La Habana.- Deambular: andar sin rumbo fijo. Pasear sin objeto determinado. Esta es la definición inmediata de un diccionario sobre el término deambular. Por lógica, quienes realizan esa práctica (que en la antigüedad se denominaba nomadismo) serían «deambulantes».

Sin embargo, en Cuba ese término es usado por medios estatales y voces oficiales para definir a las personas que viven en las calles, de las cuales algunas piden limosnas, duermen a la intemperie, padecen enfermedades mentales, sufren de adicciones o han sido abandonadas por sus familiares.

Centro de Protección Social A partir de 2015 se estableció un protocolo de actuación para la admisión, diagnóstico, atención y reinserción social de personas sin hogar en La Habana. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue encargado de coordinar con otras instituciones las medidas para solucionar sus causas. De acuerdo con fuentes oficiales, cada mañana sale un ómnibus para recoger a esas personas, donde van tres trabajadores sociales y oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria. A diario se traslada a unas 30 personas a ese centro temporal de acogida. Pero el recorrido del vehículo se realiza solo por las arterias principales de tres municipios de la ciudad: Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución, y luego se dirige hacia el Centro de Protección Social de La Habana, ubicado en las afueras de la urbe y conocido como Las Guásimas. Muchos se esconden para evitar ser llevados a este lugar donde se elabora un expediente que incluye: ficha policial, caracterización, estudio socioeconómico. Se localiza a los familiares –si los tienen- y los organismos correspondientes: Ministerio de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social, Fiscalía General de La República y policía. Testimonios de quienes han abandonado Las Guásimas, denuncian algunas irregularidades como deficiente administración y venta de la ropa que les corresponde a los albergados por parte de trabajadores.

Las cifras de esos ciudadanos no han sido actualizadas desde el Censo de Población y Viviendas de 2012, aunque inusuales trabajos en la prensa estatal sobre el problema relacionado con el tema tabú de la pobreza, brindaron información sobre los centros de asistencia en el país de 11,2 millones de habitantes.

Según el censo, en esa fecha unas 1.108 personas vivían en las calles: 958 eran hombres y 150 mujeres; 641 tenían entre 16 y 59 años de edad, y 467, de 60 y más años.

Las cifras, que deben ser tomadas con cautela, no precisaban el número de esas personas por cada una de las 15 provincias del país. En todo caso, las autoridades plantean que “este es un tema que se atiende con prioridad».

«Aunque la cifra de deambulantes en la Isla se considera leve, en comparación con países de la región y de otras latitudes, aún queda mucho por hacer para erradicar este fenómeno», escribió el diario oficial Granma, el 17 de febrero, citando a funcionarios de los ministerios de Salud Pública y Trabajo y Seguridad Social.

Autoridades analizan situación

Al respecto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, encabezó esta semana una reunión de chequeo al Programa de Prevención, Asistencia y Trabajo Social, para analizar el panorama que enfrentan quienes se encuentran «en situación de vulnerabilidad, en estado de abandono o carecen de familiares obligados a prestar ayuda”, según el sitio web de la Presidencia de la República.

En el encuentro, con fecha sin precisar, se puso especial énfasis en el funcionamiento de los Centros de Protección Social para la Atención a las Personas con Conducta Deambulante, indicó.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, explicó que en seis provincias del país existen instituciones sociales de este tipo que tienen carácter temporal pues no existen condiciones para que funcionen como albergues permanentes.

Tema con poco reflejo en la prensa

Este problema social es poco abordado por la prensa escrita del país, y menos por la televisión. «Es un tema sensible del que nadie quiere hablar», dijo a Redacción IPS Cuba Enma Suárez, una trabajadora social jubilada.

Esta semana el diario Granma, del único legal Partido Comunista de Cuba, abordó in extenso el tema, seis meses después de un amplio reportaje publicado a mediados de agosto pasado por el portal digital Cubadebate.

El texto de Cubadebate, con opiniones de varios entrevistados, fue aplaudido con notable unanimidad por sus lectores. Sus autores explicaron que fue «una larga investigación de aproximadamente tres meses y muchas horas de entrevistas».

Citó opiniones del psiquiatra y jefe del departamento de Salud Mental de Centro Habana, quien ha trabajado por más de 16 años con personas que viven en las calles de ese sobrepoblado y depauperado municipio de la capital.

García comentó que “la mayoría son personas que perdieron, sus casas, sus familias, sus trabajos, terminan viviendo en la calle sin compromiso ni sentido de pertenencia a ningún lugar».

Para este especialista, el problema más importante es que se resisten a institucionalizarse, a establecer una vida social clásica, o sea, vivir en familia, aceptar las normas sociales y ahí entra un conflicto legal, ético y social, porque no se puede obligar a una persona a estar en su casa”.

De acuerdo con varias fuentes, algunas de esas familias rechazan convivir con estas personas de la tercera edad, e incluso se han apoderado de la vivienda que les pertenecía.

Velar por los ancianos, un deber social

Se reconoce como una obligación de toda la sociedad velar por sus ancianos.  Esa necesidad se torna perentoria en Cuba, que figura entre los países más envejecidos de América Latina.

Se estima que para el 2030 el 29 por ciento de la población cubana tendrá 60 años y más, lo que supone un desafío para la economía y el sistema social que deberá esforzarse más por atender a grupos vulnerables como una prioridad.

¿Quiénes son? En un manual titulado «Procedimientos para la atención a las personas con conducta deambulantes en La Habana”, el Consejo de la Administración Provincial las describe como personas «en situación de vulnerabilidad social con ausencia de productividad, afectado por problemas de vivienda, relaciones familiares deficientes y/o un estado de salud mental deteriorado que se manifiesta como: depresión, carencia de alimentación, vestuario deficiente, patrones desajustados de conducta social, falta de aseo, conducta migratoria, mendicidad, pérdida de la autoestima, afectaciones toxicómanas que pueden o no desencadenar en una conducta disocial”.

En esta nación insular del Caribe, que eliminó la mendicidad pública hace décadas, los transeúntes pueden encontrarse en la actualidad con este fenómeno. Las calles Obispo (transitada por muchos turistas), Egido, San Rafael y Reina son sus lugares preferidos, sin contar edificios abandonados, portales, parques o cerca de la terminal de ferrocarril.

Algunos son «buzos», que en el argot popular isleño define a quienes recorren las calles para hurgar en los tanques de basura donde esperan encontrar algún desperdicio de valor como ropa, zapatos, pedazos de muebles que alguien tira y que todavía pueden utilizarse después de hacerles remiendos.

Insuficiente aumento de ingresos

Como parte de su política social, el gobierno cubano aprobó en 2019 un aumento salarial en el sector presupuestado (quejoso por sus bajas remuneraciones) que benefició a un 1.470.736 trabajadores de los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, las organizaciones y asociaciones.

También incrementó las pensiones mínimas para beneficiar a 445.748 jubilados y 157.791 personas de bajos recursos, con ingresos insuficientes para comprar alimentos y medicamentos, pagar la electricidad, el gas y el agua. Menos aún para acceder a diversiones sanas y de bajo costo.

Además, el Estado cubano mantiene una cobertura total y gratuita de la educación y el sector de la salud, mientras que subsidia un grupo de alimentos de la canasta básica y servicios de energía eléctrica, gas y agua, entre otros.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población (ENEP 2017), publicada en enero pasado, el 40 por ciento de las mujeres y el 37, 3 de los hombres declaró que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades principales.

Aunque el gobierno ha reiterado que «nadie quedará desamparado» en el país, las dificultades económicas, agravadas por el recrudecimiento del embargo de Estados Unidos, juegan un importante papel en la proliferación de quienes han encontrado en las calles un lugar para (mal) vivir. (2020)