Otra mirada al cine independiente cubano y los decretos

Algunos cineastas entienden que la creación artística es libre y que ningún decreto o ley puede sobreponerse a las leyes que emanan del propio lenguaje del arte.

Desde el pasado año y una vez aprobado el Decreto-Ley 373 que reconoce la figura del creador audiovisual y cinematográfico independiente se han venido propiciando diferentes acciones que pondrán en juicio la pertinencia o no del mismo.

Foto: Jorge Luis Baños/ IPS

Cualquier lectura sobre el llamado cine independiente cubano nos llevaría por diferentes caminos e interrogantes.

¿Qué entendemos por independencia? ¿Se trata de una postura estética o un rechazo a las formas tradicionales de financiamiento? ¿Será una cuestión de estilo y poéticas personales o también una ruptura con las ideologías dominantes? ¿Está relacionado solo con el monto del capital invertido o también con sus fuentes de procedencia? ¿Qué es lo independiente y qué, por el contrario, lo dependiente? ¿Dejamos de ser independientes cuando trabajamos con los centros de poder? ¿Dónde se exhibe el cine independiente?

Si existe un modelo, un patrón y unos códigos tradicionales de representación fílmica, cuando nos distanciamos de ellos ¿somos independientes?

Desde el pasado año y una vez aprobado el Decreto-Ley 373 que reconoce la figura del creador audiovisual y cinematográfico independiente se han venido propiciando diferentes acciones que pondrán en juicio la pertinencia o no del mismo. El proceso apenas está comenzando y todo lo que pueda decirse sobre esta nueva circunstancia caerá en el terreno de la especulación.

Por el momento han quedado registrados miles de creadores y técnicos que trabajan en el sector, un paso obligatorio que les permitirá con posterioridad encauzar sus proyectos, obtener licencias de rodaje, aplicar a fondos de fomento o abrir cuentas bancarias. Todo eso es muy bueno y esperanzador. Los que no se inscriban, no tendrán derecho a nada y estarán más desamparados que nunca, pero ¿felices? de ser ahora verdaderamente independientes de toda relación o supervisión de las instituciones.

Apunto que esa autonomía no es vista aquí como un derecho individual, personal del artista sino como una prueba de su “disidencia” hacia el orden y las estructuras establecidas por el poder cultural, de ahí que ya se han producido tensiones entre las partes, pues no debe olvidarse que en Cuba prácticamente toda la creación artística  funciona bajo la supervisión de las instituciones u organismos del Estado.

Si existe un modelo, un patrón y unos códigos tradicionales de representación fílmica, cuando nos distanciamos de ellos ¿somos independientes?

Además, tenemos un Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) se subordina a él. Precisamente, unos de los puntos más controvertidos del nuevo decreto corresponde al poder de veto que tiene el ministro con relación a la aprobación de los Colectivos de Creación (enfocados a atender todas las áreas de producción y postproducción).

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Algunos cineastas entienden que el arte no debe ser regulado, que la creación artística es libre y que ningún decreto o ley puede sobreponerse a las leyes que emanan del propio lenguaje del arte. El arte que se pone al servicio de un Estado, un partido, o un poder determinado deja de serlo y se convierte en propaganda. Aunque el decreto no pone cortapisas a los contenidos o temas de los filmes, deja claro en uno de sus puntos que no se aceptará ninguna obra que atente o promueva ideas contrarias a los principios de la Revolución. Como la disputa entre lo que es y no es revolucionario lleva seis décadas sin solución, las fuerzas que pugnan en esta cuestión parecen irreconciliables.

Es evidente que los realizadores interesados en un tipo de obra que no complejice la realidad, que no indague mucho en los conflictos humanos o eludan los acercamientos a las zonas oscuras de nuestro pasado o Historia, se sentirán arropados por el nuevo decreto. Sus proyectos serán aprobados, recibirán los fondos y encontrarán con seguridad circuitos de exhibición. Los otros, los que apuestan por proyectos más radicales, tanto en lo formal, lo experimental o temático, deberán enfrentar una mayor resistencia hacia sus obras.

Pero no se trata solo de que la película represente “la Cuba que no es”, o la que “no responde a los principios de la Revolución” se trata también de los prejuicios y trabas que tradicionalmente han frenado el acercamiento del cine cubano a otras formas o géneros del arte.

¿Este Decreto-Ley podrá superarlos? En más de 60 años de cine ¿cuántas películas de terror u horror se han filmado en Cuba? ¿Cuántas de ciencia ficción o fantasía, de aventuras o policiacas? En “la isla de la música”, ¿cuántos filmes musicales tenemos? En el país del “ritmo y la sensualidad”  ¿cuántas obras han explorado el Eros, el deseo o el cuerpo?  Si realmente profundizáramos un poco en los asuntos tratados por nuestro cine, o en las formas de representación escogidas por los cineastas, encontraremos muchas deudas pendientes, sin embargo, algunos piensan que, con el nuevo decreto, esas deudas quedarán saldadas.

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Por el momento miles de creadores, casi todos integrados totalmente a los centros de producción oficiales como el estatal Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) o el ICAIC se han inscrito, aunque en la práctica nunca hayan realizado obras independientes, pero aquí, ya se sabe, “es bueno apuntarse en todo aunque uno nunca esté en nada”.

Viene al caso recordar que ya hemos pasado antes por estrategias de control hacia el sector audiovisual “independiente” aunque ahora, las disposiciones tienen un carácter legal amparado por un decreto (no es una ley de cine) firmado por el Consejo de Estado.

En los años 80 cuando empezó a introducirse la tecnología de video analógico en Cuba, surgieron decenas de grupos de creación audiovisual que se movían en la periferia de los grandes centros productores de entonces, como el ICAIC, la Fílmica de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias, ejército) o el ICRT.

Entre 1987 y 1988, se organizó el Movimiento Nacional de Video (hoy, Asociación Cubana del Audiovisual) y allí también había que registrarse. El Movimiento fue la tabla de salvación para muchos artistas en los años 90 pues respaldaba la realización de sus obras, facilitando permisos de rodaje que otras instancias no otorgaban. Auspició festivales de video y encuentros teóricos anuales. Pertenecer al Movimiento, te permitía además entrar al país el equipamiento (cámaras, reproductoras de video, micrófonos)  necesario para tu labor, en unos años donde demasiadas cosas estaban prohibidas en Cuba.

Alrededor del Movimiento y de la AHS, pudieron realizarse cientos de obras audiovisuales desde finales de los 80 y en gran medida participaron en ellas, jóvenes egresados de la Escuela de Medios del ISA (hoy Facultad de las Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual) o de la Internacional de San Antonio de los Baños.

De manera muy general a toda esa comunidad se les llamaba independientes, un grupo bastante heterogéneo que ha ido fluctuando, creciendo y transformándose, nucleándose en los últimos años alrededor de la Muestra Joven del ICAIC. Las tecnologías digitales, las plataformas y redes sociales, los nuevos ámbitos para la creación y gestión de contenidos audiovisuales trastocaron todo el espectro cinematográfico en el país, pero tuvimos que esperar hasta el 2019 para ver aprobado finalmente el Decreto-Ley 373, luego de 11 años de propuestas y discusiones no siempre felices, entre los cineastas y el poder.

Las nuevas disposiciones legitiman también a los llamados Colectivos de Creación, nombre bajo el cual pueden inscribirse los creadores agrupados por especialidades (fotógrafos, sonidistas, editores, etc.) que pueden ser contratados legalmente para brindar servicios técnicos o artísticos a las producciones. El pasado mes de julio, las autoridades cubanas dieron luz verde a la creación de las Pymes (pequeñas y medianas empresas) un concepto que por su alcance, pudiera estar más cerca de las prácticas reales de estos grupos, quienes se ven a sí mismos como empresas. Pero cambiar ahora el Decreto-Ley que costó 11 años, parece tarea de titanes. (2020)

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