Las reformas llegan a la política migratoria cubana

La reforma era esperaba desde que, en agosto de 2011, fue anunciada por el presidente Raúl Castro, al término de las sesiones de la Asamblea Nacional.

Jorge Luis Baños - IPS

El decreto ley que entrará en vigencia el 14 de enero elimina el permiso de salida del país y deja sin efecto la carta de invitación del exterior.

LA HABANA, 16 oct (IPS) – Con la flexibilización de las condiciones para salir del país, anunciada este martes 16, el gobierno de Cuba da curso a una de las reformas más esperadas por la población, aunque se mantienen restricciones para profesionales universitarios y en casos de «seguridad nacional».

Un decreto ley que entrará en vigencia el 14 de enero elimina el permiso de salida del país y deja sin efecto la carta de invitación del exterior, documentos que además de engorrosos encarecían el costo del viaje por razones personales.

«Se restablece mi derecho a viajar como cualquier ciudadana de este mundo», comentó a IPS una mujer que esperaba comprar el periódico.

«Escuché la noticia por la radio, pero quiero ver si Granma trae más detalles», agregó. Ese diario, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, incluyó junto a su información noticiosa un editorial y el enlace a la Gaceta de Cuba que publica el Decreto Ley 302, que modifica la legislación actual, vigente desde 1976.

En un mensaje a IPS vía correo electrónico desde Estados Unidos, Sarah Stephens, directora ejecutiva del Center for Democracy in the Americas, consideró que esta reforma «responde directamente al deseo de la población cubana, que tiene la más alta prioridad, de poder salir y regresar a la isla libremente».

«No solo da a los cubanos mayor autonomía, sino que también promete una economía más vibrante, con más remesas (de dinero) enviadas desde el extranjero y más cubanos participando tanto en la salida como en el retorno», añadió la representante de esa entidad, que promueve el diálogo con gobiernos y movimientos con los cuales la política estadounidense no comulga.

La política migratoria afecta de una u otra forma a la gran mayoría de la población de esta isla caribeña de 11,2 millones de personas, especialmente por los componentes considerados discriminatorios de la obligatoriedad del permiso de salida y del requisito de presentar la carta de invitación para poder viajar a otro país.

Este último documento es una petición de los países de destino para conceder sus visados, aunque las autoridades cubanas comenzaron a exigir desde 2007 que fuera tramitado desde sus consulados. Ante una consulta de IPS, un diplomático latinoamericano dijo que esa carta, firmada ante notario, seguirá siendo necesaria para solicitar la visa.

La reforma era esperaba desde que, en agosto de 2011, fue anunciada por el presidente Raúl Castro, al término de las sesiones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), como una contribución al aumento de los vínculos de esta nación con la comunidad de emigrantes, «cuya composición varió radicalmente con relación a las décadas iniciales de la Revolución».

A partir de enero de 2013, la ciudadanía residente en Cuba solo necesitará para viajar fuera del país por motivos particulares su pasaporte vigente, así como la visa de destino en los casos en que se requiera. Además, el tiempo de permanencia en el exterior se extiende de 11 a 24 meses, sujeto a prórrogas por «causas justificadas».

Sin embargo, las modificaciones incluyen medidas que regulan las salidas personales de atletas de alto rendimiento, funcionarios, administrativos, universitarios, técnicos-profesionales, «que se desempeñan en actividades vitales para el desarrollo económico, social y científico-técnico del país y en cargos con facultades decisorias sobre los recursos financieros y materiales».

En estos casos, el diario Granma aseguró en un artículo editorial que Cuba está obligada a adoptar medidas para defenderse de las políticas promovidas por Estados Unidos que favorecen el «robo de cerebros», dirigido a «despojar a este país de los recursos humanos imprescindibles para el desarrollo económico, social y científico».

Las autoridades de inmigración aclararon a medios extranjeros de prensa que se trata de profesionales considerados imprescindibles y necesarios en el país y, por ello, requerirán autorización para viajar por motivos personales. No se informó la cantidad de personas que quedarían en esta categoría.

Por otra parte, se derogó una legislación que permitía la confiscación a favor del Estado de «los bienes, derechos y acciones de los que se ausenten con carácter definitivo del país», una normativa que ya había perdido efecto con la autorización en 2011 de la compraventa de casas y autos.

Según Granma, «paulatinamente se adoptarán otras medidas relacionadas con el tema migratorio, las cuales sin dudas, coadyuvarán también a consolidar los prolongados esfuerzos de la Revolución en aras de normalizar plenamente las relaciones de Cuba con su emigración».

Expertos en asuntos migratorios, como Antonio Aja, estiman que uno de cada tres o cuatro cubanos residentes en este país tiene familia en el exterior actualmente. Según el censo de 2010 en Estados Unidos, la comunidad cubana o de este origen en ese país asciende a 1,8 millones de personas.

Según Aja, los profesionales representan 12 por ciento del total de emigrados en el último lustro, «lo cual ubica a Cuba dentro de las corrientes migratorias actuales de robo y pérdida de importante capital humano».

En su opinión, ese fenómeno evidencia que se exporta fuerza de trabajo, pero el proceso no es aprovechado en función del país. (FIN/2012)

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