En dos ocasiones acudieron cubanas y cubanos a las urnas en 2022, para avalar el Código de las Familias y para elegir a los delegados municipales, con porcentajes de abstencionismo que plantean retos en venideros procesos de participación política en la isla.

Se mantuvo un complejo escenario, marcado por la profundización de la crisis económica interna que agudizan el endurecimiento del embargo estadounidense, el impacto de la pandemia de covid, la guerra entre Ucrania y Rusia, la demora en la aplicación de las reformas consensuadas hace más de 10 años y el infructífero ordenamiento monetario iniciado en el 2021.

La combinación de estos y otros factores incidió en el desabastecimiento de alimentos, medicinas y bienes esenciales, además de la elevada inflación que aumentó la situación de vulnerabilidad de familias y deterioró las condiciones de vida de una parte importante de la ciudadanía, algo reconocido por el gobierno.

A ello se sumó la crisis energética durante la mayor parte del año, con apagones diarios de hasta 12 horas en casi todas las provincias, lo cual exacerbó el malestar en la ciudadanía y derivó en manifestaciones nocturnas en varias localidades.

Según estimados, más de 300 000 personas –cerca del 3% de los 11,1 millones de habitantes de la isla–, emigraron fundamentalmente hacia Estados Unidos. Tal realidad modela pronósticos sombríos para el desarrollo económico y social de un país impactado también por la baja natalidad y un acelerado envejecimiento demográfico.

A lo largo del año, el gobierno cubano lidió con hechos catastróficos como la explosión en el habanero Hotel Saratoga, el 6 de mayo, al igual que el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, capital de la occidental provincia homónima, entre el 5 y el 11 de agosto.

A ello se sumó el tránsito del huracán Ian, el 27 de septiembre, por Pinar del Río. Ese evento hidrometeorológico dañó la mitad del fondo habitacional de la más occidental de las provincias cubanas, redes eléctricas y de telecomunicaciones, así como cultivos –incluido el importante renglón exportable del tabaco– en ese territorio y en otros del oeste del país.

Las relaciones con Estados Unidos mostraron indicios de cierta distensión, a partir de medidas de la administración del presidente Joe Biden que restablecieron los vuelos directos a varias provincias, eliminaron los límites a las remesas y reanudaron los servicios consulares en la embajada en La Habana.

Nuevamente, Cuba logró el respaldo casi unánime de Naciones Unidas a la resolución contra el bloqueo, que cumplió 60 años en vigor, y denunció su permanencia en la lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo, elaborada por Washington.

En el ámbito de las relaciones internacionales, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador visitó La Habana y en noviembre, el presidente Miguel Díaz-Canel efectuó una gira por Argelia, Turquía, Rusia y China, con cuyos gobiernos renovó alianzas políticas y consiguió importantes acuerdos en varios sectores estratégicos.

 

Legislación y política interna

Uno de los momentos más interesantes de la participación política ocurrió del 1 de febrero al 30 de abril en barrios y centros laborales de los 168 municipios del país, cuando se analizó y recabó criterios de la ciudadanía sobre el anteproyecto del Código de las Familias.

También pudieron exponer opiniones alrededor de 1,3 millones de cubanos residentes en más de 120 países, a través de un sitio web gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no se contempló el ejercicio del sufragio de esta población.

Tras 25 versiones, la norma fue avalada el 22 de julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular y aprobada finalmente en las urnas, el 25 de septiembre, con casi el 67 % de los votos válidos.

Antecedió al referendo una intensa campaña gubernamental favorable al Sí, en medios, plataformas digitales y el espacio público, algo que analistas consideran pudo provocar un efecto negativo por la saturación y politización de los mensajes.

A través de comunicaciones públicas, iglesias como la católica y algunas denominaciones evangélicas se pronunciaron en contra de ciertos aspectos de la norma, a lo cual se sumaron personas con posturas antiderechos y fundamentalistas que llamaron a rechazarla.

De otro lado, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y otras voces ciudadanas cuestionaron que con tantos derechos fundamentales en juego fuera el único sometido a plebiscito de los casi 70 proyectos del cronograma legislativo 2019-2023, a partir de lo dispuesto en la Constitución vigente desde el 2019.

Funcionarios del Ministerio de Justicia insistieron en que no se hacía un referendo sobre los derechos de un grupo en específico, sino que se quería escuchar y tener en cuenta la mayor cantidad de criterios para tener una ley más inclusiva, dada su trascendencia.

Activistas, periodistas independientes, disidentes y otras personas señalaron que el Código Penal, en vigor desde diciembre, no fue objeto de plebiscito.

Si bien esta norma se destaca por incorporar delitos como la violencia familiar y aquella basada en el género y suprime las medidas de seguridad predelictiva, hubo preocupación por acápites que, según la ciudadanía, pueden ser usados para acallar voces críticas contra el gobierno y limitar el periodismo independiente.

Como parte del ejercicio legislativo, se aprobaron 14 leyes y 10 decretos leyes. Entre ellas, figuran la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de Amparo de los Derechos Constitucionales, de Ejecución Penal, de Protección de Datos Personales, del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente y la de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social, entre otras.

Tras ser nominados en reuniones barriales, a fines de noviembre y principios de diciembre, fueron electos en las urnas 12 427 delegados (concejales) municipales, encargados de gestionar la solución de problemas en el ámbito comunitario durante los próximos cinco años.

Con ese proceso comenzó el ciclo electoral que se extenderá hasta los comicios generales del 26 de marzo del 2023, para integrar la Asamblea Nacional. Este órgano con facultades legislativas y constituyentes elegirá en sufragios de segundo grado al presidente y vicepresidente de la República, para una gestión de cinco años, según la Ley Electoral de 2019.

En varios momentos se reportaron protestas en municipios del país, por los continuos y prolongados apagones debido a la crítica situación del sistema eléctrico nacional, marcada por la escasez de combustible, la rotura y la reparación de envejecidas plantas termoeléctricas que necesitan con urgencia millonarias inversiones.

Complejizó aún más esta situación, en julio, el incendio en una de las calderas de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton, Holguín, la de mayor capacidad de generación en Cuba.

En las últimas semanas del año se redujeron de forma significativa los cortes eléctricos, en paralelo a la disminución de la demanda del servicio por las frescas temperaturas de la época invernal. Se sumaron las inversiones para revitalizar plantas generadoras, el alquiler de centrales eléctricas flotantes y la incorporación de motores a base de fueloil y diésel.

Al rendir cuentas de su gestión ante diputadas y diputados, en diciembre, Díaz-Canel reconoció que los desequilibrios macroeconómicos generaron “un deterioro sustancial del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores y pensionados y de las condiciones de vida de la población”.

Otros asuntos tratados por el parlamento fueron la atención a la dinámica demográfica, la posposición de la ley de comunicación y del nuevo cronograma legislativo.

 

Tragedias

El viernes 6 de mayo, sobre las 10:50 de la mañana, una explosión atribuida a un escape de gas en el proceso de descarga de un camión cisterna dejó prácticamente en ruinas el emblemático Hotel Saratoga, de La Habana, con un saldo de 47 personas fallecidas y casi un centenar de lesionadas.

También sufrieron daños de diversa magnitud otros 23 inmuebles de los alrededores, incluidos edificios de apartamentos, una escuela y el templo de la Convención Bautista de Cuba.

Del 5 al 11 de agosto, las autoridades se enfrentaron al incendio en la Base de Supertanqueros, en la occidental ciudad de Matanzas, uno de los puntos más importante para el almacenaje y la distribución de hidrocarburos en la nación caribeña.

Una descarga eléctrica que impactó en uno de los ocho reservorios del enclave y fallos en sistemas de prevención de incendio provocaron la muerte de 17 personas, casi un centenar y medio de lesionados, así como daños económicos y ambientales por cuantificarse.

El presidente Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y parte del Consejo de Ministros supervisaron directamente las acciones para extinguir las llamas.

Fuerzas combinadas de organismo militares y la Defensa Civil recibieron el respaldo de especialistas en contención de incendios petroleros de México y Venezuela, equipamiento e insumos, a partir de la solicitud hecha por Cuba de ayuda y asesoramiento internacional.

El gobierno de Estados Unidos ofreció asesoría técnica, mientras que otras naciones como Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile enviaron ayuda material solidaria.

Por otra parte, más de 100 000 viviendas sufrieron afectaciones en Pinar del Río a causa del huracán Ian, que con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora –categoría tres en la escala Saffir-Simpson (de un total de cinco)– asoló a la más occidental de las provincias cubanas el 27 de septiembre.

Ese meteoro dejó tres fallecidos y cuantiosos daños en la agricultura, los servicios eléctricos y de telecomunicaciones.

Además de la visita del presidente Díaz-Canel y de otros funcionarios a las zonas devastadas, el gobierno designó al general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa para dirigir y coordinar las acciones de recuperación, dada su experiencia en el enfrentamiento a estos fenómenos.

Los fuertes vientos de Ian, que también se sintieron en las provincias de Artemisa, La Habana, Mayabeque y el Municipio Especial Isla de la Juventud, al final de la tarde del día 27, provocaron el colapso del sistema eléctrico nacional y dejaron a oscuras al país, hasta que los circuitos comenzaron a rehabilitarse 24 horas después.

En distintas zonas de la capital cubana y en otras provincias, personas reclamaron el restablecimiento de los servicios de electricidad y agua, mediante cacerolazos y el bloqueo de viales. En algunas protestas callejeras se exteriorizaron inconformidades con la gestión del gobierno y reclamos de cambios políticos.

Durante la noche y madrugada del 29 y el 30 de septiembre, plataformas que monitorean el tráfico global de internet corroboraron un corte masivo del servicio en el país, similar al ocurrido tras las protestas del 11 de julio del 2021.

Autoridades reconocieron la legitimidad y el derecho a esas expresiones de inconformidad. También sostuvieron que algunas estaban estimuladas desde el exterior, con el objetivo de fomentar la desestabilización interna. Se anunció la aplicación de leyes ante actos vandálicos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, agradeció la decisión de Washington de ofrecer, por vía de la Federación Internacional de la Cruz Roja, dos millones de dólares como ayuda humanitaria de emergencia para las comunidades afectadas por el huracán.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) se proporcionarían fondos “a socios internacionales de confianza que trabajan directamente con los cubanos cuyas comunidades fueron devastadas por la tormenta”.

 

Relaciones Cuba-Estados Unidos

Ligeros cambios marcaron las relaciones con Estados Unidos, aunque las muestras de distensión se alejan del espíritu y el impulso del proceso de normalización ocurrido desde fines del 2014 y hasta el 2017.

Si bien la administración Biden derogó algunas medidas de su antecesor, mantuvo a la isla en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

El gobierno de La Habana reprochó la decisión, al considerarla “una de las principales causas de las dificultades con las que tropieza Cuba para sus transacciones comerciales y financieras en muchas partes del mundo”.

En mayo, la Casa Blanca comenzó a revertir la inercia de la política mantenida hasta ese momento, la cual justificó por las condenas a participantes en las protestas del 11 de julio del 2021.

Entre las medidas más significativas estuvieron el restablecimiento del Programa de Reunificación Familiar Cubana (CFRP), así como el aumento de los servicios consulares y el procesamiento de visas en la embajada en La Habana.

A ello se sumó la reautorización de los vuelos regulares y chárteres a varias provincias, restringidos a La Habana en 2020, así como la eliminación del límite de 1 000 dólares por trimestre para el envío de remesas.

Se reautorizaron las licencias para viajes grupales de estadounidenses con fines educativos e investigativos, una medida ensayada durante la administración Obama, pues la ley estadounidense prohíbe a sus ciudadanos efectuar turismo en Cuba.

Anunciadas antes de la novena Cumbre de las Américas, las disposiciones intentaron mitigar las críticas regionales a la administración Biden, que excluyó al gobierno cubano, junto con los de Venezuela y Nicaragua, de la reunión hemisférica efectuada en la ciudad de Los Ángeles, del 6 al 10 de junio.

El Ministerio cubano de Relaciones Exteriores consideró el grupo de medidas como “positivas, pero de alcance muy limitado”, e insistió en que “no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump”.

El (CDA), entidad con sede en Washington, exhortó a la Casa Blanca a ampliar las oportunidades para el creciente sector privado de Cuba, en favor de una emigración segura y ordenada, permitiendo que familias cubanoamericanas se conecten con sus seres queridos y ampliando la ayuda y el diálogo en torno a los derechos humanos.

El 2 de junio, el diario estadounidense The San Francisco Examiner publicó la carta abierta Let Cuba live! (¡Permita a Cuba vivir!), un reclamo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de utilizar su influencia para impulsar un cambio de la política del país norteño hacia Cuba.

Como sucede desde 1992, el gobierno de la isla presentó ante la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas el proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba”.

Sin carácter vinculante, esa moción de rechazo al embargo fue aprobada el 3 de noviembre, casi de forma unánime, con 185 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y las abstenciones de Brasil y Ucrania.

De acuerdo con el informe, solo de agosto de 2021 a febrero de 2022, las prohibiciones y sanciones estadounidenses causaron pérdidas a Cuba por un valor de 3 806 millones de dólares.

El 2 de junio, un grupo de 18 exmandatarios latinoamericanos y caribeños como la brasileña Dilma Rousseff (2011-2016), los colombianos Ernesto Samper (1994-1998) y Juan Manuel Santos (2010-2018), el uruguayo José Mujica (2010-2015), entre otros, exhortaron en una carta al presidente Biden a levantar el embargo como un gesto humanitario, debido a “la delicada situación que hoy atraviesa el pueblo cubano”.

El 19 de julio, el canciller Rodríguez rechazó la inclusión de Cuba en el Informe anual sobre trata de personas, elaborado por Washington. Además de reiterar la tolerancia cero frente al tráfico de personas, el diplomático insistió en que el gobierno estadounidense “carece de autoridad moral y miente deliberadamente sobre el desempeño de Cuba contra la trata de personas”.

De igual modo, desestimó que Washington pueda “doblegar nuestro compromiso con la cooperación médica internacional”.

Si bien el informe reconoció las acciones del gobierno cubano para abordar este flagelo, como la investigación, el enjuiciamiento y la condena de traficantes, cargó nuevamente contra las misiones médicas en otros países, que califica como parte de una “política del gobierno o patrón de beneficio… con fuertes indicios de trabajo forzoso (y) empleando tácticas engañosas y coercitivas”.

En diciembre, el jefe de la diplomacia cubana también rechazó la aparición de la isla en la lista de países en los cuales el gobierno estadounidense considera se viola la libertad religiosa.

Tal designación, Rodríguez, “demuestra que, nuevamente, el gobierno de Estados Unidos necesita recurrir a acusaciones deshonestas para mantener insostenible política de abuso contra el pueblo cubano. Es sabido que en Cuba sí hay libertad religiosa”.

En tanto, varias delegaciones de congresistas y otros actores económicos y políticos estadounidenses visitaron la isla.

Por ejemplo, el 9 de noviembre, Rena Bitter, secretaria adjunta del Departamento de Estado para Temas Consulares, y Ur Mendoza, directora de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Interna, analizaron en La Habana detalles para la reanudación de los servicios de visado de inmigrantes en la embajada estadounidense, a partir del 4 de enero de 2023.

El 15 de noviembre, la subsecretaria de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, lideró la delegación estadounidense que llegó a la capital cubana para la reunión bianual sobre la implementación de los acuerdos migratorios.

Del 19 al 23 del mismo mes visitó Cuba una del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes integrada por el legislador demócrata Salud Carbajal (California), la también demócrata Jahana Hayes (Connecticut) y el republicano Jim Baird (Indiana).

Miguel Díaz-Canel reiteró la disposición de Cuba a avanzar hacia una relación respetuosa y constructiva cuando se reunió, el 10 de diciembre, con los legisladores demócratas James McGovern (Massachusetts), presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes del país norteño., Mark Pocan (Wisconsin) y Troy Carter (Luisiana).

 

Emigración

En medio del deterioro de la situación económica interna y las barreras para emprender sus proyectos de vida, más de 250 000 personas cubanas emigraron a Estados Unidos –aunque el éxodo también alcanzó otras naciones–, corroboró la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país.

Durante el año fiscal fueron devueltos a la isla por el Servicio de Guardacostas norteamericano un total de 6 182 migrantes que intentaron llegar a Estados Unidos por vía marítima, cifra superior a la suma de personas contabilizadas en el último quinquenio y mayor que las 5 396 devoluciones registradas en 2016, según las estadísticas.

Las autoridades cubanas consideran que un incentivo para la emigración ilegal lo constituye la Ley de Ajuste Cubano, de 1966, que otorga a los nacionales de la isla la residencia al año y un día de permanencia en territorio estadounidense.

Una de la cancillería cubana mostró preocupación por las medidas de Washington que “estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada, (…), provocan pérdidas de vidas y la comisión de delitos de tráfico ilícito de migrantes, fraude migratorio y trata de personas, situación que afecta a los dos países y la región”.

Mientras se constataba un aumento del tránsito de nacionales de Cuba en ruta terrestre hacia la frontera sur estadounidense, naciones como Panamá, Colombia, Costa Rica y República Dominicana decidieron exigir visado de tránsito a cubanas y cubanos que viajan a terceros países con escala en el istmo.

Ello motivó dos días de protesta de cientos de personas frente a la embajada panameña en La Habana. El 30 de marzo, el canciller Rodríguez afirmó que Washington presionaba a gobiernos latinoamericanos y caribeños para que exigieran visa de tránsito a migrantes y viajeros cubanos, y agregar obstáculos adicionales a la emigración desde la isla como parte de una creciente politización del tema migratorio.

Con la reanudación en mayo de la tramitación limitada de visados de inmigrante para los solicitantes de la categoría IR-5 (padre o madre de ciudadano estadounidense) en la embajada en La Habana, se reactivaron los servicios consulares y la entrega de visados, tras su paralización casi total desde 2017, cuando trascendieron los incidentes de salud reportados por diplomáticos estadounidenses.

La presión sobre el sistema aduanero y fronterizo estadounidense de las oleadas de migrantes de Cuba –junto con caravanas de otros países–, se considera como uno de los factores de peso para la reactivación del programa de parole de reunificación familiar, a partir de agosto.

Un mes después, se anunció que a principios de 2023 se restablecerían los de inmigrantes, en la embajada estadounidense en la capital cubana, Hasta entonces, personas interesadas en recibirlo debían viajar desde La Habana hasta Georgetown, Guyana, para un proceso dilatado, sin garantías de éxito y que encarecía las gestiones.

Según la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, en el año fiscal 2022 –del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022– se otorgaron casi 24 000 visados, en su mayoría en Guyana.

De ese modo, se cumplió por primera vez en el último lustro con el mínimo de 20 000 visas anuales, para facilitar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, establecidas por los acuerdos migratorios de 1994 y 1995.

Ambos países sostuvieron conversaciones migratorias en abril y noviembre de 2022.

 

Cumbre de las Américas

El gobierno cubano rechazó su exclusión de la IX Cumbre de las Américas, del 8 al 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, y la calificó como una decisión “arbitraria” y “sin otro sustento que acusaciones falsas y doble raseros”.

Una oficial agradeció la posición de gobiernos de la región a favor de la participación de los países en igualdad de condiciones, especialmente del presidente de México, de líderes de los estados de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) y de los presidentes de Bolivia (Luis Arce) y de Honduras (Xiomara Castro).

A su vez, el canciller Rodríguez criticó que el país norteño negociara “de manera opaca” un plan de acción en salud y de resiliencia de las Américas hasta el año 2030, y que no se incluyera a la isla, pese a su experiencia y reconocimiento internacional en ese tema.

La decisión también fue criticada el 27 de mayo, en la declaración de la XXI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), efectuada en La Habana.

Un día antes, un grupo de 15 legisladores estadounidenses envió una al presidente Biden, en la cual expresaron su preocupación por el posible menoscabo de la posición de Estados Unidos en la región al omitir de la Cumbre hemisférica a algunos gobiernos.

En el caso de Cuba, “la exclusión no fue solo contra el gobierno, sino también contra los representantes de la sociedad civil y los actores sociales, incluidos nuestros jóvenes”, afirmó Díaz-Canel al reunirse el 8 de junio con representantes de organizaciones civiles de la isla no antagónicas al gobierno.

Autoridades cubanas deploraron que más de un centenar de dichos representantes no recibieran el visado para participar en la denominada Cumbre de los Pueblos, que sesionó de forma paralela a la reunión de jefes de Estado y Gobierno en la urbe estadounidense.

La embajada estadounidense en La Habana aseguró no haber negado los permisos, sino que los visados de no emigrante se tramitaban en la sede diplomática en Guyana. Por su parte, activistas opositoras aseguraron que, pese a contar con una invitación para participar en los foros de la sociedad civil en la Cumbre, las autoridades cubanas les impidieron viajar.

 

Relaciones internacionales

A raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, iniciado en febrero, Cuba se abstuvo en varias votaciones sobre el tema en Naciones Unidas y se mostró contraria a cualquier proyecto de resolución que condenara a Moscú y no tuviera en cuenta “las legítimas preocupaciones de todas las partes” en el conflicto.

En febrero, una declaración de la cancillería cubana abogó por una solución diplomática a través del diálogo constructivo y respetuoso, a raíz de la crisis en el este de Ucrania.

Al mes siguiente, el embajador de la isla ante la ONU, Pedro Pedroso, argumentó que “no resulta posible examinar con rigor y honestidad la situación actual en Ucrania sin valorar detenidamente los factores que han conducido al uso de la fuerza”.

Entre los factores, mencionó “el empeño” estadounidense de continuar la progresión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras de la Federación de Rusia y la “entrega de armas modernas” a Ucrania que equivalen a «un cerco militar».

El 8 de mayo, el presidente de México efectuó una visita de trabajo a Cuba, ocasión en la cual ambos gobiernos acordaron reforzar la colaboración y capacitación en el ámbito de la salud, incluida la contratación de varios centenares de médicos de la isla para prestar servicios en la nación vecina.

Representantes de agencias de Naciones Unidas visitaron Cuba y abogaron por fortalecer el trabajo de colaboración internacional.

En mayo, llegó a La Habana Harold Robinson Davis, director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) para América Latina y el Caribe, acompañado por Alanna Armitage, representante del Unfpa en México y directora de país para Cuba y República Dominicana.

Durante su estancia, dialogaron con funcionarios y recibieron detalles sobre políticas de atención a la infancia, la adolescencia y las juventudes, a la dinámica demográfica y el Macroprograma de Desarrollo humano, equidad y justicia social, de acuerdo con la información oficial.

El 4 de julio inició una visita el subsecretario general de Naciones Unidas y director regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Luis Felipe López-Calva, quien valoró la cooperación con la isla en distintos proyectos sobre desarrollo sostenible, enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.

Asimismo, una delegación cubana participó en la 37 Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrada en Quito, Ecuador, del 28 de marzo al 1 de abril.

Durante la reunión, Cuba destacó la asistencia técnica y la movilización de recursos por parte del organismo con el objetivo de desarrollar sistemas alimentarios locales y proyectos de enfrentamiento al cambio climático, mientras confirmó su voluntad de apoyar a los países de la región y fortalecer la cooperación triangular y Sur-Sur en el contexto de la pandemia.

La oenegé internacional Oxfam concluyó en marzo sus acciones en la Mayor de las Antillas enfocadas en el fortalecimiento de capacidades de actores locales, apoyando iniciativas de las organizaciones copartes y políticas públicas de protección social.

También durante el año, grupos civiles, organizaciones internacionales y agencias del Sistema de Naciones Unidas colaboraron con el envío a la isla de varios donativos.

La nación caribeña acogió en agosto el reinicio de los diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Colombia, a pocos días de asumir la presidencia el izquierdista Gustavo Petro, quien se comprometió a alcanzar la “paz total” en el país sudamericano, al impulsar el proceso de negociaciones con la única guerrilla activa en el territorio.

Casi al concluir 2022, el presidente cubano visitó Argelia, Rusia, Turquía y China. Además de renovar los vínculos políticos, se firmaron importantes acuerdos en los ámbitos de la energía, la producción de alimentos, las finanzas, el transporte y la industria farmacéutica, esenciales para la golpeada economía insular.

En diciembre, Díaz-Canel viajó a Barbados para participar en la VIII Cumbre de Caricom y Cuba, que conmemoró 50 años de establecimiento de relaciones diplomáticas con los primeros cuatro estados independientes del Caribe: Jamaica, Guyana, Barbados y Trinidad y Tobago, el 8 de diciembre de 1972.

En ese mes, los mandatarios y primeros ministros de ALBA-TCP participaron en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en conmemoración del aniversario 18 del bloque de integración, tras lo cual se efectuó la XXII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.

 

Juicios por el 11 J

En enero, un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntó que 790 personas se encontraban “instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”, como consecuencia de los sucesos del 11, 12 y 13 de julio de 2021.

A través de plataformas digitales y otros espacios públicos, voces ciudadanas expusieron preocupaciones sobre los procesos legales e insistieron en la necesidad de ofrecer mayor información sobre casos individuales y de esclarecer las condenas por grupos y por edades.

En enero, junio y julio, el Departamento de Estado estadounidense anunció contra funcionarios civiles, del Partido Comunista, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en lo relacionado con restricciones de visa, por considerarlos “implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano” luego de las protestas del 11 de julio.

Las autoridades cubanas valoraron estas sanciones como irrelevantes desde el punto de vista práctico, pero con implicaciones desde el punto de vista político.

Por su parte, una declaración de la Unión Europea (UE) consideró “desproporcionadas” las sentencias contra 128 ciudadanos cubanos, sobre las cuales informó el 16 de marzo el Tribunal Provincial Popular de La Habana.

Según la instancia judicial cubana, las sentencias de seis y hasta 30 años de privación de libertad tuvieron en cuenta “el grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos, unido a la situación excepcional que vivía el país producto de la pandemia y, en observancia de lo establecido en el Código Penal vigente”.

Para la UE, estos juicios “suscitan preocupaciones importantes en relación a los principios básicos y estándares internacionales de transparencia y debido proceso, como el derecho del acusado a la asistencia legal de un abogado de su elección”.

El ministro Bruno Rodríguez rechazó la declaración y enfatizó, en un tuit fechado el 30 de marzo, que “solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso”.

También se refirió a la declaración de Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a propósito del primer aniversario de las manifestaciones, y apuntó que “la UE carece de autoridad moral para realizar juicios de valor sobre la realidad cubana”.

El 13 de junio, la FGR comunicó que un grupo de 381 personas, incluidos 16 jóvenes de 16 a 18 años, fueron sentenciados “fundamentalmente por delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos”, como parte de los procesos penales relacionados con el 11J.

Durante el propio mes, la entidad informó sobre las sentencias firmes dictadas por los Tribunales de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, derivadas de los hechos del 11J y de otras cuatro sentencias firmes contra 33 personas de La Habana y Mayabeque que presentaron recursos contra sus sanciones.

El gobierno cubano calificó de “disturbios” las protestas del 11 de julio de 2021 en más de 40 ciudades cubanas y sostuvo que fueron atizadas desde grupos de poder en la nación vecina para operar un cambio de régimen.

Algunos ciudadanos apresados fueron absueltos. En otros casos, las sanciones resultaron subsidiadas por trabajo correccional con y sin internamiento y limitación de libertad, de acuerdo con la información aportada por la FGR.

Sobre los juicios, familiares de los condenados, activistas y organizaciones internacionales señalaron irregularidades, falta de garantías y penas sobredimensionadas. Las autoridades judiciales afirmaron que las causas cumplían con el debido proceso.

 

Bitácora opositora

Luis Manuel Otero Alcántara: Sancionado en junio a cinco años de privación de libertad, por “los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos”. La vista oral del caso se efectuó el 30 y 31 de mayo en el Tribunal de Marianao, en La Habana. Solo accedieron familiares de los detenidos y testigos; ni diplomáticos ni medios de prensa internacionales fueron autorizados a participar.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio del 2021, al intentar sumarse a las protestas sociales de ese día. Autoridades aseguran que recibe financiamiento desde Estados Unidos para promover acciones de desestabilización social y que no se le juzgó por sus ideas políticas.

como Human Rights Watch y Amnistía Internacional piden su liberación y consideran prisionero de conciencia al líder del opositor Movimiento San Isidro.

Maikel “Osorbo” Castillo Pérez: En junio recibió una sentencia de nueve años de cárcel “por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires”.

La vista oral del caso tuvo lugar el 30 y 31 de mayo, en el Tribunal de Marianao, en La Habana, a la cual accedieron únicamente familiares de los detenidos y testigos; ni diplomáticos ni medios de prensa internacionales fueron autorizados a participar. Se encuentra en prisión desde mayo de 2021.

Autoridades aseguran que recibe financiamiento desde Estados Unidos para promover acciones de desestabilización social y que no se le juzgó por sus ideas políticas. como Human Rights Watch y Amnistía Internacional piden la liberación de Castillo y consideran prisionero de conciencia al rapero y uno de los intérpretes de la canción “Patria y Vida”.

Anamely Ramos: Denunció en varias ocasiones que la aerolínea estadounidense en la cual debía viajar a Cuba desde el estado de La Florida le impidió el vuelo por restricciones del gobierno cubano para su entrada al país. Viajó en enero de 2021 a México para realizar un doctorado y de ahí se trasladó a Estados Unidos.

La activista, una de las participantes en los sucesos y el desalojo del Movimiento San Isidro, en noviembre de 2020, impulsó denuncias sobre la violación de sus derechos como ciudadana cubana para regresar a la isla.

Omara Ruiz Urquiola: En al menos cuatro ocasiones (junio, julio, octubre y diciembre), denunció que la aerolínea estadounidense en la cual debía viajar a Cuba desde el estado de La Florida le impedía el vuelo por restricciones del gobierno cubano para su entrada al país.

Carlos Manuel Álvarez: En noviembre, denunció que la aerolínea estadounidense en la cual debía viajar a Cuba desde Estados Unidos le impedía el vuelo por restricciones para su entrada al país, mantenidas por el gobierno cubano. El periodista y escritor es uno de los participantes en los sucesos y el desalojo del Movimiento San Isidro, en noviembre del 2020.

Ariel Ruiz Urquiola: En julio, durante dos semanas, realizó una huelga de hambre y sed frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. El biólogo y activista exigió dialogar con un comisionado de la entidad para denunciar alegados malos tratos contra su persona, vulneración de derechos humanos y mala praxis médica contra su hermana, Omara Ruiz, además de condenar la prohibición de entrada a Cuba de esta última.

Presos políticos: Activistas políticos, la organización internacional Human Rights Watch y Prisoners Defenders contabilizaron 1 057 presos políticos en cárceles cubanas. Las autoridades de la isla negaron la existencia de prisioneros políticos y subrayaron que en todos los casos se sigue el debido proceso y apego al Código Penal.

A través de las redes sociales digitales, activistas opositores denunciaron presiones de autoridades para que abandonaran el país, por sus posturas críticas contra el gobierno.

 

Los desafíos del nuevo año

Agudizados problemas sociales y un plan de estabilización económica deben ser, entre múltiples prioridades, urgencias del nuevo parlamento en Cuba. Tras los comicios del 26 de marzo del 2023, se constituirá y elegirá al nuevo gobierno para el próximo lustro.

La disponibilidad, variedad y calidad de los alimentos, los precios y salarios, la escasez de medicinas, la emigración de decenas de miles de jóvenes y profesionales, la baja natalidad y el aumento de la población mayor de 60 años, las vicisitudes para transportarse y el deterioro creciente del fondo habitacional suponen tareas igualmente perentorias.

De acuerdo con investigadores sociales, urgen medidas para reducir la pobreza, la mengua en la calidad de los servicios públicos, el papel del mercado negro en la satisfacción de múltiples necesidades, así como indisciplinas, delitos y corrupción, entre otros fenómenos para los que recomiendan aumentar aún más la atención y el manejo integral por parte del gobierno.

Del avance y desarrollo positivo de los planes económicos dependerá en buena medida que se atenúen las tensiones y la conflictividad ante los problemas sociales acumulados. Ello permitirá, asimismo, impulsar las estrategias dirigidas a mitigar la emigración, estimular la fecundidad y hacer frente al envejecimiento demográfico.

Existen múltiples interrogantes sobre cuánto pudieran avanzar las relaciones con Estados Unidos en el año previo a las elecciones presidenciales, cuando la administración demócrata buscará la reelección y, pese a discretos pasos para rebajar tensiones con Cuba, no parece probable un drástico cambio de política para eliminar sanciones y la política de presión contra el gobierno de la isla.

En el ámbito de sus relaciones exteriores, y más allá de tradicionales alianzas con socios estratégicos, el gobierno cubano se encuentra en un momento más favorable para mejorar los nexos con América Latina y el Caribe, donde aumenta la cantidad de gobiernos progresistas.

Al nuevo parlamento le espera el análisis de leyes, algunas de ellas polémicas, como la de Comunicación Social, la de Transparencia y Acceso a la Información, la de Formas Asociativas, la de Empresas y la de Salud Pública, que contempla el reconocimiento de la eutanasia como el derecho a una muerte digna. (2022)