El anuncio de algunas medidas sobre un programa de estabilización macroeconómica para 2024, que incluirá alzas de precios en servicios esenciales, despertaron en la población cubana inquietud, desesperanza y hasta descontento al culminar un año considerado entre los peores de las últimas décadas.

En medio de una indetenible inflación, carestía generalizada y deterioro de los servicios básicos, durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en diciembre, se comunicó sobre la contracción del producto interno bruto (PIB) de 1% a 2%, contario a 3% de crecimiento pronosticado 12 meses antes.

El gobierno reconoció asimismo errores en la implementación del ordenamiento monetario iniciado en 2021 lo que sumado a la inefectividad de políticas para dinamizar sectores productivos complican las posibilidades de revertir problemas sociales acumulados y detener el empobrecimiento de parte de la ciudadanía.

Déficit de medicamentos, dificultades con la transportación y el suministro eléctrico debido a la crisis de combustible y el incremento de robos y hechos de violencia reportados a través de plataformas digitales y medios de prensa alternativos, añadieron tensiones al contexto interno en este país insular del Caribe de 11 millones de habitantes.

Sin sorpresas en los resultados, los comicios del 26 de marzo en Cuba refrendaron los 470 candidatos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la cual redujo el número de integrantes.

En sufragios de segundo grado fue investido para un segundo mandato de cinco años el actual presidente Miguel Díaz-Canel, de 63 años. Fueron reelectos asimismo el vicepresidente de la República, al igual que el presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado.

Aunque en menor medida a los registrados en 2022, los apagones mantuvieron en vilo las actividades cotidianas de cubanas y cubanos, en lo cual influyó las roturas de termoeléctricas y los mantenimientos a las unidades de generación, altamente dependientes de la quema de combustibles fósiles.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos permanecieron sin cambios sustanciales, la inclusión de la isla en varios de los listados que anualmente realiza Washington y críticas de las autoridades a la persistencia por parte del actual gobierno de Joe Biden a mantener la mayoría de las medidas dispuestas por la administración de Donald Trump (2017-2021).

En noviembre, cubanas y cubanos residentes en 57 países participaron en La Habana en la IV Conferencia La Nación y la Emigración, con análisis sobre las políticas migratorias y sus perspectivas; las oportunidades para ampliar proyectos de cooperación, negocios e inversión, así como de cultura e identidad, entre los temas fundamentales.

 

Situación interna

Al anunciar las venideras medidas, a fines de diciembre, el primer ministro Manuel Marrero se refirió a la reevaluación de las exoneraciones fiscales y su efecto en la economía, con el fin de eliminar las que no se justifiquen y asegurar el cobro de impuestos para elevar los ingresos al presupuesto.

Durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal, el 15 y 16 de diciembre, se incluyeron 15 nuevos lineamientos, entre ellos la supresión del relacionado con el seguimiento a la implementación de la Tarea Ordenamiento, “ya que esta no ha cumplido todos los objetivos trazados”, trascendió.

Se propuso adicionar nuevos lineamientos asociados con la implementación de un programa de estabilización macroeconómica, “que establezca un entorno monetario, cambiario, financiero y fiscal para impulsar la recuperación y el crecimiento de la economía, la convertibilidad y funciones de la moneda nacional y la reducción de la inflación”.

En mayo, durante una reunión del Comité Central del PCC, el entonces ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, confirmó que al cierre de 2022 solo 11 de los 201 lineamientos calificaban “con progreso”.

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El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció errores en la implementación de la llamada tarea Ordenamiento, iniciada en enero de 2021, desde el diseño hasta su aplicación, y exhortó a corregir “distorsiones” en la misma.

Dos de los problemas más acuciantes y marcada incidencia social, la producción de alimentos y la construcción de viviendas, siguen sin concretar sus metas.

Atrasos en la distribución de alimentos racionados impactaron de forma negativa en una mayoría de familias, agobiadas por el creciente costo de la vida y deterioro del poder adquisitivo con el actual sistema de salarios y pensiones.

Se trata de un asunto de especial preocupación debido a las magras producciones internas, inflación y creciente desigualdad social.

Algunos investigadores estiman que alrededor de un tercio de la población cubana vive con pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas, y han alertado sobre un incremento de la precarización de los indicadores del nivel de vida de las familias.

Alertan asimismo sobre el acelerado envejecimiento demográfico, con aproximadamente 23 % de la población con 60 años y más, lo cual además de plantear desafíos a las metas de desarrollo incrementa la franja de personas consideradas en desventaja social.

“Somos conscientes de los problemas acumulados en la situación económica y social, los cuales generan crisis que afectan al país. Debemos abordar estas desigualdades sociales que se están extendiendo”, sostuvo el presidente Díaz-Canel ante las y los legisladores.

A fines de año, se extendió hasta el 31 de marzo de 2024 la autorización temporal que permite a las personas que llegan al país importar en su equipaje medicamentos sin límite de cantidades y exenta del pago de los aranceles aduanales, algo que permite a una parte de la población acceder a estos insumos deficitarios.

 

Crisis energética

Pero a diferencia de otras etapas, los cortes eléctricos se debieron sobre todo a la escasez de diésel y fueloil lo cual afectó el respaldo que aportan la generación distribuida -integrada por motores fuel y grupos electrógenos diésel emplazados en los 168 municipios-, así como las unidades flotantes (patanas) contratadas a Turquía.

Junto con exhortaciones al ahorro, las autoridades recomendaron estimular el trabajo a distancia y el teletrabajo, ajustar los horarios de las entidades estatales y apagar equipos de climatización a ciertas horas, mientras se priorizaron sectores como la agricultura, la salud, el turismo y el bombeo de agua.

También disminuyó la entrega de combustible para la transportación pública, basada principalmente en autobuses. Con precios más económicos, las reducciones afectan a la ciudadanía con menos poder adquisitivo.

La falta de combustible motivó la cancelación de los multitudinarios y tradicionales desfiles del 1 de mayo y se convocó a realizar otras actividades en centros laborales, comunidades y municipios, bajo el principio de “racionalidad y máxima austeridad” y con el empleo del transporte indispensable.

Las crisis energéticas se han hecho más recurrentes desde 2019, en paralelo al deterioro de la situación económica interna, la escasez de divisas, el fortalecimiento del embargo estadounidense y el envejecimiento de la red electroenergética urgida de fuertes inversiones y modernización.

 

Elecciones

En las elecciones del 26 de marzo votó 75,92% de los 8 120 072 cubanas y cubanos mayores de 16 años en el padrón electoral, de acuerdo con el Consejo Electoral Nacional.

Con 90% de boletas válidas y más del 50 % más uno de los sufragios efectivos necesarios para cada candidato, los 470 aspirantes electos constituyeron el 19 de abril la décima legislatura de la ANPP, para el periodo 2023-2028, con una membresía inferior a la precedente, de 605 puestos.

Del total de nuevos legisladores más de 55% son mujeres; 20% tienen hasta 35 años; 45% son personas negras y/o mestizas; la edad promedio es 46 años; 95% son graduados universitarios y 63% son nominados por primera vez, indican las estadísticas.

En elecciones de segundo grado las y los parlamentarios reeligieron en abril como presidente de la República a Miguel Díaz-Canel, para un segundo mandato de cinco años (hasta 2028).

Ratificaron para idéntico periodo a Salvador Valdés Mesa como vicepresidente de la República y a Esteban Lazo como presidente del Consejo de Estado, órgano de la ANPP.

Los comicios estuvieron antecedidos por el llamado de sectores opositores y activistas a abstenerse o votar en contra. Según las autoridades, tales pronunciamientos fueron parte de una campaña alentada en las redes sociales, fundamentalmente por sectores adversos desde Estados Unidos.

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Poco más de 24% del total de personas convocadas no concurrió a las urnas y casi 10% de quienes ejercieron ese derecho votaron en blanco o anularon el sufragio.

Tales cifras de abstencionismo o rechazo a las propuestas confirmaron la tendencia a un mayor porcentaje de apatía hacia la participación electoral, con respecto a los índices de años atrás, cuando la asistencia oscilaba de 90 a 95%.

En las votaciones para diputados hace cinco años participó 82,9% de las personas con derecho al voto.

Líderes opositores, catalogados oficialmente como “mercenarios” a sueldo de la política de Estados Unidos hacia Cuba, deploraron que los mecanismos establecidos impidieron su inclusión en las boletas.

Plataformas opositoras informaron sobre presuntas irregularidades para exigir el voto como llevar boletas a las casas –posibilidad solo pautada para personas con algún impedimento físico, según la ley–, así como restricciones de movilidad o cortes del servicio de internet a activistas durante esa jornada.

Como parte del cronograma legislativo se aprobaron varios decretos leyes y legislaciones entre las cuales sobresalieron la Ley de Comunicación Social, que prohíbe los medios independientes, o la Ley de Salud Pública, que ratificó el acceso universal y gratuito a los servicios sanitarios, aunque derivó para “cuando las condiciones estén dadas”, el polémico procedimiento de la eutanasia.

 

Relaciones Cuba-Estados Unidos

El gobierno cubano reconoce que, si bien la administración Biden adoptó decisiones “positivas, pero de alcance muy limitado” en materia de visados, migración regular, vuelos y remesas, mantiene las medidas de “máxima presión” dispuestas por Trump.

De acuerdo con funcionarios, no ha habido cambios sustanciales, ni perspectivas de que los haya, después de tres años de gestión de la administración demócrata del presidente Joe Biden, que mantuvo a la isla en la lista de estados que, a los ojos de Washington, patrocinan el terrorismo.

Tal decisión, aprobada por la saliente administración Trump en enero de 2021, aumenta los obstáculos para el acceso a fuentes de financiamiento e inversiones extranjeras, pues como consecuencia de las leyes del embargo vigente desde 1962, bancos de terceros países que acepten pagos, depósitos o cuentas de empresas cubanas en dólares pueden estar sujetos a multas.

Las dificultades para operar con la divisa norteamericana incrementan el riesgo-país para operaciones comerciales, elevan las tasas de interés y encarecen los financiamientos externos, deploran autoridades.

El gobierno estadounidense también mantuvo a Cuba en los listados relacionados con la trata de personas, la libertad religiosa y el respeto a los derechos humanos, inclusiones rechazadas en cada caso por La Habana.

En septiembre, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, se reunió en Washington con Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

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Las partes significaron el “avance” en varios temas sobre cuestiones migratorias y la cooperación en aplicación de la ley, salud, ciencia y tecnología, aunque “no pudieron reducir las diferencias” sobre la permanencia en la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo y el embargo.

El 30 de octubre, 25 legisladores del estado de Nueva York solicitaron al presidente Biden y a Charles Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado del bicameral Congreso estadounidense, “que actúen de inmediato para levantar el cruel e injustificado bloqueo económico contra Cuba”.

Un elemento positivo resultó la reanudación en enero del envío de remesas a Cuba mediante la compañía Western Union, lo cual puso fin a la decisión que, en noviembre de 2020, llevó al cierre de sus más de 400 oficinas en la isla.

Un grupo de 14 empresarios y agricultores estadounidenses de diferentes estados, pertenecientes a la Coalición Agrícola EE.UU.-Cuba, llegaron a La Habana en abril para participar en la IV Conferencia Agrícola entre Cuba y Estados Unidos.

Para el presidente de la Coalición Agrícola, Paul Jonhson, el embargo estadounidense perjudica los intereses de los empresarios de ambos países y destacó las oportunidades de relaciones a partir de nuevas políticas económicas en Cuba y el crecimiento del sector privado.

En mayo,  ambos Gobiernos tuvieron un intercambio técnico en La Habana sobre cooperación para el enfrentamiento al terrorismo. Trataron acerca del secuestro de aeronaves y embarcaciones marítimas, así como del empleo de redes digitales con fines violentos, según informó el Ministerio del Interior.

 

Votación en ONU contra el embargo

Como sucede desde 1992, el gobierno de la isla presentó el 1 y 2 de noviembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas el proyecto de resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.

La moción fue aprobada por 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y la abstención de Ucrania.

Aunque carece de fuerza vinculante, las autoridades de la isla lo consideran un triunfo diplomático.

El informe que durante 31 ocasiones ha recibido el respaldo mayoritario de la comunidad internacional enfatizó que del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023 las prohibiciones y sanciones causaron a Cuba pérdidas por 4867 millones de dólares.

El gobierno de este país caribeño sostiene que el embargo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de toda la ciudadanía y transgrede las normas y principios en los que se sustenta el sistema de relaciones internacionales, incluidas las normas internacionales del comercio y la navegación.

Para La Habana, Washington utiliza las carencias derivadas del embargo para inducir un estallido social y un cambio del sistema político de orientación socialista.

Su levantamiento resultaría un factor significativo que ayude a mitigar “los niveles de desencanto, angustia, desesperación e insatisfacción de la población producto de la inestabilidad de bienes y servicios de primera necesidad y las dificultades materiales”, reconoció el informe anual presentado en la ONU.

 

Emigración

Alrededor de 62 000 cubanas y cubanos recibieron durante el año el permiso humanitario de residencia temporal, conocido como “parole”, implementado en enero por la administración del presidente Biden para contener los arribos de migrantes irregulares de Cuba, así como de Nicaragua y Haití.

En medio del deterioro de la situación económica, creciente inflación, depreciación de salarios y pensiones, así como de escasez y altos precios de alimentos, medicinas y productos esenciales, se calcula que solo a Estados Unidos se marcharon en los dos últimos años unas 425 000 personas.

Si se tiene en cuenta que otras decenas de miles enrumbaron a disímiles naciones, la cifra total de migrantes cubanos en ese periodo podría superar 4,5 % de los 11 millones de habitantes de la isla, según algunos cálculos.

La crisis económica interna y una de sus consecuencias, la emigración como una estrategia de sobrevivencia, acrecienta la posibilidad de que personas sean víctimas de redes de trata, pese a un marco legal fortalecido para enfrentar tal flagelo.

En agosto el Informe nacional de Cuba sobre prevención y enfrentamiento a la trata de personas y protección a las víctimas, el cual se publica desde 2013, expuso que en 2022 se juzgaron seis casos de ese tipo.

Según el texto, la cifra “denota la baja incidencia de este delito en el territorio nacional como resultado de las acciones preventivas y de enfrentamiento”, de la política de “tolerancia cero” frente al fenómeno, así como de “la ausencia de redes delictivas organizadas radicadas en el país”.

En abril y octubre Cuba y Estados Unidos efectuaron en Washington y La Habana, respectivamente, las tradicionales reuniones sobre la implementación de los acuerdos migratorios.

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Cuba reiteró la preocupación por las que considera medidas de estímulo a la migración ilegal, en específico al reforzamiento del embargo desde 2019, al igual que “el trato preferencial que aún reciben los cubanos que entran de manera ilegal en el territorio estadounidense y la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano”, subrayó  del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Insistió en la importancia de restablecer en la Embajada estadounidense en La Habana el procesamiento de visas de no inmigrante, pues tras seis años, “resulta inexplicable al ciudadano cubano la obligación de viajar a un tercer país para obtener una visa… y se demostró la falsedad de las causas que se alegaron para cerrar tales servicios en Cuba”, en referencia a los alegados incidentes de salud reportados por diplomáticos estadounidenses en 2017.

Como consecuencia del fallecimiento de 10 cubanos y casi 20 heridos en un accidente de tránsito en octubre en Chiapas, México, y el aumento del flujo migratorio irregular de ciudadanos de la isla a través del corredor centroamericano hacia Estados Unidos, el Minrex instó a Washington a adoptar las medidas necesarias “para impedir las trágicas consecuencias de la emigración irregular”.

Durante 2023 fueron devueltos a Cuba, en su mayoría desde Estados Unidos, 5253 migrantes irregulares.

La Guardia Costera estadounidense dio cuenta de la intercepción en el mar durante el año fiscal (1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023) de alrededor de 7000 migrantes cubanos.

 

Conferencia La Nación y la Emigración

Pactada originalmente para 2020, y pospuesta debido a la pandemia, la IV Conferencia La Nación y la Emigración realizada en la capital cubana el 18 y 19 de noviembre continuó el diálogo iniciado décadas atrás sobre temas e intereses comunes entre las autoridades de este país insular del Caribe y los más de dos millones de residentes permanentes en el exterior.

Con debates a puertas cerradas, los intercambios fueron “respetuosos, abiertos, sin temas tabúes y con libertad para plantear inquietudes”, y teniendo como premisa “el respeto irrestricto a la soberanía e independencia de la Patria”, según funcionarios.

Al clausurar el encuentro, el presidente Díaz-Canel reiteró que el compromiso de fortalecer los vínculos con los cubanos en cualquier latitud “es invariable y es irreversible”.

Durante el año se mantuvo la prórroga de estancia ininterrumpida en el exterior, más allá de los 24 meses que establece la ley, para mantener la residencia, anunciada en marzo de 2020 durante la covid, a fin de evitar el traslado de los connacionales en aquel contexto.

A partir del 1 de julio entró en vigor un paquete de medidas que extendieron la validez del pasaporte de seis a 10 años para los ciudadanos cubanos de 16 años en adelante, la eliminación de la prórroga obligatoria cada dos años, y una disminución de su costo, lo cual respondió a un largo reclamo ciudadano.

No obstante, persisten restricciones de retorno para quienes abandonaron misiones o contratos oficiales en el exterior, como médicos y deportistas; así como de personas consideradas “reguladas” a las cuales las autoridades impiden su salida o entrada al país a partir de varias causales que incluye “cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen”.

 

Relaciones con la UE

En su visita a Cuba del 25 al 27 de mayo, Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, confirmó el respaldo del bloque al proceso de modernización de la economía de la isla.

Durante el tercer Consejo Conjunto Cuba-UE, efectuado el día 26 en La Habana, el también vicepresidente de la Comisión Europea subrayó que el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) firmado en 2016, y que se aplica de forma provisional desde 2017, resulta clave para “fortalecer nuestras relaciones en las áreas del diálogo político, de la cooperación y del comercio”.

Remarcó la oposición unánime de la UE al mantenimiento del embargo estadounidense, y criticó la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo elaborada por Washington.

Como uno de los acuerdos resultantes de la estancia de Borrel, visitó Cuba el 23 y 24 de noviembre Eamon Gilmore, representante especial de la UE para Derechos Humanos.

Gilmore presidió la delegación europea al IV Diálogo de Derechos Humanos entre Cuba y la UE, como parte del ADPC.

“Como en ocasiones anteriores, se evidenciaron diferencias de posición respecto a varios de los temas abordados. No obstante, se identificaron también áreas de coincidencia que brindan oportunidades para la cooperación”, precisó el Minrex.

Entre los cuatro acuerdos de cooperación pactados sobresale el dirigido a discutir y adoptar, durante el primer trimestre de 2024, un cronograma de intercambios técnicos en diversas áreas de derechos humanos.

Estos pudieran incluir las relativas a las mejores prácticas en materia legislativa, al adelanto de la mujer, derechos sexuales y reproductivos, derechos de la infancia, derechos de personas en situación de discapacidad, entre otras.

Gilmore dialogó con el presidente Díaz-Canel, así como con funcionarios y representantes de instituciones gubernamentales y civiles.

A su vez, algunas organizaciones no gubernamentales exhortaron al representante especial a indagar sobre la situación de más de 1000 personas a los cuales consideran prisioneros políticos, sobre todo, las encarceladas tras las protestas en alrededor de 15 ciudades y poblados de la nación caribeña en julio de 2021.

En el Diálogo sobre Derechos Humanos de este año, “las partes trataron sobre los derechos civiles y políticos, incluidas la libertad de opinión, de expresión, de reunión y de asociación, así como el acceso a la información”, señaló una declaración de la UE.

Bruselas reiteró su llamamiento al gobierno cubano para que garantice “el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de sus ciudadanos en estos ámbitos”, enfatizó.

Gilmore confirmó a través de su cuenta en la red social X, que se reunió “con una amplia gama de actores de la sociedad civil, incluidos familiares de presos políticos. En reuniones con el gobierno y en el Diálogo sobre Derechos Humanos, reiteré el llamado de la UE a favor de las liberaciones”.

El presidente Díaz-Canel insistió en “la importancia del diálogo y la cooperación como vías efectivas para la promoción y protección de los derechos humanos, sin politización, selectividad, dobles raseros ni injerencias en los asuntos internos de las partes”, precisó la nota de la Cancillería cubana.

Antes, en enero, el ministro cubano de Justicia Oscar Silvera dialogó con embajadores de la UE en La Habana, en el marco del Diálogo político Cuba-UE vigente desde 2017. De acuerdo con fuentes diplomáticas se abordó las condenas a los manifestantes de las protestas del 11J y se habría planteado la posibilidad del indulto.

El Minrex calificó la cita de “conversación sincera, abierta, respetuosa y provechosa”.

 

Cumbre del G77

Cuba asumió en enero la presidencia del Grupo de los 77 y China (G77 y China) y como país anfitrión decidió enfocar la cumbre efectuada en La Habana, el 15 y 16 de septiembre, en los desafíos de la ciencia, la tecnología y la innovación como un componente esencial del debate político asociado al desarrollo.

La declaración política de la Cumbre reconoció el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares, facilitadores y catalizadores del crecimiento inclusivo y sostenible, y destaca la oportunidad que ofrecen para el pleno disfrute de todos los derechos humanos por todas las personas, incluido el derecho al desarrollo.

Si bien las autoridades insistieron en que se trataría de una reunión “austera” y con los recursos mínimos, analistas consideran que la isla se anotó un triunfo diplomático al reunir en La Habana a más de 1300 participantes de 116 países y 12 organizaciones y agencias del sistema de la ONU.

Participaron 31 jefes de Estado y de Gobierno, 12 vicepresidentes, decenas de ministros de múltiples carteras y otros altos dignatarios del grupo considerado la coalición más grande de países en desarrollo, equivalente a dos tercios del quórum de Naciones Unidas y en su conjunto 80% de la población mundial.

Durante la reunión se aprobó la reincorporación al G77 de la nación número 135, México, fundador de este foro multilateral y que abandonó en 1994, tras ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Otros análisis sostienen que la reunión sirvió para una mayor cohesión y presencia internacional del Grupo, fortalecer posiciones y trazar estrategias comunes, así como defenderlas como bloque en los diferentes espacios de negociación global.

En enero de 2024 Cuba traspasó a Uganda la presidencia pro tempore del G77 y China durante la Tercera Cumbre del Sur en Kampala, capital de la nación africana.

 

Relaciones internacionales

La Habana acogió en junio una nueva ronda de los Diálogos de Paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, momento cuando se firmó un acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional y temporal que incluyó la preparación para la puesta en marcha del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

Se ultimaron preparativos para la participación de la sociedad en la construcción de la paz, que incluyó la conformación de un Comité Nacional.

En octubre, el país presentó el Informe Nacional de Cuba al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH).

Durante el anterior examen, en 2018, el país caribeño recibió 339 recomendaciones, de las cuales aceptó 226, indicó que tomaría nota de 83 y rechazó 30.

Al respecto, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que de las recomendaciones aceptadas en el EPU anterior, se cumplieron 215 (95 %), se avanza en los procesos de implementación de los 11 restantes y que desde entonces el gobierno “ha dado pasos significativos en la actualización de su marco jurídico e institucional para la realización de todos los derechos humanos para todos los cubanos”.

El presidente Díaz-Canel se reunió en julio con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el contexto de la III cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), efectuada en Bruselas.

Entonces ratificó la “voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos de Derechos Humanos de la ONU sobre la base del diálogo respetuoso y constructivo”.

Los derechos humanos resultan un tema controversial en Cuba, país signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Activistas organismos internacionales y Estados han instado que el país caribeño ratifique los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, enfocados en el respeto a derechos como la libertad de expresión, de asociación, de circulación, de ideas y a la no discriminación por opinión política, entre otros.

En octubre, y con el voto de 146 estados, la isla fue electa por sexta ocasión al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para el periodo 2024-2026.

Cuba mantuvo su apoyo a la causa Palestina y en diciembre la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó una declaración de solidaridad en la cual condenó las agresiones israelíes contra la Franja de Gaza y demandó el cese de los ataques del Ejército de Tel Aviv contra la población civil.

De acuerdo con funcionarios de la Cancillería, se afianzaron los vínculos de la isla con América Latina y el Caribe, África, Medio Oriente y Asia, al igual que con Rusia, Turquía, Serbia y con la Unión Económica Euroasiática.

Del 28 de noviembre al 5 de diciembre el presidente Miguel Díaz-Canel efectuó un periplo por Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar e Irán, con el objetivo de consolidar las relaciones políticas, así como incentivar los nexos comerciales y científico-tecnológicos.

La concreción de los acuerdos firmados pudiera significar para este país caribeño un aumento de la recepción de inversión extranjera directa, acceso a fondos de proyectos de cooperación internacional, importación de productos, así como la posibilidad de exportar algunos bienes y servicios.

Díaz-Canel asistió primeramente a la 28va Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 28), que sesiona en la ciudad de Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre.

Además de liderar la delegación de la isla a la cita, el mandatario dirigió la reunión de líderes del Grupo de los 77 y China (G-77), convocada por Cuba en su condición de presidente pro témpore de ese grupo de 134 naciones del llamado Sur global, los días 1 y 2 de diciembre.

En su condición de presidente del G77 y China, el presidente Díaz-Canel participó en junio en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial en París, y en agosto acudió a la Cumbre de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), celebrada en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.

En cada caso, esas giras internacionales se completaron con visitas a Italia, el Vaticano, Serbia y Francia, en el caso de Europa, y a Sudáfrica, Mozambique y Namibia en el continente africano.

 

Bitácora opositora

Alina Bárbara López Hernández: Intelectual residente en Matanzas que a fines de noviembre es declarada culpable de un delito de desobediencia por un tribunal de la occidental provincia que le impone una multa. López Hernández se niega a pagar por considerar falsos los argumentos de la fiscalía y al proceso plagado de irregularidades.

Defiende el derecho a la manifestación pacífica que otorga la Constitución de la República. Efectúa cada día 18 una acción cívica no violenta en el parque de la Libertad, en Matanzas, con varias demandas: el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente para redactar una nueva constitución aplicable en todas sus partes, que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema, libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión.

López Hernández sostiene haber sido objeto de actos de represión e intimidación contra su persona, violación de sus derechos humanos y ciudadanos, acoso en redes sociales, agresiones físicas, la suspensión del servicio de internet, la prohibición de viajar y presiones hacia sus familiares más cercanos.

Organizaciones han mostrado preocupación por su caso.

Protestas en Caimanera: Prolongados cortes de electricidad y los efectos de la crisis llevan a que ciudadanos se manifiestan públicamente el 6 de mayo en ese municipio de Guantánamo. Autoridades y medios oficiales aseguraron entonces que se debió a “insatisfacciones y necesidades poblacionales que no han sido atendidas con sistematicidad y otras que requieren ser atendidas”. Saimara Llamaré Galano, presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Caimanera, aseguró que “varias personas en estado de embriaguez… eludieron el diálogo civilizado para exponer sus reclamos y actuaron con la manifiesta intención de alterar el orden público, por lo que se requirió la correspondiente acción policial” y que serían llevados a juicio.

Durante las protestas se produjo un corte de Internet por varias horas.

Sentencias a presos del 11J: En enero, tribunales de La Habana emiten condenas para varias de las personas participantes en las protestas ciudadanas del 11, 12 y 13 de julio de 2021. Las sentencias varían desde trabajo correccional sin internamiento, otros con internamiento, hasta penas de hasta 15 años de privación de libertad por el delito de “sedición”. De acuerdo con la Fiscalía, los condenados se movilizaron con “el propósito de generar la desestabilización del orden social y político establecido en la República de Cuba”, participaron en hechos violentos, tiraron piedras y gritaron consignas contra el presidente en el habanero municipio de Arroyo Naranjo y en las proximidades de la Esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre.

Los juicios contra participantes en las protestas del 11J se efectúan desde fines de 2021, sin acceso de medios de prensa internacionales. Hasta el momento se han dictado unas 700 sentencias relacionadas, algunas de hasta 30 años de cárcel, según el seguimiento de organizaciones independientes como Justicia 11J y Cubalex. Las autoridades cubanas argumentan que las personas encauzadas violaron la ley y han recibido juicios y sentencias basadas en el debido proceso.

Juicio por protestas en Nuevitas: En septiembre, la Fiscalía en Camagüey solicita penas de entre cuatro y 15 años de cárcel contra 14 personas participantes en las protestas de agosto de 2022 en la localidad de Nuevitas, acusados en su mayoría de sedición. Personas en la urbe costera se manifestaron el 18 y 19 de agosto de 2022 ante los prolongados cortes de electricidad de hasta 18 horas al día.

Presos políticos: La organización Prisoners Defenders cifra en 1063 las personas prisioneras por motivos políticos en la isla, en su mayoría por los hechos del 11J. Las autoridades cubanas niegan la existencia de presos políticos y subrayan que en todos los casos se sigue el debido proceso y apego al Código Penal vigente.

 

Con la lupa en 2024

Analistas concuerdan en que uno de los principales retos del gobierno para 2024 está en la aplicación urgente y coherente del anunciado programa de estabilización macroeconómica, cuyos detalles siguen sin ver la luz pública.

El éxito del programa tiene entre sus obstáculos principales el proyectado déficit fiscal equivalente a 18,5% del PIB, que genera liquidez sin respaldo monetario y estimula la la inflación, aparejado al fortalecimiento de la dolarización parcial.

El persistente desequilibrio macroeconómico e inflación mermaron sustancialmente el poder adquisitivo de trabajadores y pensionados.

El deterioro de las condiciones de vida de una parte considerable de la población acrecienta la situación de vulnerabilidad de numerosas familias, sobre todo de adultos mayores y pensionados, personas con discapacidad, madres solteras, jóvenes sin vínculo laboral y personas negras en comunidades desfavorecidas.

Cientistas sociales consideran apremiante la adopción de políticas o fortalecimiento de programas dirigidos a la atención integral de fenómenos reforzados por la crisis económica como el aumento de personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y mendicidad; deterioro de servicios públicos, crisis energética, insuficiente construcción de viviendas, al igual que las indisciplinas sociales, delitos y corrupción.

Ello pudiera ayudar a mejorar el clima sociopolítico e impactar de manera positiva en el sector privado y la ciudadanía, mitigando expresiones de conflictividad social y la posibilidad de protestas sociales, además de frenar la sangría migratoria que compromete los planes de desarrollo nacional.

Recomiendan asimismo profundizar en la democratización de los procesos de toma de decisiones, impulso al desarrollo local, así como la revisión y renovación de mecanismos y funciones en el sistema del Poder Popular dirigidos a lograr un mayor nivel de empoderamiento popular y de eficacia en la gestión de gobierno a todos los niveles.

El cronograma legislativo para 2024 contempla la aprobación de 17 leyes entre las que sobresalen las de Transparencia y Acceso a la Información, Migración y Extranjería; de Empresas; así como de Posesión y Uso de la Tierra.

No se vislumbra un mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos, en un año de elecciones presidenciales en ese país en noviembre y donde los dos candidatos, el actual mandatario Biden y su contrincante republicano, el expresidente Donald Trump, con ciertos matices, han mantenido la política de sanciones y el embargo hacia la isla. (2024)