Una batalla estratégica

La corrupción en Cuba es de carácter administrativo y se encuentra identificada, principalmente, en el sector empresarial.

Jorge Luis Baños - IPS

El levantamiento de las restricciones para la compraventa de automóviles y viviendas legalizará transacciones que se realizaban a través del comercio clandestino.

LA HABANA, 14 nov (IPS) – La lucha contra la corrupción figura entre los mayores desafíos del presidente de Cuba, Raúl Castro, quien comenzó a diseñar su estrategia para prevenir y combatir ese problema desde que asumió el cargo provisionalmente tras enfermar su hermano Fidel, en julio de 2006.

Uno de sus primeros decretos firmados cuando todavía era primer vicepresidente del Consejo de Estado, en agosto de 2007, incluye una extensa lista de «violaciones de la disciplina» sujetas a sanción entre el personal dirigente de los centros de trabajo. La normativa refuerza las legislaciones ya existentes.

Las indisciplinas señaladas van desde ausencias e impuntualidades en los horarios establecidos, mal uso de la autoridad, negligencia, falta de honradez y honestidad, nepotismo, producir daños a la entidad o actividad a su cargo, hasta la pérdida, sustracción o apropiación de los bienes del centro de trabajo o de tercero, entre otras.

A su vez, las sanciones comienzan por una «amonestación privada» y siguen por la remoción temporal a cargos de menor categoría, hasta la separación definitiva no solo de la responsabilidad que ejercía sino del sector o actividad. Todo esto con independencia del proceso penal que pudiera iniciarse según la gravedad del caso.

En sus discursos, el gobernante cubano ha subrayado que el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su cumplimiento y que, según la Constitución, todos los ciudadanos tienen iguales derechos y deberes, por lo cual quien cometa un delito en Cuba, «con independencia del cargo que ocupe, sea quien sea, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus errores y el peso de la justicia».

El tema también surgió en los debates populares promovidos por el gobierno en torno al discurso pronunciado por Raúl Castro el 26 de julio de 2007. El entonces mandatario interino coincidió con la preocupación de la gente y reconoció que tantos años de «prohibiciones irracionales» propiciaron violaciones de la ley, corrupción e impunidad.

En ese sentido, las autoridades prevén que el reciente levantamiento de las restricciones para la compraventa de automóviles y viviendas no solo restablecerá el derecho de propiedad de las personas sobre esos bienes, sino que ordenará y legalizará transacciones que se realizaban mediante un lucrativo comercio clandestino.

Fuentes oficiales citan frecuentemente la advertencia hecha por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en noviembre de 2005, cuando en medio de una ofensiva contra el robo y abuso de poder en empresas estatales, entre otros delitos, afirmó que la Revolución podría ser destruida por la propia población de la isla si se permiten determinados vicios.

Al respecto, la jefa de la Contraloría General de la República, Gladys Bejerano, señaló en un foro internacional sobre la sociedad y sus retos frente a la corrupción, realizado en la Habana del 9 al 11 de este mes, que el criterio del exgobernante cubano se confirma en cada una de las manifestaciones delictivas detectadas en el país.

«En todos los casos se destruyen valores éticos, se debilita la moral y se minan por dentro los colectivos e instituciones donde se engendra y convive; desvía recursos, desvirtúa los esfuerzos y programas de desarrollo; desorganiza, desanima y afecta nuestros planes y objetivos económicos y de desarrollo social», afirmó.

La Contraloría, creada en 2009, tiene el encargo de elevar el control interno y «el enfrentamiento directo a cualquier manifestación de corrupción», entre otras funciones. Su autoridad está por sobre los ministerios y despacha directamente con el presidente del Consejo de Estado.

Según Bejerano, que ejerce su cargo en la Contraloría en simultáneo con el de vicepresidenta del Consejo de Estado, la lucha contra la corrupción se desarrolla en dos campos o esferas que se complementan e integran. Por un lado, «el enfrentamiento contra el delito, las indisciplinas, las ilegalidades y cualquier manifestación de corrupción» y, por otro, la prevención.

En el primer caso, la acción se fortaleció con la participación coordinada de los órganos del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, junto a los órganos del gobierno, organizaciones sociales y la población con sus quejas y denuncias.

«Nuestro Estado reafirma como dirección estratégica principal, la prevención», dijo Bejerano en una de las sesiones del encuentro sobre corrupción. La vicepresidenta añadió que este eje parte del convencimiento de que se trata de un fenómeno social «intencionado y con niveles de estructuración».

En ese sentido, está «antecedido de un proceso de pérdida de valores, de descomposición, que comienza generalmente con pequeños favores o violaciones que comprometen la actuación de las personas, resultado de debilidades en la conducta e ineficiencia en los sistemas de organización y control», explicó.

La funcionaria dirige auditorias periódicas a las empresas. En la última de la cuales, realizada el primer semestre de este año, incluyó 750 entidades empresariales elegidas de modo aleatorio.

Según se informó en su momento, 63 por ciento de las firmas auditadas obtuvieron calificaciones satisfactorias y las restantes fueron evaluadas como deficientes o mal.

El fiscal general de Cuba, Darío Delgado, aclaró en la quinta edición del encuentro entre profesionales y estudiosos del tema, provenientes de unas 20 naciones, que la corrupción que se enfrenta en este país es «administrativa y se encuentra identificada en determinados niveles» de sectores, fundamentalmente empresariales.

Delgado anunció que Cuba seguirá luchando a «sangre y fuego» contra toda manifestación de corrupción, «ya sea cometida por extranjeros o nacionales». Entre los «profundos y complejos» retos actuales mencionó la protección del capital cubano en una empresa mixta u otra forma de asociación, el lavado de dinero y el enjuiciamiento a extranjeros en ausencia.

Entre los varios casos juzgados por delitos económicos y corrupción este año resultaron condenados un ex ministro, directivos y funcionarios cubanos de la industria alimenticia y la aerolínea Cubana de Aviación, así como los empresarios chilenos Max y Marcel Marambio, ambos procesados en ausencia.

Respecto de otras investigaciones en curso en sectores como las telecomunicaciones, que involucrarían al menos a dos firmas de capital foráneo, se carece de informes oficiales que confirmen o desestimen versiones publicadas principalmente en medios de comunicación estadounidenses.

El ensayista cubano Esteban Morales fue separado en 2010 de las filas del Partido Comunista de Cuba por escribir dos artículos en los que alertó sobre los serios riesgos de la corrupción, que consideró «mucho más peligrosa que la llamada disidencia interna». Sin embargo, en julio pasado le fue devuelto su carné de afiliado. (FIN/2011)

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