La Habana, 23 jun.- Yoandri Pupo reactivó las esperanzas de que su esposa y sus tres hijos aún en Cuba puedan reunírsele pronto en la estadounidense ciudad de Miami, a partir de cambios en la política hacia la isla del gobierno del presidente Joe Biden.

“Hace más de tres años iniciamos el proceso de reunificación familiar para que puedan venir. Pero hay mucho atraso”, explicó Pupo a IPS desde la urbe del sureño estado de Florida, separado solo por 90 millas náuticas (167 kilómetros) de este país insular caribeño.

Pupo valora de “buen síntoma” el anuncio del 16 de mayo de la Casa Blanca, relacionado con el aumento del procesamiento de visas en la embajada estadounidense en La Habana, a las que han seguido otras medidas favorables a las relaciones bilaterales este mes.

De momento, la medida beneficiará a partir de julio solo a los familiares directos –padres, cónyuges e hijos menores de 21 años- de ciudadanos estadounidenses.

Los familiares de cubanos con residencia permanente en Estados Unidos, como la esposa de Pupo, deben acudir para la entrevista –todavía sin fecha programada-, a la embajada de Estados Unidos en Georgetown, la capital de Guyana.

No obstante, el aumento paulatino del personal diplomático pudiera acelerar los 80 000 a 100 000 procesos migratorios que, según estimaciones, están pendientes desde que en 2017 Washington suspendió los servicios consulares en La Habana.

“La reapertura de la embajada en La Habana con todos sus servicios beneficiaría a todas las familias que llevamos años separadas e incurriendo en muchos gastos para lograr estar unidos”, subrayó Pupo, un ingeniero informático que hace casi cinco años emigró “en busca de oportunidades para ayudar a los míos”.

Éxodo en aumento

A raíz de los aún sin esclarecer incidentes de salud reportados por el personal diplomático estadounidense, la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021) redujo al mínimo los servicios de la embajada en La Habana y los trasladó a la de Georgetown.

Ese proceso alargó y encareció las gestiones, además de no ofrecer seguridad de recibir los permisos correspondientes, situación que se complicó todavía más durante 2020 y 2021 con las restricciones de la movilidad debido a la covid-19.

Mediante los acuerdos migratorios de 1995, Washington se comprometió con La Habana a otorgar un mínimo de 20 000 visas anuales para “facilitar una emigración legal, segura y ordenada” desde este país
caribeño.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores calculan que desde 2018 se ha otorgado un promedio de 4000 visas anuales para inmigrantes de la isla.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indican que en ocho meses del año fiscal 2022 –del 1 de octubre de 2021 al 31 de mayo de 2022-, fueron detenidos 140 602 cubanos en el cruce ilegal hacia el país, principalmente por la frontera con México.

El flujo migratorio se disparó desde que en noviembre reabrieron las fronteras, en medio de la crisis económica de tres décadas agudizada por la pandemia y el fortalecimiento del embargo estadounidense, vigente desde 1962.

En enero de 2017, días antes de dejar el cargo, el expresidente Barack Obama (2009-2017) eliminó la política conocida como “pies secos, pies mojados”, que garantizaba la residencia a los cubanos con tan solo tocar suelo estadounidense.

Pero la Ley de Ajuste Cubano (1966) otorga a los nacionales de este país la residencia al año y un día en Estados Unidos, lo cual constituye un incentivo para la emigración ilegal, deplora el gobierno cubano.

La presión sobre el sistema aduanero y fronterizo estadounidense de las oleadas de cubanos –junto con caravanas de otros países-, parece haber sido uno de los factores de peso para que el 16 de mayo la Casa Blanca confirmara la reactivación del programa de reunificación familiar.

Las medidas

El 16 de junio se reiniciaron los vuelos de aerolíneas estadounidenses hacia varias de las 15 provincias cubanas, restringidos a la capital desde enero de 2020 como parte de sanciones de la administración Trump.

Las últimas ocasiones cuando Pupo “vino a vernos a los niños y a mí, viajó desde La Habana por carretera más de 700 kilómetros, porque los vuelos Miami-Holguín estaban cancelados”, contó Dayana Sánchez, su esposa, a IPS desde la oriental ciudad cubana.

La reanudación de los vuelos, según Sánchez, “es una buena noticia para los cubanos de aquí y de allá” para que familias, “ya de por sí dividas, tengan menos dificultades para que sus miembros se visiten”.

El nuevo paquete de medidas incluye la reautorización de licencias para viajes grupales de estadounidenses con fines educativos e investigativos, una medida ensayada durante la administración Obama, pues la ley estadounidense prohíbe a sus ciudadanos efectuar turismo en este país caribeño.

Con el clima de distensión entre ambos países de fines de 2014 a 2017 aumentó la llegada de ciudadanos estadounidenses y cubanoamericanos, un espaldarazo para la industria turística, uno de los pilares de la economía cubana.

Las disposiciones incluyen asimismo la eliminación del límite de 1000 dólares por trimestre para el envío de remesas que impuso Trump.

Se estima que alrededor de 90 % del monto de las remesas provienen de Estados Unidos donde se asienta la mayor comunidad de personas de origen cubano fuera de la isla, 1 360 000 residentes, según la Oficina del Censo en 2019.

A falta de datos oficiales sobre su volumen, economistas han analizado que además del rol tradicional de apoyar las necesidades básicas de familias cubanas, las partidas monetarias permiten financiar negocios o adquirir bienes como viviendas o vehículos, entre otras funciones.

No existen detalles sobre los procedimientos para recibir dinero desde Estados Unidos mediante vías oficiales, teniendo en cuenta el cierre de las más de 400 oficinas en la isla de Western Union, la principal compañía estadounidense para esas transferencias, en noviembre de 2020, debido a sanciones contra entidades cubanas intermediarias como Fincimex.

Tibias decisiones

Las disposiciones anunciadas previo a la novena Cumbre de las Américas al parecer buscaron mitigar las críticas regionales a la administración Biden que excluyó al gobierno cubano, junto con los de Venezuela y Nicaragua, de la reunión hemisférica de la que fue anfitrión en la ciudad de Los Ángeles, del 6 al 10 de junio.

Aunque las consideró “positivas”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba recordó que las medidas “no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump”.

El politólogo Arturo López-Levy opina que se trata de decisiones “tibias, aunque en la dirección adecuada”.

De acuerdo con el profesor asistente de Política y Relaciones Internacionales en la universidad Holy Names, en el estadounidense estado de California, “la administración Biden tiene una amplia capacidad de maniobra para desmontar con órdenes presidenciales casi toda la política contra Cuba”.

Sin embargo, “Biden no está haciendo eso ni lo va a hacer, al menos en el corto plazo, porque ha optado por seguir operando dentro del marco de la ley Helms-Burton”, argumentó López-Levy en intercambio con IPS.

La Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida como Helms-Burton, fue aprobada en 1996 por el bicameral Congreso estadounidense, y además de compilar e internacionalizar el conjunto de sanciones de Washington contra la isla deposita únicamente en ese órgano legislativo la posibilidad de levantar el embargo.

Durante la campaña electoral, Biden prometió que desmontaría “las políticas fallidas de Trump que han causado daño en los cubanos y sus familias (y que) no ha hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos”.

Pero quien se desempeñó como vicepresidente de Obama adujo tras varios meses en la Casa Blanca que las relaciones con Cuba permanecían bajo revisión y no constituían una prioridad para la política exterior de Estados Unidos.

Las protestas del 11 de julio de 2021 en ciudades cubanas, que el gobierno de la isla sostiene fueron atizadas desde grupos de poder en la nación vecina para un cambio de régimen, contribuyeron a reforzar la inercia política mantenida durante casi 16 meses.

A juicio de López-Levy, tal postura se debió a “una especie de espera activa con la esperanza de que el gobierno cubano colapsaría con el peso de la pandemia” y las nuevas medidas responden a “un cálculo político muy tímido, basado en la mentalidad del aparato del Partido Demócrata, particularmente en la Florida”.