédito. Cuatro de los seis países visitados por Castro (Argelia, Irán, Libia y Qatar) integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), productora de casi el 40 por ciento de los 77 millones de barriles diarios de petróleo que demanda el mercado mundial. El acuerdo petrolero entre Cuba y Venezuela cubre alrededor de 31 por ciento de la demanda diaria de la isla, que se complementa con la producción local, pero aún es insuficiente para el país que, como casi siempre en los últimos años, tiene que asumir la compra de buena parte del combustible que necesita con una verdadera escasez de liquidez en las arcas del Estado.

En septiembre, el presidente cubano defendió los derechos de África a una compensación por la trata de esclavos y nuevamente se colocó al lado del pueblo palestino en su lucha contra Israel durante la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de intolerancia, celebrada en la ciudad sudafricana de Durban. En diciembre, a sólo unos días de haberse ausentado de la Cumbre Iberoamericana, Castro viajó a la III Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), realizada en la isla venezolana de Margarita, donde volvió a sobresalir su amistad con Chávez.

El mandatario, sin embargo, no asistió como se esperaba a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sida, pero su enviado, el vicepresidente Carlos Lage, llevó una de las propuestas más integrales que se hayan hecho hasta ahora a nivel mundial para intentar frenar el avance de la epidemia en África. El proyecto implica el envío a ese continente de 4.000 médicos y enfermeras, los profesores para crear 20 facultades de medicina que formarían 800 médicos cada año en los países con mayores dificultades, así como el personal que se requiera para asesorar y colaborar con las campañas de prevención del sida y otras enfermedades. Cuba no obtendría ganancia alguna y aportaría lo más costoso, los recursos humanos y el salario de su personal, pero requeriría el aporte de otras naciones o instituciones para cubrir parte de los gastos que generarían esas producciones y servicios. La idea fue aplaudida por varios países, pero, según pudo confirmar IPS, a finales del año aún no se había concretado ninguna alianza para desarrollar el proyecto.

El ministro de Salud Pública, doctor Carlos Dotres, informó en diciembre que el personal del sector sanitario que presta colaboración fuera de Cuba ascendía a 3.890 personas, ubicadas en 53 países. Del total, 2.454 laboraban en 13 naciones, en virtud del Programa Integral de Salud (PIS), establecido por Cuba luego del paso de los huracanes Georges y Mitch por Centroamérica y el Caribe. Médicos, enfermeras, técnicos, ingenieros y especialistas diversos integran estos equipos de cooperantes que trabajan en las zonas más difíciles e inaccesibles.

Como parte del mismo programa, hay más de 6.000 estudiantes becados, de ellos 4.800 en la Escuela Latinoamericana de Medicina y en la Facultad Caribeña de Santiago de Cuba. La colaboración abarca además el área de la docencia, lo que implica que personal cubano esté impartiendo clases en escuelas de medicina de Yemen, Guinea Bissau, Uganda, Guyana, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Sudáfrica.

En 2001, Noruega, Malasia, Gambia, Qatar, Malí y Noruega abrieron misiones diplomáticas en La Habana, Honduras inauguró una Oficina de Intereses y el Principado de Mónaco, un Consulado Honorario. Cuba, por su parte, mantiene relaciones diplomáticas con 171 países y tiene representaciones en 96 de ellos.

Datos del Ministerio de Relaciones Exteriores indican que la isla fue visitada por 13 jefes de Estado o de gobierno, dos vicepresidentes o viceprimeros ministros, 13 cancilleres, 35 presidentes o vicepresidentes de parlamentos y 59 ministros de diferentes ramas. En total, llegaron 550 delegaciones procedentes de 121 naciones y 24 organismos internacionales.

Cuba reanudó el diálogo político con la Unión Europea (UE), materializó su ingreso pleno al Grupo África-Caribe-Pacífico (Grupo ACP), se incorporó a la agrupación del Caribe de los ACP, conocida por sus siglas en inglés CARIFORUM, y al Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este (FOCALAE), que trata de establecer un diálogo político y la cooperación entre países latinoamericanos y asiáticos.

Durante una intervención en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, previa a la reunión ordinaria del parlamento, el canciller Pérez Roque afirmó que en este año Cuba logró apuntalar su política exterior a pesar de las presiones del gobierno estadounidense. Por un lado, Cuba logró nuevamente la condena de la ONU al bloqueo de Estados Unidos y, por el otro, más de 68.000 estadounidenses visitaron la isla. En total, llegaron de ese país 90 delegaciones, de ellas 10 integradas por miembros del Congreso y 15 provenientes del sector de los negocios.

Para el año 2002, el canciller Pérez Roque anunció entre las prioridades de la política exterior cubana continuar luchando contra el bloqueo de los Estados Unidos y contra cualquier presión externa que intente frenar el derecho cubano a escoger su propio destino. Cuba asistirá a la Cumbre de Países No Alineados, en Jordania, continuará consolidando su cooperación internacional en materia de salud, y, teniendo en cuenta que más de 117.000 cubanos residentes en el exterior visitaron a sus familiares en la isla durante 2001, el MINREX organizará una nueva conferencia La Nación y La Emigración, con el fin de retomar el diálogo con la comunidad cubana en el exterior.

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